Buscar search
Índice developer_guide

CIRCULAR C-DSG-25-000095 DE 2025

(octubre 17)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Bogotá,

Para: Supervisores e interventores de contratos
De: Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar
Secretaria General
Asunto:Orientación e instrucción a supervisores para la vigilancia en la ejecución de los contratos e inicio de los procesos sancionatorios contractuales.

De conformidad con las normas vigentes en materia de contratación estatal, y en concordancia con el numeral 8.8 Actuaciones Sancionatorias del Manual de Contratación GC-MA-001, se expide la presente circular con la finalidad de orientar el proceso administrativo sancionatorio contractual adelantado por el Ministerio de Relaciones exteriores y su Fondo Rotatorio, así como, establecer lineamientos generales para que los supervisores e interventores de contratos presenten los informes con los que se da inicio a dichos procesos de forma adecuada.

En virtud de lo anterior, se analizará la normativa que regula el proceso administrativo sancionatorio contractual con la finalidad de identificar las disposiciones bajo las cuales deben guiarse los supervisores y/o interventores para generar los informes que permitan adelantar los procesos sancionatorios. Así:

1. Del proceso sancionatorio contractual[1]

La Constitución Política establece que el Estado debe buscar la consecución de sus fines, para ello cuenta con varios elementos o facultades entre las que se encuentra la contratación estatal, sin embargo, no siempre la contratación se desarrolla en debida forma, debiendo acudir a la facultad sancionatoria de la administración.

En ese sentido, el procedimiento que deben cumplir las entidades públicas para imponer unilateralmente multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, tasación de perjuicios y hacer efectiva la cláusula penal en el marco de un contrato estatal está regulado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.Al respecto, la jurisprudencia[2] y la doctrina[3] resaltan la necesidad de asegurar que el contratista, contra quien se sigue un procedimiento sancionatorio contractual, tenga plena garantía del derecho de defensa, contradicción, y un debido proceso[4].

Respecto de lo anterior, el ordenamiento jurídico prevé que la Entidades Públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda[5].

En este punto, precisa la normatividad que la supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, por lo cual, el alcance de esta exige permanencia, e inmediatez, y debe tener en cuenta que el cumplimiento a cargo del contratista y/o asociado es conforme a los términos del contrato.

Así las cosas, es el contrato (su objeto y alcance) el que le marca al supervisor cuando el contratista puede llegar a incurrir en una situación de incumplimiento y sobre que obligaciones.

En efecto, el ordenamiento jurídico determina: "La supervisión e intervento ría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista".

Esta regla, también demarca oportunidad, y racionalidad para usar las alternativas sancionatorias del contrato. El seguimiento y el reporte de los incumplimientos los demarca las prestaciones a cargo del contratista y los tiempos en que deba realizarlas conforme a lo pactado, por ello el seguimiento es permanente y, por ende, cuando el contratista se ponga en una situación que amerite, multa, caducidad o incumplimiento, lo debe informar el supervisor con los soportes pertinentes y la tipificación de los incumplimientos.

Por lo anterior, el ordenamiento indica, que: "Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente[6]" Subrayado de Secretaria

Nótese que la norma demarca inmediatez en el reporte de los hechos que constituyan incumplimiento.

Lo anterior denota, que, la inmediatez con que debe actuar el supervisor para reportar un incumplimiento debe ser coherente con sus demás actuaciones (inherentes a la supervisión), esto es, el supervisor no puede estar generando recibos a satisfacción y simultáneamente reportando incumplimientos, salvo que deja las salvedades, de lo que se aprueba y de las obligaciones puntuales que debe subsanar el contratistas so pena de aplicar las medidas correctivas que sean procedentes con el tipo de incumplimiento.

En el mismo sentido, el ordenamiento impone el deber de que una vez "Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido[7]".

Ciertamente, al referirse a la identificación o evidencia de un incumplimiento por parte del contratista, se refiere al rol del supervisor o interventor según el caso, de lo cual se destaca, que la norma indica que el reporte debe ser oportuno y preciso, es decir, con inmediatez al hecho que acredita el incumplimiento con el fin de que la entidad formalmente lo cite a la audiencia respectiva.

Así las cosas, la norma determina: "(...) En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación".

Ciertamente el informe oportuno del supervisor o interventor permite que la entidad pueda adoptar las decisiones que correspondan, respetando el debido proceso[8], pero permitiendo adoptar acciones en oportunidad contra las aseguradoras, y evita que los perjuicios derivados del incumplimiento se puedan elevar con el consecuente riesgo fiscal y disciplinario.

Sobre la necesidad de que el supervisor (o interventor) comunique los hechos objetivos de incumplimiento del contratista de forma oportuna e inmediata, en concepto de la Dirección Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR-OJ-064 de 2022) se indicó:

"Así, de acuerdo con lo previsto en la disposición legal citada, la supervisión es la figura prevista por el legislador para que las entidades públicas, a través de sus funcionarios, ejerzan las labores de seguimiento, vigilancia y control al cumplimiento del otro contrato. En virtud de lo anterior, sobre el alcance de las labores de seguimiento, vigilancia y control al cumplimiento del contrato, a cargo de los supervisores, debe precisarse que su rol no se agota en el de simple observador de las tareas a cargo del contratista que vigila, sino que supone una tarea activa de seguimiento y verificación; así como la realización de tareas en las cuales le exige al contratista el cabal cumplimiento del contenido obligacional que lo vincula y le informa a la entidad pública, los hechos que afectan la normal ejecución del contrato. En consecuencia, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal, cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de contratos de prestación de servicios que sean requeridos". Negrilla fuera de texto

En virtud del debido proceso administrativo, el contratista contra quien se adelanta esta clase de procedimiento cuenta con los siguientes derechos: a un procedimiento público, a la defensa y contradicción, a aportar pruebas y a contradecir las que se alleguen en su contra, que el procedimiento se adelante ante la autoridad competente para conocer del asunto, a que se le otorgue un tratamiento igual que el dado a otros particulares, a que el procedimiento se adelante en un término razonable (sin dilaciones injustificadas), a que las decisiones sean motivadas y a impugnar[9].

En conclusión, aun cuando en el ordenamiento jurídico no prevea de forma expresa términos (días, meses etc.) en los cuales los supervisores deban informar al jefe, director y/o representante legal, la configuración de actuaciones de posible incumplimiento, de conformidad con el ordenamiento jurídico debe realizarse de manera oportuna.

2. Actividades que debe realizar el supervisor o interventor del contrato para un inicio efectivo del proceso administrativo sancionatorio

2.1. Evidenciar el posible incumplimiento

Celebrado y legalizado el contrato estatal, las partes proceden a cumplir las obligaciones pactadas, que serán verificadas por el supervisor o interventor, dejando el registro de la ejecución, con los soportes correspondientes.

No obstante, si el supervisor o interventor evidencia el incumplimiento de las obligaciones del contratista, deberá tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del contrato establecidas en el manual de contratación y supervisión de la Entidad vigente y que corresponden a requerimientos, recomendaciones, solicitudes, instrucciones, sugerencias encaminadas a garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Para lo anterior, es necesario que quien pretenda iniciar el proceso sancionatorio tenga un archivo detallado de los soportes de la(s) comunicación(es) entregada(s) y la(s) reunión(es) sostenida(s) con el contratista que reflejen la gestión adelantada durante la ejecución del contrato y el(los) mecanismo(s) adoptado(s) correctivo(s), compromiso(s), plan(es) de mejoramiento, acta(s) de reunión, solicitud(es), requerimiento(s) con el fin de evidenciar un posible incumplimiento.

En virtud de lo establecido en el inciso primero del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, previo a la solicitud de citación a audiencia de imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento, es necesario que la Entidad a través de la interventoría o el supervisor del contrato o convenio haya evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Evidenciada tal situación, el supervisor y/o el interventor estarán facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la Entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.

2.1.1. Notificación a la compañía aseguradora (si aplica)

Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el supervisor y/o interventor deberá informar a la compañía aseguradora, si el contrato/ convenio se encuentra amparado con póliza, a fin de anunciarles la alteración del estado del riesgo que éstas ampararon mediante la garantía del contrato. Lo anterior a fin de evitar posteriores reclamos de las aseguradoras por falta de conocimiento de circunstancias que sugerían la proximidad de una declaratoria de siniestro de la administración en contra del afianzado.

2.2. Elaborar el informe del presunto incumplimiento

Sin desconocer los deberes contractuales y legales que le asisten a los supervisores e interventores, en especial aquellos determinados en el parágrafo tercero del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, el supervisor con fundamento en el informe emitido por el interventor deberá rendir un informe que sustente la actuación e indique los hechos generadores del posible incumplimiento, relacione las cláusulas contractuales (obligaciones generales y específicas) posiblemente incumplidas, así como las consecuencias que podrán derivarse para el contratista. Este informe deberá contener todas y cada una de las pruebas en las cuales consten tales hechos, dichas pruebas serán los soportes para demostrar el presunto incumplimiento.

En línea con lo anterior, el informe debe tener mínimamente lo siguiente:

2.2.1. Descripción de los hechos generadores del presunto incumplimiento relacionados en orden cronológico y de forma clara, los cuales deberán estar soportados por la(s) recomendación(es), solicitud(es), instrucción(es) o sugerencia(s) que se hayan efectuado por escrito al contratista. Así mismo, estos hechos deberán estar acordes con las cláusulas y demás documentos que hagan parte del contrato y en los que se fundamenta el posible incumplimiento.

2.2.2. Relación de las cláusulas o condiciones establecidas en el contrato, convenio, pliego de condiciones y anexo técnico que están siendo presuntamente incumplidas por el contratista. Adicionalmente, se deberá identificar las consecuencias que se podrían generar para el contratista por su conducta, indicando de qué forma la Entidad puede declarar el incumplimiento total o parcial del contrato, declarar la caducidad, imponer al contratista las multas previstas contractualmente o exigir el pago de la cláusula penal y/o hacer exigibles las pólizas que amparan el contrato/ convenio.

2.2.3. Indicación de la dirección, correo electrónico y números telefónicos actualizados del contratista a los cuales deberá enviarse la citación a la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

2.2.4. Información clara y precisa sobre el porcentaje de ejecución física y financiera del contrato, así como del estado financiero del contrato en caso de proceder la sanción.

2.2.5. Informes de supervisión y/o interventoría presentados durante la ejecución del contrato en donde se evidencien las anotaciones efectuadas por la supervisión frente al cumplimiento y/o incumplimiento de las obligaciones pactadas contractualmente.

2.2.6. Copia de los estudios previos (anexo técnico) y pliego de condiciones (si lo hay).

2.2.7. Copia de las observaciones, sugerencias o solicitudes efectuadas por el supervisor.

2.2.8. Certificación expedida por el supervisor y/o interventor del porcentaje de cumplimiento del contrato (cuando la sanción a imponer sea la cláusula penal pecuniaria)

2.2.9. El supervisor y/o el interventor deberá realizar la tasación del monto de la sanción a imponer, atendiendo al principio de proporcionalidad de acuerdo con la ejecución del contrato.

2.2.10. La solicitud de inicio del procedimiento de imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento o caducidad, en donde se pretenda imponer la multa o la caducidad, deberá ser radicada ante la Oficina Jurídica antes del vencimiento del plazo de ejecución.

3. Procedimiento imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento.

Identificada la posible configuración de una conducta omisiva y/o incumplimiento el supervisor y/o interventor del contrato deberá elaborar el informe enunciado en el numeral anterior. Así, iniciado el procedimiento sancionatorio, el informe de supervisión y/o de interventoría que soporta su apertura y las pruebas allegadas junto con este serán parte del material probatorio que de manera individual y en conjunto debe valorarse[10].

Aun cuando el informe de supervisión y/o de interventoría provenga de un experto en la materia objeto del contrato y que pueda considerarse que esta tiene la calidad de una prueba técnica, lo cierto es que la entidad deberá valorar la fiabilidad de la prueba, los soportes en los que el informe se sustenta e incluso las pruebas indirectas que pretendan poner en duda la credibilidad del informe (como podría ser, eventualmente, la prueba enemistad o falta de profesionalismo de la interventoría con el contratista).

En algunos casos la interventoría en el marco de su contrato puede tener la obligación de elaborar pruebas y ensayos sobre la ejecución efectuada por el contratista, los cuales pueden servir de soporte al informe que rinda sobre el incumplimiento o el retraso del contrato. Incluso en estos casos, la entidad tendrá el deber de ponerlos a disposición del contratista para que este pueda controvertir, si es el caso, los procedimientos, los resultados y hasta las calidades técnicas de los profesionales que las llevaron a cabo.

Una vez la dependencia correspondiente haya recibido por parte del interventor y/o supervisor del contrato/convenio la solicitud de audiencia de imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento o caducidad procederá a citar al contratista y a la aseguradora en calidad de garante (cuando aplique) a audiencia para debatir lo ocurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en donde fijará fecha, lugar y hora para el desarrollo de la audiencia.

En este punto debe precisarse que, el término para resolver la imposición de multas es dentro de la ejecución del contrato, por lo cual, los informes que contengan la solicitud de inicio del procedimiento deberán presentarse con la suficiente antelación, es decir, deben resolverse en primera instancia antes de la terminación del contrato.

4. Sugerencias para los supervisores y/o interventores.

Se recomienda a los supervisores de los convenios y/o contratos que, una vez tengan conocimiento de conductas que puedan llegar a configurar posible incumplimiento del objeto del contrato y/o de las actividades contractuales, requieran al asociado y/o contratista, otorgándole un término prudente para ejercer el derecho de defensa y contradicción.

En caso de que el asociado y/o contratista omita absolver el requerimiento de manera completa y de fondo y/o la respuesta no satisficiere lo requerido, el supervisor deberá elaborar el informe mencionado en este escrito de conformidad con los lineamientos establecidos en el numeral 2.2. Ello, con la solicitud de inicio del proceso administrativo sancionatorio contractual bajo los presupuestos indicados en líneas anteriores.

Cordialmente,

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR

Secretaria General

<NOTAS DE PIE DE PÁGINA>.

1. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisiur/normas/Norma1.isp?s=150279&dt=::S# fin?

2. Sentencia de la Corte Constitucional C-499 de 5 de agosto de 2015, expediente D-10626 y Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, del 22 de octubre de 2012, radicación número: 05001-23-24-000-1996-00680-01(20738), entre otras.

3. Letelier sostiene que las garantías previstas por el legislador tanto para las sanciones penales como para las administrativas son las que permiten diferenciar unas de las otras. Es por esta razón que, en su entender, aquella tendencia doctrinaria y jurisprudencial de transpolar las garantías del procedimiento penal a las garantías del procedimiento sancionatorio, sin mayor indicación que en este último se aplican con matices, tiene importantes efectos en el fin disuasorio que se buscan con las sanciones administrativas, al punto que dichos matices distorsionan los principios tal y como son concebidos en el derecho penal. Raúl Letelier, "Garantías penales y sanciones administrativas", Polít. crim., vol. 12, n.° 24, 2017, p. 622, 627 y 636, disponible en línea: http://www.politica-criminal.cl/Vol_12/n_24/Vol12N24A1.pdf. En Colombia, el principio que prescribe que el debido proceso se aplica a las actuaciones judiciales y administrativas es de carácter constitucional (artículo 29 de la Constitución Política), pero su alcance ha sido desarrollado por la jurisprudencia de las altas cortes y por la doctrina bajo el criterio de que las garantías penales son aplicadas a los procedimientos administrativos, incluyendo los sancionatorios, de manera matizada, citada por Mateus Londoño, D.L. 2020. Debido proceso probatorio en el procedimiento sancionatorio contractual en Colombia. Revista Digital de derecho Administrativo. 24 (jun. 2020), 183-211. DOI:https://doi.org/10.18601 /21452946.n24.08.

4. Constitución Política, artículo 29

5. Ley 1474 de 2011, artículo 8o.

6. ídem, segundo párrafo.

7. Ibidem, artículo 86.

8. Colombia Compra Eficiente. Guía para el Ejercicio de las Funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado. “Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito5 y los requerimientos o informes que realice deben publicarse en el SECOP6. En ningún caso los interventores o supervisores en ejercicio de sus funciones pueden sustituir a la Entidad Estatal en la toma de decisiones sobre el contrato vigilado por lo que las mismas siempre deben ser tomadas por el representante legal de la Entidad Estatal con base en lo que los primeros hubieran informado sobre la ejecución de las obligaciones contractuales.”

9. Sentencia de la Corte Constitucional C-499 de 5 de agosto de 2015, expediente D-10626.

10. Mateus Londoño, D.L. 2020. Debido proceso probatorio en el procedimiento sancionatorio contractual en Colombia. Revista Digital de derecho Administrativo. 24 (jun. 2020), 183-211

DOI:https://doi.org/10.18601/21452946.n24.08

Tú opinión vale


*Recuerda que puedes copiar el texto de este mensaje para enviarlo por correo electrónico a la dirección [email protected]*


Asunto: Retroalimentación Normativa de la [OBRA TRATADA MRE] Ministerio de Relaciones Exteriores.


1. ¿Considera usted que la disposición normativa es clara?
R/ta:

2. ¿Considera usted que la disposición normativa es concreta?
R/ta:

3. ¿Considera usted que la disposición normativa es comprensible?

R/ta:

4. ¿Tiene usted algún comentario, duda o pregunta respecto a esta disposición normativa?
R/ta:

×
Volver arriba