- Gestiones en materia de política carcelaria y penitenciaria, y avances en reparación a las víctimas, son algunos de los puntos del informe.     

- La viceministra anunció al Comité la radicación ante el Congreso del proyecto de ley que promueve la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

Ginebra (Suiza), abril 18 de 2023. Esta mañana, en la declaración de apertura ante el Comité contra la Tortura, la Viceministra Elizabeth Taylor Jay dio inició a la sustentación del sexto informe periódico que da cuenta de los avances del Estado colombiano, en cumplimiento de las obligaciones que adquirió en materia de lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En su intervención, la alta funcionaria destacó los ejes de acción propuestos por el gobierno del presidente Gustavo Petro en la materialización de un nuevo contrato social que mejore la calidad de vida de las y los ciudadanos. 

Estos son: “la inclusión de las mujeres en todas sus diversidades como punto central de cualquier transformación; el tránsito hacia una economía para la vida centrada en el progreso, la protección del medio ambiente y de los derechos humanos; la consolidación de una democracia capaz de garantizar los derechos humanos, la igualdad y la justicia social; y la apertura a una verdadera cultura de paz”. Mencionó la viceministra. 

En ese sentido y buscando proteger a las personas de graves violaciones de derechos humanos materializadas en tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la alta funcionaria resaltó que uno de los compromisos del gobierno es garantizar que se eliminen por completo estas conductas en todas las esferas del Estado.

Por ello, “renovamos la disposición del Gobierno colombiano de trabajar con los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil y la rama judicial a fin de construir una sociedad más democrática y en paz, que nos permita brindar las garantías esenciales para que la ciudadanía colombiana pueda disfrutar plenamente de sus derechos”. Destacó la alta funcionaria. 

Igualmente, la viceministra aseguró que “la nueva política exterior de derechos humanos de Colombia busca generar condiciones de desarrollo sostenible, justo e igualitario. (…) La política exterior se fundamenta en la promoción y protección de los derechos humanos y la democracia, el respeto por la soberanía y la autonomía de los pueblos, la coexistencia pacífica, la buena vecindad y el multilateralismo”.

Por esa razón, “El Ministerio de Relaciones Exteriores lidera una estrategia de diplomacia pública para la paz, con el fin de lograr el acompañamiento de la comunidad internacional en torno a temas estratégicos como las negociaciones con nuevos actores que hacen parte del conflicto armado”. Agregó la jefe de la delegación de Colombia para este encuentro. 

Acto seguido, la viceministra anunció al Comité que el pasado 7 de febrero se radicó ante el Congreso de la República de Colombia el proyecto de ley que promueve la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. El proyecto de ley fue radicado por el canciller Álvaro Leyva Durán. 

Este hecho, “evidencia la disposición del Gobierno nacional de tomar medidas que permitan solventar las problemáticas acaecidas en las cárceles en Colombia y de crear mecanismos efectivos para la prevención de la tortura”. 

De igual forma, la alta funcionaria se refirió al proceso de construcción del Plan de Acción Nacional que adelanta el gobierno con el apoyo de organismos de Naciones Unidas y la cooperación internacional, para dar cumplimiento a la Resolución 1325 de 2000 sobre Mujer, Paz y Seguridad. 

Por otro lado, la viceministra destacó las medidas que adelantan las autoridades nacionales en materia penitenciaria y carcelaria, con miras a prevenir la tortura y los tratos crueles inhumanos o degradantes en la población privada de la libertad. 

“Este gobierno radicó e impulsó el Proyecto de Ley que busca la Modernización y la Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia, con el que se espera que las personas privadas de la libertad hagan parte de un proceso resocializador”. 

Otras de las acciones subrayadas por la viceministra tienen que ver con la atención y seguimiento médico a los ciudadanos procesados o condenados, las constantes capacitaciones brindadas a la Fuerza Pública en materia de promoción y protección de los derechos humanos, el apoyo del gobierno al Sistema de Justicia Transicional establecido mediante el Acuerdo de Paz en 2016, y las medidas de reparación a las víctimas. 

En relación con el Sistema de Justicia Transicional, en el informe se menciona el apoyo categórico del gobierno a su existencia. Para el gobierno, los componentes de este sistema son los pilares en la garantía de la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto. 

En lo referente a la reparación a las víctimas, la viceministra mencionó: “es importante reiterar al Comité la importancia que, desde el año 2012, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas tiene para nuestro país. Esta entidad cuenta con dos rutas de atención para la atención de las víctimas del conflicto armado. Por un lado, la ruta integral individual y, por otro lado, una ruta de reparación colectiva.”

“Me permito concluir mi intervención refrendando el compromiso del Gobierno del señor Presidente, Gustavo Petro, con las obligaciones contenidas en la Convención contra la Tortura. Haremos lo que esté a nuestro alcance para fortalecer las funciones del Comité y, en general, los mecanismos del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas”. Concluye la viceministra de Asuntos Multilaterales.

En este encuentro, que culmina el miércoles 19 de abril, el Estado colombiano tendrá nuevos espacios de intervención para responder a las inquietudes hechas por el Comité contra la Tortura y para acoger y retroalimentar las observaciones. 

La delegación de Colombia para este encuentro está conformada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el INPEC, la UNP, la Fiscalía General de la Nación, la UARIV, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Policía Nacional, el ICBF, la JEP, la Consejería Presidencial para la Juventud y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.

Intervención viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor Jay