Lima, Perú, 13 de agosto de 2025. Con el propósito de posicionar a Colombia como referente en materia de regulación, control, investigación y judicialización de la minería ilegal y compartir buenas prácticas en la materia entre los países andinos, el director de Mecanismos de Concertación e Integración Regionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francisco Gutiérrez, participó en la XXXI Reunión Ordinaria del Comité Andino de Minería Ilegal (CAMI) y en la I Reunión de Alto Nivel Estratégico (RANE) sobre el Impacto Integral de la Minería Ilegal, que reunió a los Países Miembros de la Comunidad Andina en Lima, Perú.
Las reuniones se realizaron en el marco de la Presidencia pro tempore de Colombia de la Comunidad Andina (CAN) 2024-2025, y contó con la participación del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Fiscalía General de la Nación.
Durante la inauguración de la XXXI Reunión Ordinaria del Comité Andino de Minería Ilegal, Francisco Gutiérrez destacó la importancia de este espacio de articulación y diálogo franco, técnico y estratégico sobre el impacto ambiental, social y económico de la minería ilegal, cada vez más vinculada con redes de Delincuencia Organizada Transnacional (DOT).
La agenda inició con la aprobación del proyecto de decisión para la expedición del Plan de Acción para la implementación de la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal 2025–2030, el cual será remitido para consideración y expedición por parte del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE) en sesión prevista para el mes de septiembre de 2025.
Por su parte, la I Reunión de Alto Nivel Estratégico (RANE) permitió compartir experiencias y desafíos por parte de organismos internacionales, regionales y nacionales, con el fin de orientar acciones concretas dirigidas al establecimiento de un marco de acción jurídico y técnico común que facilite la cooperación efectiva entre los países miembros. Esto incluye la armonización normativa penal, así como el fortalecimiento de la cooperación judicial, la fiscalización y la inteligencia transfronteriza contra las redes criminales asociadas a la minería ilegal y los delitos ambientales conexos.
“La Comunidad Andina reafirma hoy su voluntad política de enfrentar esta amenaza con decisión y cooperación. Solo a través de una respuesta integral, basada en la corresponsabilidad y la acción conjunta, podremos proteger nuestros territorios, nuestras comunidades y nuestros recursos naturales”, destacó Francisco Gutiérrez, director de Mecanismos de Concertación e Integración Regionales.
Entre sus conclusiones, las delegaciones de los países miembros acordaron establecer un grupo de trabajo que permita definir un plan de trabajo para la implementación de acciones concretas a corto plazo que deriven en victorias tempranas en la lucha contra la minería ilegal y sus delitos conexos. Para ello, los esfuerzos se enfocarán en la definición de conceptos comunes sobre minería ilegal en el marco de los tratados y convenios internacionales vigentes, la armonización de criterios y protocolos para el control de insumos, identificación de flujos financieros ilícitos, e intercambio de información para operativos e investigación criminal, así como la identificación de necesidades de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades institucionales.
El evento fue organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y contó con la participación de la OEA, la Red Jaguar del Programa El Paccto, el Instituto Igarapé, Earth First, Planet Gold – ONUDI, MAAP, entre otros, cuyas perspectivas fueron valiosas para ofrecer una lectura más amplia y profunda del contexto regional.
El Comité Andino de Minería Ilegal y la I Reunión de Alto Nivel Estratégico sobre el Impacto Integral de la Minería Ilegal se enmarcan en la Decisión 774 que establece la “Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal” y la Decisión 992 que define “Acciones conjuntas urgentes para la lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional” de la Comunidad Andina.
