Bogotá, abril 20 de 2023. La Cancillería, con el apoyo de la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), llevó a cabo dos sesiones de capacitación a las entidades colombianas sobre la forma en que debe reportarse la información para monitorear los avances y retos en la implementación de los derechos consagrados en el Protocolo. Las sesiones fueron coordinadas e impartidas por el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador (GTPSS) de la OEA.
Este ciclo de capacitaciones, realizado el 18 y 20 de abril de 2023, fue coliderado por la Cancillería, a través de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Por parte del GTPSS estuvo presente Soledad García Muñoz, Presidenta del GTPSS y Relatora Especial sobe los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH; Laura Elisa Pérez, experta independiente; Alberto Coddou, experto independiente; Juan Pablo Delgado, experto gubernamental; Santiago Guayasamin, experto gubernamental y Johanna Cortés, experta gubernamental.
El Estado colombiano, por su parte, tuvo una nutrida representación de entidades del orden nacional: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y del Derecho.
Además, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
El Protocolo de San Salvador es el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) que aborda los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
En virtud del artículo 19 de este Protocolo, Colombia debe presentar en el año 2023 el informe periódico del cuarto ciclo respecto a las medidas progresivas adoptadas por el Estado para asegurar el respeto de los derechos allí consagrados.
