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Colombia reafirma su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada transnacional promoviendo resoluciones históricas en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional

Viena, Austria, 23 de octubre de 2026. Colombia participó en la decimotercera sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), el máximo órgano de decisión de la Convención de Palermo, con una agenda orientada a fortalecer la cooperación internacional frente a las amenazas cada vez más complejas de las redes criminales transnacionales.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, durante el debate general, reiteró que la delincuencia organizada transnacional constituye una de las principales amenazas para la paz, la seguridad y el desarrollo de los Estados. En su intervención, destacó que las organizaciones criminales buscan controlar territorios, explotar recursos naturales, socavar las instituciones democráticas y poner en riesgo la vida y el bienestar de millones de personas. Asimismo, subrayó que ningún Estado puede enfrentar por sí solo este fenómeno y que una respuesta efectiva requiere fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y las capacidades operativas de los Estados.

“Es momento de fortalecer la coordinación entre los Estados, compartir capacidades y actuar con mayor oportunidad para que nuestros esfuerzos conjuntos tengan un impacto real sobre las organizaciones criminales y sus estructuras”, señaló el Canciller durante su intervención ante la Conferencia.

En línea con esa visión, Colombia, a través de su Misión Permanente ante las organizaciones internacionales con sede en Viena y en coordinación con la Cancillería, participó activamente en las negociaciones sustantivas de la Conferencia y copatrocinó tres importantes proyectos de resolución que fueron adoptados, marcando un precedente histórico para fortalecer la respuesta internacional frente a distintas expresiones de la delincuencia organizada transnacional.

La primera iniciativa, promovida por Colombia, Brasil, Bolivia, República Democrática del Congo, Costa Rica, Ecuador, Mauritania, Panamá, Perú, Santo Tomé y Príncipe y Uruguay, aprobó la creación de un comité especial encargado de negociar un protocolo adicional a la Convención de Palermo para prevenir y combatir los delitos que afectan el medio ambiente, incluidos el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, la minería ilegal, el tráfico ilícito de minerales y metales preciosos y el tráfico ilícito de residuos. Este será el primer proceso formal de actualización de la Convención desde su adopción hace más de dos décadas y representa un paso decisivo para fortalecer la arquitectura jurídica internacional frente a economías criminales que generan graves impactos ambientales, sociales y económicos.

Para el país, la creación del comité especial constituye una oportunidad estratégica para fortalecer el marco jurídico internacional frente a economías criminales que financian y fortalecen estructuras delictivas transnacionales. Este proceso reviste especial importancia en la lucha contra la minería ilegal, una de las principales fuentes de financiación de grupos armados organizados y redes criminales, frente a la cual el Gobierno nacional ha trazado una línea de acción clara orientada a proteger los recursos naturales, combatir las rentas ilícitas y fortalecer la presencia institucional en los territorios afectados.

La segunda resolución, presentada por los Estados Unidos y copatrocinada por Colombia, Ecuador y Argentina, busca fortalecer la acción de los Estados contra los facilitadores de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico transnacional, incluyendo financiadores, lavadores de activos, proveedores de infraestructura logística y tecnológica, y otros actores que permiten la expansión y sostenimiento de estas redes criminales. La iniciativa promueve una aplicación más efectiva de las herramientas previstas en la Convención de Palermo para investigar, procesar y desmantelar las estructuras que hacen posible el funcionamiento de estas organizaciones.

La adopción de esta resolución tiene un carácter histórico, al constituir la primera resolución aprobada por la Conferencia de las Partes específicamente dedicada a abordar la relación entre la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico desde la entrada en vigor de la Convención de Palermo.

Finalmente, Colombia respaldó la resolución presentada por Egipto para fortalecer la cooperación internacional y las respuestas operativas frente a la delincuencia organizada transnacional que afecta los bienes culturales. La iniciativa reafirma la importancia de utilizar de manera más efectiva las herramientas previstas en la Convención de Palermo para prevenir, investigar y sancionar el tráfico ilícito de bienes culturales, así como para facilitar su recuperación, restitución y retorno. Para Colombia, la resolución contribuye a robustecer la cooperación judicial y policial internacional frente a una modalidad delictiva estrechamente vinculada a redes de delincuencia organizada transnacional y al aprovechamiento ilícito del patrimonio cultural de los Estados.

La participación de Colombia en la COP13 refleja el compromiso del país con la consolidación de un sistema internacional más sólido para combatir la delincuencia organizada transnacional, atacar las finanzas ilícitas de los grupos criminales y promover respuestas multilaterales eficaces frente a amenazas que afectan la seguridad, la gobernabilidad y el desarrollo sostenible de todas las regiones del mundo.