17 de diciembre de 2021. El Gobierno de Colombia expresa su profunda preocupación frente a la estrategia que ha decidido usar Daniel Ortega, para distraer la atención de una comunidad internacional que rechaza con vehemencia la nueva dictadura que se instala en el país centroamericano, generando el repudio de los países vecinos y la preocupación regional por el riesgo de que el pueblo nicaragüense viva el horror del éxodo, el desarraigo, la pérdida de libertades y el brutal empobrecimiento que viven hoy el pueblo venezolano y el pueblo cubano. 

Frente a los múltiples reclamos internacionales para que se celebren en Nicaragua unas elecciones libres y transparentes, para que se restaure la personería de los partidos políticos opositores y se libere a los candidatos de la oposición encarcelados para lograr el fraude de un simulacro electoral sin competidores que presenció el mundo entero en ese país, la respuesta de Ortega consiste en atacar a Colombia para distraer la atención y la censura internacional sobre su total ilegitimidad. 

Hoy la calidad democrática de Nicaragua tiene el tamaño de su dictador y los demócratas del mundo entero seguiremos instando a la comunidad internacional para que aplique a todos los miembros del régimen de Nicaragua las sanciones económicas y personales que eviten que gane tiempo para seguirse lucrando, destruyendo la riqueza nacional y pisoteando la dignidad humana, como le sucedió a Venezuela.

Colombia, a diferencia de lo que ocurre en Nicaragua, es un estado de Derecho, goza de instituciones sólidas, sana división de poderes, libertad de expresión y de participación política, inversión nacional y extranjera en todos los sectores, lo cual nos tiene a la vanguardia del crecimiento mundial este año. Reconocemos los sufrimientos que ha padecido nuestro país por cuenta de la guerrilla, los criminales y el narcotráfico, y es por eso que nuestro gobierno y los anteriores se han concentrado en fortalecer el marco jurídico y las instituciones que salvaguardan los principios democráticos, garantizan los derechos de todos nuestros ciudadanos y, en particular, protegen y promueven los derechos humanos.

Frente a los desafíos actuales que enfrentan nuestras naciones como consecuencia de la pandemia del Covid-19, la respuesta del Gobierno colombiano se asienta en principios humanitarios y de solidaridad —como puede probarse, entre otras medidas, con la adopción del Estatuto Temporal de Protección de los venezolanos— a la par que hemos podido proteger los sectores más pobres y vulnerables de nuestra sociedad.  La inmensa mayoría del pueblo de Colombia cree en el valor de la democracia como condición para la construcción de progreso y de paz; en el compromiso decidido con el desarrollo sostenible y en la institucionalidad que asegure el estado de derecho suficiente para garantizar un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, así como de reconocimiento a quienes han sufrido el flagelo de la violencia. 

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que no se permita que las argucias de un régimen que se ve amenazado, invisibilicen el sufrimiento de sus víctimas y se abandonen las esperanzas de un pueblo que clama libertad.