La crisis multidimensional que padece Venezuela ha generado el éxodo de más de 4,8 millones de personas y cifras de centros de estudios internacionales estiman que en 2020 más de 6,5 millones de venezolanos habrán huido de su país, convirtiendo a esta situación en una de las más críticas del mundo. Venezuela vive un cuadro generalizado de violaciones sistemáticas de derechos humanos y libertades fundamentales, denunciadas por organismos internacionales de protección de derechos humanos, y padece el colapso de su sistema económico y de sus servicios en salud y educación. La Venezuela próspera del pasado ha dejado de existir.

Colombia, al igual que otros países, enfatiza en que una transición rápida hacia la democracia es la ruta hacia la paz y el desarrollo en Venezuela y la superación de la crisis requiere de elecciones libres, limpias y transparentes organizadas por un Gobierno transicional, que cuenten con la supervisión de la comunidad internacional.

Venezuela enfrenta una encrucijada en 2020 y la celebración de elecciones a finales de este año debe contribuir a diseñar el futuro del país en los años venideros, incluyendo la compleja tarea de reconstruir las instituciones y la infraestructura destrozadas por un régimen ilegítimo y dictatorial. El año 2020 debe ofrecer a los ciudadanos venezolanos lo que han venido reclamando por más de una década: elecciones presidenciales y parlamentarias genuinas, libres y justas que les permitan elegir a sus líderes e iniciar el mencionado proceso de reconstrucción institucional, social y económica.

La comunidad internacional debe respaldar a la población venezolana en ese anhelo. A continuación, se mencionan las medidas que, además de enmarcarse en la Constitución venezolana, se requieren para poner término a la crisis que afecta al país y a su población. Cualquier proceso que se desvíe de esta ruta no puede ser considerado como legítimo o creíble:

1. Las elecciones deben ser garantizadas y supervisadas por un Gobierno de transición con la más amplia aceptación.

2. Corresponde a unas autoridades electorales independientes conducir y administrar cualquier elección. El proceso electoral tiene que ser impulsado por una nueva Comisión Nacional Electoral (CNE), balanceada e independiente, cuyos nuevos integrantes deben ser elegidos por la Asamblea Nacional como lo ordena la Constitución, tan pronto como sea posible, para que cuente con tiempo suficiente de preparar las elecciones.

3. Para asegurar los principios de Justicia y proteger la integridad de la elección y la legitimidad del voto se requiere la existencia de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconstituido, justo e independiente.

4. Las elecciones deben estar abiertas a la participación de todos los partidos y candidatos. Se deben eliminar todas las restricciones sobre individuos y partidos políticos y permitir la libre participación de todos en las elecciones presidenciales y parlamentarias.  Esto incluye otorgar garantías de protección a quienes han abandonado el país temiendo por su seguridad, y la liberación de todos los prisioneros políticos y las demás personas que han sido privadas de su libertad de manera arbitraria.

5. Todos los candidatos y partidos, así como el electorado, deben tener acceso libre e ilimitado a los medios de comunicación, fuentes de información independientes, recursos de telecomunicaciones e Internet. No debe permitirse que el régimen ilegítimo de Maduro dicte el contenido a los medios de comunicación que deben ser libres e independientes.

6. Debe protegerse el ejercicio de los derechos a la reunión y la protesta pacífica, y la libertad de expresión, sin represión ni represalias. No deben existir interrupciones de los servicios esenciales como el acceso a las telecomunicaciones y al transporte público.

7. Debe asegurarse una observación electoral independiente, compuesta por expertos nacionales e internacionales, que ejerza esa función sin restricciones ni presiones de cualquier naturaleza.

8. En línea con estas medidas, y para garantizar su implementación real, Colombia insiste en la urgencia del restablecimiento y la protección de todas las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, única autoridad parlamentaria, constitucional y legítima de Venezuela.

Con el fin de facilitar lo anterior, nos declaramos dispuestos a:

• Exhortar a las autoridades venezolanas a adherirse a los criterios enunciados en este comunicado;
• Facilitar el proceso para que los ciudadanos venezolanos, donde quiera que estén, ejerzan sus derechos de participación electoral mediante su voto, de manera libre e informada;
• Suministrar el apoyo técnico que sea necesario para facilitar el proceso de registro de votantes; y,
• Contribuir con un equipo de observadores electorales independientes, altamente calificados, que puedan comenzar a trabajar con la nueva autoridad electoral en cuanto sus miembros sean designados por la Asamblea Nacional.

Bogotá D.C., 16 de enero de 2020