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Cancillería reitera su compromiso en la lucha contra la trata de Personas

 

Bogotá, D.C., 31 de julio de 2022 - @CancilleriaCol - Para Colombia, la trata de personas es un delito de naturaleza y efectos globales que deriva en flagrantes violaciones a los derechos humanos: por ello, en el Día Mundial contra la Trata de Personas, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma su total rechazo a este fenómeno delictivo y reitera su decidido compromiso de enfrentarlo.

Desde la Cancillería, en articulación con las entidades nacionales, se trabaja de forma estrecha con Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, los Organismos Internacionales y las Organizaciones no Gubernamentales a fin de luchar contra este delito. 

Colombia reconoce la necesidad de prevenir la trata de personas mediante un enfoque integral y sistemático a través de políticas sociales, económicas, sanitarias, educativas, de justicia y de derechos humanos, a fin de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que se traducen en desempleo y en sistemas de justicia penal precarios que, a su vez, hacen a las personas más vulnerables a la trata de personas.  

El Gobierno de Colombia propende por la incorporación de la perspectiva de género como un valor esencial para analizar, prevenir y combatir este delito, que afecta mayoritariamente a las mujeres y los niños, niñas y adolescentes. De igual manera, destaca la importancia de aplicar un enfoque centrado en las víctimas para la implementación de las políticas y acciones de protección y prevención.

Colombia fue uno de los tres únicos países, de los 190 Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en presentar una resolución temática dirigida a fortalecer la implementación del Protocolo de lucha contra la trata de personas que complementa la Convención de Palermo, en el marco del foro internacional más importante sobre la lucha contra la delincuencia trasnacional organizada y lograr su aprobación.

Esta resolución fue adoptada y copatrocinada por Andorra, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Unión Europea (también en nombre de todos sus miembros), Guatemala, Honduras, Israel, México, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paraguay, Estado de Palestina, Suiza, Tailandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América.

 

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