Buenos días, Honorables Representantes de la Comisión Segunda.

Un saludo especial al Presidente Juan David Vélez y al Vicepresidente Jaime Armando Yepes. Asimismo, al Representante citante Carlos Ardila, y a la Secretaria Doctora Olga Lucía Grajales.

Asimismo, quiero saludar a la Consejera Presidencial Nancy Patricia Gutiérrez, los viceministros y demás funcionarios presentes en la sesión.

Quiero agradecer la citación a este debate, relacionado con uno de los fenómenos más graves que enfrenta el país: el reclutamiento, la utilización y otras graves violaciones contra los niños, niñas y adolescentes, por parte de grupos armados ilegales.

A continuación, paso a referirme brevemente al cuestionario que me han hecho llegar:

En primer lugar, nos consultan sobre el seguimiento que se hace desde la Cancillería a las Recomendaciones formuladas por la Representante Especial de la ONU sobre niños y conflictos armados, y por el Comité sobre los Derechos del Niño.

Al respecto, conforme al Decreto 869 de 2.016, corresponde a la Cancillería actuar como interlocutor y enlace para las gestiones entre las entidades gubernamentales y los organismos y mecanismos internacionales.
En este sentido, para el tema que nos ocupa, la Dirección de Derechos Humanos y DIH de la Cancillería socializa con todas las entidades nacionales competentes las recomendaciones de los mecanismos internacionales. Estas sirven como guías orientadoras para la acción de distintas entidades del Estado en torno a desafíos claves.

Así mismo, el Ministerio realiza reuniones de capacitación para fomentar la adecuada comprensión de esas recomendaciones, y encuentros de seguimiento con las entidades.

También, aprovechamos nuestra participación en diversas comisiones y comités intersectoriales del Gobierno para reiterar la importancia de la implementación de las recomendaciones de los organismos internacionales. Entre ellas, las del Secretario General de la ONU sobre los niños y los conflictos armados, y las del Comité de Derechos del Niño.

En esta tarea, tenemos por ejemplo reuniones bilaterales de seguimiento con entidades como el Bienestar Familiar, la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Trabajo, y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

También participamos en la CIPRUNNA, Comisión lntersectorial para la prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Esta instancia, cuya secretaría ejerce la Consejería para los Derechos Humanos, es el principal mecanismo de coordinación y seguimiento estatal en las políticas relacionadas con estos temas.

Quiero resaltar que Colombia presentará su próximo informe periódico al Comité de los Derechos del Niño en agosto de 2.021. En ese informe el Estado mostrará las iniciativas, políticas y acciones adoptadas para dar cumplimiento a las observaciones del Comité. Con Instituto de Bienestar Familiar y otras entidades del Estado se ha trabajado en una hoja de ruta para verificar el cumplimiento de esas recomendaciones.

La segunda pregunta se refiere a las acciones recomendadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en sus resoluciones sobre niños y conflictos armados y sobre potenciales sanciones frente a su incumplimiento.

Es necesario aclarar que en ninguna de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre niños y conflicto armado se hace una referencia explícita a la situación de Colombia. El contenido de estas resoluciones es de carácter general y no se mencionan Estados en particular.

Los compromisos derivados de estas resoluciones son desarrollados por Colombia, a través de medidas legislativas, administrativas y judiciales. Es un trabajo que compete a las distintas ramas y órganos del Estado.

Como mencioné, en esa implementación, el Gobierno adopta medidas coordinadas y concertadas en la CIPRUNNA, que está conformada por 22 entidades del orden nacional.

La Cancillería, tiene en el Plan de Acción del CIPRUNNA algunas tareas incluidas en la Línea de prevención que incluye desde el año 2.011 la iniciativa de Diplomacia Deportiva y Cultural. Esta promueve las relaciones exteriores con programas de intercambios internacionales con niños, niñas y adolescentes amenazados o afectados por la violencia y que se benefician del programa de Casas Lúdicas.

Las Casas Lúdicas son entornos seguros y protectores creados por el Gobierno, para apoyar el desarrollo de niños y adolescentes entre 6 y 17 años, a través de actividades deportivas, culturales y educativas realizadas durante su tiempo libre. Estos espacios fueron entregados a las autoridades locales, que son responsables de su funcionamiento. Actualmente existen 30 casas lúdicas, en 19 departamentos, que benefician a cerca de 12.000 niños y jóvenes. En este programa, desde 2.011 hemos realizado 113 intercambios deportivos y 36 culturales a 52 países, con la participación de 1.844 jóvenes y 331 adultos, provenientes de 91 municipios. Durante el actual Gobierno han tenido lugar 17 intercambios a 15 países, con la participación de 166 jóvenes y 23 adultos de 19 Casas Lúdicas.
Con respecto a la segunda parte de la pregunta, es importante aclarar que no existen a nivel nacional ni en el marco de las Naciones Unidas mecanismos de sanciones frente a las acciones de los Estados en lo referente a la agenda de niños y conflictos armados. En el caso de Colombia, nuestro Gobierno realiza todos los esfuerzos por aplicar las recomendaciones de prevención y protección, por la prioridad que el Estado otorga a los derechos del niño.

En tercer lugar, se nos pide informar sobre la Resolución 1612 adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2005.

Esta Resolución marcó un hito en la atención internacional al reclutamiento y utilización de los niños por actores armados.

A partir de esta Resolución se creó el mecanismo de supervisión y presentación de informes del Consejo de Seguridad sobre niños y conflictos armados, que aborda el seguimiento a seis conductas graves cometidas en distintas situaciones del mundo.

Estas son: el reclutamiento; / las muertes y mutilaciones;/ la violencia sexual;/ los secuestros; / los ataques contra escuelas y hospitales; / y la denegación del acceso a la ayuda humanitaria.

A partir del trabajo de la Representante Especial para los Niños y los Conflictos Armados, el Secretario General de la ONU presenta un Informe anual sobre este tema que cubre a distintos países del mundo. El último correspondió al año 2.019 y se presentó en junio de 2.020.

Adicionalmente, tras la adopción de la Resolución 1612, Colombia se sometió de manera voluntaria al mecanismo de supervisión.

A partir de esta decisión del Estado colombiano, abierto siempre al escrutinio y cooperación internacional, se creó el Task Force, o el grupo de tareas de las Naciones Unidas que trabaja en este tema en nuestro país e incluye a varias entidades del sistema ONU.

En desarrollo de este mecanismo, el Secretario General de la ONU presenta al Consejo de Seguridad informes periódicos titulados “Niños y conflicto armado en Colombia”. A la fecha, ha elaborado cuatro informes, el último de ellos correspondiente al período julio 2.016 - junio 2.019.

En los informes recientes, el Secretario General de Naciones Unidas ha expresado preocupación por las actuaciones y violaciones de los grupos ilegales responsables del reclutamiento y utilización de niños y niñas en nuestro país. En particular, ha hecho especial referencia al ELN y los grupos armados organizados residuales de disidencias de las FARC-EP.

Colombia, ha presentado sus comentarios a los informes del Secretario recogiendo las consideraciones de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Ministerio de Defensa, el Instituto de Medicina Legal, y el Instituto de Bienestar Familiar.

Por su parte, el Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad, al estudiar el tema de Colombia, instó este año a todos los grupos armados ilegales a cesar los actos violatorios de los derechos de los niños y a liberar a los que se encuentran en su poder. En particular condenó e hizo referencia a los actos de reclutamiento y otros abusos graves cometidos por el ELN.

Igualmente, el Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad ha destacado los esfuerzos y avances del Gobierno de Colombia en la prevención y respuesta frente al reclutamiento y otros abusos, y en la implementación de las diversas políticas públicas en este campo.

La cuarta pregunta se refiere a si la aplicación del mecanismo de la resolución 1612 cambió con el Acuerdo de 2.016.

Al respecto, el Task Force de la ONU para la Resolución 1612 continúa funcionando en el país, y los informes sobre Colombia siguen presentándose como ya lo mencioné. En ellos se reconocen los avances del país en la implementación del Acuerdo de 2.016 pero mientras el fenómeno de reclutamiento de niños continúe, el Gobierno Nacional, con la institucionalidad nacional en pleno, reforzará las acciones para prevenir esa utilización y la victimización de los niños por parte de los grupos al margen de la ley.

Desde julio pasado, el Gobierno con la participación de la Consejería para los Derechos Humanos y la Cancillería, presentó al Task Force una propuesta adicional para el plan de trabajo alrededor de tres ejes temáticos:
- la atención a las víctimas,
- la asistencia técnica para la implementación de la política de prevención,
- y el diálogo con el gobierno para el fortalecimiento de capacidades.

Finalmente, la quinta pregunta se refiere a los avances de la Cancillería frente a las recomendaciones específicas del Comité de los Derechos del Niño.

Como expliqué antes, todas las observaciones al Estado se atienden con el concurso de las distintas instituciones involucradas en el tema.

Entre los más recientes desarrollos, destaco la estrategia “Súmate por Mí” que mencionó la Consejera Nancy Patricia.
Esta estrategia diseñada desde la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, con el respaldo del Despacho de la Primera Dama, incluye acciones de 22 entidades del Estado, UNICEF, OIM Y USAID. Su objetivo es reforzar las acciones para crear entornos de protección para la niñez y adolescencia y prevenir el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual. Se implementará en 197 municipios y tres corregimientos del país.

Honorables Representantes:
Termino aquí mi intervención no sin antes señalar que la Cancillería, en el marco de sus competencias, seguirá actuando como articulador de la acción del Estado ante los mecanismos internacionales.

El Gobierno seguirá reconociendo la importante contribución de las observaciones y recomendaciones que recibimos de esos organismos, en nuestro compromiso con la promoción de los derechos del niño en el país.

Por parte de la Cancillería quedaremos atentos a cualquier inquietud de los honrables representantes y aquí estará la Directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Mirza Gnecco, quien nos acompaña hoy y coordina el tema desde Cancillería.  Y reconozco nuevamente la importancia para el país, del tema de la presente sesión.

Muchas gracias.