El Secretario de Estado Antony J. Blinken presentó el 24 de junio el “Informe sobre la Trata de Personas” (TIP Report por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, correspondiente a la vigencia 2023. Por noveno año consecutivo Colombia se mantiene en el primer nivel (Tier 1) al cumplir plenamente con los estándares mínimos de Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Estados Unidos de América, así como del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Este informe anual, en su vigesimocuarta edición, incluye narrativas de 188 países y territorios y compila la información sobre los esfuerzos gubernamentales contra la trata de personas y evalúa los esfuerzos de los gobiernos de todo el mundo para combatir este delito.

De esta manera, en el informe el Departamento de Estado reconoce la voluntad política de Colombia para luchar contra el delito de la trata de personas, y que se refleja en los esfuerzos nacionales para la identificación de un mayor número de víctimas del delito, la implementación de la campaña nacional “#DeQueTratalaTrata”, así como en una mejor comprensión de este fenómeno por parte de los funcionarios y la interacción de la institucionalidad con actores de la sociedad civil.

En este informe el Departamento de Estado también presenta una serie de recomendaciones al Estado colombiano para fortalecer las acciones encaminadas a la prevención, investigación y judicialización del delito de trata de personas en todas sus finalidades, y para brindar una mejor asistencia y protección a las víctimas.

En este sentido, la institucionalidad nacional continuará trabajando de manera comprometida para garantizar el abordaje integral de la trata de personas desde un enfoque de derechos humanos y centrado en las víctimas, que incluya esfuerzos tendientes a la desnaturalización de las conductas constitutivas del delito, garantía de la adecuada atención a las víctimas, en particular, de aquellas con mayor vulnerabilidad como son las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, así como el fortalecimiento de herramientas que contribuyan a la investigación y sanción de los tratantes, y que conduzca a su vez a la desarticulación de las redes del crimen organizado trasnacional que se lucran de este flagelo.