Bogotá D.C. 1 de junio de 2021

Muchísimas gracias, señora presidenta, honorables congresistas. Saludo también a los congresistas que nos acompañan virtualmente, a todos los colombianos que nos escuchan en este momento.

Quiero decirles que me siento muy satisfecha de estar hoy acá en este recinto, después de prácticamente 18 años. Estar hoy acá en esta doble condición: como una funcionaria pública que tengo la condición de ha sido nombrada, pero también elegida, y sé que tanto los que somos nombrados como los que tenemos este privilegio de haber contado con el voto de los colombianos. Tenemos un deber fundamental: honrar la institucionalidad, defender esta democracia que nos ha permitido llegar a la posición que todos ocupamos.

Me parece muy importante señalar esto, porque hoy creo que lo que está en juego es algo demasiado importante, es un valor superior de la sociedad: la confianza de los colombianos en esta democracia, la confianza en las instituciones. En una democracia que, como todas, puede ser imperfecta, tenemos unas instituciones que de pronto no responden a las circunstancias y a los tiempos, pero que, entre todos –ustedes, señores congresistas; nosotros en el Gobierno, los jueces en el poder judicial, y cada ciudadano– debemos ayudar a fortalecer.

Estamos viviendo un momento tremendamente complejo, una crisis del sistema,  una crisis multidimensional, una crisis económica, una crisis política, una crisis de seguridad y también una crisis de salud. Una crisis en donde los habitantes del mundo entero tienen hoy temor, tienen incertidumbre sobre el futuro, tienen el dolor de tantas vidas pérdidas, y en ese temor desafortunadamente, muchas veces, se nubla la visión del futuro. Creo, señores congresistas, que la obligación de todos nosotros es contribuir a que los colombianos vean una luz en el futuro, vean una esperanza para el mañana.

Les digo prontamente, senadores, con todo el respeto, cuando uno oye las intervenciones de los citantes parecería que este es un país sin esperanza, y yo me niego a aceptar eso. Y lo que diré en el mundo entero, es que Colombia es un país con grandes oportunidades, con grandes fortalezas, que Colombia es un país que tiene una institucionalidad, una sociedad y una ciudadanía, dispuestos a sacar adelante a Colombia, una y mil veces, a pesar de la dificultad de esta circunstancia que estamos viviendo.

¡Claro que tenemos que darles esperanza a los colombianos!, porque nosotros sabemos  muy bien que lo que hay en la calle es un dolor y un clamor que todos tenemos que entender. Yo me solidarizo, por supuesto, con el dolor de los jóvenes que hay en la calle, con el clamor de la gente que hay en la calle, que no se sienten representados, desafortunadamente, por buena parte de lo que significamos todos nosotros, ustedes y nosotros.

A toda esa gente que está en la calle tenemos que decirle: entendemos sus dolores, sus preocupaciones; cómo no entender el dolor de los jóvenes que no han tenido la oportunidad de una universidad. Por eso, este Gobierno y el Presidente Iván Duque a la cabeza, se ha preocupado desde el primer día en aumentar el acceso de los jóvenes a una educación superior gratuita, porque ese, desafortunadamente, jamás ha sido un objetivo del Congreso de la República.

Lograr que los jóvenes de nuestro país tengan -al menos un 50%- el acceso a la educación superior gratuita, era el objetivo hace dos años. Pero hoy, con todo lo que está sucediendo, tenemos que esforzarnos por aumentar nuestro objetivo, tenemos que lograr que los jóvenes tengan un acceso a la educación superior gratuita al 100%, los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3.

Pero los jóvenes que están en la calle, no solamente están clamando por la falta de acceso a la educación, también por la falta de acceso al empleo. Eso es lo que más le duele al pueblo colombiano, eso es lo que más mortifica a los padres, a las madres, a tanta gente a la que desafortunadamente esta pandemia también empujó hacia atrás en la escala social y económica de nuestro país. ¡Cuánta gente entro a la pobreza después de haber salido de ella, cuánta gente perdió su empleo por cuenta de esta pandemia!

Sí le quiero decir, senador Alexánder López, que las cifras que he dado son las reales. Por supuesto, que se le ha dado ayudas a nueve millones de personas, sumando uno y otro los distintos mecanismos y transferencias condicionadas, el ingreso solidario y las distintas medidas de ayuda que estableció el Gobierno Nacional por iniciativa del Presidente de la República. Cuando digo que, en promedio, cada persona que recibe una ayuda, vive en una familia donde, por lo menos son tres personas, eso es lo que le da usted los 27 millones de personas.

Entonces senador, acá nosotros no podemos de ninguna manera contribuir a esta desazón nacional negando hechos, negando cifras que son ciertas; que no son suficientes, seguramente no. Pero es esa la razón, por la cual el Gobierno presentó ese proyecto de reforma fiscal que, desafortunadamente, se socializó mal, no se trabajó adecuadamente en unos concesos con los partidos políticos, con los del Gobierno, con los de la oposición, debió ser así. Por esa razón, cuando hubo tanta desinformación en la calle sobre cuál era el propósito de este proyecto, el Presidente ordenó retirarlo.

Pero claro que sí era un proyecto dirigido, sobre todo, a los más pobres, era un  proyecto dirigido a garantizar ese ingreso y esa renta que hoy están pidiendo algunos de los que están justificando el paro, era un proyecto dirigido a garantizar esa renta a los colombianos más pobres, por un tiempo indefinido. Y tenía muchísimos elementos, pero ese no es el tema de este debate.

Pero lo que sí quiero decir, es que hemos venido viviendo una crisis global, que se ve agravada en el mundo entero por cuenta de la pandemia, y que el Gobierno colombiano atendió con medidas sociales oportunas. La principal preocupación que hemos tenido durante todo este tiempo es cómo generar más empleo a los colombianos, para garantizar un ingreso digno, un ingreso estable, y por esa razón, hemos trabajado tanto en los Pactos por el Crecimiento con los gremios de la producción, con cada una de las distintas áreas de la economía colombiana, donde los empresarios son los primeros que han dicho que están dispuestos a poner todos los esfuerzos necesarios para aumentar los empleos y los emprendimientos posibles en nuestro país.

Pero tengo que decir también que este dolor que está en la calle, nosotros como funcionarios -como lo dije ya- tenemos que lograr que, en esta circunstancia, los colombianos no pierdan totalmente la información real, la información veraz. Es que nosotros jamás podremos aceptar que en una democracia, en el día de hoy, tengamos dudas de si este es un Estado que desaparece gente o no. ¡Por supuesto, que no! Es totalmente inadmisible, no puede haber un solo ciudadano desaparecido, que se presuma que ha sido por acción del Estado o por parte de algún funcionario, como algunos de ustedes se han atrevido a decir, que esto es una acción sistemática ordenada desde la Presidencia de la República. Yo sé que en el recinto del Senado se pueden decir muchas cosas, y sé que hay una inmunidad parlamentaria, pero hay un deber ético, hay un deber moral y hay un deber sagrado, que es decir la verdad. Y la veracidad es importante para que los ciudadanos se informen bien, porque desinformando a los ciudadanos lo único que hacemos es destrozar la poquita confianza que les queda a los colombianos.

Entonces, no hay de ninguna manera, ninguna orden de conducta sistemática, mucho menos ordenada desde la Presidencia; lo que ha dicho el Presidente siempre es que necesitamos una Fuerza Pública que preferencialmente se dedique a la prevención. Y cuando en una protesta, en cualquier actividad, en cualquier espacio donde haya público, se presente violencia, la Fuerza Pública debe tratar de persuadir para que se desactive; y sí hay violencia, tiene que contener, porque la obligación del Estado es proteger a los colombianos, a todos, a los que protestan y a los que no protestan. Darles la garantía de la vida, lo que decía ahora el ministro del Interior con tanta propiedad, el derecho a la vida, a la seguridad, a los alimentos, a la movilidad, al trabajo, todos estos son derechos fundamentales de los colombianos, que el Estado en una democracia está obligado siempre a preservar y a garantizar.

De tal manera, que cuando en una manifestación surgen unas minorías violentas, con actitudes vandálicas, con todo lo que hemos visto, estos destrozos, que son absolutamente aterradores, que uno lo ve y, dice, esto no puede ser Colombia, pues la obligación de la Fuerza Pública, en ese momento, después de haber agotado la prevención, la disuasión, la persuasión, es reaccionar y contener ese tipo de violencia. Siempre con una línea clara, respetando los derechos humanos, eso también lo ha dicho el Gobierno y lo he dicho internacionalmente; lo que acaba de salir en el video, claro que es lo que he dicho, y me siento convencida de haberlo dicho.

El Gobierno Nacional no tolerará ningún caso de abuso a los derechos humanos, y todos los casos que se están investigando en este momento, los tiene que juzgar y decidir la justicia. Nosotros no somos jueces, nosotros no podemos de ninguna manera condenar a ningún funcionario ni a ningún policía. Sí hay algún caso de violación de los derechos humanos, por supuesto, tiene que responder ese individuo, pero esa no es una actitud sistemática ni mucho menos que se origine en una instrucción en la cabeza del Estado, ni en la cabeza del ejecutivo.

Yo quiero decirles a todos ustedes, señores Congresistas: sabemos que en este momento hay una gran perplejidad entre los ciudadanos. ¿Será que entonces el derecho a la protesta es un derecho que se reprime en Colombia como acabamos de oírlo? No señor, ¡no es cierto! Del total de actos que ha habido durante estas últimas cuatro semanas, a partir del 28 de abril, hemos tenido 11 mil acciones entre marchas, protestas, distintos tipos de manifestaciones de descontento, 11.683 para ser exactos. ¿Y saben una cosa, señores Congresistas?, de las 11.683, ha habido necesidad de intervención del Esmad en 1.335 exactamente; esto nos muestra que menos del 10% de los casos que hemos visto de protesta, han requerido la intervención del Esmad, porque la mayoría han sido expresiones pacíficas.

¡Claro!, la que vimos anteayer es una de las demostraciones -que ha habido muchas de los jóvenes espontáneas!-, la gente en silencio. Cualquier tipo de protesta siempre está condicionada a que se haga de manera pacífica, y cuando en ese cuestionario que me mandaron, el cual ya hemos radicado en la Secretaría, me preguntan qué está haciendo la Cancillería, por qué estamos desconociendo los compromisos internacionales, respondo con vehemencia, que no desconocemos ningún compromiso internacional, hemos sido líderes reconocidos en buena parte de los acuerdos internacionales por la defensa de los derechos humanos.

Usted sabe, Senador Alexánder López, que fui Senadora y estuve en la Comisión de Paz del Congreso, y estuve siempre liderando el tema de derechos humanos, porque los que somos demócratas no tenemos color político, los que creemos en los derechos humanos no tenemos que hacer parte de un partido u otro para defender algo que es la esencia de la dignidad de una democracia y de un ser humano.

Cuando nosotros hablamos de la defensa de los derechos humanos desde el Gobierno Nacional y la Cancillería, es porque ha sido una política del Estado colombiano, que este Gobierno en particular ha defendido, defiende y defenderá siempre. El derecho a la protesta, ¡claro que lo reconocemos! Y le voy a decir a todos ustedes, queridos Congresistas, que el artículo 21 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es el que reconoce ese derecho a la protesta pacífica, a la reunión pacífica, a la manifestación pacífica, dice que la única manera en la que se puede establecer por la ley excepciones a ese derecho es cuando se trata de defender la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público, cuando se trata de proteger la salud pública y los derechos y libertades de otras personas.

Sabemos que ese derecho a la protesta no es un derecho absoluto, es un derecho que está siempre condicionado a que, por encima, estará el derecho a la seguridad nacional, a la seguridad pública, y por supuesto, la defensa de los derechos y libertades de los demás ciudadanos. Lo mismo sucede con la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 13 garantiza el derecho a la manifestación, a la protesta, a la libre expresión y también tiene su excepción, la protección de la seguridad nacional, del orden público y de la salud.

Igualmente sucede con el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se reconoce el derecho a la protesta pacífica y sin arma, y yo pregunto, honorables Congresistas, ¿es que acá podemos hablar nosotros de protesta pacífica, cuando esos grupos minoritarios que se han aprovechado de esa protesta espontánea de tantos jóvenes, han acudido armados? ¿Saben ustedes cuántas armas se han incautado por parte de la Fuerza Pública? 36 mil armas de corto alcance, automáticas, neumáticas y cortopunzantes.

¿Quién que quiera ir pacíficamente a una protesta, quién que quiera acudir con su esposa y sus hijos para soñar un país mejor, se va armado a una protesta? Esos grupos minoritarios que metiéndose en la protesta van armados, son los que están dedicados a incitar, a generar caos, a destruir el patrimonio público de los colombianos, a destruir la propiedad privada que con tanto esfuerzo han construido tantas familias. Porque yo conozco gente a la que le destruyeron una pequeña peluquería, un pequeño comercio, su automóvil, que había comprado con grandes esfuerzos, esos son los colombianos a los que dicen representar algunos de los que, lamentablemente, pretenden hoy por hoy descalificar al Estado colombiano, ¡no es así!

Queremos que cada colombiano que quiera contribuir a edificar un país mejor, se manifieste, se exprese, ayude a construir, proteste cuando sea necesario, pero lo haga entendiendo que tenemos que respetar la ley, la ley nacional e internacional que es lo que la Cancillería de Colombia tiene que hacer cumplir y es lo que nosotros explicaremos y defenderemos internacionalmente.

Vemos que este mes ha sido atípico en la violencia en las calles. Parte de las cosas preocupantes, es que también se está partiendo del supuesto de que el derecho a la protesta da derecho a la anarquía, ¡no señor! Una sociedad democrática, una sociedad civilizada, una sociedad donde se defienda la vida digna de los ciudadanos, es una sociedad donde tiene que haber orden y absolutamente siempre, el imperio de la ley.

Cuando nosotros estamos hablando de ese derecho a la protesta, que ya dijimos que no es un derecho absoluto, también tenemos que reconocer que hay personas que han utilizado la protesta para incitar al odio a través de las redes sociales, y por supuesto que sí, senadores, han utilizado las redes sociales para incitar al odio. Qué es, sino eso, cuando hemos visto que llaman cerdos a los policías; qué es, sino eso, cuando les dicen a los policías que son asesinos, generalizando; si hay uno que ha cometido un crimen, se le tendrá que llamar asesino, pero condenar a toda una institución llamándolos cerdos y asesinos, no es otra cosa que incitar al odio y esa no es una manera legítima de solucionar las diferencia en una sociedad democrática, ni mucho menos, cuando se hace parte de las instituciones, gracias al favor que nos ha dado la democracia.

Nosotros sabemos que en todos estos episodios, son muchas las vidas perdidas, y nos duele; a mí como mujer, como mamá, como servidora pública, me duele cualquier vida que se pierda en Colombia, y hemos perdido muchas vidas desafortunadamente. Hasta la fecha, las informaciones que tenemos son producto de lo que cruzan los organismos de control, la Fiscalía, que son entes autónomos, nosotros no tenemos, no podemos y no debemos tener ninguna injerencia en las cifras, pero lo que están haciendo ellos me parece que es sano, es cruzar las distintas fuentes de información para tener certezas, y la certeza que tienen hasta la fecha, es que hay 18 muertos, que está comprobado, se derivan de todas estas protestas; ha habido 1.106 personas civiles heridas; 1.250 uniformados heridos, muchos de ellos de gravedad; dos policías muertos; un funcionario del CTI, y obviamente, todos los destrozos que ya mencionó el señor Ministro del Interior en el transporte público, los sistemas masivos de transporte, las casetas de los peajes, las vías, que es lo que más le sirve al campesino colombiano.

Ese es el balance vergonzoso, porque a mí me da vergüenza pensar que la manera de solucionar en este país las diferencias, vaya a ser esa, no creo que esa sea el alma de los colombianos, esa es el alma de unos pocos que se han aprovechado de estas protestas para incitar el odio, para instigar, para destruir y para quitarnos la fe y la confianza en el futuro.

En la labor que tenemos que hacer como Cancillería, debemos explicar internacionalmente lo que pasa en Colombia, toda esta frustración válida que tienen varias personas que han perdido el empleo, que han perdido a sus seres queridos, que tienen la incertidumbre todavía de si también ellos se van a contagiar o van a perder la vida; la frustración de tantas personas que en este tercer pico de una pandemia, ven cómo, desafortunadamente, muchos de sus seres queridos salieron a protestar sin protegerse, sin utilizar el tapabocas, sin guardar las medidas de distanciamiento social, ¡todo eso genera tanta frustración y temor! Tenemos que entender ese sentimiento de frustración.

Pero también, lo que tenemos que mostrar en el exterior, es cómo tenemos unas instituciones sólidas, independientes, una Procuraduría general de la Nación, una Defensoría del Pueblo, una Fiscalía que, cada una, con sus fuentes de información, nos dice cómo se está avanzando en esas investigaciones. ¡Y qué fácil que es hablar de cientos de miles de desaparecidos, pero la información que existe sobre personas de las que no se conocía su paradero, era inicialmente de cerca de 416 personas, y por eso se creó entre esta institucionalidad, repito, Fiscalía y Defensoría, un mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas. Gracias a ese mecanismo, se han podido descargar 386 personas que, presuntamente, estaban desparecidas y no lo estaban. Muchas de ellas, seguramente, habían sido arrestadas. Ustedes saben que en Colombia la norma penal obliga a que cualquier captura se tiene que poner la persona a disposición de un juez, y que esto es algo que tiene un término perentorio.

Muchas de las personas de las que se decía que supuestamente estaban desparecidas ya están identificadas en ese mecanismo de búsqueda urgente. Se está revisando en los juzgados, el tema del habeas corpus, a ver si de pronto hay un término vencido, lo que sea, tienen que aparecer, no puede haber un solo caso de una persona de la que no se sepa qué paso con ella. En la actualidad lo cierto es que hay tres investigaciones en firme, por supuesta desaparición de personas. Cuando yo estaba en Estados Unidos había una, era el único caso en ese momento.

Hoy tenemos los casos de los distintos miembros de la Fuerza pública, que están en este momento siendo objeto de investigaciones por parte de la Procuraduría y de la justicia ordinaria. Creo que es muy importante para nosotros tener esa garantía. La justicia ordinaria es la que tiene que investigar todos estos casos. Las investigaciones que se tienen en la actualidad son 170 contra miembros de la Policía Nacional, de ellas, algunas por abuso de autoridad, por presunto homicidio, por agresiones físicas y por abuso sexual. Ese sí que es otro capítulo doloroso que, en medio de una protesta, de tanta desazón social, de nuevo la violencia contra las mujeres aparezca. Nueve casos comprobados de violencia sexual contra las mujeres en este episodio tras las protestas.

Como si no hubiera sido suficiente el horror que vimos durante el conflicto de los casos de abuso sexual y del uso de la violación como un arma de guerra, nueve mujeres han sido víctimas de violencia sexual. Tenemos que exigir que se conozca la investigación, quiénes son los responsables, por qué ha habido mujeres de la sociedad civil y también en el caso de la policía, que todos tuvimos oportunidad de conocer en los noticieros.

Por parte de la Procuraduría también hay 188 investigaciones, hay indagaciones por poder preferente, y contra distintos servidores públicos por acción o por omisión. Todo esto lo que nos indica a nosotros es que no tenemos un Estado silente, no tenemos unos funcionarios indiferentes ni tolerantes en ninguno de los tres organismos de control. Tenemos unos funcionarios a los que debemos exigirles que se conozca la realidad de estos hechos, los causantes de estas muertes y que se conozcan también, por supuesto, todos aquellos que han utilizado las redes sociales como arma para generar violencia y odio en esta sociedad.

El balance en este mes no puede ser más desastroso desde el punto de vista económico. ¿Cuántos colombianos hubieran podido tener un subsidio a la vivienda si no hubiéramos tenido los destrozos que se han ocasionado? ¿Cuántos jóvenes hubieran podido tener su universidad paga en las mejores universidades privadas de Colombia y el exterior? ¿Cuántos colombianos y campesinos hubieran podido tener proyectos productivos con inversión, mecanización y tecnificación? Pero nada, todo esto se fue a la basura, en una locura que se ha generado por cuenta de estos destrozos y unos vándalos, minoritarios, que tienen la protesta como si fuera un derecho absoluto. Y aquí nadie responde.

Aquellos también, que con distintos mensajes, están diciendo que el Gobierno no quiere negociar, le están mintiendo al país. El Presidente de la República se sentó, y tuve la oportunidad de acompañarlo el primer día con los de la mesa del paro, para escuchar sus peticiones. Ese día se acordó, inclusive, que Naciones Unidas y la Iglesia Católica estarían acompañando este proceso por solicitud de los de la mesa del paro. Y después de varias semanas, ni siquiera se han sentado a negociar todavía, a pesar de todo lo que ha hecho el Gobierno, que ha mandado señales y ha mostrado la disposición de negociar.

Lo único que se ha pedido por parte del Gobierno, insistentemente, es la condena a los bloqueos, y no ha sido posible desafortunadamente. Por fortuna hemos logrado que gracias a la acción de la fuerza pública y la tarea que el presidente inició con los propios gobernadores, de persuasión, acompañados por los ministros de nuestro Gobierno, se lograra deshacer buena parte de ellos.

¿A quién le han servido los bloqueos? A nadie. ¿A quién han perjudicado? A todos. A todos los colombianos en su derecho a tener acceso a los alimentos, los medicamentos, a los dos bebés que murieron en las ambulancias en las carreteras de Colombia. A ustedes, señores congresistas de la oposición y de las bancadas afines al Gobierno, nos tiene que preocupar el futuro de este país.  No podemos estar en lados antagónicos, ustedes y nosotros. Los que protestan en la calle, los que están en la oposición, los que están en el sector empresarial, los que están en el Gobierno, todos hacemos parte de la institucionalidad. Los jóvenes que protestan también hacen parte de una institucionalidad y de una sociedad civil que está totalmente desconcertada, que se siente abandonada, y que siente que este tipo de discusiones no los está representando, porque no les está generando soluciones.

Todos tenemos que estar dando soluciones para los colombianos, los que están afuera, son los criminales. ¿Quiénes son? Las Autodefensas Gaitanistas, el ELN, EPL, los que hacen terrorismo, los que siguen a la vieja usanza haciendo toda clase de destrozos contra el campesino, contra la gente más pobre y necesitada de Colombia.

Aprovecho para decir felicitaciones a nuestra Fuerza Pública, a nuestro ministro de Defensa, porque hoy se dio un golpe muy importante a Los Caparros, que sabemos que hay gente vinculada con el paramilitarismo, unidos con el Cartel de Jalisco. Acá que no se nos olvide que hay una tragedia que subyace de todo esto y es el negocio del narcotráfico, del cual se han alimentado tantos en el pasado, y del cual se siguen alimentando muchos otros en el presente.

Esa es la tragedia que en Colombia tiene que combatir todos los que estamos desde este lado, que es la institucionalidad, la legalidad, y que tiene que ser la defensa permanente al futuro de los colombianos. Nuestra tarea será, permanentemente, representar a Colombia en el exterior mostrando la verdad de nuestro país. Las dificultades, la pobreza; las cosas que hay que corregir, el narcotráfico entre ellas. Pero también diciendo que este es un país que tiene instituciones, y mientras las tenga, todos estamos obligados a fortalecerlas, a mejorarlas, porque es la única manera de garantizar la vida, la honra, los bienes y las libertades de cada uno de los 50 millones de colombianos.

Y culmino entregando la copia de la correspondencia que he cruzado con la Comisión interamericana de Derechos Humanos. Desde el día que fui a Washington y pedí cita con ellos, les dije que el Gobierno colombiano, por supuesto, aceptaba la visita de ellos, porque así está previsto: se necesita la autorización del Gobierno para aceptar la visita.

Lo que pasa es que siempre les pedí, que antes de empezar formalmente la visita de trabajo, deben hacer una audiencia con la Fiscalía, la Procuraduría y con la Defensoría, para que tengan todos los elementos de juicio que les permitan saber qué está haciendo el Estado colombiano. La CIDH es supletoria, es solamente cuando no funcionan las entidades nacionales. Mientras la CIDH no conozca lo que han hecho las autoridades y los organismos de control, no es procedente hacer la visita.

Ayer estuvimos de acuerdo en que ellos van a iniciar el 7 de junio la audiencia con las tres entidades: Fiscalía, Procuraduría y Defensoría. La visita trabajo inicia el 8 de junio, todos tenemos el interés de que ellos escuchen a todas las personas afectadas por estas cinco semanas de destrozos, empobrecimiento y, lamentablemente, tantas vidas que no se van a poder reponer.