Uribia, Guajira, (Nov. 02 / 12). A través de un taller diferencial étnico con  la comunidad Wayuu en el municipio de Uribia, en La Guajira, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco del Plan Fronteras para la Prosperidad, junto con otras 16 entidades del Gobierno Nacional y la alcaldía municipal, se reunieron con integrantes de la Junta Mayor de Palabreros, representantes de la mesa de diálogo y concertación Wayuu y autoridades tradicionales.

Tras una larga deliberación y concertación, el Gobierno Nacional y la comunidad Wayuu acordaron soluciones con actividades, tiempos y responsables de la ejecución en siete mesas temáticas: gobernabilidad y territorio;  educación y cultura; hidrocarburos, minería y energía; salud; agua; transporte, y comercio.

Cada uno de los miembros del equipo de Cancillería registró la problemática, las estrategias y rutas de trabajo, para que “a partir de ahí, articuladamente con todas la entidades del Gobierno Nacional, comencemos a diseñar proyectos a corto plazo, programas diferenciales en los distintos sectores y trazar hojas de ruta para las problemáticas  estructurales”, así lo explicó el coordinador del Plan Fronteras para la Prosperidad, Jorge Guzmán,  durante el encuentro con la comunidad Wayuu.

La jornada logró que el pueblo Wayuu distinguiera los problemas más comunes que  afectan directamente a la comunidad como el contrabando de combustible, la erosión social producto de la minería, la problemática del agua, la exploración sísmica marina en hidrocarburos, la deficiencia de la infraestructura vial de la media y alta Guajira, entre otros. Así mismo, la discusión sirvió para  plantear soluciones estructurales como  adaptar los mecanismos de reconocimiento y de interacción con la comunidad para los procesos de políticas públicas.

Al finalizar el ejercicio de participación, el pueblo indígena coincidió en reconocer la importancia de abrir estos escenarios que permiten registrar los problemáticas  y sus soluciones en estas zonas de frontera  y destacaron la labor que viene desarrollando la Cancillería en este tema en particular.

Así lo reafirma  Juan Cambar Pushaina, palabrero de la Junta Mayor  y coordinador de la mesa de diálogo y concertación para el pueblo Wayuu: “La Cancillería ha desempeñado un papel importante en esto que se está haciendo. Por eso en la jornada nos fue muy bien, hubo entendimiento, buena coordinación entre los funcionarios de la Cancillería, las autoridades indígenas y también los delegados de la mesa”.

Por último, el coordinador del Plan Fronteras para la Prosperidad de la Cancillería, Jorge Guzmán, concluyó con el compromiso  de incluir la visión del pueblo Wayuu en la política pública diferencial de frontera, que termina en un documento Conpes.

Con esta nueva jornada, la Cancillería completa 18  talleres participativos en los trece departamentos de fronteras, en los que han asistido alrededor de 1.400 actores locales. De estos, 5 han sido diferenciales étnicos con las comunidades afro de Putumayo, indígenas Awa y Pastos de Nariño e indígenas Inga y Barí, y Rom de Norte de Santander. El  próximo espacio de deliberación y concertación será este viernes en Chocó con la comunidad Afro y luego termina con la comunidad raizal en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el próximo 9 de noviembre.

¿Ahora qué sigue?

La información que se recoge de estos talleres de formulación de política pública de fronteras  diferencial  es un insumo para la construcción del documento Conpes de frontera que lidera el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento Nacional de Planeación.

Para ser aprobado tiene que cumplir unos pasos. Primero, las entidades del Gobierno analizarán en este mes de noviembre cada una de las problemáticas planteadas,  los diagnósticos y soluciones que se dieron desde las fronteras, desde los talleres. A partir de ahí se identifican proyectos en el corto plazo y se diseñan programas diferenciales sectoriales.

Con esta información se construye el Conpes y se regresa nuevamente a cada una de las regiones para que los actores locales validen, en el mes de diciembre, el resultado de ese ejercicio.  Con la previa validación, se le entrega el documento al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que lo apruebe junto con su Gabinete ministerial en el Consejo Nacional de Política Económica y Social y comience su implementación.

¿Qué es el Plan Fronteras para la Prosperidad?

El Gobierno Nacional ha decidido priorizar el desarrollo social y económico de las poblaciones de frontera mediante el Plan Fronteras para la Prosperidad (PFP). Este plan busca mejorar la capacidad institucional, respondiendo de manera estratégica, integral, adecuada y oportuna a los retos que se presentan diariamente en las regiones fronterizas. El PFP es liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), que actúa como ente articulador entre las diferentes agencias y entidades del Gobierno Nacional, logrando la armonización y eficacia de los esfuerzos e intervenciones institucionales.

El PFP busca impulsar y apoyar el desarrollo social y económico de las poblaciones en las fronteras terrestres y marítimas del país, mediante la generación de oportunidades económicas e inclusión social, fortaleciendo a su vez la integración con los países vecinos. Lo anterior pretende disminuir la brecha que existe en materia económica y social entre las zonas de fronteras y el resto del país, permitiéndoles una dinámica propia y fortalecida.

¿Qué es el Conpes?

El Conpes es el Consejo Nacional de Política Económica y Social y está catalogado como el máximo organismo de coordinación de la política económica en Colombia. No dicta decretos sino que da la línea y orientación de la política macro.

El Conpes está presidido por el primer mandatario del país y la secretaría técnica la ejerce el jefe del Departamento Nacional de Planeación, que elabora los documentos para ser tratados en cada una de las sesiones.

La forma de operación del Conpes es sencilla: la secretaría elabora un documento técnico sobre el tema específico y lo somete a consideración de los integrantes del organismo. El texto es leído y luego se recomienda lo que se debe hacer, pero la última palabra la tiene el Presidente de la República.

De sus recomendaciones dependen los planes y programas de desarrollo, los planes de inversión pública y los lineamientos del presupuesto general que cada año se presenta al Congreso de la República.