En 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, adoptó, entre otros, el Principio 10 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que busca asegurar que los ciudadanos tengan acceso adecuado a la información, participen en la toma de decisiones y accedan a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras.
En la Declaración, los países signatarios se comprometieron a avanzar en la consecución de un instrumento regional que facilite la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. Como resultado, el 4 de marzo de 2018 fue adoptado el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América y el Caribe -Acuerdo de Escazú https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_e…, el cual estará abierto a la firma de los países de América Latina y el Caribe por un periodo de dos (2) años, a partir del 27 de septiembre de 2018 y hasta el 26 de septiembre de 2020.
Colombia suscribió el denominado Acuerdo de Escazú el 11 de diciembre de 2019, a través del Embajador Guillermo Fernández de Soto, Representante Permanente de Colombia ante Naciones Unidas. Al término de la ceremonia en Nueva York, el Embajador señaló que "la firma de este instrumento ratifica el indeclinable compromiso del Presidente Duque con la promoción de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Asimismo, marca un hito histórico para el cumplimiento de Colombia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.”
