Ley 270 de 1996

NOTAS DE VIGENCIA:

- Modificada por la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Modificada por la Ley 1781 de 2016, 'por la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia', publicada en el Diario Oficial No. 49.879 de 20 de mayo de 2016.

- Modificada por el Acto Legislativo 2 de 2015, 'por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015.

- Modificada por la Ley 1743 de 2014, 'por medio de la cual se establecen alternativas de financiamiento para la Rama Judicial', publicada en el Diario Oficial No. 49.376 de 26 de diciembre de 2014.

- Modificada por la Ley 1564 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012, 'Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.'

- Modificada por la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

- Modificada por la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009, 'Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia'

- En criterio del editor para la interpretación de los Artículos 112 y 114 de esta ley debe tenerse en cuenta lo dispuesto por los Artículos 59 y 60 (respectivamente) de la Ley 1123 de 2007, 'por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado', publicada en el Diario Oficial No. 46.519 de 22 de enero de 2007.

Según lo dispuesto en el Artículo 112 de la Ley 1123 de 2007, entra a regir cuatro (4) meses después de su promulgación.

- Mediante el Decreto 2697 de 2004, publicado en el Diario Oficial No. 45.651, de 25 de agosto de 2004, 'se corrigen yerros tipográficos del Decreto 2637 del 19 de agosto de 2004 por el cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002' El artículo 4 ordena su nueva publicación, la cual es publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004.

El Decreto 2697 de 2004 fue SUSPENDIDO provisionalmente por el Consejo de Estado, mediante Auto de 10 de febrero de 2005, Expediente No. 332-01, Consejero Ponente Dr. Juan Angel Palacio Hincapie.

- Modificada por el Decreto 2637 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.645, de 19 de agosto de 2004, 'Por el cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002'.

El Decreto 2637 de 2004 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-672-05 de 30 de junio de 2005, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- Modificada por el Artículo 14 del Acto Legislativo 1 de 2003 (modificatorio del Artículo 264 de la Constitución Política), 'por el cual se adopta una Reforma Política Constitucional  y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 45.237 de 3 de julio de 2003.

- Modificada por la Ley 771 de 2002, publicada en el Diario Oficial No. 44.936, de 17 de septiembre de 2002, 'Por la cual se modifica el artículo 134 y el numeral 6 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996'.

Mediante Sentencia C-295-02 de 2002, de 23 de abril de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 24/00 Senado y 218/01 Cámara, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 153 y 241, numeral 8o. de la Constitución Política.

- Modificada por la Ley 585 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.063 de 30 de junio de 2000, 'Por medio de la cual se derogan, modifican y suprimen algunas disposiciones de la Ley 270 de 1996 y Decreto 2699 de 1991'.

- En criterio del editor para la interpretación del Artículo 99 Num. 8o. de esta ley debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 49 de la Ley 446 de 1998, 'Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del  Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento  Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989,  se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se  dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia', publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política.

- Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024 conforme a los términos de esta providencia. Asimismo, EXHORTAR al Congreso para que regule, en el término máximo de dos legislaturas y con fundamento en el artículo 56 de la Constitución, el ejercicio del derecho a la huelga en el servicio público esencial de la administración de justicia. CONDICIONA el inciso 2: Mientras se regula, el ejercicio de este derecho estará condicionado a que se garantice la prestación de servicios mínimos de administración de justicia y sin que se pueda presentar una interrupción indefinida.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y DECLARA CONSTITUCIONAL este inciso, en el entendido de que la celebración de los convenios a los que se hace mención son facultativos.

- Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024 de acuerdo con la parte motiva de esta providencia, salvo el inciso octavo del artículo 2 que declara CONSTITUCIONAL en el entendido de que la celebración de los convenios a los que se hace mención son facultativos.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 3 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Sin entrar a analizar detalladamente las implicaciones jurídicas del derecho de defensa, por haber sido éstas objeto de abundante doctrina y jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional, debe señalarse que al ser propósito esencial de todo proceso judicial el de lograr la verdad, se debe garantizar plenamente la posibilidad de que las partes interesadas expongan y controviertan con plenas garantías los argumentos que suscitaron el litigio judicial. En ese orden de ideas, la Constitución de 1991, precisando aun más lo dispuesto por la de 1886, se encargó de definir al derecho de defensa como un derecho fundamental autónomo, ligado, por razones obvias, al debido proceso, a través del cual -como lo anota la sentencia antes citada- se permite a toda persona controvertir las acusaciones que en materia administrativa o judicial se presenten en su contra, con lo cual, a su vez, se hacen efectivos otros derechos, como son el derecho a la libertad, a la seguridad, el de petición y aun el derecho a la vida.

Así, pues, toda persona acusada ya sea ante las instancias administrativas o ante las judiciales, tiene el derecho a defenderse. El artículo 29 superior agrega que quien sea sindicado, tiene derecho a ser asistido por 'un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento'. Esta disposición debe, asimismo, complementarse con el artículo 229 superior que remite a la ley la responsabilidad de definir los casos en que se puede acceder a la administración de justicia sin la representación de abogado. Lo anterior se conoce, particularmente para efectos del procedimiento penal, como la defensa técnica a que tiene derecho el sindicado, la cual, por la trascendencia del cargo, debe ser encargada a una persona versada en derecho, con suficientes conocimientos de orden técnico y, sobretodo, con una amplia capacidad humana que permita al interesado confiar los asuntos más personales e íntimos relacionados con el caso sobre el cual se le ha prestado asistencia. Con lo anterior, esta Corporación quiere significar que la defensa técnica, ya sea pública (Art. 282-4 C.P.) o privada, implica un compromiso serio y responsable del profesional del derecho, el cual no puede limitarse a los aspectos meramente procesales o de trámite, sino que requiere implementar todas aquellas medidas y gestiones necesarias para garantizar que el sindicado ha tenido en su representante alguien apto para demostrar jurídicamente, si es el caso, su inocencia.

Sobre el papel de quién ejerce la defensa técnica, particularmente en el campo del derecho penal, ha señalado la Corte:

'Esto significa, que dichas funciones de defensa del sindicado en las etapas de investigación y juzgamiento no pueden ser adelantadas por una persona que no se encuentre científica y técnicamente habilitada como profesional del derecho, so pena de la configuración de una situación de anulabilidad de lo actuado en el estrado judicial por razones constitucionales, o de inconstitucionalidad de la disposición legal o reglamentaria que lo permita. Además, dicha defensa técnica comprende la absoluta confianza del defendido o la presunción legal de la misma confianza en el caso del reo ausente; en este sentido es claro que el legislador debe asegurar que las labores del defensor sean técnicamente independientes y absolutamente basadas en la idoneidad profesional y personal del defensor.

'En verdad lo que quiere el Constituyente no es que se asegure que cualquier persona asista al sindicado en las mencionadas etapas procesales señaladas en el citado artículo 29; en este sentido sería absurdo que en la Carta se hiciese mención a la figura del profesional específicamente habilitado como abogado para adelantar las delicadas funciones de la defensa, para permitir que el legislador por su cuenta habilite a cualquiera otra persona, o a otro tipo de profesional, para adelantar las labores de la defensa, si éstos no acreditan la mencionada formación'.

De conformidad con lo expuesto, la Corte encuentra ajustado a la Constitución el principio consagrado en el artículo 3o del proyecto de ley, que permite ejercer el derecho de defensa, sin excepción alguna en todo proceso judicial o administrativo. De igual forma, la posibilidad de gozar de la defensa pública técnica por parte de quienes no cuentan con recursos económicos suficientes para hacerse a los servicios de un abogado, está íntimamente relacionada con las consideraciones hechas en torno al artículo anterior, razón por la cual también se encuentra conforme a los postulados constitucionales.

Dentro de los parámetros precedentes, deberá aclararse que, para la Corte, la inclusión del término 'y administrativas' dentro del artículo bajo examen, no contraviene postulado constitucional alguno, pues se parte de la base de que a propósito del ejercicio de la función judicial se presentan igualmente actuaciones de índole administrativo -como por ejemplo las que realiza la Sala Administrativa del Consejo Superior y los Consejos Seccionales de la Judicatura-, las cuales deben ajustarse a los principios rectores del debido proceso y, por ende, a garantizar el derecho de defensa.

Comentario especial merece la facultad que el proyecto de ley bajo revisión le otorga a los estudiantes de derecho de las universidades debidamente reconocidas por el Estado para ejercer la defensa técnica, con las limitaciones que establezca la ley, 'siempre y cuando la universidad certifique que son idóneos para ejercerla'.

La sentencia No. C-592-93, transcrita, establece claramente que en asuntos de índole penal, el sindicado siempre debe ser asistido por un profesional del derecho que acuda en su defensa técnica, particularmente respecto de la aplicación de las garantías procesales que le permitan al inculpado presentar libremente los argumentos encaminados a desvirtuar las acusaciones que se le formulen. Sin embargo, por razones geográficas, económicas y sociales, no siempre es posible asegurar la presencia de un abogado en estos casos. Por ello, la Ley (Decreto 196/71, arts. 30, 31 y 32, y Decreto 765/77) prevé que en casos excepcionales puedan ser habilitados como defensores, egresados o estudiantes de derecho pertenecientes a los consultorios jurídicos, pues con ellos se logra la presencia de personas con formación en derecho. Sobre los alcances de esta facultad, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la sentencia de unificación de jurisprudencia citada, ha manifestado la Corte a propósito de la demanda de inconstitucionalidad del artículo 147 del Decreto 2700 de 1991:

'De conformidad con el artículo 22 de la misma ley, la defensoría pública se ejerce por los abogados que, como defensores públicos, forman parte de la planta de personal de la entidad; por los abogados titulados e inscritos que hayan sido contratados; por los estudiantes de los dos últimos años de las facultades de derecho oficialmente reconocidas por el Estado, pertenecientes a los consultorios jurídicos, dentro de las condiciones previstas en el estatuto de la profesión de abogado; y por los egresados de las facultades de derecho oficialmente reconocidas por el Estado que escojan la prestación gratuita del servicio como defensores públicos, durante nueve (9) meses, como requisito para optar al título de abogados, y de acuerdo con las condiciones previstas en el estatuto de la abogacía. Sin embargo, vale la pena aclarar que como esta norma alude a toda clase de procesos (penales, civiles, laborales, contencioso administrativos), resulta pertinente reiterar que en asuntos penales, la defensa de los sindicados solamente la pueden ejercer los abogados, es decir, quienes hayan obtenido el título correspondiente, así que los estudiantes de derecho o egresados que no reúnan esta condición están excluidos para desempeñarse como tales, salvo las excepciones a que alude la sentencia precitada.   

'Pues bien, el Código de Procedimiento Penal en el artículo 141, prescribe: 'Cuando en el lugar donde se adelante la actuación procesal no exista defensor público, o fuere imposible designarlo inmediatamente, se nombrará defensor de oficio'.  

'Quiere esto significar que, por regla general, todos los defensores públicos de oficio tienen que designarse de las listas de abogados titulados de la Defensoría Pública, ya sea que pertenezcan a su planta de personal o hayan sido vinculados por contrato, y que excepcionalmente se permite el nombramiento e abogados que no formen parte de ese organismo, cuando en el lugar donde se adelanta el proceso no exista defensor público o fuere 'imposible' designarlo inmediatamente, imposibilidad que ha de ser plenamente justificada'.

Así las cosas, la Corte considera que la facultad que el artículo 3o del proyecto de ley bajo revisión le otorga a los estudiantes de derecho pertenecientes a los consultorios jurídicos de las universidades del Estado, debe interpretarse de conformidad con los postulados constitucionales anteriormente descritos. Es decir, pueden estos estudiantes, de acuerdo con las prescripciones legales, prestar la defensa técnica en todo tipo de procesos, salvo en aquellos de índole penal, pues en estos eventos la Carta Política prevé la presencia de un abogado, esto es, de un profesional del derecho. Con todo, esta Corporación ha admitido que este principio en algunas ocasiones, y justamente para garantizar el derecho de defensa, puede ser objeto de una medida diferente, donde el estudiante de derecho pueda, ante situaciones excepcionales, prestar la defensa técnica a un sindicado. Significa esto que tanto los despachos judiciales, como los consultorios jurídicos y las entidades encargadas de prestar el servicio de defensoría pública, deben abstenerse, en la medida de lo posible, de solicitar la presencia y la participación de estudiantes de derecho en asuntos penales. En otras palabras, sólo ante la inexistencia de abogados titulados en algún municipio del país, o ante la imposibilidad física y material de contar con su presencia, los estudiantes de los consultorios jurídicos pueden hacer parte de un proceso penal.

Finalmente, la Corte estima que la certificación de idoneidad que las universidades deban otorgar a los estudiantes de derecho de los consultorios jurídicos para ejercer la defensa técnica, no puede de ningún modo circunscribirse exclusivamente a la valoración académica de la persona, sino que debe incluir el comportamiento moral y ético que el estudiante ha demostrado a lo largo de sus carrera universitaria. Lo anterior porque, de una parte, la jurisprudencia de esta Corte ha sido clara en resaltar que quien asista a una persona en su defensa judicial debe demostrar mucho más que el simple conocimiento de los pormenores de un proceso; y, por la otra, el estudiante que represente a un sindicado está también en gran medida representando a su institución académica con todos los compromisos de seriedad, responsabilidad y aptitud que ello acarrea.

En estos términos, entonces, el artículo 3o será declarado exequible.

Corte Constitucional

- Incisos 1 y 2 declarados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, '... en el entendido de que la oralidad sólo puede ser exigible de conformidad con las reglas procedimentales que fije el Legislador'.

Corte Constitucional

- Parágrafo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, '... en el entendido de que dicha partida deberá ser cada año mayor, hasta que en el cuarto año alcance como mínimo el 0,5% del PIB'.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró exequible este artículo, salvo su parágrafo que declaró INEXEQUIBLE.

- Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 5 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia'.

Expresa la Corte en la providencia:

'Como es sabido, el propósito fundamental de la función judicial dentro de un Estado de derecho, es el de impartir justicia a través de diferentes medios, como son la resolución de los conflictos que se susciten entre particulares, o entre éstos y el Estado, el castigo a las infracciones a la ley penal y la defensa del principio de legalidad. Para ello, la administración de justicia debe descansar siempre sobre dos principios básicos que, a su vez, se tornan esenciales: la independencia y la imparcialidad de los jueces.

La independencia, como su nombre lo indica, hace alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones o, como lo indica la norma bajo estudio, a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales. En este punto resulta de importancia anotar que el hecho de que alguna otra rama del poder público participe en la designación de algunos funcionarios judiciales -como es el caso del Senado y del presidente de la República en la elección de los magistrados de la Corte Constitucional- o que colabore en el buen funcionamiento de la administración de justicia -mediante el concurso económico, logístico o material- no significa, ni puede significar, que se le otorgue facultad para someter la voluntad y la libre autonomía del juez para adoptar sus decisiones. En igual sentido, debe decirse que la independencia se predica también, como lo reconoce la disposición que se estudia, respecto de los superiores jerárquicos dentro de la rama judicial. La autonomía del juez es, entonces, absoluta. Por ello la Carta Política dispone en el artículo 228 que las decisiones de la administración de justicia 'son independientes', principio que se reitera en el artículo 230 superior cuando se establece que 'Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley', donde el término 'ley', al entenderse en su sentido general, comprende en primer lugar a la Constitución Política.

Por su parte, la imparcialidad se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial. El logro de estos cometidos requiere que tanto los jueces como los demás profesionales del derecho se comprometan en los ideales y el valor de la justicia, para lo cual no basta el simple conocimiento de la ley y del procedimiento, sino que es indispensable el demostrar en todas las actuaciones judiciales los valores de la rectitud, la honestidad y la moralidad.

La Corte encuentra, pues, que el artículo 5o del proyecto de ley, al garantizar la plena independencia y autonomía del juez respecto de las otras ramas del poder público y de sus superiores jerárquicos, se ajusta a los parámetros precedentes, razón por la cual habrá de declarar su exequibilidad.

No obstante, debe esta Corporación advertir que la prohibición de imponer 'criterios' contenida en el inciso segundo de la norma bajo examen, debe entenderse sin perjuicio del carácter vinculante que pueda tener  en determinados casos la doctrina de la Corte Constitucional, en los términos que más adelante habrá de precisarse. Para estos efectos, resulta pertinente transcribir los argumentos más importantes contenidos en la Sentencia No. C-083-95:

'Parece razonable, entonces, que al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación adicional, consistente en que el sentido de dichas normas, su alcance y pertinencia, hayan sido fijados por quien haga las veces de intérprete autorizado de la Constitución. Que, de ese modo, la aplicación de las normas superiores esté tamizada por la elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérprete supremo. (art. 241 C.P.)

'Pero como la Constitución es derecho legislado por excelencia, quien aplica la Constitución aplica la ley, en su expresión más primigenia y genuina. Es preciso aclarar que no es la jurisprudencia la que aquí se consagra como fuente obligatoria. A ella alude claramente otra disposición, el artículo 4° de la ley 69 de 1896, para erigirla en pauta meramente optativa para ilustrar, en ciertos casos, el criterio de los jueces.

'Así mismo, conviene precisar que no hay contradicción entre la tesis que aquí se afirma y la sentencia C-131-93, que declaró inexequible el artículo 23 del Decreto legislativo 2067 del 91 en el cual se ordenaba tener 'como criterio auxiliar obligatorio' 'la doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional', mandato, ese sí, claramente violatorio del artículo 230 Superior. Lo que hace, en cambio, el artículo 8° que se examina -valga la insistencia- es referir a las normas constitucionales, como una modalidad del derecho legislado, para que sirvan como fundamento inmediato de la sentencia, cuando el caso sub judice no está previsto en la ley. La cualificación adicional de que si las normas que van a aplicarse han sido interpretadas por la Corte Constitucional, de ese modo deben aplicarse, constituye, se repite, una razonable exigencia en guarda de la seguridad jurídica.

'Es necesario distinguir la función integradora que cumple la doctrina constitucional, en virtud del artículo 8° (Ley 153 de 1887), cuya constitucionalidad se examina, de la función interpretativa que le atribuye el artículo 4° de la misma ley (...)

'La disposición transcrita (artículo 4o) corrobora, además, la distinción que atrás queda hecha entre doctrina constitucional y jurisprudencia. Es apenas lógico que si el juez tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley, el criterio del intérprete supremo de la Carta deba guiar su decisión. Es claro eso sí que, salvo las decisiones que hacen tránsito a la cosa juzgada, las interpretaciones de la Corte constituyen para el fallador valiosa pauta auxiliar, pero en modo alguno criterio obligatorio, en armonía con lo establecido por el artículo 230 Superior.

'Lo anterior encuentra claro apoyo, además, en el artículo 5° de la misma ley (153 de 1887). La disposición destaca, nítidamente, la función que está llamada a cumplir la doctrina constitucional en el campo interpretativo. Es un instrumento orientador, mas no obligatorio, como sí ocurre cuando se emplea como elemento integrador: porque en este caso, se reitera, es la propia Constitución -ley suprema-, la que se aplica'.

En los términos descritos, y haciendo la salvedad de que la prohibición de imponer 'criterios' debe interpretarse de conformidad con la jurisprudencia transcrita, esta Corte declarará la exequibilidad de la disposición bajo examen.'.

- Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Artículo modificado por la Ley 1285 de 2009, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo, salvo el aparte tachado que declaró INEXEQUIBLE.

'No obstante lo expuesto, encuentra la Corte que al señalar la norma en comento que 'en todos los procesos' habrán de liquidarse las agencias en derecho y las costas judiciales, se está desconociendo la posibilidad de que la Carta Política o la ley contemplen procesos o mecanismos para acceder a la administración de justicia que no requieran erogación alguna por parte de los interesados. La acción de tutela de que trata el artículo 86 superior, reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, y la acción pública de constitucionalidad prevista en los artículos 241 y 242 del Estatuto Fundamental y reglamentada por el Decreto 2067 de 1991, son algunos de los ejemplos que confirman los argumentos expuestos. Así las cosas, esta Corte advierte que será responsabilidad del legislador definir, en cada proceso, si se amerita o no el cobro de las expensas judiciales, así como el determinar, según las formas propias de cada juicio, si se incluye o no a las entidades públicas dentro de la liquidación de agencias en derecho, costas y otras expensas judiciales. '

- Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 2637 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004. INEXEQUIBLE

Corte Constitucional:

- El Decreto 2637 de 2004 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-672-05  de 30 de junio de 2005, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL la expresión “para que conozcan de asuntos que por su naturaleza y cuantía deban ser resueltos por aquéllas de manera adecuada y eficaz”, en el entendido de que debe referirse a materias precisas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución.

- Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Aparte tachado derogado del inciso 2o. por el artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012, 'Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones'. Rige a partir de su promulgación.

- Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

- El artículo 15 del Acto Legisativo 2 de 2015 referenciado por el editor fue declarado INEXEQUIBLE y el artículo 17 parcialmente INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por los artículos 15 y 17 del Acto Legislativo 2 de 2015, 'por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 15. El artículo 254 de la Constitución Política quedará así:

'Artículo 254. El Gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial. Estos órganos ejercerán las funciones que les atribuya la ley con el fin de promover el acceso a la justicia, la eficiencia de la Rama Judicial, la tutela judicial efectiva y la independencia judicial.

(...).

'ARTÍCULO 17. Deróguese el artículo 256 de la Constitución Política'.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024, salvo la expresión “para que conozcan de asuntos que por su naturaleza y cuantía deban ser resueltos por aquéllas de manera adecuada y eficaz” del inciso segundo, que se DECLARA CONSTITUCIONAL en el entendido de que debe referirse a materias precisas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución.

- Artículo modificado por la Ley 1285 de 2009, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 8 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Como se ha expuesto a lo largo de esta providencia, el propósito fundamental de la administración de justicia es hacer realidad los principios y valores que inspiran al Estado social de derecho, entre los cuales se encuentran la paz, la tranquilidad, el orden justo y la armonía de las relaciones sociales, es decir, la convivencia (Cfr. Preámbulo, Arts. 1o y 2o C.P.). Con todo, para la Corte es claro que esas metas se hacen realidad no sólo mediante el pronunciamiento formal y definitivo de un juez de la República, sino que asimismo es posible lograrlo acudiendo a la amigable composición o a la intervención de un tercero que no hace parte de la rama judicial. Se trata, pues, de la implementación de las denominadas 'alternativas para la resolución de los conflictos', con las cuales se evita a las partes poner en movimiento el aparato judicial del país y se busca, asimismo, que a través de instituciones como la transacción, el desistimiento, la conciliación, el arbitramento, entre otras, los interesados puedan llegar en forma pacífica y amistosa a solucionar determinadas diferencias, que igualmente plantean la presencia de complejidades de orden jurídico. Naturalmente, entiende la Corte que es competencia del legislador, de acuerdo con los parámetros que determine la Carta Política, el fijar las formas de composición de los conflictos judiciales, los cuales -no sobra aclararlo- no siempre implican el ejercicio de la administración de justicia.

Para esta Corporación, las formas alternativas de solución de conflictos no sólo responden a los postulados constitucionales anteriormente descritos, sino que adicionalmente se constituyen en instrumentos de trascendental significado para la descongestión de los despachos judiciales, problema éste que desafortunadamente aqueja en forma grave y preocupante a la administración de justicia en el país. Adicionalmente, debe insistirse en que con los mecanismos descritos se logra cumplir con los deberes fundamentales de que trata el artículo 95 superior, como es el caso de colaborar con el funcionamiento de la justicia (Num 5o.) y propender al logro y el mantenimiento de la paz (Num. 6o). Con todo, conviene puntualizar que el término 'asociados' que hace parte de la norma bajo examen, incluye, además de los particulares, también a las entidades públicas,

Finalmente, debe señalarse que esta Corte no comparte los argumentos presentados por uno de los intervinientes en el presente proceso, en el sentido de que la norma bajo revisión es inexequible toda vez que el artículo 116 de la Constitución no consagra estas formas de administrar justicia.

Al respecto, conviene recordar que el artículo 116 de la Carta hace una enunciación de los órganos y personas encargados de administrar justicia, sin que ello signifique, de una parte, que todos ellos integren la rama judicial ni, de la otra, que cualquier otra autoridad o particular, con base en las atribuciones respectivas, no pueda dirimir o componer determinados conflictos de orden jurídico, según los postulados que fijen la Carta Política y la ley. En cuanto al primer aspecto, el Título VIII de la Carta Política enumera y regula las funciones de las jurisdicciones y los órganos pertenecientes a la rama judicial, esto es, la jurisdicción constitucional (Arts. 239 a 245), la jurisdicción contencioso-administrativa (Arts. 236 a 238), la jurisdicción ordinaria (Arts. 234 y 235), la  Fiscalía General de la Nación (Arts. 249 a 253), las jurisdicciones especiales (Arts. 246 y 247) y el Consejo Superior de la Judicatura (Arts. 254 a 257). Como puede apreciarse, el artículo 116 faculta a otras instituciones del Estado (Congreso, Tribunales Militares) o a otras personas (autoridades administrativas, particulares) para administrar justicia, sin que ellas hagan parte de la rama judicial. Respecto al segundo argumento, se tiene que la Constitución misma permite a ciertas autoridades, instituciones o personas administrar justicia, las cuales no hacen parte del listado contenido en el 116 superior. Tal es el caso, por ejemplo, de las autoridades indígenas o de los jueces de paz. En igual forma, puede decirse que determinados particulares pueden cumplir con esas funciones, en los términos que señala el citado artículo 116 superior.

En conclusión, las formas alternativas de resolver conflictos pueden ser reguladas por la ley, de acuerdo con los lineamientos constitucionales. A través de ellas, no sólo no se desconoce el artículo 116 superior sino que se interpretan y se desarrollan los principios y valores que regulan a toda la Constitución, como es la búsqueda de la paz, la convivencia y el orden justo.

En estos términos, pues, la norma será declarada exequible.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo, salvo el aparte tachado que declaró INEXEQUIBLE.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE el artículo 10 del mismo.

- Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

- Parágrafo modificado por el artículo 2 del Decreto 2637 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004. INEXEQUIBLE

- Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 585 de 2000 publicada en el Diario Oficial No. 44.063 de 30 de junio de 2000

En criterio del editor, además de los órganos establecidos en este artículo, de debe tener en cuenta:

2. La creación Jurisdicción Agraria y Rural, mediante el Acto Legislativo 3 de 2023, 'por medio del cual se modifica la Constitución Política de Colombia y se establece la Jurisdicción Agraria y Rural', publicado en el Diario Oficial No. 52.466 de 24 de julio de 2023.  Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

1.  La creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante el Acto Legislativo 1 de 2017, 'por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.196 de 4 de abril de 2017.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Artículo modificado por la Ley 1285 de 2009, declarado EXEQUIBLE, teniendo en cuenta los condicionamientos del literal c) y el punto III., por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Declara INEXEQUIBLE el literal e) del texto del Proyecto de Ley.

Literal c) '... en el entendido de que también integran la jurisdicción constitucional los jueces y corporaciones que deban proferir las decisiones de tutela o resolver acciones o recursos previstos para la aplicación de los derechos constitucionales'.

Punto III.  '... en el entendido de que también comprende los Consejos Seccionales de la Judicatura'.

- El Decreto 2637 de 2004 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-672-05  de 30 de junio de 2005, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo, salvo los apartes tachados que declaró INEXEQUIBLES.

- Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Artículo modificado por la Ley 1285 de 2009 declarado EXEQUIBLE, salvo el inciso 2 que se declara EXEQUIBLE '... en el entendido de que la competencia residual de la jurisdicción ordinaria no comprende los asuntos de orden constitucional que por su naturaleza corresponden a la Corte Constitucional. Así mismo, en el entendido de que la Fiscalía General de la Nación ejerce excepcionalmente función jurisdiccional, y que la penal militar y la indígena ejercen función jurisdiccional pero no hacen parte de la rama judicial',  por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández,

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 12 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'El presente artículo se refiere al ejercicio de la función jurisdiccional, entendiendo este término, contrario a lo expresado con anterioridad, en su significado clásico, es decir, como la facultad de administrar justicia por parte de un órgano del Estado, con el fin de declarar o reconocer el derecho mediante la aplicación de la Constitución y la ley. En ese orden de ideas, se establece que dicha función, calificada como 'pública' por la Carta Política, se debe ejercer en forma pública y permanente 'con las excepciones que establezca la ley' (Art. 228). Significa lo anterior, que el término de 'manera permanente' que contiene el artículo, debe interpretarse de acuerdo con el postulado constitucional citado. En otras palabras, la ley está facultada para establecer aquellas situaciones en que la administración de justicia pueda disponer de los mismos beneficios laborales de que gozan todos los demás funcionarios del Estado y los particulares; desde los límites propios de un horario de trabajo hasta los casos de vacancia judicial, vacaciones individuales o licencias que soliciten los funcionarios y empleados de la rama, sin que por ello pueda concluirse que este servicio público (Art. 365 C.P.) se esté prestando en forma interrumpida o no permanente.

En ese mismo orden de ideas, debe la Corte aclarar que la referencia que el primer inciso de la norma bajo examen hace a las 'personas dotadas de investidura legal' para administrar justicia, indiscutiblemente incluye también a aquellos funcionarios y particulares que constitucionalmente han recibido esa misma atribución.

La referencia que hace la norma al ejercicio de la administración de justicia por parte de la jurisdicción constitucional -en esta oportunidad la ley emplea el término 'jurisdicción' en su sentido orgánico-, el Consejo Superior de la Judicatura, la jurisdicción contencioso administrativa, las jurisdicciones especiales (indígena, militar y de jueces de paz) y la ordinaria, se ajusta a lo previsto en el artículo 116 y en las disposiciones que hacen parte del Título VIII de la Constitución. Asimismo, la determinación de que la jurisdicción ordinaria tendrá una competencia residual respecto de los asuntos que la Carta y la ley no le atribuyan a otra jurisdicción, en nada vulnera los preceptos superiores, tal como anteriormente se había establecido.

La facultad que se el otorga al fiscal general de la Nación, al vicefiscal y a los fiscales delegados para ejercer las funciones jurisdiccionales que determine la ley, es cuestionada por parte de un ciudadano, al considerar que esa atribución no hace parte de las contenidas en los artículos constitucionales correspondientes a la Fiscalía General de la Nación. Sin entrar a analizar las características, atribuciones y funciones que la presente ley le encarga a este órgano -labor que se asumirá al estudiar los artículos 23 a 33-, baste señalar que la Corte ya se ha ocupado del interrogante planteado y, al analizar los alcances de las funciones de que tratan los artículos 250 y 251 superiores, lo ha resuelto con suficiente claridad en los siguientes términos:

'Dentro de las funciones antes enunciadas existen algunas que son eminentemente jurisdiccionales, tales como la expedición de medidas de aseguramiento que restringen la libertad del investigado, como la detención, la conminación, la caución, para asegurar su comparencia en el proceso; la facultad para resolver la situación jurídica del indagado, la potestad para calificar el mérito del sumario; la atribución de dictar resoluciones de acusación ante los jueces al presunto responsable de un hecho punible, etc, de manera que cuando los fiscales ejercen estas  actividades cumplen una función jurisdiccional, y por tanto, actúan como verdaderos jueces. Siendo así, son aplicables a los fiscales los artículos 228 y 230 de la Carta, que consagran la independencia y autonomía de los jueces, quienes en sus providencias, solamente están sometidos al imperio de la ley.

'Así las cosas, no le asiste razón al Procurador General de la Nación, pues como quedó demostrado con fundamento en las normas constitucionales, la Fiscalía es un órgano administrador de justicia, que interpreta la ley y le da aplicación en casos particulares y concretos, dirime conflictos, y, en general aplica el derecho a casos específicos, y cuando sus funcionarios ejercen estas actividades se convierten en jueces y, como tales, deben ser independientes y autónomos en las decisiones que adopten en el desarrollo de la investigación y acusación de los presuntos infractores de la ley penal'. (negrillas fuera de texto original)

En virtud de lo expuesto, resulta concordante con la Constitución el que se permita a la ley señalar, de acuerdo con los parámetros establecidos en la sentencia citada, las funciones jurisdiccionales que pueden desempeñar algunos miembros de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de aquellas responsabilidades especiales que la Carta Política le encomienda al señor fiscal general (Art. 251 C.P.).

La alusión que se hace a los jueces de paz, se ajusta a lo prescrito en el artículo 247 superior, pues si la Carta faculta a la ley para crearlos, con mayor razón puede el legislador reglamentar el procedimiento para la toma de las decisiones en equidad.

En cuanto al ejercicio de la función jurisdiccional por parte de las autoridades de los territorios indígenas de que trata el inciso quinto del artículo bajo examen, la norma no hace sino reiterar lo consagrado en el artículo 246 de la C.P., en concordancia con los artículos 86 y 287 de la misma, precisando que dicha función se ejerce únicamente dentro del ámbito de su territorio. Dentro de ese orden de ideas, puede decirse entonces que, de acuerdo con lo establecido por esta Corporación, tanto el juez de la República como la autoridad indígena adquieren por igual la responsabilidad de respetar, garantizar y velar por la salvaguardia de los derechos de las personas que intervienen en el proceso, sin importar el sexo, la raza, el origen, la lengua o la religiónn.

De igual forma, considera la Corte que la distribución de competencias entre las autoridades que pueden administrar justicia es, en principio, atribución exclusiva del legislador ordinario, salvo que el Constituyente, de manera expresa, haya reservado el conocimiento de algunos asuntos a ciertas corporaciones judiciales. En consecuencia, es dentro de estos términos que debe interpretarse la facultad que le asigna el inciso quinto del artículo bajo examen a las autoridades indígenas para ejercer el control sobre los actos que ellas profieran.

Bajo estas condiciones, el inciso quinto será declarado exequible.

Finalmente esta Corporación, contrario a los argumentos presentados por el señor ministro de Defensa Nacional, considera que la facultad que se le otorga a los tribunales y jueces militares para conocer de los delitos sometidos a su competencia, debe ajustarse no sólo al mandato contenido en el artículo 221 superior -modificado por el Acto Legislativo No. 2 de 1995- sino también a las prescripciones de la presente ley estatutaria, que sean compatibles con su estructura especial. Sobre el particular, son claras las razones dadas por la Corte en Sentencia No. C-399-95:

'La Corte considera que efectivamente es necesario atribuir un sentido normativo a la expresión 'con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar' del artículo 221 de la Carta. Sin embargo, para esta Corporación no es admisible una interpretación estrictamente formalista de la citada expresión, pues ella conduce a resultados irrazonables. En efecto, es indudable que el tema de la justicia militar debe ser sistematizado en un código, a fin de que esa rama del derecho sea ordenada por un conjunto normativo ordinario que regule sus instituciones constitutivas 'de manera completa, sistemática y coordinada' (Sentencia No. C-252-94). Pero ello no puede significar que todos los aspectos de la justicia penal militar deban estar formalmente contenidos en el texto de ese código, ya que algunas materias pueden estar razonablemente incorporadas en otras leyes. Así, es natural que la ley orgánica de la Procuraduría pueda regular aquellos temas relativos a la intervención del Ministerio Público en los procesos castrenses, como lo hace efectivamente la norma impugnada. O igualmente es lógico que algunos aspectos del régimen disciplinario, que pueden tener proyección normativa sobre la justicia penal militar -como la regulación de la obediencia debida- puedan estar incorporados en las leyes que consagran el régimen disciplinario de la Fuerza Pública. Sería absurdo considerar que esas regulaciones son inconstitucionales por referirse al tema de la justicia penal militar y no estar formalmente contenidas en el código respectivo, ya que se trata de normas legales de la misma jerarquía, por lo cual el legislador tiene la libertad para establecer la mejor manera de sistematizar esas materias'.

En virtud de lo expuesto, el último inciso del artículo bajo examen será declarado exequible.

Corte Constitucional

- Inciso modificado por la Ley 1285 de 2009  declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- Numeral modificado por el artículo 8 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Para la interpretación de este numeral (texto modificado por la Ley 1285 de 2009 debe tenerse en cuenta lo dispuesto por los artículos 5o., 7o. y 8o. del Acto Legislativo 2 de 2015, 'por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015. Declarados INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Numeral modificado por la Ley 1285 de 2009  declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

Corte Constitucional

- Numeral modificado por la Ley 1285 de 2009  declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- Numeral modificado por el artículo 8 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Numeral modificado por la Ley 1285 de 2009  declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, '... en el entendido de que las partes también deben respetar lo dispuesto por las leyes especiales que regulen los procedimientos arbitrales'.

- Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE el artículo 14 del mismo.

- Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Inciso adicionado por el artículo 15 del Decreto 2637 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004. INEXEQUIBLE.

- Parágrafo adicionado por el artículo 1 de la Ley 1781 de 2016, 'por la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia', publicada en el Diario Oficial No. 49.879 de 20 de mayo de 2016.

- En criterio del editor para la interpretación del texto original del inciso 1o. de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2018, 'por medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementan el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria', publicado en el Diario Oficial No. 50.480 de 18 de enero de 2018.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 234.  La Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria y se compondrá del número impar de Magistrados que determine la ley. Esta dividirá la Corte en Salas y Salas Especiales, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno. (...)'. <subraya el editor>

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- El Decreto 2637 de 2004 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-672-05  de 30 de junio de 2005, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- Mediante Sentencia C-154-16 de 31 de marzo de 2016, Magistrada Ponente Dra.Gloria Stella Ortiz Delgado, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y  241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria número 187/14 Cámara, 78/14 Senado y declaró EXEQUIBLE este artículo -1o. de la Ley 1781 de 2016-.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo, salvo el aparte tachado que declaró INEXEQUIBLE.

- Inciso modificado por el artículo 10 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- En criterio del editor para la interpretación del texto modificado por la Ley 1285 de 2009 debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2018, 'por medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementan el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria', publicado en el Diario Oficial No. 50.480 de 18 de enero de 2018.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 234.  La Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria y se compondrá del número impar de Magistrados que determine la ley. Esta dividirá la Corte en Salas y Salas Especiales, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno. (...)'. <subraya el editor>.

El artículo 234 de la C.P define la integración, requisitos y competencias de las Salas Especiales.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Inciso 1o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

Corte Constitucional

- Inciso 2o. declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, '... en el entendido de que la decisión de no selección adoptada al momento de decidir sobre la admisión del recurso de casación será motivada y tramitada conforme a las reglas y requisitos específicos que establezca la ley, y de que en ningún caso impide interponer la acción de tutela contra la sentencia objeto del recurso, la decisión de no selección o la decisión que resuelva definitivamente el recurso de casación'.

* La referencia a  la 'Sala Administrativa del Consejo Superior' se debe tener en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015, mediante la cual se eliminó la Sala Jurisdiccional Disciplinaria ( la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).), por lo tanto cualquier referencia a ésta debe entenderse al Consejo Superior de la Judicatura.

- Parágrafo adicionado por el artículo 2 de la Ley 1781 de 2016, 'por la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia', publicada en el Diario Oficial No. 49.879 de 20 de mayo de 2016.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-154-16 de 31 de marzo de 2016, Magistrada Ponente Dra.Gloria Stella Ortiz Delgado, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y  241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria número 187/14 Cámara, 78/14 Senado y declaró EXEQUIBLE este artículo, salvo lo dispuesto en el inciso 3o. original que declaró INEXEQUIBLE -Artículo 2 de la Ley 1781 de 2016.

- Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

- Inciso 1o. modificado por el artículo 4 del Decreto 2637 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004. INEXEQUIBLE

Corte Constitucional

- Inciso 1o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Inciso 2 declarado CONDICIONALMENTE exequible, '... en el entendido de que la decisión de no selección adoptada al momento de decidir sobre la admisión del recurso de casación será motivada y tramitada conforme a las reglas y requisitos específicos que establezca la ley, y de que en ningún caso impide interponer la acción de tutela contra la sentencia objeto del recurso, la decisión de no selección o la decisión que resuelva definitivamente el recurso de casación'. Se declaran INEXEQUIBLES unos apartes del texto del Proyecto de Ley.

- El Decreto 2637 de 2004 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-672-05  de 30 de junio de 2005, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar de fondo sobre el texto del artículo 4 (parcial) del Decreto 2637 de 2004, mediante Sentencia C-334-05 de 4 de abril de 2005, Magistrado Ponente Dr. Clara Inés Vargas Hernández. Expone la Corte en las razones de la decisión: '...lo procedente es realizar un estudio integral y definitivo del decreto demandado por la vía del artículo 153 superior.'

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLES los incisos 3 y 4 y  CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el resto del artículo 16 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'.

Expresa la Corte en la providencia:

'La norma en comento determina el número y las funciones de las diferentes salas que componen la Corte Suprema de Justicia. Como se señaló para el caso del artículo anterior, esta facultad del legislador encuentra respaldo constitucional específico en el artículo 234 superior, el cual dispone que la ley 'dividirá a la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno'. Así, pues, resulta jurídicamente válido el que la norma bajo revisión hubiese dividido a la citada Corporación en cinco salas (Plena, de Gobierno, de Casación Civil y Agraria, de Casación Laboral y de Casación Penal), hubiese determinado igualmente el número de magistrados que integran cada una de ellas y hubiese también definido que las tres últimas actuarán, dentro del ámbito de su competencia y de su especialidad, como tribunal de casación (Art. 235-1 C.P.).

Cuestión diferente es la facultad que la disposición bajo examen le otorga a la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia para conocer del 'recurso extraordinario de revisión' que se presente contra las sentencias ejecutoriadas de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, a través de las cuales se haya decretado la pérdida de la investidura de un congresista.

Sin entrar a analizar los pormenores de la institución de la pérdida de la investidura de los congresistas, consagrada en el artículo 183 de la Carta Política, cabe señalar que ella hace parte de todo un régimen de incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones que el Constituyente estableció, en virtud de la importancia y de la trascendencia política, social y jurídica que implica el ser miembro del Congreso de la República. Para efectos del asunto en comento, baste señalar que por tratarse de la sanción más grave que se le puede imponer a un congresista -habida cuenta de la naturaleza de la falta cometida, del prestigio de la institución que se pone en entredicho, del interés de la colectividad que lo ha elegido y de las consecuencias del fallo-, la Carta Política determinó sus causales en forma taxativa (Art. 183). Sin embargo, es pertinente aclarar que para el caso de la indebida destinación de dineros públicos (Art. 183-4 C.P.), ella no involucra necesariamente la causal prevista en el artículo 110 superior, según la cual el congresista pierde la investidura si viola la prohibición de hacer 'contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o a inducir a otros que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley'. En otras palabras, a las causales establecidas en el artículo 183, debe adicionarse la contemplada en el artículo 110 constitucional, con las excepciones legales.

Ahora bien, dentro de estos mismos parámetros debe señalarse que el artículo 184 superior estableció una competencia única, especial y autónoma en cabeza del Consejo de Estado,  para, con base en lo dispuesto en el artículo 29 constitucional, pronunciarse y definir la pérdida de la investidura de un congresista. Al respecto la disposición referenciada, prevé:

'ARTICULO 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano'.

Sobre los alcances de esta disposición, en particular respecto de la competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para conocer y decidir acerca de la pérdida de la investidura, esta Corte ha establecido:

'Empero, para esta Corporación resulta claro que una cosa son las funciones jurisdiccionales del Consejo de Estado como tribunal supremo de lo contencioso administrativo, y otra distinta las que corresponden al mismo Consejo de Estado (Sala de Consulta y de Servicio Civil) como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, de exclusiva competencia de esta.

Posteriormente, agregó:

'Y no hay duda que la atribución de la pérdida de la investidura de los Congresistas de que trata el numeral 5o. del artículo 237 de la Constitución Nacional es de naturaleza jurisdiccional y no propia de la función consultiva. Y de que además, dentro de las que atañen al Consejo de Estado en Pleno, nunca ha estado la referente a las materias que tengan que  ver con la función jurisdiccional.

'En efecto, la pérdida de la investidura está revestida de un proceso especial que surge, bien por solicitud de la Mesa Directiva, o por iniciativa ciudadana.

'En cambio, la función consultiva se deriva de la iniciativa exclusivamente gubernamental, y sin que, desde luego, tenga en este caso injerencia alguna la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Es evidente que las dos Salas integran la Sala Plena del Consejo de Estado pero en ningún caso para conocer de asuntos jurisdiccionales (...).

'De esta manera, si la decisión que adopta el Consejo de Estado, como atribución constitucional,  sobre pérdida de la investidura, es producto de una actuación jurisdiccional, no hay duda que dicha función encaja dentro de la competencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y no de la Plenaria de la misma Corporación, ya que como función jurisdiccional, la pérdida de investidura termina con una sentencia de la Corporación.

'Así, pues, estima la Corte que la pérdida de la investidura entraña una función jurisdiccional en forma inequívoca, y en el caso de las normas en comento, el término 'Consejo de Estado' alude al Pleno de su Sala Contencioso Administrativa, para estos efectos. No a la reunión de ésta con la Sala de Consulta y Servicio Civil, pues, por disposición del mismo Constituyente, la división del Consejo en Salas y Secciones persigue dar efectividad al mandato constitucional que obliga al legislador a 'separar las funciones jurisdiccionales de las demás que le asignen la Constitución y la Ley'.' (Negrillas fuera de texto original).

Las anteriores consideraciones permiten concluir, sin ningún asomo de duda, que la decisión respecto de la pérdida de la investidura le compete en forma exclusiva y autónoma al Consejo de Estado y más exactamente a la Sala Contencioso Administrativa. En consecuencia, ningún otro órgano perteneciente a cualquiera otra rama del poder puede entrar a revisar las determinaciones que sobre el particular adopte la citada Sala de esa Corporación, pues con ello no sólo se estaría desconociendo flagrantemente lo dispuesto en los artículos 184 y 237-5 de la Constitución, sino también se estaría atentando contra los artículos 113 y 228 superiores, que consagran la independencia del juez cuando la Carta le ha otorgado, como en el presente caso, una atribución exclusiva y autónoma para fallar.

Por otra parte, debe recordarse que la norma bajo examen establece una competencia en cabeza de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse respecto del recurso extraordinario de revisión que se pueda interponer contra las decisiones de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado. Conviene, entonces, remitirse a lo dispuesto por esta Corte a propósito de la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 144 de 1994, que consagra la procedencia del referido recurso con base en las  causales previstas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y en las de los literales a) y b) de la aludida norma, esto es, falta del debido proceso y violación del derecho de defensa. Al respecto, pues, dijo la Corte:

'Del hecho de que la Constitución misma no haya plasmado recurso alguno contra la sentencia que decreta la pérdida de la investidura no puede deducirse que esté impedido el legislador para establecerlo, menos todavía si se trata de uno extraordinario, fundado en causales constitucionales tan evidentes como la de haber incurrido la sentencia en falta al debido proceso.

'Por el contrario, la norma demandada encuentra fundamento en el artículo 184 de la Carta Política, a cuyo tenor la pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado 'de acuerdo con la ley'. Lo establecido en ésta es válido mientras no contraríe la Constitución, como en efecto no ocurre en este caso.

'El tema de la competencia para resolver sobre el recurso ha sido controvertido por el  Consejo de Estado  -Sala Plena de lo Contencioso Administrativo-, que ha resuelto inaplicar en varias ocasiones el artículo 17 de la Ley 144 de 1994, alegando que 'ni en la ley que consagró el recurso extraordinario especial de revisión, ni en norma anterior o posterior, se determinó la autoridad judicial ante la cual éste podía interponerse y tramitarse, de donde se concluye que en la actualidad la competencia para conocer del referido recurso no ha sido asignada y, consecuencialmente, no puede la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado asumir el conocimiento (...), hasta tanto el legislador determine esa competencia'.

'La Corte Constitucional no entrará a definir en este proceso cuál es el juez competente, función ésta que corresponde al legislador, pero se abstendrá de declarar la inconstitucionalidad de la norma pues el motivo que invoca el Consejo de Estado no es de inconstitucionalidad, por no haberse quebrantado principio ni disposición alguna de la Carta al establecerse el recurso, sino más bien un llamado de atención al Legislativo para que, por vía de autoridad, defina a quién corresponde resolver sobre los recursos extraordinarios que se interpongan contra las sentencias mediante las cuales se decreten pérdidas de investidura.

'La norma separa las causales de 'falta del debido proceso' y 'violación del derecho de defensa'. En realidad, el segundo aspecto hace parte del primero, como lo consagra el artículo 29 de la Constitución, de tal manera que cuando el derecho de defensa es desconocido se viola necesariamente el debido proceso, que es un concepto genérico. Sin embargo, lo anotado no obsta para la exequibilidad del precepto, que precisamente encuentra su sentido y fundamento constitucional en la necesidad de brindar a quien es condenado la posibilidad de impugnar la sentencia cuando ella en sí misma constituye una vulneración de las garantías procesales'. (Negrillas fuera de texto original).

De lo expuesto se colige que la posibilidad de interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que decrete la pérdida de la investidura de un congresista, encuentra pleno asidero en los artículos 29 y 184 constitucionales. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto del juez competente para conocer de esa situación en los términos que establece el artículo 16 del proyecto que se revisa. En efecto, téngase en cuenta por una parte, que, como se señaló, la Corte Constitucional ha establecido con suficiente claridad que sólo el Consejo de Estado, y en particular la Sala de lo Contencioso Administrativo, tiene la competencia exclusiva y autónoma para decretar la pérdida de la investidura del congresista; y, por otra parte, que si bien la Corte, en la sentencia transcrita, estableció -con una argumentación que en esta oportunidad se reitera- que no es de su resorte el definir el juez competente para conocer del recurso extraordinario de revisión, sino que esa es atribución propia del legislador, ello no significa que se le permita a la ley desconocer el mandato del Constituyente respecto del juez competente -o juez natural en este caso- para conocer del proceso en cuestión. En otras palabras, si bien es constitucional establecer un recurso extraordinario de revisión en materia de pérdida de la investidura, el juez competente para conocer de ese recurso deberá ser determinado por la ley ordinaria, entre alguno de los órganos que conforman la jurisdicción contencioso administrativa. Como es lógico, se repite, no le corresponde a la Corte determinar cuál es el juez competente, así como tampoco es su obligación evaluar los aspectos prácticos del proceso establecido en la las Leyes 5a de 1992 y 144 de 1994. La labor de la Corte, consiste en no permitir que los pormenores del proceso de pérdida de investidura se consagren por fuera de los límites que determina la propia Constitución.

Como si lo anterior no fuese suficiente, esta Corporación estima que la regulación en comento, especialmente la fijación de un recurso y el término para interponerlo, es materia procesal propia de una ley ordinaria, más exactamente de un código (Art. 150-2 C.P.). Además de lo expuesto, resulta evidente que la jurisdicción ordinaria no está llamada a intervenir dentro del proceso de pérdida de investidura de los congresistas. Es por ello que la disposición que se revisa vulnera también el artículo 158 superior.

Así las cosas, la Corte declarará la inexequibilidad de los incisos tercero y cuarto del artículo que se revisa, ya que, como se ha señalado, la decisión de confiar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo que decreten la pérdida de la investidura de un congresista, viola los artículos 113, 158, 183, 184, 228 y 237-5 de la Carta. Valga aclarar que esta declaración de inconstitucionalidad no significa que desaparezcan del ordenamiento jurídico aquellos apartes o expresiones del artículo en comento que también se hubiesen consagrado en el artículo 17 de la ley 144 de 1994, declarados exequibles por esta Corporación, pues, naturalmente, al estar contenidos en dicha normatividad, mantienen su vigencia, su fuerza y su obligatoriedad jurídica.

- Numeral 1. modificado por el artículo 2 de la Ley 585 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.063 de 30 de junio de 2000

- Numeral 5. modificado por el artículo 2 de la Ley 585 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.063 de 30 de junio de 2000

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE el numeral 6 y CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el resto del artículo 17 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Para la Corte, las funciones que prevén los numerales 1o, 2o, 3o, 4o y 7o de la disposición que se revisa, en nada vulneran las previsiones contenidas en la Carta Política, en particular en los artículos 234 y 235 superiores, toda vez que se trata de asuntos especialmente de índole administrativa, necesarios para el funcionamiento del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Debe señalarse, eso sí, que el término 'empleados' contenido en el numeral 1o, es exequible siempre y cuando en su designación se respeten las disposiciones legales referentes a la carrera administrativa, cuando haya lugar. En iguales términos, obsérvese que dada la naturaleza de las tareas que se le asignan a ciertos funcionarios y empleados de los despachos de los magistrados -como es el caso de los magistrados auxiliares-, amerita que ellos sean de libre nombramiento y remoción.

Por otra parte, para esta Corporación la posibilidad de asignar funciones a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia a través del reglamento interno, no desconoce al artículo 235 referido, pues debe entenderse que esas tareas en momento alguno pueden modificar, alterar, reemplazar o derogar las que le hubiese conferido la ley. Por el contrario, la Corte Constitucional estima que las labores que se asignan mediante el reglamento se enmarcan más dentro de la necesidad de adoptar medidas tendientes al normal y dinámico funcionamiento de este tipo de corporaciones judiciales.

En cuanto a la atribución contenida en el numeral 5o del artículo, a través del cual se faculta a la Sala Plena de la Corte Suprema para realizar la calificación de servicios de los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, es cuestionada por algunos de los ciudadanos intervinientes, ya que consideran que esa es una responsabilidad que le atañe en forma autónoma al Consejo Superior de la Judicatura. En efecto, los numerales 3o y 4o del artículo 256 del Estatuto Superior, le confieren al Consejo Superior de la Judicatura la función de examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como la de llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales. Si bien la Corte reconoce que este es un asunto de competencia exclusiva e independiente de la citada entidad, no por ello debe considerarse que la atribución consignada en el numeral 5o del artículo que se estudia signifique la usurpación de las labores en comento. Se trata simplemente, a juicio de esta Corporación, de un estudio que, como lo define la norma, 'servirá de base para la calificación integral' de los magistrados de los tribunales superiores, al cual en momento alguno puede dársele carácter de obligatorio o definitivo, pues ahí sí se estaría desconociendo el mandato constitucional citado. En otras palabras, el estudio que realice la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se debe enmarcar dentro de una colaboración necesaria y armónica entre dos órganos de la rama judicial, sin que por ello se esté atentando contra la autonomía del Consejo Superior Judicatura, el cual siempre mantendrá la competencia singular que le otorga la Constitución para controlar el rendimiento de los citados funcionarios judiciales y, por tanto, podrá utilizar o no las evaluaciones que en su momento le remita el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.

Por otra parte, el numeral 6o del artículo le asigna a la Sala Plena la posibilidad de resolver las impugnaciones y los recursos de apelación contra las diferentes actuaciones procesales que realice la Sala de Casación Penal, en los casos de juzgamiento a funcionarios y servidores públicos con fuero constitucional. Para poder comprender los alcances constitucionales de esta disposición, resulta indispensable remitirse, en primer término, al artículo 234 superior que prevé:

ARTICULO 234. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. Esta dividirá la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno.

Esta norma señala que la Corte Suprema será dividida por la ley en salas, las cuales conocerán de sus asuntos en forma 'separada', salvo que se determine que en algunas oportunidades se estudiarán materias por la Corporación en pleno. En ese orden de ideas, las atribuciones que el artículo 235 de la Carta le atribuye a la Corte, en particular la de actuar como tribunal de casación y la de juzgar a los funcionarios con fuero constitucional, deben entenderse que serán ejercidas en forma independiente por cada una de sus salas, en este caso, por la Sala de Casación Penal. De lo anterior se infieren, pues, varias conclusiones: en primer lugar, que cada sala de casación -penal, civil o laboral- actúa, dentro del ámbito de su competencia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria; en segundo lugar, que cada una de ellas es autónoma para la toma de las decisiones y, por lo mismo, no puede inferirse en momento alguno que la Constitución definió una jerarquización entre las salas; en tercer lugar, que el hecho de que la Carta Política hubiese facultado al legislador para señalar los asuntos que deba conocer la Corte en pleno, no significa que las salas de casación pierdan su competencia o que la Sala Plena sea superior jerárquico de alguna de ellas. En otras palabras, la redacción del artículo 234 constitucional lleva a la conclusión evidente de que bajo ningún aspecto puede señalarse que exista una jerarquía superior, ni dentro ni fuera, de lo que la misma Carta ha calificado como 'máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria'.

En igual sentido, esta Corporación comparte los argumentos expuestos por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando, a propósito del análisis de constitucionalidad del numeral que se revisa, y en particular respecto de los fundamentos para determinar como de única instancia los procesos de juzgamiento a funcionarios con fuero constitucional, señaló: 'De igual forma, si se acude al fundamento de la doble instancia como sistema concebido para disminuir los riesgos que consigo lleva la falibilidad humana, se aprecia que ésta es ineluctable, pero que precisamente se procura que la segunda instancia esté a cargo de un órgano más versado, docto y especializado en la ciencia específica, lo cual resulta francamente inconsecuente cuando la decisión de quienes han sido escogidos como expertos en la matera, pasa a ser revisada por funcionarios cuya versación y entrenamiento no son los mismos'.

Así las cosas, al suponerse que el recurso de apelación contra sentencias, medidas cautelares, providencias y autos interlocutorios que profiera un funcionario judicial, implica que un juez de mayor grado revisará esas decisiones, y al haberse establecido que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia no es superior jerárquico de la Sala Casación Penal, se hace entonces necesario declarar la inexequibilidad del numeral 6o del artículo 17.

Finalmente, debe la Corte agregar que no comparte los argumentos expuestos por los ciudadanos Carlos A. Moreno y Pedro Pablo Camargo respecto de la inconstitucionalidad de la denominada justicia regional. Al respecto, baste señalar que esta Corporación ya se ha referido en diversas oportunidades al tema y ha determinado, con pleno fundamento, que este tipo de justicia se ajusta a los preceptos contenidos en la Carta Política. De igual forma, debe reiterarse que el artículo 116 superior no señala taxativamente los órganos y las personas encargadas de administrar justicia. Por lo demás, no sobra agregar que los denominados Tribunales Nacionales sí se encuentran enunciados en el artículo fundamental citado, pues, para la Corte, este tipo de justicia hace parte de lo que la Constitución califica como 'jurisdicción ordinaria'. Al respecto, se ha señalado:

'A partir de la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991), hecho que tuvo ocurrencia el 1o. de julio de 1992, la antigua jurisdicción de orden público se integró a la jurisdicción ordinaria cambiando su denominación y es así como los jueces de orden público ahora se llaman jueces regionales y el Tribunal Nacional de orden público es el Tribunal Nacional.

'La facultad de atribuir competencia a las distintas autoridades judiciales para conocer de los asuntos que con fundamento en una determinada y preconcebida política criminal se les asigne, es tarea propia y exclusiva del legislador, que también puede ejercer válidamente el Presidente de la República durante los estados de excepción (...)'.

No obstante las razones expuestas, debe aclararse que el parágrafo transitorio del artículo 17 será declarado exequible, bajo la condición de que se respete el procedimiento fijado en la Carta Política para la elección de magistrados de tribunales. Por tanto, será necesaria la elaboración de la lista de candidatos por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (Art. 257-2 C.P.), y la correspondiente designación de los funcionarios por parte de la entidad competente, es decir, por la Corte Suprema de Justicia.'.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

- Artículo modificado por el artículo 11 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Inciso 1o. modificado por el artículo 5 del Decreto 2637 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004. INEXEQUIBLE

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- El Decreto 2637 de 2004 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-672-05  de 30 de junio de 2005, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

* En citerio del editor, en relación con la expresión 'listas elaboradas por la Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional de la Judicatura', con la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 al artículo 256 de la Constitución Política quedó derogada la facultad de los Consejos Seccionales de elaborar listas de candidatos. Esta facultar quedó únicamente en el Consejo Superior de la Judicatura.

- Numeral 1. modificado por el artículo 3 de la Ley 585 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.063 de 30 de junio de 2000

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE el aparte tachado del texto del proyecto de ley.

'Por otra parte, al igual que se señaló para el caso de la Corte Suprema de Justicia, estima la Corte que la fijación del período del presidente del tribunal superior (Numeral 2o), es asunto propio del reglamento interno de cada corporación y, por tanto, no debe ser objeto de regulación por parte de una ley estatutaria como la que se revisa'.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE el numeral 3o. del artículo 20 del mismo.

- Numeral 4. modificado por el artículo 3 de la Ley 585 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.063 de 30 de junio de 2000

 La expresión “la Sala Administrativa del Consejo Superior” sustituida por 'el Consejo Superior de la Judicatura' por el artículo 88 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 21 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Uno de los órganos que con mayor responsabilidad debe cumplir su deber de prestar una administración de justicia pronta, seria, diligente y eficaz es precisamente el juzgado. Por ello, esta Corporación encuentra ilustrativo el término 'célula básica de la organización judicial' que utiliza el proyecto de ley, para resaltar la importancia y la trascendencia de este tipo de instituciones. En esa medida, es al titular de ese despacho judicial -y a través de él a los demás funcionarios- a quien le corresponde velar por el debido funcionamiento de su dependencia, por el cumplimiento estricto de los términos procesales y, lo que es más importante, por el respeto permanente de los derechos fundamentales de los ciudadanos, a través de una cabal impartición de justicia.

Conviene agregar que para la Corte la expresión 'los asistentes que la especialidad demande', deberá interpretarse de conformidad con las reglas y determinaciones que sobre el particular adopte el Consejo Superior de la Judicatura (Art. 257 C.P.), pues de lo contrario se permitiría que cada juzgado libremente determinara su propia planta de personal, ocasionando graves transtornos logísticos y laborales y entrabando el funcionamiento mismo de la administración de justicia.

Con base en estas consideraciones, el artículo será declarado exequible.

- Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

- Inciso modificado por el artículo 6 del Decreto 2637 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004. INEXEQUIBLE

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Artículo modificado por la Ley 1285 de 2009, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández; Inciso 1o. declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE '... en el entendido de que estas atribuciones le corresponden exclusivamente al Consejo Superior de la Judicatura'.

- El Decreto 2637 de 2004 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-672-05  de 30 de junio de 2005, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE el inciso 2o. y CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el resto del artículo 23 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Sin entrar a analizar las características principales del sistema acusatorio mixto que opera en Colombia a partir de la Constitución de 1991, valga anotar que el inciso primero de la disposición bajo examen respeta en términos generales las atribuciones y facultades que el Capítulo 6o del Título VIII del Estatuto Fundamental le atribuye a la Fiscalía General de la Nación. Dentro de ese marco, se tiene que el artículo 250 permite a este ente investigar y acusar ante los jueces competentes a los presuntos infractores de la ley penal, como consecuencia de una denuncia, una querella o una gestión de oficio. Así, entonces, debe advertirse que la referencia que se hace en la norma bajo estudio a las peticiones que puedan elevar el procurador general de la Nación o el defensor del Pueblo, se enmarcan dentro de  la naturaleza de las atribuciones asignadas constitucionalmente a estos funcionarios (Arts. 277, 278 y 282 C.P.), pero en momento alguno implica que el fiscal esté obligado a atender favorablemente esos requerimientos, pues él conserva siempre y en todo momento la facultad autónoma para decidir si inicia o no una investigación y el rumbo jurídico que ella debe tomar. En iguales términos debe entenderse la obligación -no solo la facultad- de todo funcionario de rendir informes en los cuales se plantee la posible comisión de un delito, situación esta que, como se estableció, le corresponderá al señor fiscal definir.

El inciso segundo establece la posibilidad de que el fiscal general de la Nación pueda delegar algunas de las funciones contenidas en el artículo 251 superior, en particular aquellas de que tratan los numerales primero y segundo de esa disposición. En cuanto a la facultad de delegar la atribución de investigar y acusar a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones que establezca la Carta Política, esta Corte estableció, en jurisprudencia que hoy se reitera, lo siguiente:

'La Corte Constitucional debe apartarse de las consideraciones expuestas por el jefe del Ministerio Público, toda vez que para esta Corporación, las funciones consignadas en el artículo 251 citado -en particular la de investigar, calificar y acusar a los altos funcionarios del Estado que gocen de fuero constitucional-, revisten el carácter de indelegables y, por tanto, sólo el señor fiscal general de la Nación puede asumirlas y ejecutarlas (...)'.

Posteriormente, agrega:

'Por lo visto anteriormente, se puede concluir que el Constituyente quiso sustituir el término indelegable por el de especial, únicamente con el ánimo de unificar la terminología utilizada en el texto constitucional. En otras palabras, el espíritu del Constituyente no fue el de que las funciones que se encuentran en cabeza del señor fiscal general pudiesen ser delegadas en sus subalternos. Una simple lectura de los debates en la Asamblea Nacional Constituyente demuestra en forma evidente que el propósito fue justamente todo lo contrario: que las atribuciones contempladas en el artículo 251 fueran asumidas y ejecutadas exclusivamente por el fiscal general de la Nación.

'En segundo lugar, debe repararse que la Constitución distingue claramente las funciones de la Fiscalía General de la Nación de las del fiscal general de la Nación. Las primeras, contempladas en el artículo 250 superior, comprometen a todos los funcionarios de esa entidad, incluyendo al señor fiscal. En cambio, las segundas, señaladas en el artículo 251 citado, obligan únicamente al señor fiscal general de la Nación y no a sus subalternos. Esta diferenciación entre atribuciones del órgano y responsabilidades de un funcionario específico, es lo que permite que jurídicamente, en este caso, se puedan delegar las primeras y se tengan que asumir personal y directamente las segundas.

'Finalmente, la Corporación no puede ignorar la naturaleza de las funciones que el artículo 251 de la Carta le asigna al señor fiscal general de la Nación. El asunto bajo examen -la investigación y acusación de funcionarios con fuero constitucional-, por ejemplo, exige que dada la naturaleza de los hechos objeto del proceso penal, y de la inmensa responsabilidad política que se encuentra en juego debido a la alta investidura del agente estatal sindicado, las decisiones que se adopten provengan de la inmediata dirección, conocimiento y juicio del fiscal general. De igual forma, esta Corte no entiende cómo el señor fiscal, como supremo director de la Fiscalía General de la Nación, pueda delegar funciones tan importantes como la de participar en el diseño de la política general del Estado en materia criminal -lo que incluye la presentación de proyectos de ley- o la de nombrar y remover empleados bajo su dependencia, entre otras. Pretender lo contrario significaría, por una parte -conviene repetirlo-, que no hay un principio de razón suficiente para distinguir entre las funciones del fiscal y las de la Fiscalía; y, por la otra, que la estructura jerárquica de la institución carece de sentido jurídico, pues el nivel del cargo no respondería a la del grado de la responsabilidad. Ambas hipótesis desconocen el espíritu del Constituyente, el propósito de las tareas asignadas a la Fiscalía y al fiscal y el mismo principio de legalidad (Art. 121 C.P.), piedra angular del Estado social de derecho.

'Las anteriores consideraciones no obstan para que el señor fiscal general de la Nación pueda comisionar -que no delegar- en los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el ejercicio de algunas de las funciones contenidas en el artículo 251 de la Carta Política. Sin embargo, la decisión final y el compromiso jurídico y político que ella conlleve, debe el señor fiscal asumirlo siempre, y en todos los casos, en forma personal'.

Sentadas las anteriores premisas, baste advertir que las atribuciones en comento revisten el carácter de indelegables, sin perjuicio de que el señor fiscal pueda comisionar en cada caso o negocio concreto para el ejercicio de alguna de ellas, lo cual incluye la asistencia del comisionado a las audiencias. Por estas razones, y hecha esta aclaración, habrá de declararse la inexequibilidad de la expresión 'El Fiscal General de la Nación podrá delegar, bajo su responsabilidad, las funciones especiales de que trata el numeral primero del artículo 251 de la Constitución Política, en los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia', contenida en el  inciso segundo de la norma bajo examen.

El parágrafo, a su vez será declarado exequible, pues para esta Corporación resulta ajustado a la Carta que la ley pueda establecer los casos en que la Fiscalía no esté obligada a responder los alegatos y peticiones o a practicar las pruebas que soliciten las partes. Esta prohibición, naturalmente, hace referencia a las peticiones inocuas o presentadas fuera de contexto, con lo cual se procura dilatar el proceso y entrabar la administración de justicia, la cual, como se estableció, debe ser oportuna, cumplida y eficaz.

En conclusión, el artículo es exequible, salvo la expresión 'El Fiscal General de la Nación podrá delegar, bajo su responsabilidad, las funciones especiales de que trata el numeral primero del artículo 251 de la Constitución Política, en los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia', contenida en el inciso segundo que será declarada inexequible, bajo la condición expuesta.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE el artículo 24 del mismo..

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE el artículo 25 del mismo.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

- Además de lo establecido en este inciso para el Fiscal General de la Nación,  debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los incisos 5o. y 6o. adicionados al artículo 126 de la Constitución Política, por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2015, 'por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 2o. <Subrayas el editor> El artículo 126 de la Constitución Política quedará así:

'(...)

'Quien haya ejercido en propiedad alguno de los cargos en la siguiente lista, no podrá ser reelegido para el mismo. Tampoco podrá ser nominado para otro de estos cargos, ni ser elegido a un cargo de elección popular, sino un año después de haber cesado en el ejercido de sus funciones:

'<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados, Miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Registrador Nacional del Estado Civil.'  

- En cuanto a si el período del Fiscal es individual o institucional,  destaca el editor lo dispuesto por la Corte Constitucional, Sentencia C-166-14 de 19 de marzo de 2014, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva:

'(...) a través de lo decidido en la sentencia C-037/96, se determinó que toda regla legal que imponga al Fiscal General un periodo diferente al individual de cuatro años, vulnera la Constitución en la medida en que ese asunto ha sido definido por la Carta, a través de lo dispuesto en el artículo 249 C.P (...)

(...)

A este respecto, la Sala se opone a lo expresado por uno de los intervinientes, en el sentido que el análisis efectuado por la sentencia C-037/96 se circunscribe solo al caso del remplazo ante la falta absoluta del Fiscal General.  En contrario, de las consideraciones plasmadas en dicho fallo se advierte con claridad que la Sala Plena fijó una regla jurisprudencial amplia, según la cual se contraría el artículo 249 C.P. cuando el legislador prescribe una regla de derecho que asigna al Fiscal General un periodo diferente al individual de cuatro años.  En efecto, la Corte no realizó ninguna distinción en términos de definir cuándo era aplicable la obligatoriedad del periodo individual, ni tampoco circunscribió su decisión al escenario de las faltas absolutas. En contrario, partió de considerar que el periodo individual del Fiscal General era un asunto definido por la Constitución y por ende, está excluido del margen de configuración legislativa.

(...)

Incluso, cuando la reforma constitucional mencionada tuvo como objeto modificar un periodo particular de origen constitucional, previó enmiendas igualmente específicas, tendientes a fijar un régimen de transición frente a los funcionarios que ejercían el cargo al momento de adopción del Acto Legislativo analizado.  Así, frente al Registrador Nacional del Estado Civil y los miembros del Consejo Nacional Electoral,  la reforma modificó su periodo tornándolo en institucional y, a su vez, adicionó el artículo 266 C.P. con un parágrafo transitorio que expresamente señaló que los dignatarios actuales ejercerían su periodo hasta el año 2006, de modo que en la siguiente elección empezará a contarse dicho periodo conforme a la regla general de índole institucional.

Contrario sensu, si el Acto Legislativo hubiese tenido por objeto modificar el periodo del Fiscal General, tendría que haber planteado una regla de transición similar a la expuesta, con el fin de regular el tránsito normativo derivado de la enmienda.  La ausencia de dicha disposición confirma, a juicio de la Sala, que  el Acto Legislativo 1 de 2003 no tuvo por finalidad ni alterar la regla prevista en el artículo 249 C.P., ni tampoco modificar el alcance que de la misma previó la Corte en la sentencia C-037/96.'

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE el inciso 3 del artículo 29.

'(...) El hecho de que la Constitución, al señalar su período lo haya fijado sin condicionamiento alguno, es decir, lo haya previsto perentoriamente en cuatro (4) años, no da pie para que el legislador establezca, como lo hace el inciso tercero del artículo bajo examen, que si faltare en forma absoluta antes de terminar dicho período, el elegido en su reemplazo por la Corte Suprema de Justicia lo sea únicamente hasta terminar el período del anterior.

Por lo demás, no sobra advertir que el señalar un período fijo e individual para el ejercicio de las funciones por parte del señor fiscal general de la Nación, es un asunto de naturaleza institucional -más no personal- que guarda estrecha relación con el carácter de autonomía e independencia que la Carta Política le otorga para el buen desempeño de sus atribuciones y de la misma administración de justicia.

Con relación a lo anterior, debe puntualizarse que si bien el artículo 253 de la Carta delega en la ley la facultad de regular lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación y 'al ingreso por carrera y al retiro del servicio', esta atribución no es fundamento jurídico alguno para que el legislador pueda determinar la forma como se contabiliza el período del señor fiscal general, pues ella hace alusión al régimen de carrera -judicial o administrativa- de los demás funcionarios y empleados que no sean de libre nombramiento y remoción o de elección, y a la manera como pueden ser desvinculados de esa institución.

Por las anteriores razones, el inciso tercero del artículo 29 del proyecto será declarado inexequible. '

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 31 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'.

Expresa la Corte en la providencia:

'Esta disposición no merece reparo constitucional alguno, pues se aviene a los preceptos consagrados en el numeral 7o del artículo 150 constitucional, a través del cual al Congreso de la República se le confiere la responsabilidad de determinar la estructura de la administración nacional, en la que se incluye la creación de las entidades descentralizadas, dentro de las que se encuentran lo establecimientos públicos. En igual sentido, deberá advertirse que, de conformidad con el numeral 13 del artículo 189 superior, le corresponderá al presidente de la República o al señor ministro de Justicia nombrar al director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La norma, en estos términos, será declarada exequible.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE el artículo 32 del mismo.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

<*> Destaca el editor que el artículo original del artículo 14 de la Ley 2430 de 2024 (Proyecto de Ley) establecía:

'ARTÍCULO 34. INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno y estará integrado por treinta y tres (33) magistrados, elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas de diez (10) candidatos enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura, para cada vacante que se presente, elaboradas previa convocatoria pública adelantada de conformidad con lo previsto en esta Ley.

El Consejo de Estado ejerce sus funciones por medio de cuatro (4) Salas, integradas así: la Plena, por todos sus miembros; la de lo Contencioso Administrativo, por veintinueve (29) consejeros; la de Consulta y Servicio Civil, por los cuatro (4) consejeros restantes; y la sala de Gobierno, conformada por el Presidente y el Vicepresidente del Consejo de Estado y por los Presidentes de la Sala de Consulta y Servicio Civil y de las Secciones de las Salas de lo Contencioso Administrativo y las demás que determine la ley. (...)'

La declaratoria de inconstitucionalidad de los textos tachados dejó por fuera del texto el número de magistrados que integran el Consejo de Estado y el número de miembros de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Teniendo en cuenta que la inconstitucionalidad se dio por el aumento del número de magistrados sin contar con el estudio de impacto fiscal, debe entenderse que estos continúan sin cambio, es decir, que el Consejo de Estado estará integrado por  treinta y un (31) Magistrados y la Sala de lo Contencioso Administrativo por veintisiete (27) Magistrados.

- En criterio del editor para la interpretación del texto modificado por la Ley 1285 de 2009 debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 107. INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado por treinta y un (31) Magistrados.

Ejercerá sus funciones por medio de tres (3) salas, integradas así: la Plena, por todos sus miembros; la de lo Contencioso Administrativo, por veintisiete (27) Magistrados y la de Consulta y Servicio Civil, por los cuatro (4) Magistrados restantes.

Igualmente, tendrá una Sala de Gobierno, conformada por el Presidente y el Vicepresidente del Consejo de Estado y por los Presidentes de la Sala de Consulta y Servicio Civil y de las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.

La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno.'

El editor considera además importante destacar que el artículo 236 inciso 3o. de la Constitución Política, establece (subrayas ajenas al texto original): 'La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna'. A su vez el artículo 237 en sus numerales 1o. y 6o. establece: 'Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. // 6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley'.

En las anteriores transcripciones se observa que  cuando la Constitución faculta a la ley para señalar funciones o atribuciones al Consejo de Estado, no especifica cuál es el trámite que debe surtir dicha ley.

- Este artículo modifica tácitamente los artículo 89 y 93, inciso 1o. del Código Contencioso Administrativo.

- Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Artículo modificado por la Ley 1285 de 2009, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

- En criterio del editor para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 109 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 109. ATRIBUCIONES DE LA SALA PLENA. La Sala Plena del Consejo de Estado tendrá las siguientes atribuciones:

(...)

2. Elegir a los Magistrados que integran la Corporación. '

El editor considera además importante destacar que el artículo 236 inciso 3o. de la Constitución Política, establece (subrayas ajenas al texto original): 'La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna'. A su vez el artículo 237 en sus numerales 1o. y 6o. establece: 'Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. // 6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley'.

En las anteriores transcripciones se observa que  cuando la Constitución faculta a la ley para señalar funciones o atribuciones al Consejo de Estado, no especifica cuál es el trámite que debe surtir dicha ley.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE el aparte tachado del numeral 1 del texto del proyecto de ley.

- En criterio del editor para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los numeral 3 y 4 del artículo 109 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 109. ATRIBUCIONES DE LA SALA PLENA. La Sala Plena del Consejo de Estado tendrá las siguientes atribuciones:

(...)

3. Elegir al Secretario General.

4. Elegir los demás empleados de la corporación, con excepción de los de las salas, de las secciones y de los despachos, los cuales serán designados por cada una de aquellas o por los respectivos Magistrados. Esta atribución podrá delegarse en la Sala de Gobierno. '

El editor considera además importante destacar que el artículo 236 inciso 3o. de la Constitución Política, establece (subrayas ajenas al texto original): 'La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna'. A su vez el artículo 237 en sus numerales 1o. y 6o. establece: 'Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. // 6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley'.

En las anteriores transcripciones se observa que  cuando la Constitución faculta a la ley para señalar funciones o atribuciones al Consejo de Estado, no especifica cuál es el trámite que debe surtir dicha ley.

- En criterio del editor para la interpretación de este Artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 14 del Acto Legislativo 1 de 2003 (modificatorio del Artículo 264 de la Constitución Política), 'por el cual se adopta una Reforma Política Constitucional  y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 45.237 de 3 de julio de 2003.

Como puede observarse, la atribución de la Sala Plena de elegir a los Magistrados del Consejo Nacional Electoral fue trasladada al Congreso de la República en pleno.

El Artículo 14 mencionado en su versión original establece:

'ARTÍCULO 14. El artículo 264 de la Constitución Política quedará así:

'Artículo 264. El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro (4) años, mediante el Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y podrán ser reelegidos por una sola vez.

'...'

- Numeral derogado tácitamente por el artículo 22 del Acto Legislativo 2 de 2015, 'por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015, teniendo en cuenta que con la modificatoria introducida al artículo 267 de la Cornstitución política establece:

'Solo el Congreso puede admitir la renuncia que presente el Contralor y proveer las faltas absolutas y temporales del cargo.'

- Esta atribución se encuentra incluida, en idéntico sentido, en el artículo 109 -Atribuciones de la sala plena- de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'.

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este numeral, en consideración a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, mediante Sentencia C-537-19 de 13 de noviembre de 2019, Magistrada Ponente Dra. Diana Fajardo Rivera .

Destaca el editor:

'La Corte concluyó que, producto de la expedición del Acto Legislativo 02 de 2015, sobre las normas demandas se presentaba el fenómeno jurídico de la derogatoria tácita por inconstitucionalidad sobreviniente, pues estas resultaban manifiesta y abiertamente contrarias a lo dispuesto en el artículo 22 de dicho Acto Legislativo, el cual modificó el inciso 6 del artículo 267 de la Constitución Política. Además, se constató que las normas demandas no estaban produciendo ningún efecto jurídico. La Corte también advirtió que, entre el momento en que se presentó la demanda de inconstitucionalidad y el de la emisión de esta sentencia, se profirió el Acto Legislativo 04 de 2019, mediante el cual se modificó el referido artículo 267 en aspectos relevantes para la solución del presente caso, por lo que la Corte debía declarase inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo debido a la modificación del parámetro de control constitucional.'

- En criterio del editor para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral del artículo 109 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 109. ATRIBUCIONES DE LA SALA PLENA. La Sala Plena del Consejo de Estado tendrá las siguientes atribuciones:

(...)

7. Integrar las comisiones que deba designar para el buen funcionamiento de la Corporación. '

El editor considera además importante destacar que el artículo 236 inciso 3o. de la Constitución Política, establece (subrayas ajenas al texto original): 'La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna'. A su vez el artículo 237 en sus numerales 1o. y 6o. establece: 'Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. // 6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley'.

En las anteriores transcripciones se observa que  cuando la Constitución faculta a la ley para señalar funciones o atribuciones al Consejo de Estado, no especifica cuál es el trámite que debe surtir dicha ley.

- Esta atribución se encuentra incluida, en idéntico sentido, en el artículo 109 -Atribuciones de la sala plena- de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'.

- Esta atribución se encuentra incluida, en idéntico sentido, en el artículo 109 -Atribuciones de la sala plena- de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'.

- En criterio del editor para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 109 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 109. ATRIBUCIONES DE LA SALA PLENA. La Sala Plena del Consejo de Estado tendrá las siguientes atribuciones:

(...)

9. Elegir, de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia, para períodos de dos (2) años, al Auditor General de la República o a quien deba reemplazarlo en sus faltas temporales o absolutas, sin que en ningún caso pueda reelegirlo. '

El editor considera además importante destacar que el artículo 236 inciso 3o. de la Constitución Política, establece (subrayas ajenas al texto original): 'La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna'. A su vez el artículo 237 en sus numerales 1o. y 6o. establece: 'Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. // 6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley'.

En las anteriores transcripciones se observa que  cuando la Constitución faculta a la ley para señalar funciones o atribuciones al Consejo de Estado, no especifica cuál es el trámite que debe surtir dicha ley.

<*> Destaca el editor que el artículo original del artículo 15 de la Ley 2430 de 2024 (Proyecto de Ley) establecía:

'A. La Sección Primera, se dividirá en dos (2) Subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) magistrados.'

La declaratoria de inconstitucionalidad del los textos tachados dejó por fuera del texto el número de magistrados que integran la Sección Primera. Teniendo en cuenta que la inconstitucionalidad se dio por el aumento del número de magistrados sin contar con el estudio de impacto fiscal, debe entenderse que estos continúan sin cambio, es decir, que estará integrada por  un total de cuatro (4) magistrados.

- Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 110. La Sala de lo Contencioso Administrativo se dividirá en cinco (5) secciones, cada una de las cuales ejercerá separadamente las funciones que de conformidad con su especialidad y cantidad de trabajo le asigne la Sala Plena del Consejo de Estado, de acuerdo con la ley y el reglamento interno de la Corporación y estarán integradas de la siguiente manera:

La Sección Primera, por cuatro (4) Magistrados.

La Sección Segunda se dividirá en dos (2) subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) Magistrados.

La Sección Tercera se dividirá en tres (3) subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) Magistrados.

La Sección Cuarta, por cuatro (4) Magistrados, y

La Sección Quinta, por cuatro (4) Magistrados.

Sin perjuicio de las específicas competencias que atribuya la ley, el Reglamento de la Corporación determinará y asignará los asuntos y las materias cuyo conocimiento corresponda a cada sección y a las respectivas subsecciones.

PARÁGRAFO. Es atribución del Presidente del Consejo de Estado, resolver los conflictos de competencia entre las secciones de la Sala de lo Contencioso de la Corporación.'.

El editor considera además importante destacar que el artículo 236 inciso 3o. de la Constitución Política, establece (subrayas ajenas al texto original): 'La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna'. A su vez el artículo 237 en sus numerales 1o. y 6o. establece: 'Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. // 6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley'.

En las anteriores transcripciones se observa que  cuando la Constitución faculta a la ley para señalar funciones o atribuciones al Consejo de Estado, no especifica cuál es el trámite que debe surtir dicha ley.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Artículo modificado por la Ley 1285 de 2009, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE un aparte del inciso final y CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el resto del artículo 36 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'De acuerdo con el artículo 236 superior, a la ley le corresponde definir el número de magistrados que deben integrar las salas y secciones, así como su organización interna. Así, entonces, el permitir, como lo hace el inciso tercero, que se reagrupen las dos subsecciones en una sola sección, compromete las facultades propias del legislador, la cuales bajo ningún motivo pueden ser delegadas en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

Por lo demás, debe señalarse que la decisión del legislador de fijar un número par de magistrados para algunas secciones -la 1a., la 2a., la 4a., y la 5a.-, tampoco compromete los postulados de la Carta Política. Así, para la Corte, el mandato del legislador en el sentido de que el Consejo de Estado estará integrado por el número impar de magistrados que defina la ley (Art. 236 C.P.), contiene un principio que  debe predicarse de la Corporación en pleno y no de cada una de sus secciones. No obstante, conviene advertir que en caso de empate en una decisión que adopte alguna de las secciones integradas por un número par de consejeros, será la Sala Plena de lo contencioso administrativo la encargada de dirimir ese conflicto.

En lo que atañe a las funciones de cada sección -cuestionadas por algunos ciudadanos- debe la Corte establecer que ellas serán asignadas por la Sala Plena del Consejo de Estado, pero, como lo señala la norma, de conformidad con la ley y con la Constitución. En ese sentido, entonces, se respeta el inciso tercero del artículo 236 C.P., en la medida en que la decisión que se adopte no podrá ser en ningún caso autónoma; simplemente se trata de un aspecto organizativo de acuerdo con las prescripciones generales que determine la ley, como es el caso de los numerales 5o y 6o del artículo siguiente.

La norma, bajo este contexto, habrá de ser declarada exequible, salvo la expresión 'Con todo, la Sala Plena de la Corporación podrá, habida cuenta de las necesidades de trabajo y del servicio, reagrupar las dos subsecciones en una sola sección', contenida en el inciso tercero, que será declarada inexequible.'

- En criterio del editor, además de lo dispuesto en este inciso debe debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 273 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 273. PROCEDENCIA. La revisión eventual procederá, a petición de parte o del Ministerio Público, 'contra las sentencias o providencias que determinen la finalización o archivo de los procesos promovidos para la protección de los derechos e intereses colectivos y la reparación de daños causados a un grupo, proferidas por los Tribunales Administrativos, que no sean susceptibles del recurso de apelación ante el Consejo de Estado, en los siguientes casos:

1. Cuando la providencia objeto de la solicitud de revisión presente contradicciones o divergencias interpretativas, sobre el alcance de la ley aplicada entre tribunales.

2. Cuando la providencia objeto de la solicitud se oponga en los mismos términos a que se refiere el numeral anterior a una sentencia de unificación del Consejo de Estado o a jurisprudencia reiterada de esta Corporación.

Corte Constitucional

- Inciso 1o. declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, '... en el entendido de que es una competencia adicional y que en ningún caso impide interponer la acción de tutela contra la sentencia objeto de revisión, la decisión de no selección o la decisión que resuelva definitivamente la revisión'.

«[L]a facultad de revisión eventual, prevista en el inciso 1 del artículo 11 del proyecto, sólo puede hacerse como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y no como Corte de Casación. Desde esta perspectiva, si bien es válida la facultad de revisión para (i) la unificación de jurisprudencia, pues ello es propio de un Tribunal Supremo, no puede asignarse dicha función para (ii) asegurar la protección exclusiva de derechos constitucionales fundamentales, ni para (iii) ejercer control de legalidad, por cuanto estas son atribuciones propias de una Corte de Casación […], calidad que no ostenta el Consejo de Estado, más aún cuando las acciones populares y de grupo son acciones de clara naturaleza constitucional. Además, la redacción de la norma al referirse a la revisión para proteger derechos constitucionales “fundamentales”, sugiere la exclusión de otros derechos constitucionales que no tienen esa categoría (ius-fundamental), como los derechos e intereses colectivos que son justamente los que se protegen a través de las acciones populares. En consecuencia, la Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “asegurar la protección de derechos constitucionales fundamentales o ejercer el control de legalidad respecto de los fallos correspondientes”, del inciso 1 del artículo 11 del proyecto. Así mismo, deberá declarar inexequibles las expresiones “de oficio o” y “Al efectuar la revisión se decidirá sin las limitaciones propias de los recursos”, del inciso primero del artículo 11, por cuanto riñen con los postulados del debido proceso (art. 29 CP). En efecto, como la configuración de las acciones populares y de grupo parte de la base de que el trámite de recursos exige una suerte de legitimación por activa, es necesaria la intervención y solicitud directa de las partes. En esa medida, permitir que la revisión eventual opere de manera oficiosa y que el Consejo de Estado pueda decidir sin ningún tipo de limitación, implicaría transferir una facultad reservada a las partes, entre las que se encuentra el Ministerio Público como garante de los intereses colectivos y de la sociedad en general, resulta contrario al debido proceso y a los derechos de los sujetos involucrados.»

- En criterio del editor, para la interpretación de este inciso debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 274 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 274. COMPETENCIA Y TRÁMITE. De la revisión eventual conocerá la sección que el reglamento determine según su especialidad y para su trámite se observarán las siguientes reglas:

1. La petición deberá formularse dentro de los ocho (8) días siguientes al de la ejecutoria de la sentencia o providencia con la cual se ponga fin al respectivo proceso.

2. En la petición deberá hacerse una exposición razonada sobre las circunstancias que imponen la revisión, y acompañarse a la misma copia de las providencias relacionadas con la solicitud.

3. Los Tribunales Administrativos, dentro del término de ocho (8) días contados a partir de la radicación de la petición, deberán remitir, con destino a la correspondiente sección que el reglamento determine, el expediente, para que dentro del término máximo de tres (3) meses, a partir de su recibo, esta resuelva, mediante auto motivado, sobre la petición de revisión.

4. Cuando se decida no seleccionar una determinada providencia, cualquiera de las partes o el Ministerio Público podrá insistir en su petición, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de dicha decisión. La decisión de selección o no selección y la resolución de la insistencia serán motivadas.

5. La sentencia sobre las providencias seleccionadas para revisión será proferida, con el carácter de Sentencia de Unificación por la sección que el reglamento determine según su especialidad, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su selección.

6. Si prospera la revisión, total o parcialmente, se invalidará, en lo pertinente, la sentencia o el auto, y se dictará la providencia de reemplazo o se adoptarán las disposiciones que correspondan, según el caso. Si la sentencia impugnada se cumplió en forma total o parcial, la Sentencia de Unificación dejará sin efectos los actos procesales realizados y dispondrá que el juez inferior ejecute las órdenes sobre las restituciones y adopte las medidas a que haya lugar.

PARÁGRAFO. La presentación de la solicitud y el trámite de la revisión eventual, no suspende la ejecución de la providencia objeto del mismo.'.

Corte Constitucional

- Inciso 2o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

Corte Constitucional

- Parágrafo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, '... en el entendido de que se trata de una  competencia adicional del Consejo de Estado, de que la eventual revisión es contra sentencias o providencias que pongan fin a un proceso, proferidas por los tribunales administrativos, para unificar la jurisprudencia, y de que no impide la interposición de la acción de tutela'.

Corte Constitucional

- Parágrafo 2o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- Artículo adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

- En criterio del editor para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el parágrafo del artículo 110 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 110. INTEGRACIÓN DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (...).

PARÁGRAFO. Es atribución del Presidente del Consejo de Estado, resolver los conflictos de competencia entre las secciones de la Sala de lo Contencioso de la Corporación.'.

El editor considera además importante destacar que el artículo 236 inciso 3o. de la Constitución Política, establece (subrayas ajenas al texto original): 'La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna'. A su vez el artículo 237 en sus numerales 1o. y 6o. establece: 'Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. // 6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley'.

En las anteriores transcripciones se observa que  cuando la Constitución faculta a la ley para señalar funciones o atribuciones al Consejo de Estado, no especifica cuál es el trámite que debe surtir dicha ley.

- Numeral 1. modificado por el artículo 12 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

Corte Constitucional

- Numeral modificado por la Ley 1285 de 2009, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- Esta función se encuentra incluida, en idéntico sentido, en el artículo 111 -Funciones de la sala plena de lo contencioso administrativo- de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'.

- En criterio del editor para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral 2 de la artículo 111 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 111. FUNCIONES DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: .

(...)

2. Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia. '.

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998, que tambien trata sobre las funciones especiales de la Sala Plena de lo Contencioso administrativo, así:

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 33. Modifícase y adiciónase el artículo 97 del Código Contencioso Administrativo en los siguientes numerales:

4. Resolver los recursos Extraordinarios de revisión y de súplica incoados contra las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones y los demás que sean de su competencia.

(...)'

El artículo 164, parágrafo, de la Ley 446 de 1998 establece: 'PARAGRAFO. Mientras entran a operar los Juzgados Administrativos continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley'.

El editor considera además importante destacar que el artículo 236 inciso 3o. de la Constitución Política, establece (subrayas ajenas al texto original): 'La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna'. A su vez el artículo 237 en sus numerales 1o. y 6o. establece: 'Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. // 6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley'.

En las anteriores transcripciones se observa que  cuando la Constitución faculta a la ley para señalar funciones o atribuciones al Consejo de Estado, no especifica cuál es el trámite que debe surtir dicha ley.

3. Elnumeral 3 del  artículo 111 de la Ley 1437 de 2011 citado en la Nota 2 fue modificado por el artículo 18 de la Ley 2080 de 2021, 'por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción', publicada en el Diario Oficial No. 51.568 de 25 de enero de 2021, así

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 111. FUNCIONES DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: .

(...)

3. Dictar auto o sentencia de unificación en los asuntos indicados en el artículo 271 de este código.'.

2. En criterio del editor para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral 3. del artículo 111 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 111. FUNCIONES DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: .

(...)

3. Dictar sentencia, cuando asuma la competencia, en los asuntos que le remitan las secciones por su importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia. Esta competencia será asumida a petición de parte o a solicitud del Ministerio Público o de oficio cuando así lo decida la Sala Plena.'

1. En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998, que tambien trata sobre las funciones especiales de la Sala Plena de lo Contencioso administrativo, así:

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 33. Modifícase y adiciónase el artículo 97 del Código Contencioso Administrativo en los siguientes numerales:

(...)

5. Resolver los asuntos que le remitan las Secciones, por su importancia jurídica o trascendencia social si por estimar fundado el motivo resuelve asumir competencia.

A solicitud del Ministerio Público, o de oficio, las Secciones podrán remitir a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo aquellos asuntos que, encontrándose pendientes de fallo, por su importancia jurídica o trascendencia social ameriten ser decididos por ésta. La Sala Plena decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto.

Igualmente, la Sala Plena podrá asumir de oficio el conocimiento de asuntos que se estén tramitando por cualquiera de las Secciones y que se encuentren pendientes de fallo. '

El artículo 164, parágrafo, de la Ley 446 de 1998 establece: 'PARAGRAFO. Mientras entran a operar los Juzgados Administrativos continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley'.

El editor considera además importante destacar que el artículo 236 inciso 3o. de la Constitución Política, establece (subrayas ajenas al texto original): 'La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna'. A su vez el artículo 237 en sus numerales 1o. y 6o. establece: 'Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. // 6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley'.

En las anteriores transcripciones se observa que  cuando la Constitución faculta a la ley para señalar funciones o atribuciones al Consejo de Estado, no especifica cuál es el trámite que debe surtir dicha ley.

- En criterio del editor para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 111 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 111. FUNCIONES DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: .

(...)

3. Dictar sentencia, cuando asuma la competencia, en los asuntos que le remitan las secciones por su importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia. Esta competencia será asumida a petición de parte o a solicitud del Ministerio Público o de oficio cuando así lo decida la Sala Plena.'

El editor considera además importante destacar que el artículo 236 inciso 3o. de la Constitución Política, establece (subrayas ajenas al texto original): 'La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna'. A su vez el artículo 237 en sus numerales 1o. y 6o. establece: 'Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. // 6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley'.

En las anteriores transcripciones se observa que  cuando la Constitución faculta a la ley para señalar funciones o atribuciones al Consejo de Estado, no especifica cuál es el trámite que debe surtir dicha ley.

- En criterio del editor para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 111 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 111. FUNCIONES DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: .

(...)

6. Conocer de la pérdida de investidura de los congresistas, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley. '

- En criterio del editor para la interpretación de este numeral se debe tener en cuenta el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998., introdujo una modificación al arículo 97 de la Ley 270 de 1996, que tambien trata sobre las funciones especiales de la Sala Plena de lo Contencioso administrativo, así:

'ARTÍCULO 33. Modifícase y adiciónase el artículo 97 del Código Contencioso Administrativo en los siguientes numerales:

(...)

8. De las acciones sobre pérdida de investidura de los Congresistas, de conformidad con el procedimiento especial establecido en la ley. '

El artículo 164, parágrafo, de la Ley 446 de 1998 establece: 'PARAGRAFO. Mientras entran a operar los Juzgados Administrativos continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley'.

- En criterio del editor para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 111 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 111. FUNCIONES DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: .

(...)

7. Conocer del recurso extraordinario especial de revisión de las sentencias de pérdida de investidura de los congresistas. En estos casos, los Magistrados del Consejo de Estado que participaron en la decisión impugnada no serán recusables ni podrán declararse impedidos por ese solo hecho. '

El editor considera además importante destacar que el artículo 236 inciso 3o. de la Constitución Política, establece (subrayas ajenas al texto original): 'La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna'. A su vez el artículo 237 en sus numerales 1o. y 6o. establece: 'Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. // 6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley'.

En las anteriores transcripciones se observa que  cuando la Constitución faculta a la ley para señalar funciones o atribuciones al Consejo de Estado, no especifica cuál es el trámite que debe surtir dicha ley.

- En criterio del editor para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 111 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 111. FUNCIONES DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: .

(...)

5. Conocer de la nulidad por inconstitucionalidad que se promueva contra los decretos cuyo control no corresponda a la Corte Constitucional.'

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998, que tambien trata sobre las funciones especiales de la Sala Plena de lo Contencioso administrativo, así:

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 33. Modifícase y adiciónase el artículo 97 del Código Contencioso Administrativo en los siguientes numerales:

(...)

7. De las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que se promuevan contra los Decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, que no correspondan a la Corte Constitucional, cuya inconformidad con el ordenamiento jurídico se establezca mediante confrontación directa con la Constitución Política y que no obedezca a función propiamente administrativa.

La acción podrá ejercitarse por cualquier ciudadano y se tramitará con sujeción al procedimiento ordinario previsto en los artículos 206 y siguientes de este Código, salvo en lo que se refiere al período probatorio que, si fuere necesario, tendrá un término máximo de diez (10) días.

En estos procesos la sustanciación y ponencia corresponderá a uno de los Consejeros de la Sección respectiva según la materia y el fallo a la Sala Plena.

Contra los autos proferidos por el ponente sólo procederá el recurso de reposición. Los que resuelvan la petición de suspensión provisional, los que decreten inadmisión de la demanda, los que pongan fin al proceso y los que decreten nulidades procesales, serán proferidos por la Sección y contra ellos solamente procederá el recurso de reposición.

El ponente registrará el proyecto de fallo dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de entrada a despacho para sentencia. La Sala Plena deberá adoptar el fallo dentro de los veinte (20) días siguientes, salvo que existan otros asuntos que gocen de prelación constitucional.

Las acciones de nulidad de los demás Decretos del orden nacional, dictados por el Gobierno Nacional, se tramitarán y decidirán por las Secciones respectivas, conforme a las reglas generales de este Código y el reglamento de la Corporación.

8. De las acciones sobre pérdida de investidura de los Congresistas, de conformidad con el procedimiento especial establecido en la ley.

9. De los de definición de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de éstas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un sólo Tribunal Administrativo.

10. Del recurso extraordinario de revisión en los casos de pérdida de investidura de los Congresistas. En estos casos, los Consejeros que participaron en la decisión impugnada no serán recusables ni podrán declararse impedidos por ese solo hecho.'.

El artículo 164, parágrafo, de la Ley 446 de 1998 establece: 'PARAGRAFO. Mientras entran a operar los Juzgados Administrativos continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley'.

El editor considera además importante destacar que el artículo 236 inciso 3o. de la Constitución Política, establece (subrayas ajenas al texto original): 'La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna'. A su vez el artículo 237 en sus numerales 1o. y 6o. establece: 'Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. // 6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley'.

En las anteriores transcripciones se observa que  cuando la Constitución faculta a la ley para señalar funciones o atribuciones al Consejo de Estado, no especifica cuál es el trámite que debe surtir dicha ley.

Corte Constitucional:

 - Mediante Sentencia C-1290-01 de 5 de diciembre de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional  declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-560-99. Mediante la misma Sentencia se declararon EXEQUIBLES los apartes subrayados y en itálica.

- Aparte subrayado del texto correspondiente al artículo 33 Numeral 7 de la Ley 446 de 1998 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-560-99 de 4 de agosto de 1999, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz.

- En criterio del editor para la interpretación de este parágrafo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el  artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 39. CONFLICTOS DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En los dos eventos descritos se observará el siguiente procedimiento: recibida la actuación en Secretaría se comunicará por el medio más eficaz a las autoridades involucradas y a los particulares interesados y se fijará un edicto por el término de cinco (5) días, plazo en el que estas podrán presentar alegatos o consideraciones. Vencido el anterior término, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado o el tribunal, según el caso, decidirá dentro de los veinte (20) días siguientes. Contra esta decisión no procederá recurso alguno.

Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán.'.

El editor considera además importante destacar que el artículo 236 inciso 3o. de la Constitución Política, establece (subrayas ajenas al texto original): 'La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna'. A su vez el artículo 237 en sus numerales 1o. y 6o. establece: 'Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. // 6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley'.

En las anteriores transcripciones se observa que  cuando la Constitución faculta a la ley para señalar funciones o atribuciones al Consejo de Estado, no especifica cuál es el trámite que debe surtir dicha ley.

- Parágrafo adicionado por el artículo 12 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

Corte Constitucional

- Parágrafo adicionado por la Ley 1285 de 2009, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLES unos apartes de los numerales 7 y  8  y del inciso final, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el resto del artículo 37 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Para esta Corporación, las atribuciones contempladas en los numerales 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o y 9o del artículo bajo examen, se ajustan a los parámetros definidos en el artículo 237 de la Carta Política. En efecto, por el carácter mismo de ser el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, al Consejo de Estado, y en particular a su Sala Plena, el legislador le puede confiar diversas responsabilidades que concuerden con ese carácter y con el deber de adoptar decisiones definitivas dentro del ámbito de su competencia. En este marco, por ejemplo, se encuentran la resolución de los conflictos de competencia y de los recursos extraordinarios, así como el conocimiento de asuntos especiales, de los procesos que no se hubiesen asignado a las secciones y de los que se le remitan para cambiar o reformar la jurisprudencia. En ese mismo orden de ideas, inclusive, la decisión de la Sala Plena de asumir directamente la competencia de materias de particular importancia social o jurídica (Num. 5o), se somete a los lineamientos expuestos.

Ahora bien, en cuanto a la regulación de aspectos pertenecientes al proceso de pérdida de la investidura de que trata el numeral 7o, la Corte no estima necesario reiterar las consideraciones expuestas al analizar el artículo 16 del presente proyecto del ley, en las cuales se estableció que la definición de este tipo de asuntos le correspondería, como lo señala la disposición que se revisa, a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Con todo, debe señalarse que tanto el requisito de ser aprobadas las sentencias por las dos terceras partes de los miembros de la Corporación, como el de señalar que las causales de pérdida de la investidura serán únicamente las que trata el artículo 183 superior, transgreden las disposiciones y el espíritu mismo de la Carta Política. En cuanto a la primera situación, debe decirse que el Estatuto Superior consagra, como principio general que debe inspirar la labor reguladora del legislador, el que las decisiones de las corporaciones públicas sean adoptadas por mayoría simple, salvo que se trate de casos especiales como los que consagra en forma taxativa la Constitución. Pero, como si lo anterior no fuese suficiente, para la Corte la decisión de establecer un quórum especial vulnera la autonomía de que goza el Consejo de Estado para determinar la forma, el procedimiento y los requisitos necesarios para tomar en el seno de sus salas las decisiones de su competencia. Resulta forzoso, en consecuencia, declarar la inexequibilidad de la expresión 'las dos terceras partes de', contenida en el numeral que se revisa.

Respecto de la decisión de consagrar como motivos de pérdida de la investidura, únicamente las que dispone el artículo 183 constitucional, debe la Corte advertir -al igual que lo hacen los ciudadanos intervinientes- que esa limitación excluye la causal prevista en el artículo 110 superior, que prevé:

ARTICULO 110. Se prohibe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura.

Así las cosas, al declararse -como se hará- la inexequibilidad de la expresión 'el artículo 183 de' contenida en el artículo que se estudia, resultan aplicables al proceso de pérdida de la investidura todas las causales que se señalan en la Constitución, incluyendo entonces la que se refiere a la contribución a partidos económicos por parte de quienes desempeñen funciones públicas, en este caso, los miembros del Congreso de la República.

Respecto del numeral 8o, son igualmente aplicables las argumentaciones expuestas a propósito de la revisión del numeral 6o del artículo 17 del presente proyecto de ley. En efecto, el artículo 236 de la Carta establece que el 'Consejo de Estado se dividirá en salas y secciones para separar las funciones jurisdiccionales de las demás que le asignen la Constitución y la ley'. En virtud de lo anterior,  debe señalarse que el artículo 237 constitucional prevé algunas funciones que dicha corporación habrá de desempeñar en su calidad de supremo tribunal de lo contencioso administrativo, las cuales se realizan, por regla general y debido a razones de división funcional, a través de las secciones -como la de Asuntos Electorales- que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo. Significa lo expuesto que cada sección, dentro de los asuntos de su competencia, actúa como máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa y, al ser autónoma para la toma de sus decisiones, debe necesariamente excluirse la posibilidad de interponer recursos de suyo relacionados con el orden jerárquico -como el de apelación contemplado en la norma bajo examen-, ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. En otras palabras, el hecho de que la Carta Política hubiese facultado al legislador para determinar las materias de que deba conocer el Consejo de Estado, en particular la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, no significa que las salas o las secciones pierdan su competencia o que la Sala Plena sea superior de alguna de ellas. Así, pues, deberá declararse la inexequibilidad de la expresión 'de apelación', contenida en el numeral en comento, sin que ello signifique  -conviene aclararlo- restringir la posibilidad de que el legislador establezca la procedencia de otros recursos como el de súplica.

Finalmente, para esta Corte la remisión que se hace en el último inciso en el sentido de que el reglamento del Consejo de Estado puede fijar las funciones que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo habrá de desempeñar, resulta inconstitucional, pues se trata de una atribución que le corresponde determinar en forma exclusiva a la Constitución y a la ley, según lo dispone el numeral 6o del artículo 237 del Estatuto Superior.

En conclusión, el presente artículo se declarará exequible, salvo las expresiones 'las dos terceras partes de' y 'el artículo 183 de', contenidas en el numeral 7o; la expresión 'de apelación' de que trata el numeral 8o; y la expresión 'y el reglamento', prevista en el último inciso de la norma que se revisa.

En criterio del editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta que el Código Contencioso Administrativo en su artículo 97, establecia funciones a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

- En criterio del editor para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el numeral del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 112. INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DE LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL.

(...)

1. Absolver las consultas generales o particulares que le formule el Gobierno Nacional, a través de sus Ministros y Directores de Departamento Administrativo. '

El editor considera además importante destacar que el artículo 236 inciso 3o. de la Constitución Política, establece (subrayas ajenas al texto original): 'La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna'. A su vez el artículo 237 en sus numerales 1o. y 6o. establece: 'Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. // 6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley'.

En las anteriores transcripciones se observa que  cuando la Constitución faculta a la ley para señalar funciones o atribuciones al Consejo de Estado, no especifica cuál es el trámite que debe surtir dicha ley.

- En criterio del editor para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 112. INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DE LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL.

(...)

2. Revisar o preparar a petición del Gobierno Nacional proyectos de ley y de códigos. El proyecto se entregará al Gobierno por conducto del Ministro o Director del Departamento Administrativo correspondiente, para su presentación a la consideración del Congreso de la República. '

El editor considera además importante destacar que el artículo 236 inciso 3o. de la Constitución Política, establece (subrayas ajenas al texto original): 'La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna'. A su vez el artículo 237 en sus numerales 1o. y 6o. establece: 'Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. // 6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley'.

En las anteriores transcripciones se observa que  cuando la Constitución faculta a la ley para señalar funciones o atribuciones al Consejo de Estado, no especifica cuál es el trámite que debe surtir dicha ley.

- En criterio del editor para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 112. INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DE LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL.

(...)

6. Conceptuar sobre los contratos que se proyecte celebrar con empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos para efectuar el control fiscal de la gestión administrativa nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 267 de la Constitución Política.'

El editor considera además importante destacar que el artículo 236 inciso 3o. de la Constitución Política, establece (subrayas ajenas al texto original): 'La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna'. A su vez el artículo 237 en sus numerales 1o. y 6o. establece: 'Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. // 6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley'.

En las anteriores transcripciones se observa que  cuando la Constitución faculta a la ley para señalar funciones o atribuciones al Consejo de Estado, no especifica cuál es el trámite que debe surtir dicha ley.

- En criterio del editor para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 112. INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DE LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL.

(...)

8. Verificar, de conformidad con el Código Electoral, si cada candidato a la Presidencia de la República reúne o no los requisitos constitucionales y expedir la correspondiente certificación. '

El editor considera además importante destacar que el artículo 236 inciso 3o. de la Constitución Política, establece (subrayas ajenas al texto original): 'La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna'. A su vez el artículo 237 en sus numerales 1o. y 6o. establece: 'Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. // 6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley'.

En las anteriores transcripciones se observa que  cuando la Constitución faculta a la ley para señalar funciones o atribuciones al Consejo de Estado, no especifica cuál es el trámite que debe surtir dicha ley.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQIBLES unos apartes de los numerales 1 y 6, y CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el resto del artículo 38 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'De conformidad con el artículo 237-3, el Consejo de Estado se desempeña también como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de la administración. Para estos efectos, el legislador creó la Sala de Consulta y Servicio Civil cuyas funciones fueron y pueden ser determinadas por la ley, según lo permite el numeral 6o del mismo artículo 237.

Dentro de este orden de ideas, encuentra la Corte que el numeral 1o del artículo bajo análisis establece la posibilidad de que la citada sala absuelva las consultas jurídicas de carácter constitucional o administrativo que le formule el gobierno por intermedio de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Se trata de una facultad que, en principio concuerda con el artículo constitucional citado. Sin embargo, debe anotarse que el señalar que dichas consultas será únicamente de carácter constitucional o administrativo, se torna en una limitación inconstitucional, no prevista en el artículo 237-3 superior, la cual impide que se solicite el concepto de esa Corporación sobre otro tipo de materias -por ejemplo, penal, civil, laboral, agrario, ambiental- en aquellos casos en que se requiera a propósito de los asuntos de la administración. Se declarará, entonces, la inexequibilidad de la expresión 'de carácter constitucional y administrativo'.

En iguales términos, para la Corte la intermediación de la Secretaría Jurídica de la Presidencia constituye una restricción inaceptable dentro del sentido y el objetivo de la referida norma constitucional, toda vez que si la dependencia en comento decide cuáles consultas deben remitirse a la Sala del Consejo de Estado y cuáles no, entonces el numeral 3o encontraría una traba que resulta inconstitucional e injustificada en su aplicación. Por ello, esta Corporación estima que cualquier funcionario del Gobierno nacional puede elevar las referidas consultas, aunque debe aclararse que el término 'gobierno nacional' debe entenderse dentro del marco definido por el inciso segundo del artículo 115 constitucional; es decir, que el Gobierno nacional lo constituyen el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de los departamentos administrativos. Obviamente, se entiende que el señor presidente de la República no debe ejercer personalmente la atribución en comento, pues ella puede ser desarrollada, como lo permiten los artículos 208 y 237 superiores, por los ministros o los directores de departamentos administrativos. Por tanto, se declarará al inexequibilidad de la expresión 'por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República'.

En cuanto a la labor de preparar proyectos de ley y de códigos, estipulada en el numeral 2o, responde a una atribución que ha estado en cabeza de la Sala de Consulta y Servicio Civil desde el momento mismo de su creación, la cual se limita a la simple preparación del proyecto de ley pero no a su presentación ante el Congreso de la República, pues ello recaerá en el Gobierno nacional. Igualmente, debe puntualizarse que esta es una tarea que no se relaciona ni atenta contra la posibilidad de que el Consejo de Estado prepare y presente proyectos de ley sobre los asuntos de su competencia (Arts. 156 y 237-4 C.P.), ni con la atribución del Consejo Superior de la Judicatura de proponer proyectos de ley y códigos relativos a la administración de justicia (Art. 257-4 C.P.).

Respecto del numeral 3o, su constitucionalidad dependerá de que la ley establezca los casos que allí se determinan, no obstante que la legislación vigente no contempla dichas situaciones.

Por su parte, el numeral 4o es ajustado a la Carta Política, sin perjuicio de la atribución propia de la Contraloría General de la República prevista en el inciso segundo del artículo 267 superior.

En lo que atañe, al numeral 5o, la Corte considera que el legislador está plenamente facultado para determinarla y que ella no vulnera los postulados del Estatuto Fundamental.

Finalmente, al igual que en el caso de la norma anterior, la Corte estima que el propósito esencial de un reglamento, según los parámetros planteados en esta providencia, es el de ocuparse de asuntos de naturaleza administrativa y funcional que habrán de guiar el funcionamiento de una corporación judicial, sin que ello signifique abrogarse la atribución de contemplar en él asuntos del resorte exclusivo de la Constitución y la ley.

El artículo, bajo estas condiciones será declarado exequible, con excepción de las frases 'de carácter constitucional y administrativo', 'por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República' (Num. 1o.) e 'y el reglamento' (Num. 6o.).

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

- Artículo modificado por el artículo 16 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Este artículo fue incluido, en idéntico sentido -salvo los parágrafos transitorios, en el artículo 122 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

- La expresión “la Sala Administrativa del Consejo Superior” sustituida por 'el Consejo Superior de la Judicatura' por el artículo 88 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE el numeral 5 artículo 41 del mismo.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE el numeral 6 artículo 41 del mismo.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo, salvo el inciso 2o. del numeral 2, los numerales 5o y 6o y la expresión 'o el reglamento' del numeral 7o., que declaró INEXEQUIBLES.

- Este artículo fue incluido, en idéntico sentido, como artículo 123  de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'.

- Artículo modificado por el artículo 17 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Este artículo fue incluido, en idéntico sentido, como artículo 124  de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 42 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Esta norma no merece objeción alguna. Con todo, debe advertirse que a pesar de que la Carta Política -contrario a lo que preveía la Constitución de 1886-, en la parte de la jurisdicción contencioso administrativa sólo se refiere al Consejo de Estado, ello no obsta para que esta Corte considere que, a partir de una interpretación integral de los artículos 116 y 237 del Estatuto Fundamental, resulte constitucionalmente posible el que el legislador establezca, además de los tribunales administrativos, este tipo de despachos judiciales.

El artículo, en consecuencia, será declarado exequible, no sin antes advertir que, en adelante, la creación de nuevos tipos, clases o categorías de juzgados o tribunales, requiere de la expedición de la correspondiente ley estatutaria en los términos de los artículos 152 y 153 de la Carta Política.

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.

En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida.

Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de conciliación.

(...) '

- Artículo adicionado por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

Corte Constitucional

- Artículo adicionado por la Ley 1285 de 2009, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE el último inciso.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE el aparte tachado del texto del proyecto de ley.

'Como puede apreciarse, los argumentos transcritos resultan concluyentes. A partir de ellos, se torna forzoso concluir -y reiterar- que sólo la Corte Constitucional puede definir los efectos de sus sentencias. La prevalencia del principio de separación funcional de las ramas del poder público (Art. 113 y s.s.), el silencio que guardó la Carta Política para señalar los alcances de las providencias dictadas por los altos tribunales del Estado, la labor trascendental que cumple esta Corporación en el sentido de guardar la supremacía y la integridad de la Carta, y los efectos de 'cosa juzgada constitucional' y erga-omnes que tienen sus pronunciamientos (Arts. 243 C.P. y 21 del Decreto 2067 de 1991), son suficientes para inferir que el legislador estatutario no podía delimitar ni establecer reglas en torno a las sentencias que en desarrollo de su labor suprema de control de constitucionalidad ejerce esta Corte. '

- Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de Unifiación, Expediente No. 25000-23-26-000-2003-00206-01(29352)(IJ) de 21 de marzo de 2018, C.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 46 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'.

Expresa la Corte en la providencia:

'A través de la norma bajo examen se busca que la Corte, en caso de encontrar que un determinado canon constitucional ha sido violado por una norma legal, o que, por el contrario, él sirve para declarar su exequibilidad, entonces pueda fundarse la sentencia en ese precepto, así este no haya sido invocado por el demandante. Lo anterior no significa, y en esos términos lo entiende la Corporación, que en todos los casos la Corte deba realizar un análisis de la totalidad del texto de la Carta frente a la disposición legal que se estudia, pues -se reitera- lo que se busca es la posibilidad de invocar argumentos adicionales sustentados en otras normas fundamentales que servirán para adoptar una mejor decisión. Por lo demás, no sobra recordar que el principio consagrado en la norma que se revisa, está previsto en el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, el cual ya ha sido objeto de estudio y pronunciamiento favorable por parte de esta Corporación.

Sentadas las anteriores consideraciones, deberá puntualizarse que la exequibilidad de la norma bajo examen se entiende sin perjuicio de la llamada cosa juzgada relativa, la cual puede ser advertida por la Corte Constitucional, habida cuenta que sólo a ella le compete definir los efectos de sus fallos. Sobre estos asuntos, ha señalado esta Corporación:

'Observa la Corte que, cuando ante ella se demandan normas que venían rigiendo al entrar en vigencia la nueva Constitución y la demanda recae sobre el contenido material de dichas normas, la Corporación debe adelantar el correspondiente estudio de constitucionalidad, aunque por sentencia anterior se hubiera declarado la constitucionalidad de los preceptos acusados, pues en tales casos la cosa juzgada se daba frente a la Carta Política derogada, pero no tiene valor respecto de la nueva. Cosa distinta es que la sentencia hubiera declarado la inexequibilidad, ya que en tal evento, las disposiciones objeto de ella habrían salido del ordenamiento jurídico, de modo que no estaban vigentes cuando principió a regir la nueva Constitución.'

En otra oportunidad, a propósito de una demandada de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 73 de 1993, la Corte señaló:

'La Corte considera que en este caso se impone la segunda opción, por cuanto no corresponde a esta Corporación efectuar una revisión oficiosa de las leyes ordinarias, sino un control de aquellas normas que han sido expresamente demandadas por un ciudadano. Y presentar en debida forma una demanda implica no sólo transcribir la norma legal acusada sino también que el actor formule las razones por las cuales dichos textos se estiman violados. En este caso, el actor presentó argumentos globales contra la Ley 73 de 1993 -por lo cual era legitimo admitir la demanda contra toda la ley- pero no expresó cargos específicos contra los artículos 4º, 5º, 6º, 7º inciso primero, 8º, 10º, 11º, 12º. 13º y 14º de la Ley 73 de 1993. Esta Corporación ha considerado que cuando existe un ataque general contra una ley pero no ataques individualizados contra todos los artículos de la misma, la vía procedente es limitar el alcance de la cosa juzgada constitucional,  en caso de que la acusación global no prospere. En tales eventos, lo procedente es declarar constitucionales los artículos contra los cuales no hay acusación  específica, pero precisando que la cosa juzgada es relativa, por cuanto sólo opera por los motivos analizados en la sentencia. Esto sucede en este caso, por lo cual, frente a tales artículos, la Corte limitará el alcance de la cosa juzgada constitucional; ellos serán declarados exequibles, pero únicamente por las razones expresamente estudiadas en esta sentencia'.

Con base en lo expuesto la disposición será declarada exequible, pero bajo el entendido de que mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 47 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

Este artículo no merece reparo de constitucionalidad alguno. Incluso, puede decirse que obedece a la tarea pedagógica que le asiste a esta Corporación, en concordancia con el artículo 41 superior, pues la labor de divulgación de la Carta Política debe igualmente incluir los pronunciamientos de la Corte Constitucional encaminados a interpretar sus disposiciones y a fijar el alcance de sus cláusulas. Con todo, cabe advertir que esta norma debe concordarse con el artículo 198 de la presente ley, el cual faculta a la Imprenta Nacional para dar en concesión la publicación oficial de la jurisprudencia, sentencias y demás providencias de los despachos judiciales, como sería, en este caso, la de la Corte Constitucional.

Por lo demás, entiende esta Corporación que la obligación de contar con un sistema de consulta sistematizada de la jurisprudencia, dependerá del oportuno suministro de los recursos financieros y técnicos por parte de las autoridades competentes. Asimismo, conviene puntualizar que será el reglamento interno de la Corte el que señale la forma en que se facilitará el acceso de las personas al referido sistema de consulta.

El artículo, bajo estas condiciones, será declarado exequible.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE unos apartes del numeral 1o. y CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el resto del artículo 48 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'La jurisprudencia -como se verá más adelante- ha sido clara en definir que la labor de la Corte Constitucional, encaminada a guardar la supremacía y la integridad de la Carta (Art. 241 C.P.), hace que ella sea la responsable de interpretar con autoridad y de definir los alcances de los preceptos contenidos en la Ley Fundamental. En ese orden de ideas, resulta abiertamente inconstitucional el pretender, como lo hace la norma que se estudia, que sólo el Congreso de la República interpreta por vía de autoridad. Ello es válido, y así lo define el artículo 150-1 de la Carta, únicamente en lo que se relaciona con la ley, pero no en lo que atañe al texto constitucional. Por lo demás, no sobra agregar que la expresión 'Sólo la interpretación que por vía de autoridad hace el Congreso de la República tiene carácter obligatorio general', contradice, en este caso, lo dispuesto en el artículo 158 superior, pues se trata de un asunto que no se relaciona con el tema de la presente ley estatutaria, es decir, con la administración de justicia.

La razones expuestas llevarán a la Corte a declarar la inexequibilidad de las expresiones 'Sólo' y 'el Congreso de la República', bajo el entendido de que, como se ha expuesto, la interpretación que por vía de autoridad hace la Corte Constitucional, tiene carácter obligatorio general.

Respecto del segundo punto, esto es, de los efectos de los fallos y de la doctrina constitucional, la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional se ha ocupado de estos temas. Esta Corporación ha explicado:

'En el artículo 243 de la Carta se consagra la denominada 'cosa juzgada constitucional', en virtud de la cual las sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional presentan las siguientes características:

'- Tienen efecto erga omnes y no simplemente inter partes.

'- Por regla general obligan para todos los casos futuros y no sólo para el caso concreto.

'- Como todas las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, no se puede juzgar nuevamente por los mismos motivos sino que el fallo tiene certeza y seguridad jurídica. Sin embargo, a diferencia del resto de los fallos, la cosa juzgada constitucional tiene expreso y directo fundamento constitucional -art. 243 CP-.

'- Las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o materiales, tanto de exequibilidad como de inexequibilidad, tienen una característica especial: no pueden ser nuevamente objeto de controversia. Ello porque la Corte debe confrontar de oficio la norma acusada con toda la Constitución, de conformidad con el artículo 241 superior, el cual le asigna la función de velar por la guarda de la integridad y supremacía de la Carta. Mientras que los fallos por ejemplo del contencioso administrativo que no anulen una norma la dejan vigente pero ella puede ser objeto de futuras nuevas acciones por otros motivos, porque el juez administrativo sólo examina la norma acusada a la luz de los textos invocados en la demanda, sin que le esté dado examinar de oficio otras posibles violaciones, de conformidad con el artículo 175 del código contencioso administrativo (cosa juzgada con la causa petendi).

'- Todos los operadores jurídicos de la República quedan obligados por el efecto de la cosa juzgada material de las sentencias de la Corte Constitucional'.

En cuanto a la pregunta acerca de qué parte de las sentencias de la  Corte hacen tránsito a cosa juzgada, la misma jurisprudencia señala:

'2. ¿Hace tránsito a la cosa juzgada toda la sentencia de la Corte Constitucional o solamente una parte de ella?

'La Corte responde este nuevo interrogante en el sentido de afirmar que únicamente una parte de sus sentencias posee el carácter de cosa juzgada.

'3. ¿Que parte de las sentencias de constitucionalidad tiene la fuerza de la cosa juzgada?

'La respuesta es doble: poseen tal carácter algunos apartes de las sentencias en forma explícita y otros en forma implícita.

'Primero, goza de cosa juzgada explícita la parte resolutiva de las sentencias, por expresa disposición del artículo 243 de la Constitución.

'Segundo, goza de cosa juzgada implícita los conceptos de la parte motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma que no se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos.

'En efecto, la parte motiva de una sentencia de constitucionalidad tiene en principio el valor que la Constitución le asigna a la doctrina en el inciso segundo del artículo 230: criterio auxiliar -no obligatorio-, esto es, ella se considera obiter dicta.

'Distinta suerte corren los fundamentos contenidos en las sentencias de la Corte Constitucional que guarden relación directa con la parte resolutiva, así como los que la Corporación misma indique, pues tales argumentos, en la medida en que tengan un nexo causal con la parte resolutiva, son también obligatorios y, en esas condiciones, deben ser observados por las autoridades y corrigen la jurisprudencia.

Dentro de estos mismos parámetros, la Corte ha dispuesto acerca de la llamada doctrina constitucional:

'b. La doctrina constitucional. Las normas de la Constitución política, y ésta no es una característica privativa de ellas, tienen una vocación irrevocable hacia la individualización, tal como lo ha subrayado Kelsen al tratar del ordenamiento jurídico. De ordinario pasan por una fase previa consistente en su desarrollo legal. Pero no todas alcanzan dicho desarrollo, bien porque no lo requieren, bien porque, requiriéndolo, el legislador lo omite. Pero tal omisión no desvirtúa su carácter normativo, si ya lo tienen. Pueden, entonces, ser aplicadas a situaciones específicas subsumibles en ellas, que no están explícitamente contempladas en la ley.

'Pero si la individualización de las normas legales, dada su generalidad (que a menudo deviene en ambigüedad), aparece problemática y generadora de inseguridad jurídica, más problemática e incierta resulta aún la actuación directa de las normas constitucionales a los casos particulares, por concurrir en ellas, superlativamente, las mismas notas distintivas advertidas en la ley.

'Parece razonable, entonces, que al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación adicional, consistente en que el sentido de dichas normas, su alcance y pertinencia, hayan sido fijados por quien haga las veces de intérprete autorizado de la Constitución. Que, de ese modo, la aplicación de las normas superiores esté tamizada por la elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérprete supremo. (art. 241 C.P.)

'Pero como la Constitución es derecho legislado por excelencia, quien aplica la Constitución aplica la ley, en su expresión más primigenia y genuina. Es preciso aclarar que no es la jurisprudencia la que aquí se consagra como fuente obligatoria. A ella alude claramente otra disposición, el artículo 4° de la ley 69 de 1896, para erigirla en pauta meramente optativa para ilustrar, en ciertos casos, el criterio de los jueces. Así dice el mencionado artículo en su parte pertinente:

'Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos ...' (Subraya de la Sala).

'Es claro entonces que la norma transcrita resulta armónica con lo dispuesto en el artículo 230 de la Carta del 91.

'Así mismo, conviene precisar que no hay contradicción entre la tesis que aquí se afirma y la sentencia C-131-93, que declaró inexequible el artículo 23 del Decreto legislativo 2067 del 91 en el cual se ordenaba tener 'como criterio auxiliar obligatorio' 'la doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional', mandato, ese sí, claramente violatorio del artículo 230 Superior. Lo que hace, en cambio, el artículo 8° que se examina -valga la insistencia- es referir a las normas constitucionales, como una modalidad del derecho legislado, para que sirvan como fundamento inmediato de la sentencia, cuando el caso sub judice no está previsto en la ley. La cualificación adicional de que si las normas que van a aplicarse han sido interpretadas por la Corte Constitucional, de ese modo deben aplicarse, constituye, se repite, una razonable exigencia en guarda de la seguridad jurídica.

'Es necesario distinguir la función integradora que cumple la doctrina constitucional, en virtud del artículo 8°, cuya constitucionalidad se examina, de la función interpretativa que le atribuye el artículo 4° de la misma ley, al disponer:

'Los principios del Derecho natural y las reglas de la jurisprudencia servirán para ilustrar la Constitución en casos dudosos. La doctrina constitucional es, a su vez, norma para interpretar las leyes' (Subraya la Corte).

'La disposición transcrita corrobora, además, la distinción que atrás queda hecha entre doctrina constitucional y jurisprudencia. Es apenas lógico que si el juez tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley, el criterio del intérprete supremo de la Carta deba guiar su decisión. Es claro eso sí que, salvo las decisiones que hacen tránsito a la cosa juzgada, las interpretaciones de la Corte constituyen para el fallador valiosa pauta auxiliar, pero en modo alguno criterio obligatorio, en armonía con lo establecido por el artículo 230 Superior'.

De lo dicho, se desprende claramente la exequibilidad de la norma que se revisa, excepto, como antes se ha explicado, las expresiones señaladas en la parte final del numeral 1o. En efecto, sólo será de obligatorio cumplimiento, esto es, únicamente hace tránsito a cosa juzgada constitucional, la parte resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional. En cuanto a la parte motiva, como lo establece la norma, esta constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general; sólo tendrían fuerza vinculante los conceptos consignados en esta parte que guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la argumentación que se considere absolutamente básica, necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente en ella.

Por lo demás, cabe puntualizar que las sentencias judiciales a través de las cuales se deciden acciones de tutela, sólo tienen efectos en relación con las partes que intervienen en el proceso (Decreto 2591/91, art. 36). Sin embargo, la doctrina constitucional que define el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sentada por la Corte Constitucional, con ocasión de la revisión de los fallos de tutela, trasciende las situaciones concretas que le sirven de base y se convierte en pauta que unifica y orienta la interpretación de la Constitución. El principio de independencia judicial, tiene que armonizarse con el principio de igualdad en la aplicación del derecho, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. La jurisprudencia de los altos órganos jurisdiccionales, por medio de la unificación doctrinal, persigue la realización del principio de igualdad. Por consiguiente, sin perjuicio de lo observado respecto de la doctrina constitucional, la exequibilidad del segundo numeral del artículo 48, materia de examen, se declarará bajo el entendido de que las sentencias de revisión de la Corte Constitucional, en las que se precise el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad.

Bajo estas condiciones, el artículo será declarado exequible, salvo las expresiones 'Sólo' y 'el Congreso de la República', que serán declaradas inexequibles.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLES unos apartes del artículo y CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el resto del artículo 49 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

Como se ha establecido a lo largo de esta providencia, desde una perspectiva orgánica, la única entidad de la rama judicial que pertenece a la jurisdicción constitucional  y que reviste el carácter de tribunal constitucional es la Corte Constitucional. Sin embargo, dentro del denominado control de constitucionalidad difuso, al que se ha hecho referencia, la Carta Política facultó al Consejo de Estado -realmente a la Sala de lo Contencioso Administrativo- de conocer 'las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional' (Art. 237-2 C.P.). Con todo, debe advertirse que al señalar la norma que el procedimiento de la acción de nulidad por inconstitucionalidad será el mismo que el de la acción de inexequibilidad, se le está dando una facultad al Consejo de Estado que la Carta Política no contempla. Recuérdese, que sólo los artículos 242, 243 y 244 superiores, se encargan de regular los procesos que se eleven ante la Corte Constitucional, derivados algunos de ellos de las acciones de inexequibilidad que adelante cualquier ciudadano. Además, la norma, al hacer un reenvío al procedimiento de la Corte Constitucional, que obviamente no contempla la suspensión de los actos administrativos que establece el artículo 238 de la Carta Política, desconoce el instituto procesal constitucional de lo contencioso administrativo. Dentro de este mismo contexto, nótese que la cuestionada atribución corresponde a un asunto de orden procesal que, como se ha dispuesto en esta providencia, no es compatible con el objeto de la presente ley estatutaria.

Por otra parte, conviene preguntarse: ¿Sobre cuáles decretos se puede pronunciar el Consejo de Estado en ejercicio de la competencia prevista en el numeral 2o del artículo 237 constitucional? La respuesta es evidente: sobre todos los que no estén contemplados dentro de las atribuciones que la Constitución Política confiere a la Corte Constitucional (Art. 241 C.P.). Así, entonces, resulta inconstitucional que el legislador estatutario entre a hacer una enumeración taxativa de los decretos objeto de control por parte del tribunal supremo de lo contencioso administrativo, pues ello no está contemplado en el artículo 237 en comento y tampoco aparece en parte alguna de esa disposición -como sí sucede para el numeral 1o- una facultad concreta para que la ley se ocupe de regular esos temas. Limitar de esa forma los alcances del numeral 2o del artículo 237 de la Carta es a todas luces inconstitucional y, por lo mismo, obliga a la Corte a declarar la inexequibilidad de la siguiente expresión del artículo bajo examen: 'ni al propio Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Para tal efecto, la acción de nulidad por inconstitucionalidad se tramitará con sujeción al mismo procedimiento previsto para la acción de inexequibilidad y podrá ejercitarse por cualquier ciudadano contra las siguientes clases de decretos: 1. Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de facultades constitucionales y con sujeción a leyes generales, cuadro o marco; 2. Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de las leyes que le confieren autorizaciones; 3. Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de las leyes que confieren mandatos de intervención en la economía; y, 4. Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de facultades que directamente le atribuye la Constitución y sin sujeción a la ley previa'.

En cuanto al último inciso de la norma que se examina, habrá de declararse la inexequibilidad de la expresión 'que para estos efectos obra como tribunal constitucional'. En cuanto a la parte restante, como se explicó, resulta ajustado a la Carta Política entender que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo hace las veces de 'Consejo de Estado', para efectos de conocer de la nulidad de los decretos a los que se ha hecho referencia.' <resalta el editor>

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 50 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Este precepto se limita a fijar la división del territorio nacional, con el fin de lograr una mejor organización y una mayor efectividad en la administración de justicia. Su constitucionalidad, por lo demás, habrá de concordarse con la facultad del Consejo Superior de la Judicatura establecida en el numeral 1o del artículo 257 superior.'

 La expresión “la Sala Administrativa del Consejo Superior” sustituida por 'el Consejo Superior de la Judicatura' por el artículo 88 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 51 del mismo, 'bajo el entendido de que las decisiones que sobre el particular adopte la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, no cobijan la organización básica interna de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación.'

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 52 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

De conformidad con lo expuesto a lo largo de esta providencia,  es del resorte propio del legislador, y en particular de una ley estatutaria, crear -o, en este caso, reconocer- algunos despachos judiciales que hagan parte de la rama judicial del poder público, cuando éstos no hubiesen sido consagrados específicamente en la Constitución. Tal es el caso, por ejemplo, de los juzgados y tribunales de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa. Así, dentro de estos términos, la Corte no encuentra objeción alguna a que la ley que se estudia hubiese creado las zonas judiciales de frontera, pues dicha facultad se aviene a la competencia del legislador, prevista en los artículos 150 y 285 de la Carta, para establecer unas reglas con el fin de fijar la división judicial del territorio, tal como lo señala el artículo 89 del proyecto.

Con relación a lo expuesto, recuérdese además que el artículo 257 constitucional le confía al Consejo Superior de la Judicatura la división del territorio para efectos judiciales (Num. 1o.), la regulación de los cargos de la administración de justicia (Num. 2o.) y la posibilidad de dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento y organización de los despachos judiciales (Num. 3o.). Si bien se trata de atribuciones que están sujetas a lo que defina el legislador, ello no puede significar que el Congreso se arrogue la facultad absoluta de regular estos asuntos, de forma que la función del Consejo Superior se torne inoperante o, lo que es lo mismo, imposible de desarrollar, habida cuenta de la autonomía que el Constituyente le confirió.

En cuanto a los argumentos expuestos por los ciudadanos intervinientes, en el sentido de que el legislador no puede encomendar a la ley ordinaria asuntos que están reservados a las leyes estatutarias, considera la Corte que en este caso la expresión 'La ley determinará su organización y funcionamiento', es exequible bajo el entendido de que será una ley estatutaria -y no una ordinaria- la que se encargue de regular estos asuntos.

La norma, en estas condiciones, será declarada exequible.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara la CONSTITUCIONAL condicionada de la expresión “y tomarán posesión ante el Presidente de la República”, en el entendido de que los magistrados a su elección también podrán tomar posesión ante el presidente de la corporación respectiva o ante un notario.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara la CONSTITUCIONAL condicionada de este inciso, bajo el entendido de que incluye también a las personas dentro del cuarto grado civil.

- Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024, salvo: (i) la expresión “y tomarán posesión ante el Presidente de la República”, del inciso primero, que se DECLARA CONSTITUCIONAL en el entendido de que los magistrados a su elección también podrán tomar posesión ante el presidente de la corporación respectiva o ante un notario; (ii) el inciso quinto que se DECLARA CONSTITUCIONAL bajo el entendido de que incluye también a las personas dentro del cuarto grado civil.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo, salvo los apartes tachados del texto del proyecto de ley que declaró INEXEQUIBLE.

- Consejo de Estado, Sala Plena, Expediente No. 11001-03-28-000-2013-00015-00(IJ) de 11 de noviembre 2014, C.P. Dra. Stella Conto Diaz Del Castillo.

- Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de Unificación Jurisprudencial, Expediente No. 11001-03-28-000-2013-00006-00(IJ) de 15 de julio de 2014, C.P. Dra. Stella Conto Diaz Del Castillo.

- Artículo adicionado por el artículo 19 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto adicionado por la Ley 2430 de 2024, en el entendido de que en la convocatoria pública para integrar las listas de candidatos a magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia también se debe aplicar el criterio de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de la academia, consagrado en el artículo 231 de la Constitución.

- Artículo adicionado por el artículo 20 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024, bajo el entendido de que: (i) en la selección de integrantes del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia se aplicará también el criterio de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de la academia, consagrado en el artículo 231 de la Constitución; y (ii) que el criterio de equidad de género implicará asegurar por lo menos la paridad entre hombres y mujeres en la conformación de las respectivas corporaciones.

- Artículo adicionado por el artículo 21 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL del texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Inciso 3o. modificado por el artículo 7 del Decreto 2637 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004. INEXEQUIBLE

Corte Constitucional:

- El Decreto 2637 de 2004 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-672-05  de 30 de junio de 2005, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- Inciso 4o. derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, 'por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012. La derogatoria rige a partir del 1o. de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo, salvo el aparte tachado del texto del proyecto de ley que declaró INEXEQUIBLE.

- Artículo modificado por el artículo 22 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLES algunos apartes, y CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el resto del artículo 55 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

De acuerdo con los argumentos expuestos al analizar los principios que informan el proyecto de ley estatutaria, no cabe duda que la más trascendental de las atribuciones asignadas al juez y la que constituye la esencia misma del deber constitucional de administrar justicia, es la de resolver, con imparcialidad, en forma oportuna, efectiva y definitiva los asuntos que los sujetos procesales someten a su consideración (Art. 228 C.P.). Para ello, es indispensable, como acertadamente se dice al inicio de la disposición que se revisa, que sean analizados todos los hechos y asuntos planteados dentro del debate judicial e, inclusive, que se expliquen en forma diáfana, juiciosa y debidamente sustentada, las razones que llevaron al juez para desechar o para aprobar los cargos que fundamenten el caso en concreto.

Ahora bien, la norma bajo examen establece que la parte resolutiva de todas las sentencias estará precedida de las siguientes palabras: 'Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley'. Al respecto, debe señalarse -en primer lugar- que, para la Corte, se trata de un asunto que puede ser definido en una ley estatutaria de administración de justicia y que en nada vulnera los preceptos constitucionales.

En segundo lugar, nótese que la frase en comento resulta aplicable a todas las sentencias que profieran los despachos y corporaciones del país. Así, administrar justicia en nombre de la República significa, en su sentido clásico, que se está realizando una tarea en representación de la cosa pública -res publica-, es decir de aquello que le es común a todo el pueblo. Como lo señala Cicerón, hay cosas que se le deben al pueblo por naturaleza o por convención; dentro de las primeras se encuentran los asuntos públicos y dentro de estos se halla la justicia. Así, ésta se constituye en un principio máximo de la república, que debe ser siempre dirigido hacia el pueblo, aunque en el momento de satisfacer el derecho se concrete en cada persona singular y concreta. En consecuencia, si la justicia se constituye en un fin que le pertenece al  pueblo, entonces la administración de la misma también habrá de ser suya. Por ello, la frase en mención no sólo implica que se está ejerciendo una labor en representación de todos los asociados sino también en virtud de un mandato que ellos han establecido.

De igual forma, al referirse la expresión a la autoridad de la ley, es necesario entender ese término en su acepción más amplia o genérica, es decir, como aquél precepto dictado por una autoridad competente, a través del cual se manda, se permite o se prohibe algo, de conformidad con la justicia, el interés general y el bienestar común. Sin embargo, la Corte advierte expresamente que la fórmula 'en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución', contenida en el artículo 20 del Decreto 2067 de 1991, que determina el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional (Artículo Transitorio 23 de la Constitución), no puede ser modificada por lo dispuesto en el artículo 55 del proyecto de ley que se examina, por ser una norma procesal especial para la Corte Constitucional.

Por otra parte, la expresión 'En desarrollo del principio de eficiencia, en las providencias no se podrá hacer la transcripción integral de las diligencias judiciales, decisiones o conceptos que obren en el proceso. Así mismo en ningún caso le será permitido al funcionario ni a los sujetos procesales, hacer calificaciones ofensivas respecto de las personas que intervienen, debiendo limitarse al examen de los hechos y a las conclusiones jurídicas que de ellos se deriven.', deberá declararse inconstitucional, pues se trata de una limitación que atenta contra la autonomía del juez para que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, pueda fundamentar y justificar en la forma que mejor le parezca y de acuerdo con su sano criterio, las decisiones que adopte. Mal podría, entonces, la ley prohibir que el administrador de justicia transcriba, si lo juzga pertinente, toda una diligencia judicial que, por su trascendencia, defina el resultado de un proceso.

En igual sentido, los enunciados 'y su rigorismo jurídico', así como 'y las conclusiones jurídicas a que haya lugar, así como el aporte razonado a la ciencia jurídica', vulneran también la autonomía del juez y se tornan en elementos subjetivos de evaluación de éste por su superior, que, a todas luces, aparecen desproporcionados con el objetivo mismo de la norma que se revisa. En efecto, las frases que se cuestionan implicarían que si el superior jerárquico de quien ha tomado una decisión judicial no comparte, por ejemplo, las conclusiones jurídicas a las que hubiese llegado el juez de inferior jerarquía, en ejercicio de su poder de interpretación -así tuviesen pleno fundamento- ello entonces daría pie para no lograr una adecuada calificación de los servicios, en cuanto al factor cualitativo se refiere.

En conclusión, la norma bajo examen se declarará exequible bajo las condiciones previstas en esta providencia, salvo las expresiones 'En desarrollo del principio de eficiencia, en las providencias no se podrá hacer la transcripción integral de las diligencias judiciales, decisiones o conceptos que obren en el proceso. Así mismo en ningún caso le será permitido al funcionario ni a los sujetos procesales, hacer calificaciones ofensivas respecto de las personas que intervienen, debiendo limitarse al examen de los hechos y a las conclusiones jurídicas que de ellos se deriven', 'y su rigorismo jurídico', e 'y las conclusiones jurídicas a que haya lugar, así como el aporte razonado a la ciencia jurídica'.

- Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de Unificación Jurisprudencial, Expediente No. 25000-23-41-000-2015-02491-01_20170926 de 26 de septiembre de 2017, C.P. Dra. Rocío Araujo Oñate.  

(Se unifica) (...) “en el sentido de consagrar la regla consistente en el deber de los jueces y tribunales de resolver todas las causales de invalidez que la parte actora incluya en las demandas de nulidad electoral. (…)

Esta decisión se adopta para garantizar en todos los casos el principio de congruencia, consagrado en los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia y 280 y 281 del CGP, en virtud de los cuales las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales y comprender todos los extremos de la Litis.  

En cuanto al Consejo de Estado, es necesario precisar que actúa como corporación de cierre de las acciones de nulidad electoral y en esa medida no existe un superior funcional que quede limitado en los términos previstos en el artículo 328 del CGP, siendo esta la razón por la cual la regla de decisión se dirige a quienes tienen a su cargo la resolución de las primeras instancias en sede del medio de control referido.

Constituye igualmente garantía de los principios de trasparencia, acceso a la administración de justicia, doble instancia y tutela judicial efectiva, en cuanto las partes e intervinientes en el proceso deben ver debidamente motivadas y resueltas todas las situaciones que plantean y todas las causales de nulidad que invocan.”.

- Artículo modificado por el artículo 23 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 56 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Esta norma responde a las materias propias de una ley estatutaria de administración de justicia y, además, respeta la autonomía de las corporaciones allí señaladas para fijar los aspectos formales y procedimentales relativos a la expedición de sentencias, dictámenes o conceptos. Se trata, pues, de una regulación que, no sobra advertirlo, permite derogar o modificar la normatividad ordinaria hasta ahora vigente, que se ocupa de regular estos asuntos en cada una de esas entidades judiciales, como es el caso, para la Corte Constitucional, del Decreto 2067 de 1991.

Con todo, deberá advertirse que, para efectos de conocer oportunamente las decisiones adoptadas, el reglamento interno de cada Corporación deberá fijar un término perentorio en caso de que un magistrado decida dejar constancia de su aclaración o de su salvamento de voto por escrito. Lo anterior, se aplica en iguales términos a la facultad de disentir que le asiste a los miembros de las corporaciones no jurisdiccionales que hacen parte de la rama judicial, como es el caso de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

El artículo, bajo estas condiciones, será declarado exequible.'

- La expresión “las Salas administrativas” suprimida y la expresión “la Sala Administrativa del Consejo Superior” sustituida por 'el Consejo Superior de la Judicatura' por el artículo 88 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- La expresión “Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura” sustituida por 'Comisión Nacional de Disciplina Judicial' y la expresión 'las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales' sustituida por 'las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial' por el artículo 88 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Para la interpretación de este inciso debe tenerse en cuenta lo dispuesto por los artículos 19 y 26 del Acto Legislativo 2 de 2015, 'por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 19. El artículo 257 <257A> de la Constitución Política quedará así:

'Artículo 257 <257A>. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

'(...)

'Podrá haber Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial integradas como lo señale la ley.

'La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados.

'(...)

'ARTÍCULO 26. CONCORDANCIAS, VIGENCIAS Y DEROGATORIAS.

'Sustitúyase la expresión 'Consejo Superior de la Judicatura' por la de 'Comisión Nacional de Disciplina Judicial' en el artículo 116 de la Constitución Política.

'(...)'

- En criterio del editor para la interpretación de este inciso debe tenerse en cuenta el parágrafo agregado al artículo 332 de la Ley 5 de 1992, por el artículo 2o. de la Ley 273 de 1996, publicada en el Diario Oficial No. 42.752 del 26 de marzo de 1996.

Expresa el texto original de dicho parágrafo:

'Parágrafo. Cuando la investigación se refiera al Presidente de la República el expediente será público. Las deliberaciones de la Comisión de Investigación y Acusaciones, así como las Plenarias de la Cámara serán igualmente públicas.

“La ordenación y diligencias de práctica de pruebas seguirán las normas del Código de Procedimiento Penal.

“En estas investigaciones no podrán trasladarse testimonios con reserva de identidad. Sin embargo, salvo en lo referente al Presidente de la República, se mantendrá la reserva sobre las piezas procesales de actuaciones en curso que por solicitud del Representante Investigador hubieren sido trasladadas al proceso que se sigue ante la Cámara, cuando a juicio del funcionario competente obligado a remitirlas, su publicidad pueda desviar o entorpecer la actuación o el éxito de otra investigación en curso”.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 57 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'De conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 de la Carta, las actuaciones que se realicen en ejercicio de la administración de justicia serán públicas, con las excepciones que determine la ley. Asimismo, el artículo 74 superior garantiza el derecho de todas las personas de acceder a los documentos públicos, con arreglo a las limitaciones que defina el legislador. Como puede apreciarse, dentro de este marco constitucional resulta exequible la regulación de que trata la norma bajo análisis, pues ella determina los casos en los cuales las actas de las corporaciones que allí se enuncian serán públicas, salvo que se trate de uno de los eventos contemplados en su inciso tercero. En otras palabras, se trata de una medida que garantiza el derecho y el deber que consagran las normas constitucionales citadas, pero que, igualmente, establece unas reservas o excepciones que cuentan también con pleno respaldo en la Carta Política.

Dentro de estos parámetros deberá advertirse que el acceso público a las actas de las sesiones que se lleven a cabo en las corporaciones de que trata el artículo 57, deberá estar condicionado a su previa aprobación, pues sólo hasta ese entonces las decisiones que se hayan adoptado en la correspondiente sesión habrán quedado en firme e, igualmente, los integrantes de cada corporación  podrán haber revisado el contenido de las actas, con el fin de verificar que en ellas se consigne adecuadamente su deliberación y la votación en cada debate. En iguales términos, entiende la Corte que el levantamiento de la reserva de las actas, tiene efectos hacia el futuro, esto es, a partir de la vigencia de la ley estatutaria sobre administración de justicia.

El artículo, bajo estas condiciones, será declarado exequible.'

- Numeral 4. adicionado por el artículo 8 del Decreto 2637 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004. INEXEQUIBLE

Corte Constitucional:

- El Decreto 2637 de 2004 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-672-05  de 30 de junio de 2005, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLES unos apartes y CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el resto del artículo 58 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'El precepto que se revisa busca que magistrados, fiscales y jueces hagan prevalecer y preservar la dignidad de la justicia, pues esto no sólo es compromiso de los funcionarios y empleados que hacen parte de la rama judicial sino que, con igual énfasis, se reclama deferencia y respeto hacia aquellos de parte de los particulares que acceden a los estrados judiciales. Ahora bien, la norma en comento plantea la posibilidad de sancionar tanto a servidores públicos como a los particulares que incurran en algunas de las causales allí contempladas. Sin embargo, conviene aclarar que la disposición confunde la potestad correccional con la  facultad disciplinaria, cuando ésta última realmente es aplicable únicamente a los servidores públicos bajo la competencia y procedimiento que se encuentra regulado en la Constitución y en la ley, más exactamente, en la Ley 200 de 1995 'Código Disciplinario Unico'. Así las cosas, y atendiendo lo señalado por la Corte en esta providencia, los asuntos disciplinarios no deben hacer parte de una ley estatutaria sobre administración de justicia, so pena de violar los artículos 150-23, 152 y 158 de la Carta. En consecuencia, deberá declararse la inexequibilidad del numeral 2o, así como de las expresiones 'tanto a los funcionarios y empleados de su dependencia' prevista en el inciso primero; y 'disciplinarias', contenida en el parágrafo.

Por otra parte, encuentra la Corte que la facultad del funcionario judicial de adoptar medidas correccionales frente a los particulares que incurran en alguna de las causales que justifican la adopción de medidas sancionatorias, tiene fundamento en el respeto que se le debe a la administración de justicia, eso sí sin perjuicio de otras determinaciones que puedan adoptar las demás autoridades competentes. Lo anterior -valga anotarlo- tampoco significa sancionar dos veces a una persona por el mismo hecho, esto es, contrariar al principio 'non bis in idem', toda vez que se trata de determinaciones de naturaleza particular tomadas para cada caso por autoridades de competencia también diferente.

Finalmente, debe precisarse que el numeral 3o es exequible bajo el entendido de que los 'comportamientos contrarios a la solemnidad', deben ser en sí mismos irrespetuosos y lesivos de la dignidad de la Justicia y el acatamiento debido a ella.

El artículo, bajo estas condiciones, será declarado exequible, salvo el numeral 2o, y las expresiones 'tanto a los funcionarios y empleados de su dependencia', prevista en el inciso primero; y 'disciplinarias ni', contenida en el parágrafo.'

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo, salvo el aparte tachado del texto del proyecto de ley que declaró INEXEQUIBLE.

- Artículo adicionado por el artículo 14 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

Corte Constitucional

- Artículo adicionado por la Ley 1285 de 2009, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- Inciso modificado por el artículo 24 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Parágrafo adicionado por el artículo 24 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Parágrafo adicionado por el artículo 9 del Decreto 2637 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004. INEXEQUIBLE.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL del texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- El Decreto 2637 de 2004 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-672-05  de 30 de junio de 2005, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE el artículo 62 del mismo.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL este literal en el entendido de que también comprende a los parientes del primer grado civil.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL este literal bajo el entendido de que los jueces y magistrados de apoyo itinerante deberán ser escogidos con fundamento en los siguientes criterios: Primero, deberá considerarse a personas vinculadas a la Rama Judicial, que cumplan con los requisitos para su designación. Segundo, en caso de que no sea posible aplicar el criterio anterior, se nombrará a personas que estén en la lista de elegibles de cargos de igual categoría a los que se vayan a proveer. Tercero, en caso de que no se configure alguno de los criterios anteriores, las corporaciones nominadoras podrán elegir libremente siempre que la persona cumpla con los requisitos definidos para el cargo.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara la CONSTITUCIONAL este literal CONDICIONADO a que debe interpretarse en el entendido de que los jueces y magistrados sustanciadores deberán ser escogidos con fundamento en los siguientes criterios. Primero, deberá considerarse a personas vinculadas a la Rama Judicial que cumplan con los requisitos para su designación. Segundo, en caso de que no sea posible aplicar el criterio anterior, se nombrará a personas que estén en la lista de elegibles de cargos de igual categoría a los que se vayan a proveer. Tercero, en caso de que no se configure alguno de los criterios anteriores, las corporaciones nominadoras podrán elegir libremente siempre que la persona cumpla con los requisitos definidos para el cargo.

- Artículo modificado por el artículo 25 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

- Artículo modificado por el artículo 10 del Decreto 2637 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004. INEXEQUIBLE

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024, con las siguientes condiciones: (i) el literal b), en el entendido de que también comprende a los parientes del primer grado civil; (ii) el literal c) bajo el entendido de que los jueces y magistrados de apoyo itinerante deberán ser escogidos con fundamento en los siguientes criterios. Primero, deberá considerarse a personas vinculadas a la Rama Judicial, que cumplan con los requisitos para su designación. Segundo, en caso de que no sea posible aplicar el criterio anterior, se nombrará a personas que estén en la lista de elegibles de cargos de igual categoría a los que se vayan a proveer. Tercero, en caso de que no se configure alguno de los criterios anteriores, las corporaciones nominadoras podrán elegir libremente siempre que la persona cumpla con los requisitos definidos para el cargo; (iii) el literal e) debe interpretarse en el entendido de que los jueces y magistrados sustanciadores deberán ser escogidos con fundamento en los siguientes criterios. Primero, deberá considerarse a personas vinculadas a la Rama Judicial que cumplan con los requisitos para su designación. Segundo, en caso de que no sea posible aplicar el criterio anterior, se nombrará a personas que estén en la lista de elegibles de cargos de igual categoría a los que se vayan a proveer. Tercero, en caso de que no se configure alguno de los criterios anteriores, las corporaciones nominadoras podrán elegir libremente siempre que la persona cumpla con los requisitos definidos para el cargo.

- Artículo modificado por la Ley 1285 de 2009, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- El Decreto 2637 de 2004 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-672-05  de 30 de junio de 2005, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 63 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'El presente artículo constituye una interpretación del principio constitucional de que la administración de justicia debe ser pronta y eficaz, el cual ya ha sido analizado en esta sentencia. Es con este propósito, que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá redistribuir los asuntos pendientes para fallo entre los distritos tribunales o despachos judiciales, función ésta que se podrá llevar a cabo siempre y cuando no se alteren las garantías procesales con que cuentan los asociados para la resolución de sus conflictos. Conviene aclarar que, al igual que se explicó a en torno al artículo 51 del presente proyecto la facultad consagra en la norma bajo examen no se extiende a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, porque la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no es constitucionalmente superior jerárquico de estas corporaciones y, por tanto, no pueden las decisiones que adopte sobre este particular tener efectos obligatorio sobre ellas.

Bajo esta condición, el artículo será declarado exequible.'

- Artículo modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Artículo adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Artículo adicionado por la ley 1285 de 2009, declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, '... en el entendido de que el Procurador General de la Nación también podrá elevar la solicitud de trámite preferente a cualquier autoridad judicial, y ésta decidirá en el marco de su autonomía e independencia judicial'.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 64 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia. La exequibilidad del artículo igualmente se condiciona a que el respectivo reglamento interno de cada Corporación judicial defina lo concerniente a la obtención y suministro de copias de las providencias y demás documentos judiciales.'

Expresa la Corte en la providencia:

'El inciso primero de la norma que se examina, busca asegurar la reserva de los asuntos que están sometidos a la consideración de los jueces, hasta tanto no se adopte una decisión definitiva. Con ello se pretende garantizar que los asociados no conozcan previamente los conceptos o las opiniones que un administrador de justicia tenga respecto de un asunto en particular, con lo cual se atentaría contra los principios de imparcialidad y transparencia que deben inspirar siempre la actividad de los jueces. En ese orden de ideas, deberá señalarse que el precepto en comento resulta constitucional, siempre y cuando se entienda que la expresión 'servidor público' hace alusión a quienes administran justicia, y que el término 'disciplinario' se refiere exclusivamente a las decisiones que adopte la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o las salas disciplinarias de los consejos seccionales (Art. 256 C.P.), pues resultaría ajeno a las materias propias de una ley estatutaria sobre administración de justicia pretender que los efectos de sus disposiciones cobijen también, en estos eventos, a otras ramas u órganos del poder público.

'De otro lado, en atención a que el principio constitucional general aplicable a las actuaciones que se adelanten por los órganos del Estado es la publicidad, la reserva tiene carácter excepcional y es de interpretación restrictiva. Le corresponde a la ley, dentro del marco de la Constitución, establecer en términos de razonabilidad y proporcionalidad, la extensión de la respectiva reserva. De ahí que la constitucionalidad, en este caso, se condicione, igualmente, a la posibilidad de comunicar las informaciones que de conformidad con la ley, no están sujetas a reserva y, en este evento, deberá también permitirse el acceso público a las mismas.

'Por lo demás, debe la Corte aclarar que, en lo que se refiere a los procesos que se adelanten en el Congreso de la República contra los funcionarios que gozan de fuero constitucional especial, en los términos de los artículos 174, 175 y 178 de la Carta, salvo que exista reserva legal expresa, la disposición no es aplicable, habida cuenta de la naturaleza pública que caracteriza esta clase de juicios.

'En lo que atañe al inciso segundo, debe decirse que guarda estrecha relación con lo dispuesto en el artículo 57, ya analizado. Con todo, es necesario puntualizar que la facultad de informar el contenido y alcance de las providencias por parte de los funcionarios judiciales, no es asimilable al acto procesal de notificación a las partes. En el primer evento, que es realmente el contemplado en la norma, se trata de una declaración pública en la que se explican algunos detalles importantes de la sentencia proferida, bajo el supuesto obvio de que el administrador de justicia no se encuentra obligado a dar a conocer aquellos asuntos que son objeto de reserva legal. Por el contrario, el segundo caso, implica una relación procesal entre el juez y las partes, a través de la cual se brinda la oportunidad a éstas de conocer el contenido íntegro de la providencia y de interponer, dentro de los lineamientos legales, los respectivos recursos.

'Por otra parte, estima la Corte necesario declarar la inexequibilidad de la expresión 'una vez haya concluido el respectivo proceso mediante decisión ejecutoriada', contenida en ese mismo inciso segundo, pues con ello, en primer lugar, se vulneran la autonomía del juez y el derecho de los asociados de recibir información veraz y oportuna (Art. 20 C.P.) y, además, se convertiría en excepción el principio general contenido en la Carta de que las actuaciones de la administración de justicia serán públicas (Art. 228 C.P.). En efecto, resulta constitucionalmente posible el que, por ejemplo, el presidente de una Corporación informe a la opinión pública sobre una decisión que haya sido adoptada, así el texto definitivo de la Sentencia correspondiente no se encuentre aún finiquitado, habida cuenta de las modificaciones, adiciones o supresiones que en el curso de los debates se le haya introducido a la ponencia original. Con ello, en nada se vulnera la reserva de las actuaciones judiciales -siempre y cuando no se trate de asuntos propios de la reserva del sumario o de reserva legal- y, por el contrario, se contribuye a que las decisiones que adoptan los administradores de justicia puedan conocerse en forma oportuna por la sociedad.

'Asimismo, encuentra la Corte que la frase 'En todo caso, no podrán emitir opiniones sobre las decisiones proferidas por ellos' constituye una indebida vulneración del derecho fundamental de informar y recibir información, así como de las libertades de expresión y de difusión del pensamiento y opiniones (Art. 20 C.P.) de que es titular toda persona, incluyendo, por supuesto a los administradores de justicia. Recuérdese que las decisiones consignadas en una sentencia se constituyen en situaciones jurídicamente definidas, es decir hacen tránsito a cosa juzgada; empero, con esta inconstitucional limitación se estaría prohibiendo la facultad de cada juez de explicar o definir, si lo considera necesario, el contenido y el alcance de sus decisiones. Esta restricción, inclusive, implicaría que los afectados no podrían desempeñar ningún trabajo académico, o participar en  reuniones de este tipo como seminarios, foros, mesas redondas, o dictar conferencias científicas, a las cuales suelen ser invitados justamente para que expliquen a la comunidad profesional o científica el contenido y las motivaciones de sus fallos. Lo anterior resulta todavía más inconcebible si se piensa en la imposibilidad que tendrían los jueces de expresar sus opiniones en eventos familiares o sociales, por ejemplo. En conclusión, se trata de una norma que no es ni proporcionada ni razonable frente al derecho fundamental contemplado en el artículo 20 del Estatuto Superior.

'En cuanto a la frase 'La infracción a la norma contenida en este artículo constituye causal de mala conducta', encuentra la Corte que, al igual que se ha señalado en otras oportunidades, se trata de una disposición que debe hacer parte de una ley de carácter ordinario, en este caso, del Código Disciplinario Unico y, por ende, no corresponde al objeto de una ley estatutaria como la que se revisa.

'El inciso tercero plantea la viabilidad de que el público pueda, de acuerdo con los artículos 74 y 228 de la Carta Política, consultar los archivos y bases de datos que contengan las providencias judiciales, así como obtener copia de esos documentos. Esta Corporación encuentra que dicha posibilidad, en lo que se relaciona con las bases de datos de juzgados y corporaciones judiciales, se erige en una prerrogativa desproporcionada que atenta contra la protección de la reserva a la información de que trata el artículo 74, y por ende también contra los principios mínimos de la seguridad jurídica. Adicionalmente, dicha facultad implicaría desconocer la atribución de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura -en lo que se refiere a los demás despachos judiciales-, de contemplar en sus respectivos reglamentos internos lo concerniente a los requisitos y procedimientos necesarios para que el público pueda acceder en forma ordenada y confiable a la correspondiente información judicial. De ahí que en la parte resolutiva de esta providencia, habrá de señalarse que el respectivo reglamento interno se ocupará de definir lo concerniente a la obtención y suministro de copias de las providencias y demás documentos judiciales.

'Así las cosas, el artículo, bajo estas condiciones se declarará exequible, salvo las expresiones 'una vez haya concluido el respectivo proceso mediante decisión ejecutoriada', 'En todo caso, no podrán emitir opiniones sobre las decisiones proferidas por ellos. La infracción a la norma contenida en este artículo constituye causal de mala conducta', e 'y bases de datos', que serán  declarados inexequibles. En cuanto a las expresiones 'servidor público' y 'disciplinario', así como la posibilidad de obtener copias de las providencias en los despachos y corporaciones judiciales, su constitucionalidad se condiciona a lo establecido en esta providencia'

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 66 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'En virtud de lo anterior, la Corte juzga que la exequibilidad del presente artículo debe condicionarse a que no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, una responsabilidad del Estado a propósito del error jurisdiccional, pues ello equivaldría a reconocer que por encima de los órganos límite se encuentran otros órganos superiores, con lo cual, se insiste, se comprometería en forma grave uno de los pilares esenciales de todo Estado de derecho, cual es la seguridad jurídica. Por lo demás, cabe anotar que es materia de ley ordinaria la definición del órgano competente y del procedimiento a seguir respecto de la responsabilidad proveniente del error en que incurran las demás autoridades judiciales pertenencientes a esta rama del poder público.

Por otra parte, conviene aclarar que la argumentación expuesta no significa que el juez de tutela y la Corte Constitucional, en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 86 superior, no pueda revisar las providencias proferidas por cualquier autoridad judicial, en aquellos casos en que al presentarse una 'vía de hecho', en los términos que han sido definidos en la Sentencia C-543 de 1992 y demás jurisprudencia de esta Corporación, se amenace o se vulnere un derecho constitucional fundamental. Nótese que en este caso se trata de una facultad de origen constitucional, que no implica la resolución de fondo del conflicto jurídico contenido en la providencia bajo revisión, ni se enmarca dentro del análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado -como es el caso del artículo que se examina-. Se trata simplemente del reconocimiento de que el juez, al igual que cualquier otra autoridad pública, se encuentra comprometido con el respeto y la protección de los derechos fundamentales de los asociados dentro de la órbita constitucional; por ende, en caso de que una actuación judicial, incluso aquellas contenidas en una providencia, vulnere un derecho, será posible su amparo a través de la acción de tutela, sin perjuicio de la definición de las demás responsabilidades en los términos que han sido descritos en esta sentencia.

En estas condiciones el artículo será declarado exequible.'

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 67 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Esta norma se limita a precisar los alcances de la anterior disposición, para lo cual señala como causales de procedencia del error jurisdiccional, el que el afectado interponga los recursos de ley y el que la providencia se encuentre en firme. En cuanto al primero de ellos, su constitucionalidad se explicará al analizar el artículo 70 del presente proyecto de ley. Respecto del segundo, resulta apenas lógico exigir que la providencia que incluye el error que reprocha haya hecho tránsito a cosa juzgada, pues mientras ello no ocurra, el interesado podrá interponer los recursos de ley y hacer notar el yerro que se ha cometido.

El artículo, con las condiciones expuestas en el artículo anterior, será declarado exequible.'

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente No. 73001-23-31-000-2009-00133-01(44572) de 18 de julio de 2019, C.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 68 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término 'injustamente' se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.

En virtud de lo anterior, y a propósito de lo explicado en torno al artículo 66 del presente proyecto, debe entenderse que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente y el procedimiento a seguir respecto de la responsabilidad proveniente del error judicial en que incurran las demás autoridades judiciales.

Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible.'

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente No. 73001-23-31-000-2009-00133-01(44572) de 18 de julio de 2019, C.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de Unifiación, Expediente No. 23354 de 17 de octubre de 2013, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

'La Sala Plena de la Sección Tercera ha resuelto avocar el conocimiento del presente caso con el propósito de unificar su jurisprudencia en relación con el régimen de responsabilidad o el título jurídico de imputación aplicable a los casos en los cuales, como en el sub judice, los accionantes reclaman que les sean reparados los daños que les fueron ocasionados a raíz de la privación de la libertad de una persona contra la cual se profirió la correspondiente medida de aseguramiento en el curso de un proceso penal pero, a la postre, se le exonera de responsabilidad en aplicación del principio in dubio pro reo.

(...) La Sala encontró una nueva oportunidad para reafirmar su posición en el sentido de que la absolución de responsabilidad penal con fundamento en el principio in dubio pro reo no muta el carácter injusto de la privación de la libertad a la cual se ha sometido a la víctima (...)

(...) debe la Sala resaltar, respecto del título jurídico de imputación aplicable a los eventos de privación injusta de la libertad, que se trata de un título de imputación o de un régimen de responsabilidad cuyo fundamento debe ubicarse directamente en el artículo 90 de la Constitución Política y no en un precepto legal, hoy derogado, como el contenido en el otrora vigente artículo 414 del Decreto 2700 de 1991; éste constituía un referente normativo cuya existencia bien puede decirse que contribuía a respaldar el análisis que debe realizarse respecto de la responsabilidad del Estado por el hecho de las autoridades jurisdiccionales bajo la égida del artículo 90 constitucional, pero dicho examen ha debido -en vigencia del citado artículo 414- y debe en la actualidad -incluso al amparo de lo normado por los artículos 65 a 74 de la Ley 270 de 1996, según más adelante se indicará-, centrarse en establecer si se ha producido un daño antijurídico, esto es, que la víctima no se encuentre en el deber jurídico de soportar y si el mismo resulta jurídicamente imputable a la acción o a la omisión de una autoridad pública -adscrita a la Rama Judicial, para efectos del tipo de eventos a los cuales se viene haciendo referencia-, únicos presupuestos a los cuales hace referencia el canon constitucional en mención.

El fundamento de la responsabilidad del Estado en estos eventos, por tanto, no debe buscarse -al menos no exclusivamente- en preceptos infraconstitucionales que pudieren limitar o restringir los alcances de la cláusula general de responsabilidad del Estado contenida en el artículo 90 superior.

(...) ni el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 ni alguna otra disposición de naturaleza legal podría constituir el fundamento único de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Tales dispositivos legales podrían precisar, pero de ninguna manera limitar y menos reemplazar la eficacia directa, vinculante y preferente de los dictados que contiene el artículo 90 de la Constitución Política.

(...) En línea con lo anterior, para la Sala resulta palmario que la procedencia de la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de las personas con ocasión de la instrucción de un proceso penal, no requiere para su operatividad de la concurrencia necesaria de un error jurisdiccional o de un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia o de una determinada falla en el cumplimiento de las funciones a cargo del Estado.

Lo anterior resulta igualmente predicable de aquellos eventos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal del sindicado privado de su libertad se sustenta en la aplicación del principio in dubio pro reo(...)

(...) Y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño redundará en beneficio de la colectividad -interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias-, sólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, a aquélla persona en quien, infortunadamente, se concretó el carácter excepcional de la detención preventiva y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el tantas veces aludido artículo 90 constitucional.

(...) sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, conviene poner de presente que la Sala ha sugerido que en los casos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario sea superior a 18 meses –como aconteció en el caso que dio origen al litigio sub examine–, se reconozca la suma equivalente a 100 SMLMV; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMLMV; si superó los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMLMV; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMLMV; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMLMV; asimismo si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 SMLMV; finalmente si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 SMLMV, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.'

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 69 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Para esta disposición resultan igualmente aplicables las consideraciones expuestas respecto del artículo 65 del presente proyecto de ley, razón por la cual habrá de declararse su exequibilidad. Con todo, se reitera que sólo el órgano que define la ley ordinaria es el llamado a calificar, en cada evento en concreto, si ha existido o no un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.'

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 70 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

'Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguno, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual 'nadie puede sacar provecho de su propia culpa'.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria  definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible.'

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE el inciso 2o. y CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el resto del artículo 71 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

'La primera parte de esta disposición se limita a repetir, casi textualmente, lo previsto en el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución.

En cuanto a la decisión de equiparar la conciliación a una condena a cargo de la respectiva entidad pública, considera la Corte que se trata de una medida que rebasa el contenido de la norma superior citada, pues ella condiciona su aplicabilidad justamente al hecho de que el Estado haya sido judicialmente encontrado responsable de un daño antijurídico cometido por la acción o la omisión de uno de sus agentes. Y, como se sabe, la conciliación es una de las formas alternativas de terminar con un proceso que se presenta antes de que el juez dicte la respectiva sentencia. En otras palabras, la conciliación no puede ser asimilada a una condena, pues si ello fuese así, entonces también debería aplicarse en esos eventos el artículo 248 del Estatuto Fundamental, lo cual resulta carente de toda lógica jurídica y de razonabilidad constitucional. Pero, además, nótese que si lo establecido en el precepto que se cuestiona fuese viable, entonces también se vulneraría el derecho fundamental al debido proceso del servidor público que ha cometido el daño, toda vez que él estaría obligado a pagar la suma acordada entre las partes, sin haber tenido oportunidad para defenderse. El inciso, pues, será declarado inexequible.

Respecto de las conductas bajo las cuales se presume la existencia de culpa grave o dolo, debe establecerse que el error inexcusable de que trata el numeral 1o, tiene como antecedente el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, el cual ha sido explicado por la Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos:

'Muy sabia resulta la disposición al exigir que el error sea de abolengo de los inexcusables, pues siendo propio de la naturaleza humana el errar, la ocurrencia de simples equivocaciones al administrar justicia no puede descartarse.  Si la comisión de hierros, sin calificativo alguno, pudiera servir de estribo a procesos de responsabilidad contra los jueces, tales contiendas judiciales proliferarían de una manera inusitada; podría menguarse ostensiblemente la independencia y libertad que tienen para interpretar la ley, y se abriría ancha brecha para que todo litigante inconforme con la decisión procediera a tomar represalia contra sus falladores, alegando simples destinos en faena tan difícil como es la de administrar justicia.

'El error a que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del C. de P. Civil ha de entenderse como equivocación o desacierto que puede dimanar de un falso concepto sobre lo que una cosa es realmente o de ignorancia de la misma. De modo pues que la responsabilidad civil de jueces o magistrados puede originarse en una equivocación, sea que ésta haya tenido como causa un conocimiento falso de hechos o de normas legales o un completo desconocimiento de los mismos.

'Pero es claro que la simple equivocación no es fuente de responsabilidad, desde luego que exígese que el desatino sea de aquellos que no pueden excusarse, que quien lo padece no pueda ofrecer motivo o pretexto válido que sirva para disculparlo.

'Y, además, como antes se insinuó, la mera demostración de que el funcionario obró con error inexcusable no es base suficiente para deducir la responsabilidad civil de quien lo cometió. Para que esta pueda imputarse, menester es también que se haya causado perjuicio a una de las partes y que exista relación de causa a efecto entre el error inexcusable y el daño sufrido por el litigante. Por esto mismo debe aparecer acreditado que ese error fue determinante de la decisión, en el sentido que causó el perjuicio, ya que si ésta, aún en el evento de que no se hubiera conocido el dicho error, se hubiera pronunciado con idéntico contenido, entonces no habría lugar a responsabilidad del fallador,  pues el factor determinante del pronunciamiento no sería el yerro inexcusable. Del mismo modo, si la causa exclusiva de ésta dimana de acto u omisión de quién luego lo invoca como fuente de indemnización en su pro, siendo su obrar o su omitir lo que dio causa a que el juez incurriera en el, en tal caso tampoco se podría deducir responsabilidad judicial, pues nadie puede sacar provecho del error a que éste fue inducido por aquél. Y finalmente se advierte que no podría existir error inexcusable cuando se sostiene punto de vista defensable respecto a una materia controvertida de derecho, como quiera que la incertidumbre en su interpretación lo excusaría'.

En otra oportunidad, se manifestó:

'... No se encuentra el error inexcusable, pues es claro que no toda especie de equivocación da lugar a responsabilidad patrimonial, como que, de un lado, siendo así que la administración de justicia es dispensada por personas, éstas, por su misma naturaleza, pueden incurrir en error y de otra parte, en razón de que las normas jurídicas regulan hipótesis o situaciones abstractas, en la aplicación concreta de las mismas pueden surgir criterios distintos de interpretación a cargo del sentenciador  máxime si se tiene en cuenta la función dinámica del derecho.

'De ahí que bajo las anteriores consideraciones se haya dicho que sólo la torpeza absoluta del funcionario, o aquellos desaciertos que no pueden excusarse, es decir los que no tengan razón válida alguna que puedan exonerarlo o disculparlo, comprometen al juez o magistrado'.

En relación con los otros dos numerales, estima esta Corporación que ellos son consecuencia de lo dispuesto en los artículos 68 y 70 del presente proyecto, cuya constitucionalidad ya fue explicada en esta sentencia.

El artículo será declarado exequible, bajo la condición de que en lo que respecta al numeral 1o, la definición del error inexcusable se trámite con sujeción a lo dispuesto en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, se entiende que es materia de ley ordinaria establecer el órgano competente para definir si la conducta del empleado o del funcionario judicial ha sido dolosa o gravemente culposa. Por su parte, el inciso segundo de la disposición será declarado inexequible.'

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo, salvo el último inciso del texto del proyecto de ley que declaró INEXEQUIBLE.

- Artículo derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

- Para la interpretación de este artículo destaca el editor lo dispuesto por el Consejo de Estado, Sala Plena, en el Expediente No.  2008-00009-00(IJ), de 9 de septiembre de 2008, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

'El análisis histórico-legislativo que se deja expuesto permite evidenciar con claridad que la intención del legislador fue la de excluir a los jueces administrativos del circuito del conocimiento de las acciones de reparación directa derivadas de los hechos de la Administración de Justicia, ...

'Una vez determinado que los competentes para conocer de los procesos judiciales a los cuales da lugar el ejercicio de este tipo de acciones son los Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado, la Sala estima necesario hacer una consideración acerca de si dichos Tribunales conocen de tales negocios en primera o en única instancia; lo anterior porque el artículo 73 de la Ley 270 se limitó a establecer un parámetro para la distribución de competencias, acogiendo un criterio orgánico.

'Al tenor de lo dispuesto por las normas generales en materia de competencia, cuando se pretenda demandar al Estado en ejercicio de la acción de reparación directa por hechos derivados de la actividad realizada por la Administración de Justicia, no existe la menor hesitación en el sentido de que los Tribunales Administrativos deben conocer, en primera instancia, de aquellos asuntos cuya cuantía fuere superior a 500 SMLMV, comoquiera que así lo establece, con toda claridad, el antecitado numeral 6 del artículo 132 del C.C.A; sin embargo, tratándose de aquellos eventos en los cuales la cuantía del proceso resulte igual o inferior a esa cifra, la cuestión no resulta para nada sencilla, toda vez que las normas atributivas de competencia a los Tribunales Administrativos (artículos 131 y 132 del C.C.A.) no prevén de forma expresa este grupo de supuestos, frente a los cuales resulta posible, por tanto, plantear dos alternativas hermenéuticas diversas:

'A). Que los Tribunales Administrativos sean llamados a conocer de este segundo tipo de asuntos -procesos de reparación directa en los cuales se solicite la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la actividad jurisdiccional- en única instancia, entendimiento que, ciertamente, conduciría a atribuirle efecto útil a las previsiones contenidas en los artículos 73 de la Ley 270 y 132 del C.C.A., y a interpretar armónicamente las disposiciones legales aplicables, a este tipo de casos, con el propósito de identificar la competencia de las diversas instancias en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con base en el siguiente razonamiento: (i) el primero de los mencionados preceptos excluye a los jueces administrativos de la posibilidad de conocer de acciones de reparación directa en las cuales se invoque alguno de los títulos jurídicos de imputación consagrados en los artículos 65 y siguientes de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y le atribuye la correspondiente competencia a los Tribunales Administrativos y al Consejo de Estado -con lo cual torna inaplicable el numeral 6 del articulo 134B del C.C.A., por virtud del cual los jueces administrativos conocen en primera instancia de los procesos de reparación directa cuando la cuantía no exceda de 500 SMLMV-; (ii) el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, precepto que establece cuáles son los asuntos de los cuales conoce el Consejo de Estado en única instancia, no le atribuye competencia para tramitar de esa manera proceso alguno de reparación directa; (iii) adiciónese a lo dicho que resulta razonable colegir que es a los Tribunales Administrativos a los cuales concierne conocer de procesos de reparación directa por error judicial, detención injusta o defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia cuya cuantía no supere los 500 SMLMV y que dicho conocimiento debe avocarse en única instancia toda vez que el artículo 132 no incluyó este tipo de negocios en el listado de aquellos que deben tramitarse en primera instancia.

'En esa perspectiva cabe agregar que el principio-derecho fundamental a la doble instancia, consagrado en el artículo 31 de la Constitución Política, de acuerdo con lo establecido tanto por el propio precepto constitucional en mención, como por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no es un derecho absoluto sino que, por el contrario, puede ser modulado y restringido por el Legislador, el cual goza de un amplio margen de libertad de configuración en la materia, solamente limitado por la exigencia de permitir, en todos los casos, la aplicación del principio de doble instancia tratándose de sentencias penales condenatorias, de sentencias en procesos derivados del ejercicio de la acción de tutela y siempre que la regla general, consistente en que las decisiones judiciales en principio deben poder ser revisadas por el superior jerárquico de quien las adopta, no se convierta en la excepción.

'…

'B). Comoquiera que el artículo 131 del C.C.A., no incluye, de forma expresa, a los procesos de reparación directa en los cuales se depreca la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional, detención injusta o defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, dentro del conjunto de asuntos de los cuales conocen los Tribunales Administrativos en única instancia -y, según se explicó antes, tampoco lo hace el artículo 128 ibídem-, forzoso resulta concluir que el Legislador no ha expedido una norma que, en esta materia, exceptúe la aplicabilidad de la regla general contenida en el artículo 31 constitucional; en consecuencia, es dicha regla general la que debe prevalecer y, por tanto, de los procesos en cuestión también deben conocer los Tribunales Administrativos en primera instancia.

'Ahora bien, dado que en relación con las acciones de reparación directa que se promuevan por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad y por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia ha quedado claramente establecido que su conocimiento corresponde, de modo privativo, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo pero únicamente a través de los Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado, esto es sin que esa clase de procesos puedan tramitarse ante los Jueces Administrativos del Circuito y dado que resulta indispensable armonizar esas directrices de la Ley Estatutaria con las normas del C.C.A., que se han ocupado de efectuar la asignación detallada de las competencias, todo con el propósito de dilucidar a cuál de las Corporaciones mencionadas corresponde conocer de los procesos aludidos cuando la cuantía de los mismos resulte inferior a la suma equivalente a 500 S.M.L.M.V., se impone desatar la cuestión a la luz del principio constitucional general de la doble instancia, el cual, a su vez, se erige en un derecho para las partes que concurren a los procesos judiciales respecto de las diversas acciones atribuidas a dicha Jurisdicción, por lo cual resulta evidente que las excepciones a la referida regla general –constituidas por los procesos de única instancia–, en cuanto, además, comportan limitaciones a los derechos de las partes, naturalmente deben interpretarse de manera restrictiva.

'Es por ello que esta Sala, al acoger la segunda alternativa hermenéutica que se ha dejado expuesta y, por consiguiente, con apoyo tanto en la mencionada regla general que contiene el artículo 31 de la Constitución Política como en las directrices expresamente adoptadas por el artículo 73 de la Ley Estatutaria 270 en armonía con las reglas comunes de distribución de competencia consagradas actualmente en el C.C.A., arriba a la conclusión de que el conocimiento de los procesos de reparación directa instaurados con invocación de los diversos títulos jurídicos de imputación previstos en la referida Ley Estatutaria de de la Administración de Justicia corresponde, en primera instancia, a los Tribunales Administrativos, incluyendo aquellos cuya cuantía sea inferior a la suma equivalente a los 500 SMLM.

...'

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE el parágrafo transitorio, y CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el resto del artículo 73 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'.

Expresa la Corte en la providencia:

'De acuerdo con las consideraciones expuestas en torno al artículo 66 del proyecto, la ley ordinaria debe señalar el órgano competente para definir la responsabilidad estatal en los términos contemplados por las normas anteriores. En ese orden de ideas, el primer inciso del artículo resulta exequible bajo el entendido de que, por una parte, la jurisdicción contencioso administrativa conocerá de las acciones de repetición derivadas de la administración de justicia dentro del ámbito de su competencia, para lo cual se entenderá que ello no incluye las decisiones que adopte el Consejo de Estado.

Por otra parte, la norma bajo examen se refiere a la acción de reparación directa que se ventila ante la jurisdicción contencioso administrativa, a través de la cual, una vez definida la responsabilidad el Estado, es posible reclamar la indemnización correspondiente. Al respecto, reitera la Corte que la posibilidad de acudir a este instrumento judicial está condicionada a que es competencia de una ley ordinaria el señalar el órgano competente y el procedimiento a seguir en aquellos eventos en que un administrador de justicia hubiese incurrido en alguna de las situaciones que contemplan las referidas disposiciones del presente proyecto de ley. Realizado el respectivo pronunciamiento, entonces sí será posible intentar la señalada acción de reparación directa.

No obstante las razones señaladas, estima la Corte que el parágrafo transitorio vulnera la jerarquía, la autonomía y la independencia que constitucionalmente le ha sido asignada a los órganos límites o autoridades máximas en cada una de las jurisdicciones que hacen parte de la rama judicial, pues, se reitera, no es posible establecer que en cada jurisdicción existan autoridades judiciales que se encuentran en niveles superiores a la que la propia Carta Política le ha conferido tal carácter. En otras palabras, salvo en los casos de las 'vías de hecho' y para efectos únicamente de la acción de tutela,  no es válido pretender que, dentro del ámbito propio de su competencia, los pronunciamientos de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura, puedan ser evaluados por cualquier otra autoridad judicial, independientemente de si pertenece o no a la misma jurisdicción. Por tal motivo, debe insistirse que la definición de los asuntos de responsabilidad a propósito de la administración de justicia, le corresponde a cada uno de esos órganos límites, sin perjuicio -se insiste- de que una vez obtenido el respectivo pronunciamiento, se pueda incoar la acción de reparación directa ante la jurisdicción contencioso administrativa y lograr, si es del caso, la indemnización de los perjuicios causados.

En consecuencia, el artículo, bajo estas condiciones se declarará exequible, salvo el parágrafo transitorio que será declarado inexequible.'

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 74 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Esta norma se limita a advertir que la responsabilidad por causas relacionadas con la administración de justicia se aplica a todos aquellos que en forma permanente o transitoria hagan parte de ella. Valga anotar que, en este último caso, se incluyen igualmente a las autoridades indígenas y a los jueces de paz, pues en el momento de dirimir con autoridad jurídica los conflictos de su competencia, ellos son realmente agentes del Estado que, como se vio, también están sometidos al imperio de la Constitución y de la ley y, por tanto, también son susceptibles de cometer alguna de las conductas descritas en los artículos anteriores del presente proyecto de ley. Con todo, debe puntualizarse que, habida cuenta las explicaciones dadas respecto de los artículos anteriores, el último inciso de la norma bajo examen no cobija a los magistrados que pertenecen a las altas cortes u órganos límite en los términos establecidos en esta providencia.

La disposición, bajo estas condiciones, será declarada exequible.'

- Artículo adicionado por el artículo 27 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL del texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

- Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

- Para la interpretación del texto original del numeral 2 se debe tener en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

 La expresión “la respectiva Sala” sustituida por 'el Consejo Superior de la Judicatura' por el artículo 88 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

- Destaca el editor que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado (Ley 1230 de 2024), y condicionó los apartes 'posesión de sus cargos ante el Presidente de la República' contenidos en los artículos 18 (posesión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado) y 60 (posesión de los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial) 'en el entendido de que los magistrados a su elección también podrán tomar posesión ante el presidente de la corporación respectiva o ante un notario.'; lo anterior teniendo en teniendo en cuenta las reformas introducidas por el Acto Legislativo 02 de 2015.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

- Artículo derogado por el artículo 30 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- El artículo 254 y los apartes del artículo 18 del Acto Legisativo 2 de 2015 referenciados por el editor fueron declarados INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Establece el artículo 18 Transitorio:

'(...)

2. Mientras se expide la ley estatutaria, el Consejo de Gobierno Judicial ejercerá las funciones previstas en el artículo 79, numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 7(...)  de la Ley 270 de 1996. (...).

3. Mientras se expide la ley estatutaria, la Gerencia de la Rama Judicial ejercerá las funciones previstas en el artículo 79, numeral 3 (...) de la Ley 270 de 1996. (...)'.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE un aparte en el numeral 5 y CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el resto del artículo 79 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Como se señaló anteriormente, la Corte Constitucional, en Sentencia No. C-265-93, se ocupó de analizar las funciones conferidas por el Decreto 2652 de 1992 a la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura. En dicha providencia, se declaró la exequibilidad de los numerales 1o, 2o, 8o, 11, 13 y 18 del artículo 4o de la citada disposición, los cuales son prácticamente reproducidos en la disposición que se examina. Su constitucionalidad es, entonces, evidente.

No obstante, conviene aclarar que el numeral 2o. del artículo 79, que faculta a la Sala Plena para adoptar el plan de desarrollo de la Rama, supone que a dicha Sala le asiste la prerrogativa de discutir y aprobar el mencionado plan, función esta que, como lo estableció en su oportunidad la Corte, en nada riñe con los preceptos del Estatuto Superior. De otro lado, estima esta Corporación que el concepto previo de la Comisión Interinstitucional también es exequible, con base en los argumentos que se expondrán al estudiar el artículo 96 del presente proyecto.

En cuanto a las demás funciones, y siguiendo los parámetros sentados en la Sentencia citada, estima la Corte que se trata de asuntos que realmente responden a la naturaleza propia de una Sala Plena y que comprometen, de una forma u otra, el interés general de la administración de justicia, incluyendo el informe que se deberá presentar al Congreso de la República, cuya constitucionalidad se explicará en el artículo siguiente. Cabría puntualizar que la atribución de presentar proyectos de ley de que trata el numeral 4o., es exequible bajo el entendido de que éstos no sean de índole exclusivamente administrativa o disciplinaria, pues esta atribución es propia e indelegable de cada una de las salas.

Asimismo, y de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta providencia, considera la Corte que es del resorte del reglamento interno de cada Corporación el establecer el período bajo el cual el presidente ejercerá sus funciones. Su inclusión, entonces, en el texto de una ley estatutaria sobre administración de justicia, contraviene lo dispuesto en los artículos 152 y 158 superiores.

El artículo, en estas condiciones, será declarado constitucional, salvo la expresión 'para períodos de un año', contenida en el numeral 5o, que es inexequible.'

- Este artículo hace referencia al informe anual del que trata el artículo anterior, el cual fue derogado el artículo 79 por la Ley 2430 de 2024. No obstante, destaca el editor que el numeral 5 del artículo 85 de la Ley 270 modificado por el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024, dispone: '5. Rendir cuentas, a través de su Presidente, ante el Congreso de la República, los funcionarios judiciales, los empleados de la Rama Judicial y la ciudadanía. El informe anual al Congreso de la República incluirá el cumplimiento de los indicadores señalados en el Plan Sectorial de Desarrollo, el avance de los compromisos a su cargo contenidos en el Plan Decenal del Sistema de Justicia, así como la ejecución de otros instrumentos de planeación adoptados por el Consejo Superior de la Judicatura'.

- El artículo 254 y el aparte del artículo 18 del Acto Legisativo 2 de 2015 referenciados por el editor fueron declarados INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Establece el artículo 18 Transitorio:

'(...)

2. Mientras se expide la ley estatutaria, el Consejo de Gobierno Judicial ejercerá las funciones previstas en el artículo 79, numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 7(...)  de la Ley 270 de 1996. (...).

(...).'.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 80 del mismo, 'bajo el entendido de que la invitación a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura por parte del Congreso de la República, únicamente cobija a los magistrados de la Sala Administrativa de dicha Corporación judicial.'.

- Artículo modificado por el artículo 31 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

- Artículo modificado por el artículo 31 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Inciso adicionado por el artículo 11 del Decreto 2637 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004. INEXEQUIBLE.

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Establece adicionalmente el parágrafo Transitorio 1 del artículo 19 (Art. 257 <257A>  C.P):

'Las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura serán transformadas en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.'

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- El Decreto 2637 de 2004 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-672-05  de 30 de junio de 2005, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

- Artículo modificado por el artículo 33 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- El artículo 254  fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Establece adicionalmente el parágrafo Transitorio 1 del artículo 19 (Art. 257  C.P):

'Las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura serán transformadas en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.'

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE el artículo 83 del mismo, aclarando que 'se entiende que los magistrados de las salas administrativas de los Consejos seccionales de la judicatura, deben pertenecer al sistema de carrera', salvo un aparte que declaró INEXEQUIBLE.

- Artículo modificado por el artículo 34 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- El artículo 254  fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257 C.P).

Establece adicionalmente el parágrafo Transitorio 1 del artículo 19 (Art. 257  C.P):

'Las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura serán transformadas en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.'

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL este inciso (sin literales) en el entendido de que la facultad que se le confiere al CSJ de aprobar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia no se refiere a los asuntos previstos en los reglamentos de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, quienes tienen la competencia constitucional de expedir sus propios reglamentos.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL este literal en el entendido de que la facultad de reglamentación de los trámites judiciales por parte del CSJ no puede ocuparse de regular aspectos relativos a las acciones judiciales o a las etapas del proceso, los cuales deben ser exclusivamente regulados por el legislador.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL este literal en el entendido que la facultad de reglamentación de la carrera judicial solo comprende los aspectos administrativos, técnicos y operativos que desarrollen las normas sobre la carrera judicial definidas por el legislador.

- Establece el numeral 3 del artículo 97 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 14 de la Ley 2430 de 2024: 'Son funciones de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial: [...] 3. Emitir concepto previo para el ejercicio de las facultades previstas en los numerales 1-c, 2, 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 85 de la presente ley, por parte del Consejo Superior de la Judicatura.'. Sobre este concepto concepto condicionó la Corte este numeral.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL este literal bajo las siguientes dos condiciones: (i) que el ejercicio de la función reglamentaria por parte del CSJ únicamente podrá concretar los elementos que sobre el mecanismo de rendición de cuentas definió el legislador estatutario y debe respetar la independencia reconocida a las autoridades judiciales; y (ii) respecto de los conceptos de la Comisión Interinstitucional sobre esta competencia el CSJ deberá emitir una respuesta en la que exponga de manera clara las razones por las cuales acoge o se aparta de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interinstitucional.

- Establece el numeral 3 del artículo 97 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 14 de la Ley 2430 de 2024: 'Son funciones de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial: [...] 3. Emitir concepto previo para el ejercicio de las facultades previstas en los numerales 1-c, 2, 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 85 de la presente ley, por parte del Consejo Superior de la Judicatura.'. Sobre este concepto concepto condicionó la Corte este numeral.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL este numeral bajo el entendido de que respecto de los conceptos de la Comisión Interinstitucional el CSJ deberá emitir una respuesta en la que exponga de manera clara las razones por las cuales acoge o se aparta de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interinstitucional.

- Establece el numeral 3 del artículo 97 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 14 de la Ley 2430 de 2024: 'Son funciones de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial: [...] 3. Emitir concepto previo para el ejercicio de las facultades previstas en los numerales 1-c, 2, 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 85 de la presente ley, por parte del Consejo Superior de la Judicatura.'. Sobre este concepto concepto condicionó la Corte este numeral.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL este numeral bajo el entendido de que respecto de los conceptos de la Comisión Interinstitucional el CSJ deberá emitir una respuesta en la que exponga de manera clara las razones por las cuales acoge o se aparta de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interinstitucional.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL este numeral bajo el entendido de que respecto de los conceptos de la Comisión Interinstitucional el CSJ deberá emitir una respuesta en la que exponga de manera clara las razones por las cuales acoge o se aparta de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interinstitucional.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL este numeral bajo el entendido de que respecto de los conceptos de la Comisión Interinstitucional el CSJ deberá emitir una respuesta en la que exponga de manera clara las razones por las cuales acoge o se aparta de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interinstitucional.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL este numeral bajo el entendido de que respecto de los conceptos de la Comisión Interinstitucional el CSJ deberá emitir una respuesta en la que exponga de manera clara las razones por las cuales acoge o se aparta de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interinstitucional.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL este numeral bajo el entendido de que respecto de los conceptos de la Comisión Interinstitucional el CSJ deberá emitir una respuesta en la que exponga de manera clara las razones por las cuales acoge o se aparta de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interinstitucional.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL este numeral salvo la expresión “así como llevar el control de rendimiento y gestión institucional de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.” que se DECLARA CONSTITUCIONAL en el entendido de que el control al que se refiere la norma: (i) no constituye un control disciplinario y solo tiene como finalidad fortalecer la gestión y el rendimiento; y (ii) la metodología para dicho control debe ser concertada con cada una de las autoridades judiciales allí establecidas, de manera que responda a sus especificidades..

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL este numeral en el entendido de que el control al que se refiere la norma: (i) no constituye un control disciplinario y solo tiene como finalidad fortalecer la gestión y el rendimiento; y (ii) la metodología para dicho control debe ser concertada con cada una de las autoridades judiciales allí establecidas, de manera que responda a sus especificidades.

- Artículo modificado por el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Inciso adicionado al nueral 26 por el artículo 12 del Decreto 2637 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004. INEXEQUIBLE

- Numerales 30 y 31  adicionados por el artículo 17 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009. El texto original del Numeral 30 es reenumerado como 32.

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-), y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Establece el artículo 18 Transitorio:

'ARTÍCULO 18. TRANSITORIO. El Gobierno Nacional deberá presentar antes de 1o de octubre de 2015 un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial.

Las siguientes disposiciones regirán hasta que entre en vigencia dicha ley estatutaria:

(...)

f) Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial continuarán ejerciendo sus funciones hasta que se expida la ley estatutaria. También ejercerán la función prevista en el artículo 85, numeral 18, de la Ley 270 de 1996.

(...)

2. <INEXEQUIBLE> Mientras se expide la ley estatutaria, el Consejo de Gobierno Judicial ejercerá las funciones previstas en el (...) artículo 85, numerales 5, 6, 9, 10, 13, 19, 22, 25, 27 y 29;  de la Ley 270 de 1996.

3. <INEXEQUIBLE> Mientras se expide la ley estatutaria, la Gerencia de la Rama Judicial ejercerá las funciones previstas en el (...) artículo 85, numerales 1, 3, 4, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24 y 28 de la Ley 270 de 1996. Las funciones previstas en el artículo 85, numerales 8 y 11, serán ejercidas bajo la supervisión de la Comisión de Carrera.

4. <INEXEQUIBLE> La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” ejercerá, además de las funciones ya asignadas a ella, la prevista en el artículo 85, numeral 23, de la Ley 270 de 1996.'.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024, salvo los condicionamientos especificados en algunos literales y/o numerales.

- Numerales adicionados por la Ley 1285 de 2009, declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- El Decreto 2637 de 2004 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-672-05  de 30 de junio de 2005, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE un aparte del numeral 10, y CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el resto del artículo 85 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'La Corte estima que las diversas funciones contempladas en la norma que se estudia, salvo las que a continuación se relacionarán, se avienen a la naturaleza de las responsabilidades que debe desempeñar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con los preceptos constitucionales (Arts. 256 y 257 C.P.) y los lineamientos que jurisprudencialmente ha determinado esta Corporación en la Sentencia No. C-265-93, principalmente.

Las atribuciones sobre cuya constitucionalidad se amerita un comentario especial son, pues, las siguientes:

El numeral 8o., contrario a lo que argumentan algunos de los ciudadanos intervinientes, es exequible, con base en las argumentaciones que se expondrán al analizar el artículo 99 del presente proyecto de ley. Con todo, deberá advertirse que la designación de los empleados de la Sala, habrá de hacerse de conformidad con las normas que regulan el sistema de carrera.

El numeral 9o, a través del cual se determina la estructura y la planta de personal de las corporaciones y juzgados, se ajusta a los parámetros de la Carta Política, aunque su ejercicio deberá realizarlas de conformidad con los parámetros legales y los lineamientos expuestos en esta providencia.

El numeral 10o. es constitucional (Art. 231 C.P.), excepto la expresión 'dentro de las cuales por lo menos la mitad deberá incluir a funcionarios de Carrera Judicial', el cual es inexequible por vulnerar el parágrafo del artículo 232 superior, conforme a las razones dadas al estudiar el artículo 53 del presente proyecto de ley.

El término 'judiciales' contenido en el numeral 13, es constitucional únicamente dentro  de los parámetros que fija el  artículo 93 del proyecto de ley, pues los trámites de esa índole que comprometan la acciones judiciales y el debido proceso sólo pueden ser definidos por el legislador, de acuerdo con las funciones previstas en el numeral 2o del artículo 150 del Estatuto Fundamental. Por tanto, no puede la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de las atribuciones contempladas en el artículo 257-3 de la Carta, ocuparse de regular asuntos de carácter judicial, toda vez que sus funciones deben estar encaminadas a reglamentar únicamente materias administrativas y funcionales de la administración de justicia y, si es el caso, tan sólo a proponer proyectos de ley relativos a códigos sustantivos y procedimentales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 256-1 de la Carta, al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la tarea de administrar la carrera judicial. Para el efectivo ejercicio de esta atribución, entiende la Corte que a la citada Corporación le asiste la facultad de reglamentar algunos aspectos de dicho sistema de carrera, siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador, en los términos previstos en los artículos 125 y 150-23 de la Constitución. En otras palabras, para la Corte la facultad de reglamentar en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, no significa necesariamente suplantar las atribuciones propias del legislador. Por tal motivo, el numeral 22 será declarado exequible.

Respecto del numeral 28, cabe señalar que, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la Sentencia No. C-417-93, y que se reiteran en esta providencia, el numeral 4o del artículo 256 superior faculta al Consejo Superior de la Judicatura para llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales, dentro de las cuales se encuentran las enunciadas por la norma bajo examen. Sin embargo, conviene puntualizar que, también de acuerdo con los parámetros sentados en la referida sentencia, dicho control sobre la gestión de los magistrados que gozan de fuero constitucional especial, no puede abarcar el ejercicio de la función disciplinaria. En estos términos, pues, la norma será declarada exequible.

El numeral 29, es exequible bajo el entendido de que la facultad se refiere a la elección del auditor interno del Consejo Superior de la Judicatura.

El numeral 30 también es exequible, pero bajo el entendido de que será una ley estatutaria la que señale las demás funciones que deba desempeñar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Finalmente, en cuanto al parágrafo, cabe señalar que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no puede delegar las funciones que de acuerdo con la Carta Política le han sido asignadas en forma privativa. Así, entonces, únicamente podrá encomendar a distintos órganos el ejercicio de atribuciones de naturaleza ejecutiva o funcional, siempre y cuando -se repite- no se comprometan las responsabilidades que solo a dicha Sala incumben.

En conclusión, la norma será declarada exequible, salvo la expresión 'dentro de las cuales por lo menos la mitad deberá incluir a funcionarios de Carrera Judicial' del numeral 10o, que será declarada inexequible. En cuanto al numeral 9o, la expresión 'judiciales' del numeral 13, los numerales 22, 28, 29 y 30 y el parágrafo del artículo, su exequibilidad se circunscribirá a lo expuesto en esta providencia.'.

- Artículo modificado por el artículo 36 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

- Artículo modificado por el artículo 37 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

- Artículo modificado por el artículo 38 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Establece el artículo 18 Transitorio:

'(...)

2. <INEXEQUIBLE> Mientras se expide la ley estatutaria, el Consejo de Gobierno Judicial ejercerá las funciones previstas en el (...) artículo 88, numerales 2 y 4 (...) de la Ley 270 de 1996.

3. <INEXEQUIBLE> Mientras se expide la ley estatutaria, la Gerencia de la Rama Judicial ejercerá las funciones previstas en el  artículo 88, numeral 1 (...) de la Ley 270 de 1996. (...)'.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

 La expresión “la Sala Administrativa del Consejo Superior” sustituida por 'el Consejo Superior de la Judicatura' por 'los Consejos Seccionales' por el artículo 88 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

 Las expresiones “la Sala Administrativa del Consejo Superior” sustituidas por 'el Consejo Superior de la Judicatura' por el artículo 88 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

- Artículo modificado por el artículo 39 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Parágrafo adicionado por el artículo 13 del Decreto 2637 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004. INEXEQUIBLE

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024 bajo el entendido de que: (i) el ejercicio de  la competencia de creación, fusión y supresión de despachos judiciales, por parte del CSJ, no tiene el alcance de crear o suprimir la categoría de despacho judicial que ha sido definida por la ley;  y (ii) en los casos en los que el ejercicio de la competencia implique la supresión de cargos se deberá respetar el régimen de carrera, otorgando a los empleados que hacen parte de dicho régimen la posibilidad de traslado o, en su defecto, el pago de una indemnización.

- El Decreto 2637 de 2004 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-672-05  de 30 de junio de 2005, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 91 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Antes de entrar en materia, debe aclararse que la facultad del Consejo Superior de la Judicatura de crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia, así como la de ubicar y redistribuir los despachos judiciales (Art. 257 Nums. 1o y 2o), deberá ejercerse -como lo indica la norma superior- con 'sujeción a la ley'. Significa lo anterior que sólo el legislador, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, podrá crear las categorías de corporaciones u organismos que harán parte de la administración de justicia, salvo que ellos se encuentren expresamente consagrados en la Constitución. Así, por ejemplo, el legislador está facultado para crear los llamados juzgados administrativos, o puede establecer una nueva categoría de tribunales. A partir de esa situación, el Consejo Superior de la Judicatura podrá entonces tomar las decisiones de su competencia y definir, dentro del ejemplo dado, cuántos juzgados de esas características podrán operar en cada parte del territorio nacional. También está autorizado para decidir que un determinado despacho judicial no siga funcionando o deba ser trasladado. Dentro de este marco de ideas, se tiene que la responsabilidad que recae sobre el Consejo Superior de la Judicatura se enmarca dentro de los parámetros de ley y no podrá en ningún momento suprimir por completo una categoría de corporaciones o despachos judiciales que el Congreso de la República haya creado. En otras palabras, no es jurídicamente admisible que, mediante una decisión de naturaleza administrativa, el Consejo Superior de la Judicatura tenga la prerrogativa de acabar, por ejemplo, con  los tribunales contencioso administrativos, agrarios, civiles o penales que existen en el país.

Sentadas las anteriores premisas, entiende la Corte que la creación y supresión de tribunales y juzgados a que hace referencia la norma bajo revisión, se entiende bajo el supuesto de que el Consejo Superior de la Judicatura podrá tomar las respectivas decisiones en torno a un número de despachos judiciales, pero no podrá crear o suprimir la categoría que ha sido definida por la ley.

En relación con la posibilidad de fusionar despachos judiciales, resultan pertinentes las explicaciones dadas en el artículo anterior, no sin advertir que las reglas que se fijan sobre el particular respetan la autonomía de cada una de las jurisdicciones contempladas en la Carta Política. Con todo, convendría puntualizar que la posibilidad de suprimir cargos o despachos judiciales en momento alguno puede circunscribirse exclusivamente a la disminución en la demanda de justicia, pues este tan solo es uno de los criterios que el Consejo Superior de la Judicatura puede aducir para tomar una decisión de su competencia, la cual el legislador no puede tornar en irrealizable.

Finalmente, debe señalarse que el último inciso del artículo es exequible, siempre y cuando la supresión del cargo se ajuste a los requisitos del sistema de carrera e  implique el traslado o, en su defecto, el pago de una indemnización a los empleados que hacen parte de dicho régimen, tal como lo prevé el artículo 92 del presente proyecto de ley. En esos términos, y por ser materia afín a los asuntos que se analizan, conviene transcribir algunas consideraciones de la Corte Constitucional sobre el tema de la supresión de cargos en la carrera administrativa:

'Debe observar la Corte que el empleado público de Carrera Administrativa es titular de unos derechos subjetivos adquiridos que gozan de protección constitucional, al igual que ocurre con la propiedad privada según el artículo 58 de la Carta. Por lo tanto, esos derechos no son inmunes al interés público pues el trabajo, como el resto del tríptico económico -del cual forma parte también la propiedad y la empresa- está afectado por una función social, lo cual no implica que la privación de tales derechos pueda llevarse a efecto sin resarcir el perjuicio que sufre su titular en aras del interés público. De allí que, si fuese necesario que el Estado, por razones de esa índole, elimine el empleo que ejercía el trabajador inscrito en carrera, como podría acontecer con la aplicación del artículo Transitorio 20 de la Carta, sería también indispensable indemnizarlo para no romper el principio de igualdad  en relación con las cargas públicas (Artículo 13 C.N.), en cuanto  aquél no tendría obligación de soportar el perjuicio, tal como sucede también con el dueño del bien expropiado por razones de utilidad pública. En ninguno de los casos la licitud de la acción estatal es óbice para el resarcimiento del daño causado'.

En otra oportunidad, se señaló:

'En ese orden de ideas, la Corte reitera que para determinar la procedencia o no de la indemnización en caso de supresión de cargos públicos es necesario distinguir entre los empleados de libre nombramiento y remoción, y empleados de carrera. Para quienes eran de libre nombramiento y remoción, no es constitucional el establecimiento de la indemnización. En efecto, como tales empleados no tienen los derechos propios de quienes están incorporados a la carrera administrativa, y por ello establecer una indemnización implica  'reconocer y pagar una compensación sin causa a un funcionario, que dada la naturaleza de su vínculo con la administración, puede, en virtud de la facultad conferida por la ley al nominador, ser desvinculado sin que se le reconozcan derechos y prestaciones sociales distintas de aquellas con las que el Estado mediante la ley ampara a esta clase de servidores públicos' (Sentencia C-479-92).

Por el contrario, con respecto a los empleados retirados del servicio pero que estaban protegidos por la carrera, no hay la menor duda de que se ha ocasionado un daño que debe ser reparado. En efecto, si bien es cierto que el daño puede catalogarse como legítimo porque el Estado puede en función de la protección del interés general determinar la cantidad de sus funcionarios (arts. 150-7 y 189-14 de la C.P.), esto no implica que el trabajador retirado del servicio tenga que soportar íntegramente la carga específica de la adecuación del Estado, que debe ser asumida por toda la sociedad en razón del principio de igualdad de todos ante las cargas públicas (C.P. arts 13). Los derechos laborales entran a formar parte del patrimonio y no pueden ser desconocidos por leyes posteriores (art. 58-1 de la C.P.). Además, las autoridades de la República están obligados a protegerlos (art. 2º de la C.P.). Esto armoniza con una de las finalidades del Estado Social de Derecho: es la vigencia de su Orden Social justo (Preámbulo de la Carta)'.

Así las cosas, el artículo se declarará exequible, con las advertencias hechas en esta providencia para el caso de la supresión de cargos.'

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

 La expresión “la Sala Administrativa” sustituida por 'el Consejo Superior de la Judicatura' por el artículo 88 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Parágrafo modificado por el artículo 40 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Parágrafo adicionado por el artículo 18 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- En relación a la referencia al Consejo Superior de la Juricatura en este parágrafo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Parágrafo adicionado por la Ley 1285 de 2009, declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, '... en el entendido de que también comprende a los magistrados auxiliares de la Corte Constitucional y que las facultades allí consagradas se circunscriben al ámbito de la comisión para la práctica de la prueba'.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- En relación a la referencia al Consejo Superior de la Juricatura en este inciso debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

- Artículo modificado por el artículo 41 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 95 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Al igual que se señaló para el caso anterior, esta disposición busca que la administración de justicia cuente con la infraestructura técnica y la logística informática necesaria para el recto cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades que la Constitución le asigna. Naturalmente, el uso de los medios que se encuentran a disposición de juzgados, tribunales y corporaciones judiciales exige una utilización adecuada tanto de parte del funcionario como de los particulares que los requieran. Para ello, será indispensable entonces que el reglamento interno de cada corporación o el que expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para los demás casos, regule el acceso y uso de los medios en mención y garantice, como lo impone la norma que se revisa, el ejercicio del derecho a la intimidad y a la reserva de los datos personales y confidenciales que por una u otra razón pudiesen ser de conocimiento público (Art. 15 C.P.). Adicionalmente conviene advertir que el valor probatorio de los documentos a que se refiere la norma bajo examen, deberá ser determinado por cada código de procedimiento, es decir, por las respectivas disposiciones de carácter ordinario que expida el legislador.

El artículo, en estas condiciones, será declarado exequible.'

- Artículo modificado por el artículo 42 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 96 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'La norma que se revisa representa un valioso mecanismo de colaboración y participación entre todos los órganos que hacen parte de la administración de justicia, a través del cual se podrá discutir y decidir acerca de aquellos asuntos que resulten de común interés y de beneficio general, no sólo  para los asociados sino también para todos los funcionarios comprometidos en la resolución de conflictos de orden jurídico. Es tal la importancia que para la justicia reviste esta comisión, que la norma, con muy buen criterio, determina su convocatoria periódica, pues no de otra forma se podría lograr una adecuada comunicación y un contacto directo con los diferentes criterios que plantean cada uno de sus integrantes.

Adicionalmente, debe señalarse que el argumento expuesto por los ciudadanos intervinientes carece de fundamento constitucional. Al respecto, adviértase que el artículo 233 superior establece como causales para no permanecer en el cargo de magistrado de las altas cortes, la buena conducta, el rendimiento satisfactorio y no llegar a la edad de retiro forzoso. Pues bien,  estima la Corte que la trascendencia que implica la oportuna convocatoria de la Comisión por parte del presidente del Consejo Superior de la Judicatura, se refiere directamente a la debida observancia de sus deberes legales e institucionales y, por lo mismo, su incumplimiento no sólo implicaría una conducta deficiente en el ejercicio de su cargo, sino que también significaría un rendimiento no satisfactorio en la realización de sus responsabilidades constitucionales y legales.

El artículo se declarará exequible.'

- Destaca el editor que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, condicionó los numerales 1-c, 2, 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 85  bajo el entendido de que respecto de los conceptos de la Comisión Interinstitucional el CSJ deberá emitir una respuesta en la que exponga de manera clara las razones por las cuales acoge o se aparta de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interinstitucional.

- Artículo modificado por el artículo 43 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Numerales 3, 4, 5 y 7 derogados por el artículo 18 del Acto Legislativo 2 de 2015, 'por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015. Declarado INEXEQUIBLE.

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Establece el artículo 18 Transitorio:

(...)

2. <INEXEQUIBLE> Mientras se expide la ley estatutaria, el Consejo de Gobierno Judicial ejercerá las funciones previstas en el (...) artículo 97, numerales 1 y 2 de la Ley 270 de 1996. (...)

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Artículo 18 del Acto Legislativo 2 de 2015 declarado INEXEQUIBLE, salvo los apartes que continúan vigentes de los literales f) y g) y el aparte del numeral 6 sobre el cual se inhibe de pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLES un aparte del numeral 3, el numeral 6, y CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el resto del artículo 97 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'La función contenida en el numeral 1o, relativa a contribuir a la coordinación de las actividades de los diferentes organismos administrativos de la Rama Judicial, busca, como su nombre lo indica, prestar una colaboración efectiva para el mejor funcionamiento de la administración de justicia, lo cual en momento alguno reemplaza o compromete las facultades que los artículos 256 y 257 superiores le confieren al Consejo Superior de la Judicatura, el cual de todas formas mantiene su autonomía e independencia para el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales. Tan sólo se trata, pues, y en ello insiste la Corte, de la conveniente participación de un organismo que representa los intereses de la rama judicial y cuyas  recomendaciones pueden resultar oportunas y provechosas para el cumplimiento de los objetivos previstos para ella en la Constitución Política, los cuales se busca plasmar en el presente proyecto de ley estatutaria.

La solicitud de informes al auditor, de que trata el numeral 2o, pretende que los diferentes organismos que componen la rama judicial y que hacen parte de la Comisión Interinstitucional, conozcan en forma directa los pormenores del funcionamiento de la administración de justicia y, sobretodo, los asuntos que de una forma u otra comprometen el cumplimiento de sus atribuciones y deberes. Con lo anterior se logra una conveniente labor de fiscalización, la cual, lógicamente no significa que la Comisión pueda tomar autónomamente decisiones de carácter disciplinario al respecto, pues, como se verá para el caso del numeral 6o., eso es competencia exclusiva del Consejo Superior de la Judicatura, y más concretamente de su Sala disciplinaria.

Por su parte, considera la Corte que el concepto previo a que se refiere los numerales 3o y 4o -cuestionado por los ciudadanos intervinientes- en nada lesiona las facultades de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, pues, como allí se indica, y se reitera en el parágrafo del artículo bajo examen, se trata tan sólo de una opinión o de una recomendación que por ningún motivo obliga o condiciona las decisiones que sobre los aspectos enunciados en lo numerales que se analizan deba tomar la Sala Administrativa de la citada Corporación. Así, el concepto previo se erige en un adecuado mecanismo de colaboración con el buen funcionamiento de la administración de justicia, a través del cual, dicha Sala contará con una herramienta de gran valor para adoptar las decisiones más convenientes y acertadas sobre asuntos que interesan a toda la rama judicial.

En cuanto a la posibilidad de dictar el reglamento, contemplado en el numeral 5o, estima la Corte que, como se ha establecido anteriormente, dicha atribución es exequible, siempre y cuando se trate de regular únicamente aspectos de carácter administrativo o funcional de dicha Comisión y de sus seccionales, y no asuntos de orden constitucional o legal.

El numeral 6o es inconstitucional, pues se trata de una atribución que la Carta Política le ha conferido en forma privativa al Consejo Superior de la Judicatura (Art. 256 Nums. 3o y 4o) y que jurídicamente es inaceptable confiarla a un órgano de creación legal.

La expresión 'y el reglamento' de que trata el numeral 7o., es exequible siempre y cuando se entienda en los términos señalados para el numeral 5o., esto es, que tan sólo pueden contemplarse asuntos de índole administrativo y funcional, y nunca de competencia de orden constitucional o legal. Asimismo, la expresión 'la ley', contenida en ese mismo numeral, es exequible bajo el entendido de que las demás atribuciones deben estar contenidas en una ley estatutaria como la que se revisa.

Finalmente, la participación del ministro de Justicia, prevista en el último inciso de la disposición que se revisa, debe entenderse dentro del marco de la colaboración armónica entre las ramas del poder, la cual en momento alguno puede condicionar o determinar las decisiones que la Comisión o cualquier otro órgano de la rama judicial deba adoptar sobre asuntos de carácter presupuestal o relativos al plan de desarrollo. En ese orden de ideas, y habida cuenta de la autonomía de la que constitucionalmente es titular la rama judicial, estima la Corte que el ministro de Justicia podrá hacer parte de las reuniones en mención, pero sólo con voz y no con derecho a voto.

En consecuencia, se declarará la exequibilidad del artículo, salvo el número '6' contenido en el numeral 3o, así como el numeral 6o que, por las razones anotadas, en inexequible. En cuanto al numeral 5o y a la expresión 'la ley y el reglamento' del numeral 7o., su constitucionalidad dependerá de lo previsto en esta providencia.'

- Artículo modificado por el artículo 44 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- En relación a la referencia al Consejo Superior de la Juricatura en este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Establece el literal d) del artículo 18 Transitorio del Acto Legislativo 2 de 2015:

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 18. TRANSITORIO. El Gobierno Nacional deberá presentar antes de 1o de octubre de 2015 un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial.

Las siguientes disposiciones regirán hasta que entre en vigencia dicha ley estatutaria:

(...)

d) <INEXEQUIBLE> La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en adelante se denominará Gerencia de la Rama Judicial y todas las dependencias de aquella formarán parte de esta. Todas las dependencias adscritas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura pasarán a formar parte de la Gerencia de la Rama Judicial, sin perjuicio de lo que disponga la ley o el Consejo de Gobierno Judicial.'.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo, salvo los apartes tachados inciso 2o. del texto del proyecto de ley que declaró INEXEQUIBLES.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL este numeral bajo el entendido de que las decisiones que se adopten sobre el nombramiento y la remoción de los empleados de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la definición de sus situaciones administrativas deberán sujetarse a las normas que regulan el régimen de carrera, excepto en los casos de los empleados de libre nombramiento y remoción

- Artículo modificado por el artículo 45 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- En relación a la referencia al Consejo Superior de la Juricatura en este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Establece el literal d) del artículo 18 Transitorio del Acto Legislativo 2 de 2015:

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 18. TRANSITORIO. El Gobierno Nacional deberá presentar antes de 1o de octubre de 2015 un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial.

Las siguientes disposiciones regirán hasta que entre en vigencia dicha ley estatutaria:

(...)

d) La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en adelante se denominará Gerencia de la Rama Judicial y todas las dependencias de aquella formarán parte de esta. Todas las dependencias adscritas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura pasarán a formar parte de la Gerencia de la Rama Judicial, sin perjuicio de lo que disponga la ley o el Consejo de Gobierno Judicial.

(...)

3. Mientras se expide la ley estatutaria, la Gerencia de la Rama Judicial ejercerá las funciones previstas en el (...) artículo 99, numerales 1 a 9; (...) de la Ley 270 de 1996.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024 bajo el entendido de que las decisiones que se adopten sobre el nombramiento y la remoción de los empleados de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la definición de sus situaciones administrativas deberán sujetarse a las normas que regulan el régimen de carrera, excepto en los casos de los empleados de libre nombramiento y remoción.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE un aparte del numeral 9, y CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el resto del artículo 99 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Encuentra la Corte que, en términos generales los requisitos y las funciones de índole administrativa que se le asignan al director ejecutivo de Administración Judicial, responden a la naturaleza de dicho cargo y no vulneran precepto constitucional alguno. Conviene, eso sí, aclarar que el requisito de tener 'título profesional', hace referencia a cualquier título reconocido por una institución de educación superior en los términos previstos en la Constitución y en la ley. Igualmente, deberá advertirse que, como se anotó sobre el artículo anterior, el ejercicio de las prerrogativas señaladas en la presente disposición deberá sujetarse siempre a las políticas y decisiones de carácter administrativo que adopte la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y, por tanto, no conlleva actuaciones totalmente autónomas e independientes por parte de dicho funcionario.

Estima la Corte que, como se señaló a propósito del artículo 98, a pesar de disfrutar de las mismas condiciones laborales de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, al director ejecutivo de Administración de Justicia no se le puede adscribir por mandato legal el mismo rango o status de aquellos, pues significaría vulnerar lo previsto en los artículos 254 y 255 de la Carta que les confiere categoría de magistrados únicamente a los miembros de la Salas Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria de esa Corporación.

Respecto del numeral 2o, es exequible sin perjuicio de la facultad de las altas cortes que hacen parte de la rama judicial, para administrar los bienes y recursos destinados a su propio funcionamiento.

Por otra parte, para esta Corporación la facultad contemplada en el numeral 4o, es exequible bajo el entendido de que las decisiones que se adopten sobre el particular deberán sujetarse a las normas que regulan el régimen de carrera, salvo el caso de los funcionarios y empleados de dirección y confianza que, por mandato constitucional (Art. 125 C.P.) y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, son de libre nombramiento y remoción.

En cuanto a la referencia que el numeral 9o hace de la expresión 'la ley', se entiende que se trata de funciones incluidas en una ley estatutaria como la que se revisa. Por esa razón, la expresión 'los reglamentos y los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura', al consagrar una competencia de índole legal, contraviene la Carta Política y, por tanto, habrá de declararse su inexequibilidad.

El artículo, bajo estas condiciones, será declarado exequible, salvo la expresión 'los reglamentos y los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura', contenida en el numeral 9o que será declarada inexequible. '

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 100 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Las funciones asignadas en el artículo bajo revisión a la Sala Plena de los consejos seccionales de la Judicatura, respetan los preceptos constitucionales y responden a la naturaleza de los asuntos de que se deben ocupar estos organismos. Sin embargo, es necesario aclarar que la atribución de que trata el numeral 3o es constitucional, bajo el entendido de que la libertad para designar y remover a los empleados del consejo seccional no cobija a quienes hacen parte del régimen de carrera, judicial o administrativa, en los términos del artículo 125 superior. Asimismo, debe señalarse que, al igual que se estableció en el artículo anterior, la remisión que hace el numeral 4o a la ley es constitucional, en la medida en que, como se ha dicho, las funciones adicionales que se establezcan deben estar contenidas en una ley estatutaria como la que se revisa. En el mismo sentido, se entiende que las funciones que determine el Consejo Superior de la Judicatura no pueden ser de naturaleza constitucional o legal, sino tan sólo de carácter administrativo o funcional.

El artículo, bajo estas condiciones, será declarado exequible.'

- La expresión “las Salas administrativas” suprimida por el artículo 88 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- La expresión “Sala Jurisdiccional Disciplinaria” sustituida por 'Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial' por el artículo 88 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

 La expresión “la Sala Administrativa del Consejo Superior” sustituida por 'el Consejo Superior de la Judicatura' por el artículo 88 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

 La expresión “la Sala Administrativa del Consejo Superior” sustituida por 'el Consejo Superior de la Judicatura' y la expresión 'las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales' sustituida por 'los Consejos Seccionales' por el artículo 88 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- En relación a la referencia al Consejo Superior de la Juricatura en este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Establece el literal e) del artículo 18 Transitorio del Acto Legislativo 2 de 2015:

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 18. TRANSITORIO. El Gobierno Nacional deberá presentar antes de 1o de octubre de 2015 un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial.

Las siguientes disposiciones regirán hasta que entre en vigencia dicha ley estatutaria:

(...)

e) <INEXEQUIBLE> La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, continuarán ejerciendo sus funciones hasta que sea integrado el Consejo de Gobierno Judicial y sea elegido el Gerente de la Rama Judicial. Estos órganos deberán realizar una rendición de cuentas sobre el ejercicio de sus funciones contempladas en la ley dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo.'.  

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 101 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Para esta Corporación, las atribuciones contempladas en los numerales 1o, 3o, 4o, 5o, 7o, 8o, 9o, 10o y 11 respetan los preceptos constitucionales y se asemejan a las atribuciones que el presente proyecto le ha conferido a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Cabe, eso sí, aclararle al ciudadano interviniente que la vigilancia y la autorización de que trata el numeral 11o en momento alguno compromete el núcleo esencial del derecho a la libre circulación y a fijar residencia, pues se trata de una medida de orden práctico y de conveniencia. En efecto, se busca que la excesiva distancia entre la residencia y el lugar de trabajo no se convierta en un obstáculo permanente para que estos funcionarios puedan acudir a sus respectivas oficinas y permanecer en ellas, lo cual naturalmente tiene incidencia sobre el rendimiento laboral y ser causa adicional de retraso en la administración de justicia. Por lo demás, debe anotarse que la vigilancia que sobre el particular ejerza la sala administrativa del consejo seccional, deberá obedecer a situaciones que razonada y proporcionalmente justifiquen esa actuación.

En cuanto a los numerales 2o y 6o., su constitucionalidad se circunscribe a que el ejercicio de esas prerrogativas deberá realizarse dentro del ámbito funcional y territorial de su competencia.

Por su parte, la expresión 'la ley o' contenida en el numeral 12, será declarada exequible, bajo las mismas condiciones expuestas en los artículos anteriores. En igual sentido se entenderá la exequibilidad del término 'reglamento'. Respecto de los asuntos que pueda delegar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, su constitucionalidad dependerá de los dispuesto para el parágrafo del artículo 85 del presente proyecto de ley.

Así las cosas, y bajo las condiciones anotadas, el artículo será declarado exequible.'

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- En relación a la referencia al Consejo Superior de la Juricatura en este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Establece el literal e) del artículo 18 Transitorio del Acto Legislativo 2 de 2015:

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 18. TRANSITORIO. El Gobierno Nacional deberá presentar antes de 1o de octubre de 2015 un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial.

Las siguientes disposiciones regirán hasta que entre en vigencia dicha ley estatutaria:

(...)

e) <INEXEQUIBLE> La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, continuarán ejerciendo sus funciones hasta que sea integrado el Consejo de Gobierno Judicial y sea elegido el Gerente de la Rama Judicial. Estos órganos deberán realizar una rendición de cuentas sobre el ejercicio de sus funciones contempladas en la ley dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo.'.  

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

Destaca el editor que la redacción del artículo 46 de la Ley 2430 de 2024 no es clara sobre la intención con el inciso 1o. que contiene, en cuanto a si es una adición al artículo o una modificación al inciso existente.

El proyecto de ley original ordena únicamente la modificación del numeral 1 y el parágrafo;

- Inciso adicionado por el artículo 46 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Numeral modificado por el artículo 46  de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024, salvo: (i) el numeral 4 <1 en la ley>, que se declara constitucional bajo el entendido según el cual las decisiones que se adopten sobre el nombramiento y la remoción de los empleados de las direcciones seccionales deberán sujetarse a las normas que regulan el régimen de carrera, excepto en los casos de los empleados de libre nombramiento y remoción.  

Destaca el editor, el análisis efectuado por la Corte en la Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional:

'1473. Por último, la Corte advierte que se generó una contradicción entre el inciso primero y el parágrafo de la norma bajo estudio. Tal antinomia se manifiesta de la siguiente forma:

1474. Por una parte, el inciso primero del artículo 46 del PLEAJ establece que:

“(…) la remuneración del cargo de director seccional atendiendo a las categorías establecidas podrá corresponder a magistrado de Tribunal, juez del circuito o juez municipal, según el caso” (subrayas propias).

1475. Por otra parte, el parágrafo de la misma norma señala respecto al director seccional que:

“(…) su categoría, prerrogativas y remuneración serán las mismas de los magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.

1476. En vista de lo anterior, la Corte encuentra que en este caso concurren dos disposiciones diferentes sobre el régimen de remuneración de los directores seccionales. Sin embargo, para resolver esta contradicción que afecta la seguridad jurídica la Sala acudirá a la interpretación sistemática del PLEAJ y el efecto útil de la reforma y, con fundamento en estos elementos advierte que la voluntad del legislador consistió en modificar el régimen de remuneración de los directores seccionales, razón por la que deberá entenderse que “(…) la remuneración del cargo de director seccional atendiendo a las categorías establecidas podrá corresponder a magistrado de Tribunal, juez del circuito o juez municipal, según el caso”. Lo anterior, si se considera que el parágrafo del artículo 103 de la Ley 270 de 1996 establecía en relación con el régimen de remuneración de los directores seccionales que: “[s]u categoría, prerrogativas y remuneración serán las mismas de los magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura.” En consecuencia, el elemento nuevo que introduce la reforma estatutaria es asociar la remuneración del director seccional a las categorías de la dirección seccional correspondiente, a partir de las cuales esa remuneración podrá corresponder a magistrado de tribunal, juez del circuito o juez municipal.

1477. De acuerdo con lo anterior, la Corte concluye que ante la contradicción descrita es necesario interpretar la voluntad del legislador que, como se vio, pretendió modificar el régimen de remuneración de los directores seccionales. En consecuencia, el régimen de remuneración de los consejeros seccionales se definirá: “atendiendo a las categorías establecidas podrá corresponder a magistrado de tribunal, juez del circuito o juez municipal, según el caso.”.

- Parágrafo modificado por el artículo 46 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024..  

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 103 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Las funciones que el artículo bajo examen le asigna al director seccional de la rama judicial, son similares a las previstas para el director ejecutivo de Administración Judicial en el artículo 99 del presente proyecto de ley y, por tanto, le son aplicables los mismos argumentos de constitucionalidad expuestos en esa oportunidad. Dentro de ese orden de ideas, se tiene que las atribuciones en comento son exequibles y constituyen un adecuado mecanismo para que las políticas administrativas de la justicia cuenten con efectivos instrumentos de ejecución en las diferentes regiones del país. No obstante, la constitucionalidad de los numerales 4o y 11o, dependerá de los mismos condicionamientos hechos para el caso de los numerales 4o y 9o del artículo 99. En iguales términos, estima la Corporación que el término 'categoría' hace referencia solamente a los aspectos de orden laboral del director, pero en ningún momento significa que dicho funcionario cuente con el mismo status que los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura.

Dentro de estas condiciones, el artículo será declarado exequible.'

- Artículo modificado por el artículo 47 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- En relación a la referencia a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Juricatura en este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 104 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'De acuerdo con lo previsto en los numerales 3o y 4o del artículo 256 superior, al Consejo Superior de la Judicatura, y particularmente a la Sala Administrativa, le corresponde llevar el control de rendimiento de las corporaciones y juzgados judiciales, entre las que se encuentran las altas cortes que integran la rama judicial. Con todo, como ya se mencionó, debe advertirse que la metodología que establezcan los reglamentos de la Sala Administrativa, para efectos de la presentación de los informes requeridos, no puede en momento alguno comprometer o lesionar la autonomía que constitucionalmente se le reconoce a cada una de las corporaciones citadas en el artículo bajo examen. En iguales términos, conviene puntualizar que, según se dispuso en la Sentencia No. C-417-93 y se reitera en esta providencia, los resultados de los mencionados informes, en momento alguno podrá acarrear un control disciplinario sobre los funcionarios que gozan de fuero constitucional especial, esto es, los magistrados y el fiscal general de la Nación.

El artículo, bajo estas condiciones, se declarará exequible.'

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- En relación a la referencia al Consejo Superior de la Juricatura en este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 105 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Los mismos argumentos expuestos en el caso del artículo anterior son aplicables para el análisis de constitucionalidad de la presente disposición. Así, se considera que el control interno que deberá implementarse dentro de la rama judicial, según los parámetros que define la norma que se revisa, le corresponderá definirlo al Consejo Superior de la Judicatura, siempre y cuando en su control no comprometa disciplinariamente a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación.

Con la aclaración anterior, la norma se ajusta a la Carta Política, pues crea un conveniente instrumento de evaluación de las tareas que adelanten tribunales y juzgados en su ejercicio de administrar justicia, el cual servirá para las decisiones que para el ejercicio de su competencia deba adoptar el Consejo Superior de la Judicatura (Arts. 256 Nums. 3o y 4o C.P.) Por ello, se declarará su exequibilidad. '

- Artículo modificado por el artículo 48 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Artículo modificado por el artículo 19 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- En relación a la referencia al Consejo Superior de la Juricatura en este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Artículo modificado por la Ley 1285 de 2009, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 106 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Esta disposición se ajusta a las responsabilidades que la Carta Política le asigna al Consejo Superior de la Judicatura. Por ello en principio, se observa que ella no vulnera postulado constitucional alguno, siempre y cuando se entienda que la información recogida en dichos sistemas, no puede contener datos relacionados con la intimidad de los funcionarios judiciales o los que sean objeto de reserva en los términos que defina la ley (Arts. 15 y 74 C.P.).

Dentro de estas condiciones, la disposición será declarada exequible.'

- Denominación del Capítulo modificada por el artículo 49 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Artículo modificado por el artículo 50 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- En relación a la referencia al Consejo Superior de la Juricatura en este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024, salvo el parágrafo transitorio que se DECLARA CONSTITUCIONAL en el entendido de que la conformación, dirección y coordinación del Sistema de Estadísticas de la Jurisdicción Especial para la Paz estará a cargo de su órgano de gobierno, de conformidad con el parágrafo segundo del artículo transitorio quinto del Acto Legislativo 01 de 2017.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 107 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'La creación del Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales, en la medida en que propone convertirse en un instrumento de apoyo para el mejoramiento de la administración de justicia, se enmarca dentro de los asuntos que pueden ser regulados por una ley estatutaria de las características como la que en esta oportunidad se analiza (Art. 152 C.P.). Además, encuentra la Corte que se trata de una figura que interpreta los postulados constitucionales, toda vez que busca que la rama judicial alcance niveles altos -tanto cualitativos como cuantitativos- de organización y actividad cada vez más, y también se muestra como una nueva oportunidad de colaboración armónica entre diferentes órganos de las ramas del poder, de forma tal que no sólo la información que del sistema estadístico se obtenga, pero también lo conceptos, aportes y criterios que exhiba cada uno de sus integrantes, redundará sin duda alguna en el beneficio propio de la rama judicial y, por ende, en el de todos los gobernados.

Con todo, cabe advertir que, de acuerdo con lo que señala el ciudadano interviniente  y teniendo en consideración la jurisprudencia constitucional, la referencia que el proyecto de ley hace al Consejo Superior de la Judicatura,  deberá interpretarse como hecha a la Sala Administrativa de dicha Corporación, pues la naturaleza de las funciones asignadas en el presente artículo hace obligatorio que sea esta Sala y no la Jurisdiccional Disciplinaria la que se ocupe de estos temas.

Dentro de estos lineamientos, el artículo será declarado exequible.'

- Artículo modificado por el artículo 51 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- En relación a la referencia al Consejo Superior de la Juricatura en este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE un aparte y CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el resto del artículo 108 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Esta disposición, puesto que busca la activa colaboración de todas las entidades y organismos estatales con el fin de hacer efectivo el propósito contemplado en el artículo anterior, no presenta vicio de constitucionalidad alguno. Así el artículo se declarará exequible, aunque deberá puntualizarse que la referencia que se hace al Consejo Superior de la Judicatura, se entiende realmente como hecha a la Sala Administrativa de dicha Corporación. Asimismo, debe señalarse que la expresión 'El incumplimiento o la demora en el envío de dicha información por parte de los funcionarios responsables en cada entidad, será causal de mala conducta', será declarada inexequible en la medida que se trata de una asunto propio de la ley ordinaria (Art. 150-23 C.P.), más exactamente del Código Disciplinario Unico. '

- Artículo modificado por el artículo 52 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- En relación a la referencia al Consejo Superior de la Juricatura en este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 109 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Al igual que en caso anterior, la determinación de las funciones que habrá de cumplir la Sala Administrativa -a pesar de la referencia que se hace al Consejo Superior de la Judicatura- tiene pleno respaldo constitucional, eso sí, dentro de los límites que prevén los artículos 15 y 74 de la Carta Política, referentes a los asuntos que no deben quedar consignados en los bancos de datos o que por algún motivo merecen una rectificación. Adicionalmente, deberá indicarse que las demás funciones que le puedan ser asignadas a la Sala Administrativa para efectos del Sistema de Estadísticas Judiciales (Num 8o), deben ser objeto de una ley estatutaria como la que se revisa o, en su defecto, solamente podrán tener el carácter de administrativas o funcionales.

La norma será declarada exequible, pero sujeta a las precisiones hechas en esta providencia.'

- Artículo modificado por el artículo 53 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

- Artículo adicionado por el artículo 54 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL del texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Artículo modificado por el artículo 55 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- En relación a la referencia al Consejo Superior de la Juricatura en este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 111 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Encuentra la Corte que la presente disposición recoge las consideraciones planteadas en su jurisprudencia, particularmente en lo que atañe al ámbito de competencia de los diferentes órganos que ejercen el control disciplinario respecto de funcionarios y empleados que hacen parte rama de la judicial. En efecto, en concordancia con lo dispuesto en la Carta Política y lo señalado por esta Corporación, la norma bajo examen le encarga al Consejo Superior de la Judicatura, específicamente a su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el desarrollo de sus actividades únicamente respecto de aquellos servidores públicos que de una forma u otra administren justicia -salvo aquellos que gozan de fuero constitucional especial-, pues la evaluación de las conductas de los empleados judiciales le corresponde ejercerla al superior jerárquico o a la Procuraduría General de la Nación. Sobre el particular, ha señalado la Corte:

'El derecho disciplinario es uno solo, su naturaleza es la misma, bien que se aplique al personal que se encuentra al servicio de las cámaras legislativas o de las corporaciones administrativas, ya sea que se haga valer frente a los servidores públicos que pertenecen a la Rama Ejecutiva en cualquiera de sus niveles, o respecto de los funcionarios o empleados de la Rama Judicial. Y se ejerce también por servidores públicos que pueden pertenecer a cualquiera de las ramas u órganos, según lo que determine la Constitución o la ley, en diversas formas e instancias, tanto interna como externamente.

'La Constitución Política de 1991 no concentra la función disciplinaria en cabeza de un organismo único, aunque establece una cláusula general de competencia en la materia a cargo de la Procuraduría General de la Nación. A ésta encomienda la atribución de 'ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley' (artículo 277, numeral 6º C.N.).

'Esa competencia de la Procuraduría se ejerce respecto de todo funcionario o empleado, sea cualquiera el organismo o rama a que pertenezca, salvo sobre aquellos que gocen de fuero especial según la Constitución. En cuanto a éstos se refiere, como ya se dijo, el Procurador General tan sólo tiene a su cargo la función de emitir concepto dentro del proceso que adelante la autoridad competente (artículo 278, numeral 2, C.N.).

'Con respecto a los funcionarios judiciales que carecen de fuero se aplica el artículo 278, numeral 1, de la Constitución (...).

'De conformidad con lo previsto en el artículo 256, numeral 3º, de la Constitución, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo con la ley, la atribución de 'examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la Rama Judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley', sin perjuicio de la atribución que la Constitución confiere al Procurador General de la Nación de ejercer preferentemente el poder disciplinario (artículo 277, numeral 6º C.N.). En el evento en que la Procuraduría General de la Nación ejerza este poder sobre un funcionario judicial en un caso concreto, desplaza al Consejo Superior de la Judicatura -Sala Disciplinaria- o al Consejo Seccional correspondiente y al superior jerárquico, evitando así dualidad de procesos y colisión de competencias respecto de un mismo hecho. El desplazamiento se produce, en aplicación de la nombrada norma constitucional, dado el carácter externo del control que ejerce el Procurador.

'En síntesis, las normas anteriores, interpretadas armónicamente, deben ser entendidas en el sentido de que, no siendo admisible que a una misma persona la puedan investigar y sancionar disciplinariamente dos organismos distintos, salvo expreso mandato de la Constitución, los funcionarios de la Rama Judicial -esto es aquellos que tienen a su cargo la función de administrar justicia (jueces y magistrados, con excepción de los que gozan de fuero constitucional)- pueden ser investigados y sancionados disciplinariamente por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a menos que se produzca el indicado desplazamiento hacia el control externo de la Procuraduría. Los empleados de la Rama Judicial -es decir aquellos servidores que no administran justicia- están sujetos al juicio de sus superiores jerárquicos, sin detrimento de la competencia preferente de la Procuraduría General de la Nación'.

Ahora bien, los dos incisos finales del artículo objeto de análisis prevén que las decisiones que se adopten en materia disciplinaria sobre funcionarios judiciales, no son susceptibles de acción contencioso administrativa y tendrán fuerza de cosa juzgada. Al respecto, la misma jurisprudencia citada se ha ocupado de definir la naturaleza de dichas decisiones en los siguientes términos:

'Es claro que dicha Sala (Jurisdiccional Disciplinaria) fue creada con el fin de garantizar que, dentro de la propia Rama Judicial, un organismo autónomo de alto rango con funciones de naturaleza jurisdiccional tuviera a su cargo la tarea de examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la misma, con la excepción de aquellos que gozan de fuero constitucional (artículo 256, numeral 3, de la Constitución).

'Formalmente, el ejercicio de la función jurisdiccional implica el desarrollo de una serie de actos procesales que culminan en la expedición de un acto final -la sentencia-, llamado a definir el punto controvertido con fuerza de verdad legal. Es esto precisamente lo que acontece con las providencias que profiere la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales en desarrollo de la aludida función.

'En otros términos, al crearse el Consejo Superior de la Judicatura, se instituyó un órgano imparcial e independiente, al cual se encomendó por la Constitución la misión de administrar justicia en materia disciplinaria, en el interior de la Rama Judicial y, por fuera de ella, en relación con los abogados (...).

'La Constitución de 1991 creó, pues, una jurisdicción, cuya cabeza es la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el mismo nivel jerárquico de las demás (Título VIII, capítulo 7 de la Carta). Sus actos en materia disciplinaria son verdaderas sentencias que no están sujetas al posterior estudio y pronunciamiento de otra jurisdicción, como sería el caso de la Contencioso Administrativa, si se admitiera la tesis sostenida por el Procurador en este proceso, pues la Constitución no lo prevé así. Mal podría, entonces, negárseles tal categoría y atribuir a sus providencias el carácter de actos administrativos, pese a la estructura institucional trazada por el Constituyente. Eso ocasionaría el efecto -no querido por la Carta (artículos 228 y 230 C.N.)- de una jurisdicción sometida a las determinaciones de otra'.

Se tiene, entonces, que las providencias que dicte la Sala Jurisdiccional Disciplinarias son en realidad sentencias y, por tanto, cuentan con la misma fuerza y efectos jurídicos que aquellas que profiera cualquier otra autoridad judicial. No obstante, si una providencia que resuelva un asunto disciplinario contiene, en los términos que ha definido la Corte Constitucional, una vía de hecho que acarree la ostensible vulneración de un derecho constitucional fundamental, entonces será posible acudir a un medio de defensa judicial como la acción de tutela para reparar el menoscabo que se ha causado mediante esa decisión.

La  norma será declarada exequible, pero en lo que respecta a sus dos últimos incisos, habrá de atenerse a lo dispuesto en esta providencia.'

- Artículo modificado por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

2. Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por los artículos 19 y 26 del Acto Legislativo 2 de 2015, 'por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 19. El artículo 257 de la Constitución Política quedará así:

'Artículo 257. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

'(...)

'Podrá haber Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial integradas como lo señale la ley.

'La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados.

'(...)

'ARTÍCULO 26. CONCORDANCIAS, VIGENCIAS Y DEROGATORIAS.

'Sustitúyase la expresión 'Consejo Superior de la Judicatura' por la de 'Comisión Nacional de Disciplina Judicial' en el artículo 116 de la Constitución Política.

'(...)'

1. Para la interpretación del numeral 2 original debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015, 'por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 14. Agréguese un numeral 12 y modifíquese el 11 del artículo 241 de la Constitución Política los cuales quedarán así:

'11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

'(...)'.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- En demanda del artículo 9, numeral 4 del Decreto 2652 de 1991 (reprodicido en el numeral 4), la Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-037-96, mediante Sentencia C-1155-05 de 15 de noviembre de 2005, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, declaró  INEXEQUIBLE el aparte tachado del numeral 3, en consecuencia, se entiende que el control disciplinario sobre el director ejecutivo lo ejercerá la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; y este, a su vez, lo ejercerá sobre los directores seccionales de administración judicial. En cuanto a los empleados del Consejo Superior de la Judicatura, el control le corresponde ejercerlo al respectivo superior jerárquico, sin perjuicio de la actuación preferente del jefe del Ministerio Público.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Para la Corte, las atribuciones contempladas en el artículo bajo examen responden en términos generales a los asuntos que, dentro del ámbito de su competencia constitucional, se debe ocupar la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura respecto de todos los funcionarios que de una forma u otra administran justicia.

En cuanto a la facultad de dirimir los conflictos de que trata el numeral 2o, estima la Corte que la Constitución le asigna una función genérica a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria; por ello, el conflicto que pudiera suscitarse entre autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales, debe ser enmarcado dentro de las atribuciones constitucionales en comento y, por lo mismo, no puede dejarse sin resolución jurídica alguna. Se advierte que en principio no es posible que se presenten conflictos entre un Sala disciplinaria y una administrativa, por la distinta naturaleza de los asuntos de que se ocupan una y otra; la norma es válida, en todo caso, bajo el entendido de que se trata de conflictos de carácter jurisdiccional. En iguales términos, y de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, es necesario establecer que en cuanto a los conflictos de competencia derivados de los asuntos de tutela que se presenten entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción, la autoridad competente para dirimirlos es la Corte Constitucional.

En lo que atañe al numeral 3o., considera esta Corporación que el ámbito de competencia del Consejo Superior de la Judicatura recae sobre todos los funcionarios y empleados -salvo los que gozan de fuero constitucional especial- que pertenezcan a la rama judicial. Con todo, tal como se señaló a propósito del artículo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la Sentencia No. C-417-93, el control disciplinario de los empleados de la rama judicial es asunto que le compete, en primer término, al correspondiente superior jerárquico del servidor público, sin perjuicio de la competencia preferente que se le asigna al procurador general de la Nación. En ese orden de ideas, será necesario declarar la inexequibilidad de la expresión 'los directores nacional y regionales mientras existan y seccionales de fiscalías, el director ejecutivo y directores seccionales de la administración judicial y de los empleados del Consejo Superior de la Judicatura'. En consecuencia, se entiende que el control disciplinario sobre el director ejecutivo lo ejercerá la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; y este, a su vez, lo ejercerá sobre los directores seccionales de administración judicial. En cuanto a los empleados del Consejo Superior de la Judicatura, se reitera que el control le corresponde ejercerlo al respectivo superior jerárquico, sin perjuicio de la actuación preferente del jefe del Ministerio Público.

Respecto del numeral 6o, baste señalar que su exequibilidad está sujeta a que la designación de los empleados de la Sala deberá hacerse de conformidad con las reglas que informan el régimen de carrera.

Finalmente, la constitucionalidad del parágrafo segundo, en cuanto se refiere a los servidores públicos que gozan de fuero constitucional especial, encuentra suficiente respaldo jurídico en la transcripción de las siguientes consideraciones expuestas por la Corte en la Sentencia No C-417-93 anteriormente citada:

'La Constitución Política ha plasmado una estructura institucional coherente dentro de la cual el Presidente de la República, los magistrados de las altas corporaciones mencionadas en la norma y el Fiscal General de la Nación gozan de fuero especial en lo que concierne a su juzgamiento.

'Señala el artículo 174 de la Carta que 'corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos'.

'Por su parte, el artículo 178 establece que la Cámara de Representantes tendrá las siguientes atribuciones:

'3. Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República, o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación'.

'El numeral 4 del mismo artículo atribuye a la Cámara:

'4. Conocer las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Nación o por los particulares contra los expresados funcionarios y, si prestan mérito, fundar en ellas la acusación ante el Senado'.

'De las transcritas normas se desprende que los citados funcionarios, dada su alta investidura y la necesaria autonomía en el ejercicio de sus atribuciones, únicamente están sometidos al escrutinio y juicio del Senado de la República, cuando incurran en las faltas que la Constitución contempla, y al de la Corte Suprema de Justicia -Sala Penal- cuando se trate de la comisión de delitos. Por tanto, en razón del mismo fuero, se hallan excluidos del poder disciplinario del Consejo Superior de la Judicatura que, en los términos del artículo 257, numeral 3, de la Constitución, ha de ejercerse por dicha Corporación sobre los funcionarios de la Rama Judicial carentes de fuero y sobre los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.

'Se trata de garantizar, como lo hace la Constitución mediante tales normas, que no exista ninguna clase de interferencia por parte de unos órganos judiciales en las funciones que ejercen otros con igual rango constitucional. Ello armoniza con la garantía de autonomía funcional de los jueces plasmada en sus artículos 228 y 230 de la Constitución'.

Luego, se manifiesta:

'El fuero constitucional en referencia no equivale a un privilegio en favor de los funcionarios que a él puedan acogerse, según la Constitución. Tampoco asegura un juicio menos estricto que el aplicable a los demás servidores estatales; por el contrario, es tanto o más exigente, pues se ejerce por otra rama del poder público. Se trata de una garantía institucional de mayor control, freno y contrapeso, tal como corresponde al sistema jurídico en el Estado de Derecho (arts. 1 y 113 C.N.)

'La estructura de la Constitución de 1991 es distinta de la que presentaba la anterior y no se pueden utilizar los mismos criterios e idénticos conceptos para su análisis.

'Así, en la materia de que se trata difieren fundamentalmente, pues mientras la  Carta derogada  (artículo 217, 3º del Acto Legislativo No. 1 de 1968) atribuía expresamente al Tribunal Disciplinario el conocimiento de las faltas disciplinarias de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la actual no lo hace con el Consejo Superior de la Judicatura. A éste ordena y a los consejos seccionales, que, de acuerdo con la ley, examinen la conducta y sancionen las faltas de los funcionarios de la Rama Judicial (artículo 268, numeral 3º), en tanto que, de manera contundente, estatuye un régimen propio y especial que constituye fuero, para el juzgamiento -también de la conducta- de los magistrados de las altas corporaciones (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura), entre otros funcionarios, taxativamente señalados, en cuya virtud compete al Senado, previa acusación de la Cámara y por causas constitucionales, imponer las sanciones pertinentes.

'Son dos sistemas distintos, cada uno de los cuales tiene su propia dinámica y encuadra de determinada manera las relaciones entre los órganos del poder público. Ello explica porqué la Constitución, al hablar de los conceptos que debe emitir el Procurador directamente, lo haga con referencia explícita a 'los procesos disciplinarios que se adelanten contra los funcionarios sometidos a fuero especial' (artículo 278, numeral 2 C.N.). De ahí que no sea factible equiparar las funciones del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales a las que cumplió en su momento el Tribunal Disciplinario.

'Obsérvese, además, que, como en esta misma sentencia se resalta, la Constitución quiso preservar entre las jurisdicciones que conforman la administración de justicia un nivel equivalente, impidiendo que la una tuviese prelación sobre la otra. Cuando el Constituyente deseó establecer alguna competencia de un alto tribunal en relación con los magistrados de otro, lo hizo de modo expreso y claro, como cuando atribuyó a la Corte Suprema de Justicia el juzgamiento de la conducta de los miembros de las otras corporaciones y de sus propios magistrados por razones de naturaleza penal (artículo 235, numeral 2, C.N.)'.

En estas condiciones, el precepto será declarado exequible, salvo la expresión 'los directores nacional y regionales mientras existan y seccionales de fiscalías, el director ejecutivo y directores seccionales de la administración judicial y de los empleados del Consejo Superior de la Judicatura' del numeral 3o, que es inexequible. '

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- Para la interpretación de este inciso debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 8o. del Acto Legislativo 2 de 2015, 'por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 8o. <Artículo INEXEQUIBLE> Adiciónese a la Constitución Política el artículo 178-A:

'Artículo 178-A. Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Fiscal General de la Nación serán responsables por cualquier infracción a la ley disciplinaria o penal cometida en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de estas. En todo caso, no podrá exigírseles en ningún tiempo responsabilidad por los votos y opiniones emitidos en sus providencias judiciales o consultivas, proferidas en ejercicio de su independencia funcional, sin perjuicio de la responsabilidad a la que haya lugar por favorecer indebidamente intereses propios o ajenos.

'Una Comisión de Aforados será competente para investigar y acusar, conforme a la ley y los principios del debido proceso, a los funcionarios señalados en el inciso anterior, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, será competente para conocer de los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.

'Si la investigación se refiere a faltas disciplinarias de indignidad por mala conducta, la Comisión de Aforados adelantará la investigación y cuando hubiere lugar, presentará la acusación ante la Cámara de Representantes. En ningún caso se podrán imponer otras penas que la de suspensión o destitución del empleo. La decisión de la Cámara de Representantes podrá ser apelada ante el Senado de la República. El Congreso en ningún caso practicará pruebas. Contra la decisión del Senado no procederá ningún recurso ni acción.

'Si la investigación se refiere a delitos, la Comisión de Aforados también presentará la acusación a la Corte Suprema de Justicia, para que allí se adelante el juzgamiento. En el caso de juicios contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los conjueces serán designados por el Consejo de Estado.

'(...)

'PARÁGRAFO TRANSITORIO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 178, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes mantendrá, durante un año contado a partir de la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, la competencia para investigar los hechos ocurridos antes de la posesión de los magistrados de la Comisión de Aforados, que se le imputen a los aforados citados en este artículo y a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. La Cámara de Representantes adoptará las decisiones administrativas necesarias para que en ese lapso, los representantes investigadores puedan:

'(...)'

- En criterio del editor para la interpretación de este Artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, 'por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado', publicada en el Diario Oficial No. 46.519 de 22 de enero de 2007.

Según lo dispuesto en el Artículo 112 de la Ley 1123 de 2007, entra a regir cuatro (4) meses después de su promulgación.

El texto original del Artículo 59 mencionado, es el siguiente:

'ARTÍCULO 59. DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoce:

'1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este código.

'2. De los conflictos de competencia territorial que se susciten entre las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

'3. De las solicitudes de cambio de radicación de los procesos.'

- Artículo modificado por el artículo 57 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró EXEQUIBLE este artículo.

- Artículo modificado por el artículo 58 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo 2 de 2015.

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 -por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015-, según la cual el gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial (Art. 254 C.P -INEXEQUIBLE-) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Art. 257A C.P).

- En criterio del editor para la interpretación de este Artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 60 de la Ley 1123 de 2007, 'por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado', publicada en el Diario Oficial No. 46.519 de 22 de enero de 2007.

Según lo dispuesto en el Artículo 112 de la Ley 1123 de 2007, entra a regir cuatro (4) meses después de su promulgación.

El texto original del Artículo 60 mencionado, es el siguiente:

'ARTÍCULO 60. COMPETENCIA DE LAS SALAS JURISDICCIONALES DISCIPLINARIAS DE LOS CONSEJOS SECCIONALES DE LA JUDICATURA. Las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura conocen en primera instancia:

1. De los procesos disciplinarios contra los abogados por faltas cometidas en el territorio de su jurisdicción.

2. De las solicitudes de rehabilitación de los abogados.'

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo, la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectua la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declara CONSTITUCIONAL el texto modificado por la Ley 2430 de 2024.

- En demanda del artículo 10, numeral 1 del Decreto 2652 de 1991 (reprodicido en el numeral 2), la Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-037-96, mediante Sentencia C-1155-05 de 15 de noviembre de 2005, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

- Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró INEXEQUIBLE el numeral 1, y CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el resto del artículo 114 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.'

Expresa la Corte en la providencia:

'Estas atribuciones responden a los asuntos que constitucionalmente le pueden ser asignados a los Consejos Seccionales de la Judicatura, de conformidad con las responsabilidades consagradas en los numerales 3o, 6o y 7o del artículo 256 superior. En ese orden de ideas, se declarará la constitucionalidad de la norma, salvo el numeral 1o que trata de asuntos propios de una ley ordinaria (Art. 150-23 C.P.), más exactamente del Código Disciplinario Unico. En cuanto al numeral 3o, debe hacerse la aclaración de que dicha competencia no incluye el conocimiento de los conflictos a propósito de los procesos de tutela, asunto éste que, como se ha establecido, es de competencia de la Corte Constitucional. Finalmente, se debe puntualizar que la facultad de que trata el numeral 4o se entiende únicamente respecto de los miembros de las salas jurisdiccionales disciplinarias de esas entidades.'

- Artículo derogado por el artículo 92 de la Ley 2430 de 2024, 'por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 52.904 de 9 de octubre de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.