Bogotá, 14 de diciembre de 2023 -@CancilleriaCol- En julio de este año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombró a Antonia Urrejola como experta internacional para "identificar y verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016, en particular los que anunció públicamente en marzo de 2023 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (...), y determinar las consecuencias de esos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos en virtud del derecho internacional, y del derecho interno a la paz consagrado en la Constitución Política de Colombia"; hoy, la funcionaria entregó en Bogotá un informe preliminar de los avances de su investigación.

Urrejola inició su intervención aclarando que su mandato “es el de una experta en derechos humanos…no consiste en realizar un análisis exhaustivo del estado de la implementación de cada capítulo del acuerdo”. Indicó también que, en su labor, se ha concentrado en identificar cuáles son los obstáculos principales y estructurales que han afectado la implementación, con una perspectiva de derechos humanos, sobre todo a consecuencia de los hechos narrados por la denuncia de la JEP en marzo de 2023:  “No se trata de una investigación criminal, que pudiera determinar eventuales responsabilidades penales en este caso particular y a la luz de la denuncia de la JEP”, enfatizó e informó que, los hechos ocurridos en torno al asunto de "Jesús Santrich", y el contexto en que se dieron, serán parte del informe que presentará al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de 2024.

La experta señaló que, para recabar la información, visitó Colombia en dos ocasiones para reunirse con distintos actores involucrados en la implementación del acuerdo. Resumió entonces su informe siete obstáculos principales, siendo el primero el contexto político desfavorable post acuerdo, “los hechos denunciados por la JEP en marzo de este año, relativo al asunto de "Jesús Santrich", se enmarcan en un contexto que generó, no sólo a través del legítimo debate político, sino también por el uso abusivo de la persecución judicial, el debilitamiento de la confianza ciudadana en el acuerdo de paz y en el sistema de justicia transicional”.

El segundo obstáculo es el continuum de la violencia: “El acuerdo de paz planteaba un despliegue estatal en los territorios para construir paz y garantizar derechos,  pero no se tomaron las medidas inmediatas necesarias,  en particular el despliegue total en los territorios que dejaron las extintas FARC-EP” dijo, y aseguró que esta es una de las principales causas de que la sociedad colombiana, particularmente aquella que vive en los territorios más alejados de la urbe, continúe enfrentando violencia, amenazas, asesinatos y violaciones de derechos humanos.

En este sentido comentó que es urgente que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el acuerdo, sesione de manera regular, sobre todo, con la participación de quienes pueden tomar decisiones, dado que la política de desmantelamiento de organizaciones criminales recién aprobada el pasado mes de septiembre requiere de un riguroso seguimiento.

Como tercer obstáculo, identificó las violaciones del derecho a la vida e integridad personal de las personas firmantes y en proceso de reincorporación. A pesar de las alertas tempranas, “el Estado no ha podido prevenir el riesgo y se han materializado al menos 400 homicidios de personas pertenecientes a esta población desde la firma del acuerdo, además de las amenazas y estigmatizaciones de las cuales son víctimas regularmente”.

Urrejola considera que debe existir una estrategia intersectorial para la protección integral de esta población, más allá de los esquemas de protección que pueda brindar la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Continúo su exposición indicando que el cuarto obstáculo son las vulneraciones del derecho a la seguridad jurídica de las personas comparecientes: “firmantes me manifestaron que aún siguen siendo retenidos por las fuerzas de seguridad por tener vigentes órdenes judiciales que debieron ser amnistiadas. El manejo adecuado de las notificaciones para asegurar la garantía de los derechos de los firmantes debe ser una prioridad del Estado”.

Expuso que las debilidades de coordinación interinstitucional son el quinto obstáculo y mencionó una inaplazable necesidad de que exista una sola instancia estatal de alto nivel que lidere la implementación del acuerdo, concrete el diálogo entre las diferentes políticas públicas de justicia transicional y asegure la coordinación institucional e interjurisdiccional: “La descoordinación y la desarticulación conducen a la duplicidad de recursos para los mismos objetivos y dificultan que las intervenciones estatales lleguen de manera efectiva a los territorios y tengan una mayor incidencia e impacto transformador”.

El legado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición fue otro de los puntos destacados por la experta en Derechos Humanos: “Los patrones y las violaciones de derechos humanos halladas por la Comisión deben guiar futuras soluciones al conflicto”, dijo y señaló que la implementación de sus recomendaciones es clave para la no repetición; por ello es fundamental dotar de recursos y capacidades al Comité de Seguimiento y Monitoreo de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, así como implementar desde el Estado estrategias de difusión de las recomendaciones en todo el país

El último obstáculo identificado en su investigación fue el rezago en la implementación del capítulo étnico y disposiciones de género, punto en el que recomendó que su implementación.

Finalmente, aseguró que el acuerdo de paz de 2016 sin duda es un hito sin precedentes no solo para Colombia sino el mundo entero, “por ello resulta elemental que las partes firmantes cumplan con lo pactado. Confío en que será cumplido, logrando sobrepasar los obstáculos identificados”.

Resaltó que, a siete años de la firma del acuerdo de paz, existe un compromiso continuo con la paz de la gran mayoría de los firmantes y que por ellos es tan importante que el Estado colombiano avance en la implementación del Acuerdo.

Antes de culminar su informe, Antonia Urrejola celebró que el gobierno actual denota una voluntad política de implementar el acuerdo.