Cartagena, 30 de julio de 2021.

Buenas tardes, quiero agradecer al señor Ministro del Interior, Daniel Palacios, por esta invitación en la tarde de hoy, por su iniciativa.

Le confieso Ministro que dentro del trabajo que venimos haciendo en la Vicepresidencia durante estos tres años, por la mujer, la equidad de género, la protección de las mujeres, las niñas, habíamos pensado con la Consejera Presidencial, Gheidy Gallo, que había que hacer algo de mucha importancia con ocasión de esta Conmemoración del Día Contra la Trata de Personas, y por supuesto, que nos alegró enormemente que usted haya tomado esta iniciativa que es parte de la estrategia que está contenida en ese decreto 1818 de diciembre de 2020, que con el Presidente de la República, Iván Duque tuvieron a bien expedir.

Qué bueno estar acá reunida con tantas personas que tenemos responsabilidades públicas y privadas, en un evento en el que no hay una celebración, pero sí tiene que a ver una reflexión permanente sobre la corresponsabilidad que tenemos todos en prevenir y por supuesto, evitar ese delito infame de la trata de personas.

Quiero agradecer también, la presencia en la tarde de hoy, del Gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, por acompañarnos; la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello; al alcalde de Cartagena, William Dau; al Presidente de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) y alcalde de Mosquera, Jean Carlo Gerometta; el Defensor del Pueblo, doctor Carlos Camargo; al Director General de la Policía Nacional, el General Jorge Luis Vargas; al comandante de la Región N.3 de la Policía, General González; al comandante de la Policía de Cartagena, General Hernández; al Presidente de la Federación de Departamentos, Didier Tavera; el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia; a la Presidenta de Cotelco Capítulo Cartagena, Martha Noguera; a la Jefe de Misión en OIM Colombia, Ana Eugenia Durán; y muy especialmente, al Director de la Misión USAID en Colombia, Larry Sacks, una agencia que ha demostrado durante toda la vida su gran compromiso por el desarrollo y por el cuidado de las personas, la protección de los derechos humanos, que nos ha permitido desarrollar conjuntamente programas valiosos para nuestro país, y a todas las personas que nos están acompañando.

Saludos al Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea; al Viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena; al Director de Proyectos Especiales, Ricardo Ariza; al Director de Asuntos Multilaterales, Juan José Quintana; y tantas personas tan valiosas que nos están acompañando, toda nuestra gratitud.

Para mí como Vicepresidente de Colombia y Canciller, pero especialmente como mujer, como madre de familia, este es un evento de la mayor importancia. Y es de la mayor importancia que la humanidad esté cobrando cada vez más consciencia sobre este delito infame de la trata de personas, un delito que desafortunadamente cobra nuevas víctimas en el mundo entero, porque lamentablemente el afán de lucro no tiene límites.

Desafortunadamente hay muchas redes, mafias organizadas precisamente para sacar provecho económico de la vulnerabilidad económica, de la vulnerabilidad personal de muchos en el mundo entero.

Estos tratos degradantes e inhumanos afectan sobre todo, a las mujeres y a las niñas en el mundo entero. Conforme el Reporte Global sobre Trata de Personas de 2020 de UNODC, en el 2020, el 65% de las víctimas de la trata de personas, fueron mujeres y niñas a nivel global. En el caso de Colombia, de acuerdo con las cifras del Ministerio del Interior, es el 82%. Es un delito infame, no importa cuál sea la persona o el género.

A su vez, la explotación sexual se mantiene como la principal finalidad de explotación en el mundo con un 50% de los casos identificados, y se registra un incremento en casos de trabajo forzado y otras formas de explotación igualmente reprochables, como la mendicidad ajena (38% en el 2020).

Sabemos que en la mayor parte de los casos como lo dijo el Ministro, es un delito que tiene por objeto utilizar sexualmente a las víctimas y en otras ocasiones, someterlas a trabajos forzados, a una mendicidad forzada para un tercero y lo que tenemos nosotros es lograr evitar que en nuestro país, con mayor observación, mucha más prevención y de una acción decidida y permanente de la sociedad, decir cero complicidad con la trata de personas en Colombia.

Cuando el Presidente de la República me pidió hacer acompañamiento a Cartagena, estaba de comandante de la Policía Nacional, al General Sanabria. Y con él, nos pusimos en la tarea de convocar a la hotelería, a los restaurantes, a los lancheros, para decirles de que se trata este delito infame, porque son muchas las personas que saben lo que pasa, pero prefieren ignorarlo.

Aquí ninguna persona puede ser tolerante con este delito, ninguno puede pretender ignorar algo que es una realidad evidente. El Ministerio del Interior lanzó un excelente política al final del 2020, en donde hay acciones, estrategias encaminadas a ser tomar consciencia, hacer pedagogía permanente, a trabajar con los distintos actores y aplicar con todo el rigor la ley cuando haya personas que utilizan a otras dentro de este tráfico inhumano de personas.

Las víctimas casi siempre son personas muy vulnerables, también personas muy jóvenes o que tienen problemas serios de autoestima, debilidad emocional, con relaciones intrafamiliares difíciles, entre otras causas. En nuestro país también hemos visto recientemente como algunas de las migrantes, especialmente de Venezuela están siendo objeto de este tráfico infame e inhumano.

Tenemos que estar conscientes porque al final del día, esa población que llegó a nuestro país, llegó sufriendo y no podemos permitir que su sufrimiento crezca en Colombia, siendo víctimas de este delito.

Casi que cada uno de nosotros tiene la obligación moral de denunciar cuando identificamos que hay niñas venezolanas que están expuestas para que de alguna manera ver cómo podemos ayudarlas y vincularlas laboralmente, brindarles toda la protección que un país debe ofrecer cuando tenemos un compromiso, como el que asumió el Presidente de la República, con total convicción, como lo es, abrir las puertas de nuestro país a 2 millones de venezolanos.

Sabemos que ahora con ocasión de la pandemia, se ha vuelto más difícil los controles, pero también hay una oportunidad para definir reglamentos más estrictos en los distintos espacios como edificios de apartamentos, restaurantes, hoteles, discotecas, entre otros, que son utilizados por los criminales que están traficando con seres humanos.

Es por esto que una parte fundamental para evitar que más personas sean víctimas de este delito es la generación de oportunidades económicas en las distintas regiones del país, un objetivo que ha sido central desde el primer día del Gobierno del Presidente de la República, Iván Duque Márquez.

Con proyectos como el Fondo Mujer Emprende, el Pacto por la Mujer Rural, la Iniciativa Nacional para la Equidad, el Emprendimiento y la Seguridad de las Mujeres en la Ruralidad -INÉS y el programa Generación de Emprendimiento: Más Mujeres Activas – GEMA, de la mano de la Consejería Presidencial para la Equidad de la mujer, trabajamos por el cierre de brechas estructurales que afectan mayoritariamente a las mujeres, principales víctimas de este delito.

Cuando tenemos un país que hace parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OECD-, cuando tenemos un Gobierno que está totalmente comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-, tenemos que velar por la prevención de este delito, con el trabajo mancomunado del sector público y privado.

Colombia es un país rico en materia normativa, con Leyes como la 800 del 2003, en donde adoptamos la Convención para prevenir la trata de personas. La Ley 985 del 2005, en donde se establecen una serie de medidas para fortalecer la lucha contra este delito e incluyendo aquellas relacionadas con la atención y protección, como la creación del Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata. Luego el Decreto 1069 del 2014, en donde se facultan a las personas que tienen competencias y define los procedimientos y trámites para proteger y asistir a las víctimas. Nuestro Código Penal, que define como un delito con penas de hasta 25 años a quienes estén en este delito y el Decreto 1818 del 2020, que contiene una estrategia nacional de la lucha contra la trata de personas.

Ahora tenemos este proceso de fortalecer nuestro Estatuto Temporal de Protección a los migrantes venezolanos, la reorganización de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización y Violación Sexual contra niños, niñas y adolescentes, en lo cual, la Primera Dama de la Nación, la doctora María Juliana de Duque ha venido trabajando con tanta dedicación.

La creación del Comisión del Comité Interinstitucional contra la trata de personas y el Centro Operativo Anti-trata COAT, como un organismo de carácter interinstitucional que tiene por objeto dar respuesta inmediata a los casos que se identifican en esta materia.

Desde la Cancillería, hemos venido trabajando en distintas actividades relacionadas con la prevención y asistencia a Posibles Víctimas de Trata de Personas que se encuentren en el exterior. Se expidió el Decreto 2017, que contiene un “Instructivo o Hoja de Ruta” de la manera en la que se debe asistir a los colombianos y colombianas víctimas de este delito en el exterior, porque desafortunadamente en este cruel negocio hay muchas niñas y de acuerdo a las cifras son del Eje Cafetero, del sur del país, que lamentablemente caen de la manera más incauta en estas redes.

Hemos venido trabajando en la recopilación de experiencias, capacitación a nuestros cónsules y junto a Fontur, haciendo campañas y publicando información sobre este delito en las cartillas de los hoteles, en los aeropuertos, en Migración, y mucho más, para poder actuar a tiempo cuando se identifique un caso. Y muchas más herramientas de política pública para combatir esta amenaza, lo que nos ha permitido, en lo corrido del 2021, asistir a un total de 17 Posibles Víctimas de Trata de Personas en el exterior.

El Presidente Iván Duque ha estado permanente atento a asignar el trabajo y la corresponsabilidad de los funcionarios del Gobierno, de la mano del sector privado y de todos los organismos de control y que todos los esfuerzos que se hagan en esta materia, sea una lucha de todos los días.

Hace menos de un mes, hemos recibido para Colombia por sexta ocasión la certificación por el Departamento de Estados de Estados Unidos con el primer nivel (“Tier 1”) del informe anual sobre Trata de Personas 2021, a través del cual se da cuenta de los esfuerzos que vienen haciendo 188 países del mundo, entre ellos, Colombia para combatir este flagelo.

Los países son clasificados en cuatro categorías en ese registro, de acuerdo con su nivel de compromiso. Tan solo hay siete países en el continente americano, que ocupan esta categoría 1, y para Colombia es motivo de orgullo el estar dentro de este grupo. Así mismo, se reconoce que Colombia viene cumpliendo con todos los estándares para eliminar la trata de personas en el país.

Reconocemos que todo esto representa grandes desafíos, que hay unas redes delictivas que sin duda, en la medida en la que todos actuemos en la prevención y acción vamos a ser capaces de desmantelarlas.

No obstante, reconocemos que los desafíos siguen siendo altos y que el esfuerzo debe ser cada día mayor.  La actuación de redes delictivas de trata organizada es un riesgo latente y constante que ha hecho como prioritario para el gobierno de Colombia  avanzar en acciones decididas, no sólo para la prevención sino también para la atención integral a las víctimas.

Por esta razón, desde el 2004, Colombia es parte de la “Convención de las Naciones Unidas para la Delincuencia Organizada Transnacional” y del “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños” o Protocolo de Palermo y ha adelantado importantes acciones para implementar sus disposiciones y asegurar su cumplimiento.

En el plano bilateral, seguiremos promoviendo acciones específicas anti-trata, como fue el caso reciente con las Bahamas y poniendo en acción los planes de trabajo binacional que se tienen contra la trata de personas con países como Perú, Ecuador o Chile.

Con esto buscamos compartir las mejores prácticas de lucha contra la trata y asegurar la implementación plena de los nueve convenios internacionales contra la Trata de Personas que hemos celebrado con países tan diversos como Argentina, Honduras, El Salvador, Paraguay, Costa Rica y Panamá.

Tenemos grandes retos. En primer lugar, aumentar el registro de casos, existe un alto sub-registro de casos, que obedece, entre otras, a que las propias víctimas desconocen que están cayendo en manos de estas redes o no ponen el caso en conocimiento de las autoridades competentes, ya sea por desconocimiento de cómo hacerlo, o simplemente por miedo.
En segundo lugar, es muy importante seguir ampliando y mejorando los servicios para el creciente número de víctimas identificadas, lo cual incluye la facilitación de albergues permanentes.

Debemos también mejorar la eficiencia en la coordinación territorial para garantizar la protección de todas las víctimas; intensificar los esfuerzos para enfrentar el trabajo forzado mediante la aplicación estricta de la ley y los estándares laborales; y seguir haciendo frente a la actividad delictiva forzada por grupos armados ilegales o grupos de delincuencia organizada.

No podemos bajar la guardia en materia de investigación, judicialización y condena de los casos de trata, incluyendo aquellos que involucran a miembros de grupos armados ilegales o grupos de delincuencia organizada que están involucrados en el reclutamiento forzado de niños o actividades delictivas forzadas o en el todavía más aberrante fenómeno del tráfico sexual de niños en el sector turístico.

La Cancillería está plenamente comprometida en seguir avanzando en los esfuerzos de prevención a través del Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas; la consolidación del  mecanismo nacional para estudiar la prevalencia, las tendencias y las causas fundamentales de la trata a nivel nacional, establecido en 2018; las campañas de sensibilización y la línea telefónica de gratuita nacional contra la trata de personas que funciona las 24 horas del día y que han permitido  identificar  posibles casos de trata de personas.

En ese orden de ideas, estamos ajustando la normatividad existente para lograr que la extinción de dominio se pueda aplicar en un proceso abreviado contra los bienes inmuebles o activos, que se hayan utilizado por las redes de trata de personas para este abominable delito.

En el pasado tratamos de hacerlo en Cartagena, para los casos de utilización de menores para usos sexuales, pero desafortunadamente las limitaciones legales, no nos permitieron aplicarlo con la contundencia del caso. Por tal motivo, la Cancillería está adelantando la normatividad necesaria para aplicar la extinción de dominio y así romper esta cadena de crimen.

En el ámbito multilateral, seguiremos participando de manera activa en la Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Trata de Personas, en el seno de la OEA, la cual cuenta ya con un Plan de Acción 2021-2026 para Combatir la Trata de Personas en el hemisferio. En este marco se aprobó recientemente una herramienta tecnológica para hacer seguimiento a la implementación de políticas y medidas para combatir este flagelo a nivel regional y apoyar la cooperación y el intercambio de información entre países de la región.

Me alegra mucho tener esta oportunidad de compartir una vez más, los esfuerzos que se están haciendo en ese sentido y decir que Colombia, sí va a poder exterminar para siempre esta trata de personas que se origina o que tenga como destino nuestro país.

Muchas gracias.