- El 11 de abril los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Paraguay enviamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una Declaración sobre el estado actual del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
- La Declaración tiene dos ejes: de un lado, una reafirmación inequívoca del compromiso permanente de nuestros países con la promoción y protección de los derechos humanos en el continente.
- En desarrollo de este concepto, los países firmantes señalamos la enorme contribución que la Comisión y la Corte Interamericana han hecho y reconocemos también el valor fundamental que tiene el sistema de peticiones individuales.
- Pero el Sistema tiene, como cualquier empresa humana, fallas y en particular en los últimos años los países firmantes hemos registrado serios problemas.
- El segundo eje de la Declaración es, por lo tanto, una enumeración de medidas y acciones que con todo respeto le estamos sugiriendo a los órganos mencionados con el mejor de los objetivos, a saber, un fortalecimiento del Sistema, que sin duda redundará en un incremento en los niveles de protección de los derechos humanos, no solo en nuestros países sino en todos los Estados miembros de la OEA.
- Entre estas medidas se destacan dos muy concretas que son la adopción de medidas urgentes para reducir el atraso en el trámite de peticiones ante la CIDH y mejorar la economía procesal en los casos ante la Corte y una estricta aplicación de principios fundamentales del Sistema, como son el principio de subsidiariedad o el margen de apreciación de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
- Un aspecto importante es que en nuestros cinco países impera el Estado de Derecho y hay una institucionalidad sólida y eficaz que consagra mediante procesos democráticos un amplio espectro de derechos y garantías.
- Por esa razón, hacemos un llamado a que se respete el legítimo espacio de autonomía de cada Estado y, en especial, a que los órganos del Sistema tomen en consideración las realidades políticas, económicas y sociales de los Estados, en especial al momento de decretar medidas de reparación, las cuales deben guardar una debida proporcionalidad y respetar los ordenamientos constitucionales y las exigencias propias del estado de Derecho.
- Ninguno de los gobiernos firmantes puede ser acusado de buscar un debilitamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Todos nos hemos esforzado en dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión y hemos sido objeto de condenas por parte de la Corte, debiendo adoptar una gran variedad de medidas de reparación, algunas veces en condiciones muy difíciles.
- Por lo tanto, cuando planteamos unas medidas que van dirigidas a mejorar y fortalecer los procedimientos existentes, lo hacemos con conocimiento de causa. Eso nos da el derecho a exigir que esas propuestas sean consideradas de buena fe y sin prejuicios o preconcepciones.
Bogotá, 24 de abril de 2019
