Bogotá D.C., 05 de diciembre de 2025. – En un paso decisivo para el cumplimiento de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería), con el acompañamiento del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CSM), convoca a los medios de comunicación al Acto de Reconocimiento Extrajudicial a las víctimas del montaje judicial, tortura, desaparición forzada y exilio, derivados de la ausencia de justicia en el caso del secuestro y asesinato de la señora Gloria Lara de Echeverry.
Este acto, que tendrá lugar el 12 de diciembre de 2025, en la sede de la Cancillería en Bogotá, es un hito en la lucha de las víctimas por la justicia y el esclarecimiento de la verdad, al dignificar a quienes fueron falsamente inculpados, torturados y obligados al exilio por un crimen que no cometieron, como documentó la Comisión de la Verdad.
DE LA TRAGEDIA AL “FALSO POSITIVO JUDICIAL”
El secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverri en 1982 conmocionó al país. La abogada y directora de Acción Comunal y Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, apareció muerta en Bogotá luego de estar en cautiverio 150 días en medio de un clima político marcado por los acercamientos del gobierno de Belisario Betancur a distintas guerrillas para iniciar procesos de paz. Su crimen sigue impune.
Como documentó la Comisión de la Verdad en su tomo “La Colombia fuera de Colombia”, la respuesta del Estado no fue hacer justicia buscando establecer la verdad, sino la persecución política. La inteligencia del Ejército de ese momento construyó un montaje judicial para incriminar a liderazgos campesinos, estudiantes y activistas sociales ajenos a los hechos, de movimientos tan diversos como la Democracia Popular que había participado en elecciones con el Nuevo Liberalismo, el proyecto de Partido del Trabajo de Colombia (PTC) de 1982 y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).
La Comisión de la Verdad esclareció que las personas incriminadas sufrieron un montaje, que incluyó:
- Tortura sistemática: Las confesiones auto incriminatorias utilizadas como prueba judicial fueron obtenidas mediante torturas físicas y psicológicas por miembros del Ejército en instalaciones militares.
- Desaparición forzada: Cuatro personas, entre ellas dos niñas, fueron secuestradas por miembros del Ejército y desaparecidas forzadamente.
- Instrumentalización del sistema judicial: El juez 47 de Instrucción Criminal, Luis Eduardo Mariño, incurrió en graves irregularidades procesales: autorizó la participación del Ejército en actividades de policía judicial pese a su falta de competencia legal, tras la derogación del Estatuto de Seguridad; admitió como prueba confesiones obtenidas bajo tortura y sin garantías del debido proceso; y practicó las indagatorias dentro de instalaciones militares. Aunque el juez 16, Enrique Alford, concluyera que las pruebas se basaban en torturas e inconsistencias, ordenando la libertad de las personas detenidas, otras instancias judiciales mantuvieron vivo el montaje hasta que el tiempo, y no la justicia, cerró el caso por prescripción [1].
- Exilio: Tras demostrarse las irregularidades en el proceso, ante el estigma social de ser señalados como “asesinos” y sobre todo el alto riesgo de atentado contra sus vidas y su integridad, las víctimas y sus familias fueron forzadas a abandonar Colombia, enfrentando una “muerte civil” y obligadas a reconstruir sus vidas en otro país.
- Uso instrumental de los medios por parte del Ejército: El comandante de la Brigada de Institutos Militares, el General Hernando Díaz Sanmiguel, convirtió una conferencia de prensa en un acto de condena pública; presentó en televisión nacional a detenidos visiblemente torturados como culpables, utilizando los medios como herramienta para instalar en la opinión pública una verdad oficial fabricada y condenar socialmente a los acusados antes de cualquier juicio [1].
UN ACTO DE REPARACIÓN HISTÓRICA
La Comisión de la Verdad determinó que este caso demuestra: “el fracaso de los servicios de inteligencia, su responsabilidad en las torturas sufridas, la incapacidad del sistema judicial de ofrecer justicia a las víctimas, y el uso del caso posteriormente para otros intereses políticos durante décadas” [1].
Más de 40 años después, y acogiendo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, el Estado colombiano, en cabeza de la Cancillería, reconocerá públicamente el daño causado a la honra y vida de las 22 personas detenidas, torturadas, desaparecidas o forzadas al exilio; así como a sus familias. Este acto de reconocimiento contribuye a la implementación de la recomendación 10 del volumen “La Colombia Fuera de Colombia”, en la que la Comisión instó al Estado a, “reconocer su responsabilidad ética y política en la desprotección de sus ciudadanos, que derivó en la salida del país de cientos de miles de ellos” [2].
El acto contará con la presencia de las personas directa e indirectamente afectadas, quienes por décadas han reclamado el esclarecimiento de la verdad y el restablecimiento de sus derechos al buen nombre y la honra, personas allegadas, altos funcionarios del Gobierno Nacional, la comunidad internacional e integrantes del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, en verificación del cumplimiento y el compromiso del Estado con las garantías de no repetición. El evento se enmarca en la agenda de la Semana por los DDHH, “Los derechos humanos son nuestra brújula en tiempos turbulentos".
*Nota aclaratoria: El comunicado fue escrito entre Cancillería, el Comité de Seguimiento y Monitoreo CSM y las víctimas del proceso.
Aquí encuentra toda la información de la Semana Internacional de los Derechos Humanos 2025
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