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Intervención de la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia en la 8° Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

8° Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

INTERVENCIÓN – DEBATE GENERAL

Abu Dabi, 16-20 de diciembre de 2019        

Señor Presidente:

En primer lugar, mi delegación lo felicita por asumir la Presidencia de la 8ª Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y agradece a su Gobierno por acogernos; estamos muy complacidos de estar en Abu Dabi. Quiero augurarle una exitosa gestión y expresarle el apoyo de nuestra delegación en el desarrollo de sus trabajos.

 

Excelencias y delegados:

Hace ya 16 años que, frente a las amenazas que plantea la corrupción, decidimos en Naciones Unidas establecer un acuerdo jurídico internacional para enfrentarla, y resguardar la estabilidad política y seguridad de nuestras sociedades; la legitimidad de las instituciones; la ética, la justicia y el imperio de la ley; el desarrollo integral y sostenible; el orden económico; la calidad de la gestión pública; y la defensa del patrimonio público. 

Indudablemente, desde su entrada en vigor, la Convención nos ha permitido mejorar marcos legales a nivel nacional y seguimos trabajando para implementar sus contenidos.

Legalidad y transparencia son requisitos determinantes para lograr equidad social, bienestar, paz y estabilidad política en nuestras sociedades. Combatir la corrupción es esencial para cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Presidente Iván Duque, alineado con los ODS, tiene a la Legalidad como el primero de sus pilares. La legalidad se define como una prioridad en las actuaciones de las autoridades; en la relación entre las ramas del Poder Público; en el trámite institucional de los asuntos de interés general; en la relación del sector público con el sector privado; y en la conducta de los servidores públicos y de todos los ciudadanos.

Para avanzar en este frente, estamos trabajando para fortalecer las leyes y políticas que nos permitan promover la cultura de la legalidad a nivel social, la ética en el servicio público y la integridad empresarial. Entre las acciones recientes quiero destacar las siguientes:

  • La Secretaria Nacional de Transparencia trabaja para prevenir y enfrentar la corrupción con directrices para el Estado y para el sector privado.
  • Nuestro Congreso, viene estudiando en el último año proyectos de ley para prevenir la corrupción en la contratación pública, y castigar a los responsables sin concesiones. Nuevas iniciativas se anuncian para los próximos meses.
  • Estamos formulando la nueva Política de Transparencia, Integridad y Legalidad hacia un Estado Abierto, que involucra a la ciudadanía y promueve el acceso a la información y la rendición de cuentas.
  • Creamos el Sistema General de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, para articular los diferentes sistemas de datos, útiles para generar alertas tempranas, y prevenir hechos de corrupción.
  • Establecimos una Red Nacional de Observatorios Anticorrupción, mecanismo académico e interinstitucional para estudiar el fenómeno de la corrupción con enfoque nacional y territorial.
  • Estamos definiendo un Índice Nacional de Lucha contra la Corrupción, que integre diferentes mediciones del orden nacional, con el fin de monitorear el fenómeno.
  • La dinámica cooperación internacional a través de la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, en el ámbito penal y en el control fiscal sobre la gestión de los recursos públicos, ha sido vital para que avancen las investigaciones y para recuperar activos. Al respecto, instamos a seguir impulsando la transmisión interestatal espontánea de información entre autoridades relevantes y colaborar en la protección de testigos.
  • Así mismo, la extinción del derecho de dominio o de propiedad sobre patrimonios producto de la corrupción es una herramienta de persecución legal que en Colombia se ha convertido en una fortaleza nacional. Estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia, y a brindar asistencia técnica a otros países en esta materia.

 

Señor Presidente:

Pese a los esfuerzos nacionales, el panorama de la corrupción sigue siendo preocupante. Hoy la corrupción desconoce fronteras, es cada vez más flexible, impredecible, rápida, genera entramados complejos, y alimenta delitos como el terrorismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de estupefacientes, los delitos ambientales, el contrabando, entre otros.

Lamentablemente, la articulación internacional para lograr una respuesta eficaz frente a un crimen que tiene alcances globales sigue siendo débil, y deja espacios a la impunidad. Por eso, Colombia, como país comprometido con la legalidad internacional y con el multilateralismo, hace en esta Conferencia un llamado a los Estados a considerar nuevas y más eficaces acciones contra la corrupción.

Con Perú, impulsamos en Naciones Unidas la convocatoria del Periodo Extraordinario de Sesiones contra la Corrupción, en 2021. El objetivo es abrir un espacio propicio para considerar nuevas acciones que nos permitan fortalecer el régimen internacional contra la corrupción, de acuerdo con el entorno actual.

En este proceso, hemos planteado la posibilidad de que la comunidad de Naciones considere la creación de una Corte Internacional Anticorrupción. Invitamos a los Estados a pensar de forma creativa y constructiva en los beneficios de esta propuesta, que puede ayudar a robustecer la implementación de la Convención. Especialmente, como instrumento que permitiría enfrentar las modalidades de corrupción que, por su complejidad, o por la falta de capacidad o de independencia de las autoridades nacionales, quedan actualmente en la impunidad.

 

Señor presidente:

Combatir la corrupción es una tarea de todos los días. Estamos convencidos de que la acción colectiva de los Estados, la sociedad civil, el sector privado, la academia, y todos los ciudadanos, son las que nos permitirán recuperar la esperanza.

¡Reafirmamos nuestro empeño en la lucha contra la corrupción y la impunidad, pues es nuestro deber ético evitar que la cultura de la ilegalidad sea patentada por la costumbre o por la falta de acción oportuna!

No podemos ser inferiores a las circunstancias; ¡tenemos que actuar!

Muchas gracias.

 

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