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Preguntas Frecuentes

 

Por regla general, no se establece un término general para la atención de estas solicitudes; el tiempo puede variar según el instrumento aplicable, el canal de transmisión, la autoridad encargada de ejecutar la diligencia, así como la necesidad de subsanar requisitos y las condiciones existentes en el Estado requerido.

 

 

La autoridad judicial debe verificar si existe un convenio internacional vigente entre Colombia y el Estado requerido que comprenda la diligencia solicitada; cuando el instrumento contemple la intervención de autoridades centrales, remitirá la carta rogatoria a la autoridad central designada por Colombia, encargada de revisar sus requisitos y transmitirla a su homóloga extranjera, mientras que la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores dependerá de las funciones que le atribuya el respectivo convenio.

Cuando proceda la vía diplomática o no exista un convenio aplicable, la autoridad judicial remitirá la carta rogatoria y sus anexos al Ministerio de Relaciones Exteriores; este la enviará por conducto de la Embajada de Colombia acreditada ante el Estado requerido, mientras que la decisión sobre su cumplimiento y la práctica de la diligencia corresponderán a las autoridades extranjeras competentes.

La autoridad judicial libra el exhorto o despacho comisorio, precisa el objeto y alcance de la diligencia e incorpora la información, los documentos y las instrucciones necesarios para su cumplimiento; posteriormente, remite la solicitud al Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares y Cooperación Judicial, que verifica los requisitos aplicables e identifica la oficina consular competente según el lugar donde deba practicarse la actuación.

La oficina consular practica la diligencia dentro del ámbito de sus atribuciones y remite al Grupo las actas, constancias y demás documentos obtenidos; cuando la comisión no pueda cumplirse o solo pueda ejecutarse parcialmente, informa las razones correspondientes, después de lo cual el Grupo traslada el resultado al despacho judicial requirente.

La autoridad solicitante debe considerar la materia, la naturaleza de la diligencia, los Estados involucrados, la nacionalidad de la persona sobre la cual recae la actuación y la necesidad de intervención de una autoridad extranjera; asimismo, debe verificar si existe un convenio internacional vigente que establezca requisitos, autoridades y canales específicos para tramitar la solicitud.
Cuando la diligencia deba ser practicada por una autoridad judicial extranjera, podrá utilizarse una carta rogatoria; si puede ser realizada respecto de un nacional colombiano por un cónsul o agente diplomático de Colombia, sin intervención extranjera ni medidas coercitivas, podrá librarse un exhorto o despacho comisorio, mientras que la nota suplicatoria se utiliza para actuaciones relacionadas con misiones diplomáticas extranjeras acreditadas en Colombia.
Para conocer el estado de un trámite de cooperación judicial internacional, la Autoridad que expidió la solicitud inicial, podrá librar una comunicación, oficio, o documento, mediante el cual se solicite información del trámite; por lo que, esta Cartera Ministerial procederá a activar los canales de cooperación y comunicará a la Autoridad receptora, bien sea por la establecida en un convenio o por vía diplomática.


 

La carta rogatoria se dirige a una autoridad judicial del Estado requerido cuando la diligencia requiere la intervención de una autoridad extranjera o recae sobre una persona de nacionalidad distinta de la colombiana; su trámite se adelanta mediante el canal establecido en el convenio aplicable o, cuando corresponda, por vía diplomática.
 
El exhorto o despacho comisorio se dirige a un cónsul o agente diplomático de Colombia en el exterior para que practique una diligencia respecto de un nacional colombiano; su ejecución no debe requerir la intervención de una autoridad extranjera ni la aplicación de medidas coercitivas, y no solo puede recaer la diligencia sobre un connacional.
La carta rogatoria es librada por una autoridad judicial; por su parte, el exhorto o despacho comisorio puede ser expedido por una autoridad judicial y también por una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales, cuando esta requiera una diligencia dentro de un procedimiento a su cargo que pueda ser practicada por el cónsul competente sin medidas coercitivas ni traslado de facultades decisorias.
 
La nota suplicatoria es librada por la autoridad judicial y/o administrativa competente dentro del proceso o actuación en que se requiere la diligencia.
Las autoridades que intervienen en la cooperación judicial internacional se determinan según los Estados involucrados, la materia, la diligencia solicitada y el instrumento aplicable; por esta razón, antes de iniciar el trámite deben verificarse el convenio correspondiente, la autoridad designada y las funciones que este le atribuye.
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores ejerce funciones de autoridad central en los instrumentos que así lo establecen y actúa como canal diplomático cuando corresponde; asimismo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Consejo Superior de la Judicatura cumplen funciones de autoridad central en los convenios y materias para los cuales hayan sido designados.

El exhorto judicial debe precisar el objeto y alcance de la comisión, identificar el proceso y a las personas que intervendrán, e incorporar los documentos, instrucciones y formalidades necesarios para practicar la diligencia; además, debe indicar la ciudad, el país, la dirección y los datos de contacto que permitan determinar la oficina consular competente.

La diligencia debe recaer sobre una persona de nacionalidad colombiana y no puede requerir la intervención de una autoridad extranjera ni la aplicación de medidas coercitivas; en la medida de lo posible, deberá informarse el número de cédula del connacional para acreditar su nacionalidad y facilitar su identificación.

 

La carta rogatoria debe ser expedida y firmada por la autoridad judicial competente, dirigirse a la autoridad homóloga del Estado requerido y redactarse en español con la traducción oficial correspondiente; asimismo, debe conservar el estilo de súplica, incluir las piezas procesales necesarias y acompañarse de los formularios previstos en el convenio aplicable.
 
Los documentos deberán presentarse autenticados, legalizados o apostillados cuando corresponda; si falta alguno de los requisitos aplicables, la solicitud podrá devolverse a la autoridad requirente para que subsane la omisión antes de continuar su trámite.

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores no sustituye a la autoridad que ordena ni a la entidad encargada de ejecutar la diligencia; su intervención se limita a las funciones que le atribuya el convenio aplicable o, cuando corresponda, a recibir y transmitir la documentación por vía diplomática.

En las cartas rogatorias enviadas por vía diplomática, la decisión sobre el cumplimiento corresponde a las autoridades del Estado requerido; en los exhortos, la oficina consular practica la diligencia dentro de sus atribuciones y conforme a las condiciones aplicables en el Estado receptor.
 

La solicitud puede devolverse cuando no reúna los requisitos establecidos en el convenio aplicable o en la guía, carezca de los documentos o traducciones requeridos, no permita identificar la diligencia solicitada o contenga información insuficiente para determinar la autoridad o la oficina consular competente.
 
De la misma manera, cuando el Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares y Cooperación Judicial advierta omisiones o aspectos que requieran aclaración, solicitará al despacho judicial la información o documentación necesaria; el trámite continuará una vez se atienda el requerimiento y se cumplan las condiciones correspondientes.

 

La transmisión de una solicitud no garantiza su ejecución, pues la autoridad requerida debe verificar su procedencia conforme al convenio aplicable, su legislación interna y las condiciones propias de la diligencia; asimismo, podrá solicitar aclaraciones o información adicional, comunicar las razones que impiden atenderla o informar que solo fue posible cumplirla parcialmente.

La dirección precisa permite determinar la circunscripción consular en la que debe practicarse la diligencia; cada oficina consular ejerce sus funciones dentro del territorio que le ha sido asignado, por lo que una solicitud remitida a una oficina que carece de competencia territorial deberá trasladarse al consulado correspondiente.
 
La autoridad solicitante debe indicar, como mínimo, la ciudad, el país, la dirección y los datos de contacto disponibles; la ausencia de esta información puede impedir la identificación de la oficina competente o dificultar la localización del destinatario.
La autoridad solicitante debe comprobar si existe un convenio internacional aplicable y vigente entre Colombia y el Estado requerido; esta revisión permite identificar la autoridad competente, el canal de transmisión, los formularios, los documentos, las traducciones y las demás condiciones exigidas para la diligencia.
También debe establecerse si la solicitud se tramitará entre autoridades centrales o por vía diplomática; la remisión al Ministerio de Relaciones Exteriores solo procede cuando el instrumento le atribuya una función dentro del trámite, cuando autorice la vía diplomática o cuando no exista un convenio aplicable y corresponda acudir a ese canal.

 

La cooperación judicial internacional es la colaboración o asistencia mutua entre Estados destinada a facilitar la práctica de diligencias y actuaciones necesarias para el desarrollo de un proceso cuando estas deban realizarse fuera del territorio del Estado requirente; mediante este mecanismo pueden adelantarse notificaciones, obtenerse pruebas y cumplirse otras actuaciones que una autoridad no puede ejecutar directamente en otra jurisdicción.

Las solicitudes pueden formularse al amparo de un convenio internacional que determine sus condiciones, procedimientos y canales o, en ausencia de este, con fundamento en el principio de reciprocidad; en todo caso, su atención debe respetar la soberanía de los Estados, su voluntad de prestar la asistencia y las disposiciones aplicables a la ejecución de la diligencia.

El exhorto o despacho comisorio es el mecanismo mediante el cual una autoridad judicial colombiana encomienda a un cónsul o agente diplomático de Colombia en el exterior la práctica de una diligencia relacionada con un proceso a su cargo; la comisión debe precisar su objeto y alcance, identificar a las personas que deban intervenir e incluir los documentos y las instrucciones necesarios para su realización.

Las autoridades administrativas también pueden librar exhortos dirigidos al cónsul de Colombia competente para solicitar diligencias necesarias dentro de un procedimiento administrativo; en estos casos, la actuación consular debe limitarse principalmente a diligencias de mero trámite que no requieran medidas coercitivas ni trasladen al funcionario la facultad de adoptar decisiones de fondo.

 

La carta rogatoria o comisión rogatoria es la solicitud mediante la cual una autoridad judicial colombiana o extranjera requiere la colaboración de una autoridad homóloga de otro Estado para practicar una diligencia judicial, obtener pruebas o recaudar información necesaria para el desarrollo de un proceso.

Su trámite se sustenta en los tratados, convenios internacionales y protocolos adicionales aplicables o, en ausencia de estos, en el principio de reciprocidad internacional; para identificar el procedimiento correspondiente debe verificarse que el instrumento esté vigente entre los Estados y que su ámbito de aplicación comprenda la diligencia solicitada.

La nota suplicatoria es el instrumento utilizado para solicitar una diligencia relacionada con una misión diplomática extranjera acreditada en Colombia; procede cuando se requiere el testimonio de un ministro o agente diplomático, de una persona de su comitiva o familia, o información o documentación que repose en la embajada del respectivo Estado.
 
La autoridad colombiana remite la nota y sus anexos al Ministerio de Relaciones Exteriores, que la transmite a la misión diplomática para que su jefe valore la solicitud; debido a los privilegios e inmunidades de sus destinatarios, la nota se formula en términos de ruego, su atención es voluntaria y no pueden imponerse medidas coercitivas para obtener su cumplimiento.
En la cooperación judicial internacional participan las autoridades del Estado requirente y del Estado requerido; la autoridad competente del primero formula la solicitud, mientras que el segundo identifica la entidad encargada de atenderla y ejecutarla conforme a su legislación interna.
 
Según la materia y el instrumento aplicable, también pueden intervenir las autoridades centrales, el Ministerio de Relaciones Exteriores, las misiones diplomáticas y las oficinas consulares; las funciones de cada participante deben ajustarse a sus competencias y al procedimiento establecido en el tratado o convenio correspondiente.