(Transcripción de la intervención del Estado colombiano en la sesión)
Nueva York, 21 de abril de 202.
Señor Presidente, Miembros del Consejo de Seguridad:
Agradezco a la Presidencia por convocar esta reunión, y a los miembros del Consejo por su apoyo constante a Colombia. También agradezco al Secretario General, António Guterres, y a su Representante Especial Carlos Ruiz Massieu, por el informe presentado hoy, y por su apoyo a la paz en Colombia.
Miembros del Consejo:
El Presidente Iván Duque ha señalado que la paz surge de la decisión de una sociedad de construir un futuro digno a partir de la verdad, la solidaridad, el apego a la legalidad y el rechazo a todas las formas de violencia.
Los colombianos, y el mundo en general, no olvidamos los índices de violencia de las décadas de 1980 y 1990, cuando la criminalidad atemorizaba sin tregua a nuestra población y amenazaba la institucionalidad democrática.
El mundo ha evidenciado el progreso de Colombia desde inicios del presente siglo, en su seguridad y convivencia, fortalecimiento institucional, económico y social.
Desde 2018, el trabajo en la implementación de la política de Paz con Legalidad, incluyendo el Acuerdo de 2016, ha sido arduo y seguimos avanzando en todas las transformaciones necesarias para que Colombia sea una sociedad cada vez más justa, pacífica e inclusiva.
Como ha sido reconocido en los informes del Secretario General, durante los últimos años se ha consolidado la tendencia decreciente en todos los indicadores de violencia. Hemos logrado reducir la criminalidad y garantizar el Estado de Derecho, protegiendo así los Derechos Humanos y la integridad de cada vez más colombianos.
El Acuerdo de 2016 se firmó sabiendo que la antigua guerrilla de las FARC no era el único generador de violencia en el país. Por ende, resultaba ilusorio pensar que su implementación, por sí misma, sería suficiente para alcanzar una inmediata y absoluta “paz estable y duradera”.
Desde la segunda mitad del siglo pasado, en determinadas zonas del país han existido y continúan existiendo grupos armados organizados al margen de la ley que plantean retos en la estabilización y la consolidación. En su disputa por los corredores del narcotráfico y de otras economías ilícitas, estas organizaciones criminales atacan a la población, atentan contra líderes sociales, afectan a los campesinos y se enfrentan a la Fuerza Pública que vela por asegurar el imperio de la ley.
Estos grupos, dedicados a la delincuencia organizada transnacional, son enemigos de todos los colombianos y el combustible de la violencia en el país.
Señor Presidente:
Cuando se analiza el cumplimiento del Acuerdo, el informe no puede solamente referirse a las acciones del Gobierno como una de las partes firmantes. Debe considerarse la existencia de disidencias de FARC como un incumplimiento, justamente, de la antigua guerrilla, convertida ahora en partido político. Los enemigos del Acuerdo y de la paz en Colombia son los criminales, incluidas las disidencias. El 80% de los asesinatos de excombatientes son perpetrados por disidencias y narcotraficantes.
Miembros del Consejo:
Respecto a los dos componentes del mandato de la Misión de Verificación, es importante resaltar que la seguridad es nuestro mayor reto y no ahorramos ningún esfuerzo para fortalecer nuestras capacidades en esta materia. En 2020 se avanzó consistentemente en la adopción y ejecución de medidas para reforzar la seguridad de los excombatientes; impulsar la investigación y judicialización de los delitos en su contra, logrando altos índices de esclarecimiento; e incrementar las acciones de la Fuerza Pública para desmantelar las estructuras criminales en los territorios.
La Mesa Técnica de Seguridad y ProtecciónI que articula a 15 instancias del Estado, definió las medidas de seguridad para excombatientes y miembros de su partido político que ha adoptado el nombre Comunes. Esta Mesa ha sesionado 64 veces y sus subcomisiones técnicas 110 veces. Este es un asunto de máxima prioridad para el Presidente Duque.
Las acciones coordinadas han contribuido a la reducción de homicidios y victimizaciones contra los excombatientes. En 2020, los homicidios disminuyeron 10,8% frente a 2019. Y en lo corrido de 2021, el total de victimizaciones ha caído 51% frente al mismo período del año pasado. Seguiremos actuando con determinación para asegurar su vida e integridad.
Señor Presidente:
Como reconoce el informe, los progresos en la reincorporación política, económica y social de los más de 13.000 excombatientes que se mantienen en la legalidad son evidentes.
La Misión ha verificado que la participación política de los miembros de la antigua guerrilla es una realidad. El partido creado por los excombatientes participó en las elecciones del Congreso de 2018 y en las elecciones departamentales y municipales de 2019. Sus sedes políticas y sus miembros cuentan con protección; y se adelanta una campaña robusta contra la violencia política.
Igualmente, en materia económica, el 100% de los proyectos productivos individuales de los excombatientes y el 97% de los colectivos, se han formulado y aprobado durante el presente Gobierno.
Hemos garantizado la sostenibilidad en su acceso a servicios básicos y la seguridad social. Se ha mantenido su asignación mensual equivalente al 90% del salario mínimo, lo que ha significado un desembolso de 67 millones de dólares. Este beneficio expiraba en agosto de 2019, y fue prorrogado por el gobierno del presidente Duque por 10 años. Asimismo, el 98,6% de los excombatientes está afiliado a salud, y un alto porcentaje está matriculado en escuelas de formación y bancarizado.
Prorrogamos la vigencia de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, y estamos implementando la adquisición de predios para la reincorporación de los 2.974 excombatientes que permanecen en ellos. El Gobierno ha adquirido tierras para 7 de estos antiguos Espacios y está en proceso de comprar otras, para 12 Espacios más. Es importante aclarar que esta previsión no estaba en el Acuerdo, y obedece a la voluntad política del Presidente Duque de asegurar condiciones dignas para quienes han demostrado su compromiso con la legalidad.
Señor Presidente:
El Informe que presenta la Misión se centra en cinco prioridades que el Secretario General ha pretendido definir como ruta para el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo.
Sin embargo, es necesario recordar que las prioridades en esta materia, como en toda política pública, responden al programa respaldado por los ciudadanos en las urnas al elegir al Gobierno.
Para el actual período gubernamental, las prioridades se encuentran establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, la política de Paz con Legalidad, y el Plan Marco de Implementación iniciado en el Gobierno anterior y que aborda todos los aspectos del Acuerdo y las entidades competentes para desarrollarlos.
Nuestro gobierno ratifica que los lineamientos, el énfasis y la política de implementación le corresponden al Estado Colombiano, como lo ha señalado nuestra Corte Constitucional.
Las prioridades del Presidente Duque están claramente descritas en la política de Paz con Legalidad, y estas son: la reincorporación efectiva de los excombatientes; la reparación integral a los más de nueve millones de víctimas; la atención a las cerca de 100.000 familias que se acogieron a los programas de sustitución de cultivos ilícitos; la formulación y ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial; y el continuo avance en el desarrollo rural integral.
Colombia mantiene así la visión de largo plazo frente a las prioridades y la asignación de recursos. Nuestros esfuerzos se han materializado en obras, oportunidades y desarrollo, en beneficio de excombatientes, víctimas, comunidades rurales y otras poblaciones vulnerables. Con esta visión integral, avanza la consolidación y estabilización, y se resta espacio a la violencia. Esa es una de las fortalezas del proceso colombiano y las prioridades se seguirán dando de esa manera.
Miembros del Consejo:
El Gobierno colombiano ha estado abierto al escrutinio. Así, transmitimos continuamente a la Misión de Verificación la información completa y actualizada sobre los dos elementos de su mandato y los resultados de la implementación integral del Acuerdo. Este hecho, debería disminuir el margen para interpretaciones o juicios de valor sobre temas que son comprobables. Y es un aspecto fundamental para asegurar la confianza en el proceso colombiano, tanto a nivel nacional como internacional.
Por otra parte, el Gobierno de Colombia ha garantizado la independencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Así mismo, hemos asegurado su adecuada financiación. En 2020 se destinaron a las tres entidades del Sistema recursos por 142 millones de dólares, y en 2021 se asignó un presupuesto cercano a 166 millonesII de dólares.
Como es de su conocimiento, en línea con el Acuerdo, y con la voluntad de que el sistema de justicia transicional tenga el efecto esperado en el proceso de reconciliación, el Presidente Duque solicitó a este Consejo la adición del Mandato de la Misión de Verificación.
Miembros del Consejo:
La aplicación de los principios de la Resolución 1325 del Consejo, y los enfoques de género relacionados con la implementación de la paz han sido prioritarios para nosotros.
La CSIVI ha tenido 5 reuniones con la Instancia Especial de Mujeres. Su Secretaría Técnica ha tenido 52 reuniones de trabajo con la Mesa de Género del Consejo Nacional de Reincorporación, y 19 sesiones con la Instancia de Género. Así mismo, en cinco ocasiones ha sesionado con la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos.
Gracias a esto, tenemos avances concretos en los 51 indicadores de género establecidos en el Plan Marco de Implementación.
Resalto que solo en la estrategia de desarrollo rural, un total de 837 mil mujeres han sido beneficiarias en los programas de restitución y formalización de tierras, subsidios integrales de tierras, y entrega de viviendas nuevas.
Colombia seguirá reafirmando a las mujeres como protagonistas y agentes clave en la política de Paz con Legalidad.
Señor Presidente:
La construcción de la paz en nuestro país es un proceso irreversible y el actual Gobierno se ha empeñado en su logro.
Se equivocan quienes quieren confundir a los colombianos sobre estos esfuerzos. Se equivocan los que quieren confundir a la comunidad internacional sobre los logros y avances alcanzados. Pero se equivocan aún más los que pretenden confundir a este Consejo de Seguridad sobre las realidades de mi país y la región.
El Gobierno ha desarrollado un juicioso trabajo de planeación a 15 años, para lograr un cambio real mediante la implementación de rutas que son irreversibles. Además, para honrar a las víctimas y darles la mano a quienes tienen la voluntad real de renunciar al crimen y vivir en la legalidad.
No quiero finalizar sin mencionar que, siguiendo las visitas del Consejo de Seguridad en los años 2017 y 2019, consideramos de la mayor importancia transmitir la invitación permanente a este Consejo a que vengan a nuestro país este año, cuando las condiciones de salud pública lo permitan, y así puedan constatar el camino recorrido y los retos futuros.
Muchísimas gracias.
I La referencia corresponde a la Mesa Interinstitucional que articula a 15 entidades del Estado.
II Por error de lectura se aclara que el cálculo corresponde a una cifra cercana a 160 millones de dólares.
