Intervención del ministro de Relaciones Exteriores (e), Luis Gilberto Murillo Urrutia en el evento “Derechos Humanos en la Política Global de Drogas y el caso de clasificación de hoja de coca en la Convención Única de 1961”, en Viena, el 14 de marzo de 2024.

Embajadora Laura Gil, muchas gracias por esta oportunidad, por convocar a este evento y por su liderazgo. Colombia está muy bien representada acá. Saludo al señor vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, también al señor Alto Representante de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU, gracias por acompañarnos. Y a la señora presidenta por también convocar este evento. Después de lo que acaba de decir el señor vicepresidente, yo creo que deberíamos escuchar las otras intervenciones, entrar a la discusión, porque fue una presentación muy completa y muchas gracias por ilustrarnos.

Colombia y Bolivia tienen una alianza muy importante en lo que tiene que ver con estos asuntos y sobre todo en un cambio profundo en la política global de control de drogas. La guerra contra las drogas fracasó, lo dijo el presidente Petro esta mañana, lo hemos repetido múltiples veces. Está en contra de pobres, de indígenas, de afrodescendientes, de población campesina y vemos que desproporcionalmente afecta a esta población, tanto en el sur como en el norte global. Ha reproducido violencia, desigualdades, igualmente degradación ambiental, con resultados muy pobres sobre la oferta y la demanda desbordada.

Como comunidad internacional hemos identificado erróneamente el problema. Algunos muchos creen que el problema es la hoja de coca. En el caso colombiano se fumigaron con aspersión aérea miles de hectáreas. Miles de litros de glifosato y otros contaminantes. luchando con un diagnóstico equivocado. Debemos repensar nuestros enfoques y reorientar la política global de drogas. La utópica meta de una sociedad libre de drogas no es realista. La prohibición y criminalización frente al consumo son conducentes a la violación de los derechos humanos, porque, vuelvo e insisto, siempre tiene un impacto desproporcionado en comunidades pobres y tradicionalmente excluidas en sus naciones.

Desde UNGASS 2016 hay interés progresivo en priorizar la salud, los derechos humanos y la reducción de daños relacionados con la política de drogas, pero los esfuerzos para lograrlo son escasos y etéreos. Se resalta la resolución 5224, una contribución del Consejo de Derechos Humanos en lo referente a las repercusiones de las políticas de drogas en los derechos humanos, y Colombia es un ejemplo de ello. Ese fue un informe de abril del 2023 que se presentó por Suiza y Colombia. La resolución posibilitó el informe de su oficina, Alto Comisionado, sobre los desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas. Este informe guía la comprensión y el abordaje basado en la evidencia frente a las drogas.

Nosotros, y lo decíamos esta mañana, hemos insistido en que se debe hacer una evaluación de las debilidades que tiene la implementación de esa política de drogas y debe hacerse basada en la evidencia, como usted, vicepresidente, presentó aquí evidencia científica. La división temática entre Viena y Ginebra es falaz. Es un tema institucional de Naciones Unidas y niega en cierta medida la esencia de Naciones Unidas.

Lo decimos desde Colombia y muchos de los países que nos acompañaron porque las temáticas relacionadas con derechos humanos, con política de drogas, con paz, con lucha contra las redes criminales son indivisibles porque están relacionadas con la posibilidad de muchas comunidades, como las comunidades de la cual yo vengo. Yo vengo unas comunidades muy en las selvas de Colombia, que lo único que buscan es vivir en dignidad en el marco de su cultura. Para Colombia las personas son el centro de las políticas, reflejada en nuestra política de drogas. Hemos dicho: sembrar vida para para poder desterrar el narcotráfico. Y no vamos a criminalizar ni a perseguir poblaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes. No lo vamos a hacer. Esa política ya cambió, demostró que eso no es lo correcto. Parte de un problema mal evaluado.

La conexión entre violencia-narcotráfico, según la Comisión de la Verdad, una comisión que tuvimos después de la firma de acuerdos de paz en Colombia en 2016, indica que la política nacional de drogas en Colombia es una política de paz, por eso tiene que propender por la dignidad de las personas. Este año se cumple ya el trigésimo aniversario de la despenalización del consumo personal en Colombia. Hemos avanzado en reformas constitucionales y legales, pero no es suficiente porque en un contexto global se requieren modificaciones de los regímenes globales, de las convenciones que nos den más posibilidad, más campo de maniobra para nuestra legislación nacional.

Igualmente Colombia avanzó en alternativas al encarcelamiento y la proporcionalidad en las penas porque estamos en un proceso de descriminalización. Nuevas métricas de evaluación diferentes a la erradicación de cultivos de uso ilícito y la medición de beneficios de reducción de daño son necesarias. El criterio de la erradicación es un criterio también que lleva a un mal análisis y se invierten millones y millones de dólares en eso, lo cual realmente lo que genera es un impacto negativo en esas comunidades y en los países.

La militarización produce detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, como lo estableció el informe de la Comisión de la Verdad en Colombia. Los segmentos excluidos de la sociedad están representados desproporcionadamente en la ya hacinada población carcelaria. Se ve población pobre, campesina, indígena, afrodescendiente, etc. en nuestras cárceles, pero también en el norte global. El derecho a la salud física y mental se niega desde el estigma del consume. Sobre la hoja de coca y su descalificación se debe priorizar una política que debe respetar más bien los derechos y necesidades y características culturales de comunidades, de pueblos indígenas, incluyendo las políticas y prácticas de la medicina tradicional protegida, obviamente, desde el derecho que se tiene al usufructo de este conocimiento tradicional, como bien lo decía el señor vicepresidente.

La declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas no es instrumentalizable según convenga, sino siempre. Los tratados internacionales que tienen que ver con política de drogas y los otros tratados no son instrumentalizables según convenga, según el poder económico de ciertos sectores sociales o de ciertos países o según su capacidad militar, sino que se deben instrumentalizar siempre, respetarse siempre.

Es indispensable que esto se haga para que realmente tengamos una política internacional sobre control de drogas que refleje la realidad del mundo actual. A eso invitamos como Colombia y con nuestros países aliados, a que sea un debate sincero y que se permita realmente el espacio de maniobra, el espacio de trabajo para que podamos innovar como ya lo estamos hacienda. Lo hace Bolivia, lo hace Colombia, Pero no podremos avanzar si no hay una modificación profunda de la política de control de drogas en el contexto global.

Muchas gracias.