Cali, octubre 29 de 2024. En el Salón Páramos, se llevó a cabo el evento paralelo sobre “La guerra contra las drogas y su afectación en el medioambiente: La biodiversidad en riesgo”, en el marco de la 16ª Sesión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica. Este evento, tuvo el propósito de articular entre altas autoridades y expertos nacionales e internacionales una respuesta a los problemas asociados a las drogas con el medioambiente, con énfasis en la biodiversidad, tomando acciones decididas e integrales por la sustitución de cultivos de uso ilícito.
El compromiso del Gobierno nacional con la incorporación de la protección del mediombiente en su política de drogas marcó el momento clave del evento, realizando la firma protocolaria del Convenio Marco del Programa Nacional de Transformación Ecológica y Productiva para la sustitución de cultivos de uso ilícito en áreas de especial importancia ambiental. Se trata de un esfuerzo histórico de articulación interinstitucional entre los Ministerios de Justicia, Agricultura y Ambiente, además de la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad y el Fondo Colombia en Paz que, de la mano con las comunidades, busca la concreción de políticas de drogas que priorizan el cuidado del medioambiente.
Durante el panel se evidenció el impacto negativo de las drogas sobre la biodiversidad y las limitaciones de las políticas de respuesta, en cuanto no reflejan las preocupaciones ambientales, ni incluyen medidas para salvaguardar o alinearse con las intervenciones enfocadas hacia el control de la pérdida de biodiversidad, ni hacia la mitigación y adaptación de los efectos adversos del cambio climático, y tampoco promueven el pleno respeto y ejercicio del derecho al medioambiente limpio, saludable y sostenible.
Durante el evento, la Viceministra de Asuntos Multilaterales, Kandya Obezo, destacó que “un nuevo paradigma para el abordaje de los asuntos relacionados con las drogas requiere de la protección de la biodiversidad como un elemento consustancial a las políticas de fiscalización, lo que implica reconocer y mitigar el daño ecológico que produce la guerra contra las drogas”. Este segmento contó además con la participación de representantes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Ministerio de Ambiente y la sociedad civil.
Con esta apuesta de intervención integral, en la que el Gobierno espera invertir $200.000 millones en los próximos dos años, los territorios beneficiados tendrán: i) alternativas de productivas de sustitución para generar ingresos legales y tener una vida digna sin daño a la naturaleza; ii) acceso a incentivos económicos por sus compromisos de conservar la naturaleza y proteger la biodiversidad y iii) apoyo para la comercialización y acceso a los mercados de sus alternativas productivas legales.
