1. La Consejería Presidencial para la Consolidación y la Estabilización y el Ministerio de Relaciones Exteriores desarrollan de manera articulada y coordinada todas las actividades inherentes al relacionamiento del Gobierno Nacional con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y de cara a la presentación de los informes trimestrales del Secretario General ante el Consejo de Seguridad de la Organización.

2. En esa medida, coinciden en la importancia de labor que cumple la Misión de Verificación en el País y han atendido la política señalada por el Presidente de la República, de mantener vigente su mandato durante todo su período de gobierno y solicitar la ampliación de sus funciones, de tal manera que se encargue de la verificación de las sanciones propias que sean establecidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

3. La Cancillería y la Consejería reafirman que la intervención realizada por la Ministra de Relaciones Exteriores ante el Consejo de Seguridad en cada una de las sesiones trimestrales, incluida la del pasado 21 de abril, recoge las orientaciones y lineamientos del Gobierno Nacional en relación con la implementación de la política de Paz con Legalidad y los contenidos del informe que presenta el Secretario General ante dicho órgano.

4. La Cancillería y la Consejería destacan que la intervención realizada el pasado 21 de abril por Colombia se refirió, entre otros muchos temas, al análisis sobre las causas de las violencias que se presentaron en el trimestre que se evaluó, cuya prevención y contención constituye una prioridad del Gobierno Nacional, que compartimos con la Misión.

5. La Cancillería y la Consejería señalan que la intervención de Colombia debe leerse y entenderse en contexto y de manera integral. En ella se hace mención, dentro de los múltiples orígenes de esa violencia, a los grupos armados diferentes a la antigua guerrilla que existían en los tiempos de la firma del Acuerdo, que siguen existiendo y nunca hicieron parte del proceso; así mismo hace referencia a aquellos miembros de la antigua guerrilla que, habiendo sido parte y firmantes del Acuerdo, posteriormente se retiraron del proceso y ahora delinquen. En un aparte puntual, la intervención de Colombia plantea que se considere por la Misión las consecuencias de estos incumplimientos individuales sobre el avance del proceso.

6. La Cancillería y la Consejería enfatizan que la declaración de Colombia reconoce y reitera, de manera enfática, el apoyo del Gobierno Nacional al proceso de reincorporación de los excombatientes comprometidos con el proceso, en sus múltiples dimensiones política, económica y social, y el compromiso con su seguridad y protección y la de los miembros del partido político surgido del mismo. Los resultados de la reincorporación y sus avances han sido reconocidos continuamente por los miembros del Consejo de Seguridad.