Nueva York, 13 de enero de 2020

Señor presidente:

Agradezco a la Presidencia por la convocatoria a esta sesión, y a todos los Miembros por su acompañamiento a Colombia, constante y unánime.

Quiero agradecer también al Secretario General por el informe presentado, y a su Representante, Carlos Ruiz Massieu, por la significativa labor de la Misión de Verificación a su cargo. Mi gobierno valora su participación en las conversaciones nacionales lideradas por el presidente de la República en torno a la política Paz con Legalidad, y sus evaluaciones independientes sobre los avances y los retos en esta materia.

Señor presidente:

La política Paz con Legalidad que viene implementando el Gobierno del presidente Iván Duque se encamina a la realización del derecho constitucional de los colombianos a la Paz en un marco de protección del Estado de Derecho, y es por ende referente de la implementación del Acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno y la ex guerrilla de las FARC.

Entre sus múltiples componentes, ésta política tiene instrumentos decisivos para avanzar en los dos frentes que examina la Misión de Verificación según su mandato, a saber, la reincorporación de los ex integrantes de las Farc y las garantías de seguridad para las comunidades en las zonas más afectadas por la violencia.

En cuanto al primer mandato, relativo a los programas de reincorporación, el Secretario General ha reconocido los significativos avances de Colombia. La participación del partido FARC por primera vez en las elecciones regionales celebradas en octubre pasado, y la misma elección de algunos excombatientes o candidatos avalados por ellos, es una manifestación de las garantías para la plena integración de sus miembros a la vida política. El Estado, además, levantó las inhabilidades que pudieran restringir el ejercicio del voto o las candidaturas de los excombatientes, y hubo especiales medidas de protección para sus candidatos. Esta jornada electoral fue más pacífica que en el pasado y reafirmó la vitalidad y el pluralismo de la democracia colombiana.

En materia de reincorporación económica y social, los 898 proyectos productivos individuales y 47 proyectos colectivos en marcha, y el acceso al empleo, han permitido que más excombatientes generen su propio ingreso, y no dependan de los programas del Estado. El 99% de los exmiembros de las Farc cuentan con afiliación al sistema de salud y 9.000 de ellos han accedido a educación formal y capacitación técnica laboral.

Así mismo, me complace anunciar que el 27 de diciembre el Gobierno aprobó la Ruta de Reincorporación Social y Económica acordada con FARC. Esta ruta establece un proceso integral, sostenible y transitorio que, a partir de una oferta institucional, garantizará la realización de los derechos a personas en tránsito hacia la reincorporación y sus familias.

Hemos tomado nota de la información del Secretario General sobre la acreditación de excombatientes y para ello se definió ya un plan de trabajo para analizar los casos individuales. Este permitió la acreditación en diciembre de 2019 de 99 personas adicionales a las incluidas en el informe, con lo que llegamos a 13.185 acreditados.

De la misma manera, resultan relevantes las actividades de la Mesa Técnica de Género del Consejo Nacional de Reincorporación, así como la participación de los jóvenes, mencionadas también en el informe.

Por otro lado, el Secretario hace referencia a la expectativa del Gobierno sobre el deber de los exmiembros de FARC de entregar sus activos para ofrecer reparación a las víctimas, y de cooperar para la ubicación de las minas antipersonal y esclarecer la verdad. Estos siguen siendo asuntos en los que la sociedad colombiana espera respuestas. Es relevante que la Misión de Verificación preste mayor atención a estos temas que también hacen parte de los procesos de reincorporación.

Señor Presidente:

En cuanto al segundo mandato de la Misión, el informe menciona diversas medidas adoptadas por el Estado para la protección y la seguridad de las comunidades afectadas por la violencia, pero advierte sobre los serios desafíos que persisten. Varios de estos retos están relacionados con la necesidad de consolidar la estabilización de los territorios más afectados por la pobreza y la violencia. Es allí donde cobran importancia también los proyectos de la política Paz con Legalidad.

En el marco de esta política el Gobierno ha puesto en marcha los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Estos planes abarcan los 170 municipios más afectados por violencia y pobreza y en los 17 meses transcurridos de este Gobierno se han aprobado 309 proyectos en ejecución por las autoridades locales, por un monto de inversión de 500 millones de dólares. En el nivel nacional, el Gobierno ha terminado 641 obras adicionales, incluidas en los Planes mencionados.

Así mismo, es indispensable destacar el papel del sector privado que reconoce los beneficios económicos de la estabilización de los territorios, y su progresiva incursión en inversiones en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza.

Otros retos innegables para la seguridad se relacionan con las economías ilegales, y la criminalidad asociada a ellas, que aún no hemos podido desterrar de nuestro país. Seguimos padeciendo las consecuencias de las economías criminales, en particular el narcotráfico y la minería ilegal, que han sido históricamente combustible de la violencia.

El Gobierno otorga prioridad a este tema, y trabaja con decisión para enfrentar estas amenazas, que afectan a excombatientes, líderes sociales, poblaciones étnicas, defensores de derechos humanos y a las comunidades vulnerables en general.  Colombia cerró 2019 con la tasa más baja de secuestros en su historia reciente, y los homicidios de líderes sociales disminuyeron ese año en un 25% frente a 2018. Son casos de todas formas deplorables, que muestran que no podemos ser complacientes y debemos seguir trabajando.

Por eso, el Estado en su conjunto avanza en la coordinación para llevar a término con celeridad las investigaciones judiciales y desarrollar políticas públicas integrales para enfrentar las organizaciones criminales y fortalecer las acciones de prevención y protección.

La unidad especial de la Fiscalía asignada para investigar los atentados contra excombatientes ya ha emitido 51 órdenes de captura contra determinadores, y se han proferido 23 sentencias, incluidas las de los casos de Alexander Parra y Dimar Torres, mencionados en informes del Secretario General.

El pasado 8 de enero tuvimos una nueva sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, liderada por el Presidente Duque. En ella, se verificó que las consideraciones de la sociedad civil estuvieran reflejadas en las políticas públicas para desmantelar a los grupos armados ilegales, y en las de protección a líderes sociales, excombatientes y defensores de derechos humanos.

Al finalizar 2017, los sembrados de coca habían alcanzado un área sin precedentes de 200 mil hectáreas, y gracias a la acción del Estado desde 2018 se logró frenar su crecimiento. En 2019 se erradicaron 100 mil hectáreas, principalmente con programas de erradicación manual forzosa. El Gobierno reconoce los desafíos que el país tiene por delante y seguirá trabajando con compromiso indeclinable para enfrentar las estructuras criminales responsables de los ataques contra las comunidades y las personas.

Presidente, Excelencias:

El Secretario menciona la importancia que tiene el avance integral en otros capítulos del Acuerdo de 2016. Aunque el tema no hace parte del mandato de la Misión, nuestro Gobierno tiene una visión integral en esta materia. Hay más de 500 indicadores de acciones que impactan en la construcción de Paz con Legalidad. Por ejemplo, en la transformación rural integral en los 17 meses del Gobierno se han incorporado 697 mil hectáreas al Fondo de Tierras y se han regularizado 375 mil hectáreas. Con la aprobación de la Ley de Crecimiento Económico, se destinarán entre 2020 y 2022 cerca de USD 900 millones para las vías terciarias que fortalecerán la conectividad de las zonas rurales apartadas del país con los centros más desarrollados.

Así mismo, continúa consolidándose el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con una participación cada vez más activa de las víctimas. En el presupuesto nacional de 2020 se aprobaron los recursos necesarios para que los tres principales mecanismos de ese sistema cumplan su misión de forma independiente.

Por último, quiero referirme a las diferentes movilizaciones sociales que se han presentado en la capital y otras ciudades desde el 21 de noviembre de 2019, y que son referidas en el Informe del Secretario. Organizaciones sociales y no gubernamentales han planteado en ellas peticiones de diversa naturaleza al Estado. Colombia garantiza el derecho a la protesta social como una expresión de la democracia participativa que debe ser protegida. En respuesta a estas movilizaciones, el Presidente Duque instaló la Gran Conversación Nacional como un canal de interlocución entre los ciudadanos y sus instituciones. Hasta el 31 de diciembre de 2019 se habían sostenido 12 encuentros entre representantes del Gobierno y más de mil miembros de organizaciones sociales, líderes y expertos en las más variadas materias, a fin de analizar propuestas para construir una sociedad más justa y equitativa.

Registro con complacencia que en el Informe se reconozca la apertura del Presidente Duque en esta Conversación Nacional, y tengo la expectativa de que ésta contribuirá a consolidar los avances logrados en nuestro contexto político y social siempre desafiante.

Señor Presidente y miembros del Consejo:

Deseo reiterar ante ustedes el día de hoy que la construcción de la paz con legalidad en Colombia no se detiene. Este proceso es irreversible, pero requiere del compromiso y acompañamiento de todos ustedes y de la comunidad internacional, como testigos de excepción de los logros y avances que se están alcanzando.

Muchas gracias.